• Por Esteban Vasconsellos Petrucci

La Reglamentación 1115 no constituye simple­mente un sistema de trazabilidad del producto (carne bovina, soja, madera, aceite de palma, cacao, café y caucho), sino que también aborda el entorno donde se produce, imponiendo condi­ciones que, además de prohi­bir la deforestación libre, exi­gen el cumplimiento de otras legislaciones pertinentes, lo que podría convertirse en una barrera arancelaria.

Este marco regulatorio, de alcance global, presenta un desafío considerable para Paraguay. No se ha tenido en cuenta la realidad de nues­tros sistemas productivos y de logística comercial, que, aunque demostradamente sostenibles, difieren en muchos aspectos de los de los países europeos. Además, no se reconoce adecuada­mente nuestras posibilida­des de desarrollo sostenible. Como país en vías de desa­rrollo, hemos comenzado estos procesos hace relati­vamente poco tiempo y nos basamos en pruebas, cono­cimientos técnicos y cien­tíficos, y lecciones aprendi­das de países y regiones que han estado en este camino durante siglos.

La responsabilidad del cum­plimiento de la Reglamen­tación 1115 recae principal­mente en los operadores europeos de la cadena de suministro, quienes serán auditados y sancionados en caso de incumplimiento. Sin embargo, es crucial enten­der que esto afecta a toda la cadena de valor, incluyendo a los exportadores paragua­yos y, sobre todo, a los pro­ductores. Es en el nivel de producción donde se inicia y se centra principalmente la aplicación de esta norma­tiva, que tiene como objetivo principal abordar la defores­tación y degradación forestal a partir del 31 de diciembre de 2020.

Para que los productores puedan ingresar a este mer­cado de manera efectiva, es esencial que se respe­ten y validen nuestras leyes vigentes y las instituciones que las respaldan. El pro­ceso debe ser simple, trans­parente y adaptado a la rea­lidad del país para permitir que la mayoría de los produc­tores agrícolas, ganaderos y forestales puedan ingresar, producir y comercializar de manera segura. Por lo tanto, cualquier propuesta para abordar estos desafíos debe basarse en la realidad nacio­nal y ser consensuada por todos los actores de la cadena de valor, incluidos los peque­ños, medianos y grandes pro­ductores.

Es necesario prestar aten­ción a la posibilidad de que, bajo el pretexto ambiental, se impongan medidas pro­teccionistas en el mercado, lo que podría afectar nega­tivamente a una gran mayo­ría de productores. Es funda­mental estar alerta ante estas situaciones y trabajar en con­junto para encontrar solucio­nes equitativas y sostenibles para el sector agropecuario paraguayo.

* Esteban Vasconsellos Petrucci es ingeniero agró­nomo, especialista en temas ambientales. Es miembro de la Comisión de medio ambiente de la ARP, es miembro de la directiva de la Asociación de Productores Agua Dulce APAD. Asesor privado del CEA en temas ambientales.

La responsabilidad del cumplimiento de la Reglamentación 1115 recae principalmente en los operadores europeos de la cadena de suministro, quienes serán auditados y sancionados en caso de incumplimiento. Sin embargo, es crucial entender que esto afecta a toda la cadena de valor, incluyendo a los exportadores paraguayos y, sobre todo, a los productores.

Cualquier propuesta para abordar estos desafíos debe basarse en la realidad nacional y ser consensuada por todos los actores de la cadena de valor, incluidos los pequeños, medianos y grandes productores.