La firma inmobiliaria Raíces Real Estate lanzó su oficina móvil, un motor office innovador, que tiene por objetivo acercar sus servicios a potenciales clientes que deseen ahorrar e invertir en lotes.
La oficina móvil posee un diseño minimalista, innovadoras funcionalidades que incluyen wifi, minibar, pantalla LED, generador propio y aire acondicionado, así como dos escritorios para atención al cliente.
El camión también cuenta con lavamanos y dispensadores de alcohol en gel, cumpliendo las medidas sanitarias correspondientes. “Este proyecto es fruto de una estrategia que busca la disrupción de los procesos habituales y, por ende, un cambio radical en la experiencia del cliente”, expresó Ernesto Vázquez, gerente de Marketing de Raíces.
“La oficina se encuentra equipada para que el cliente reciba una atención integral al momento de querer adquirir un lote, desde la visualización de las ofertas en un plano geolocalizado online desplegado en una pantalla LED y la generación de una propuesta digital hasta la firma del contrato. La gestión completa de ventas podrá ser realizada dentro de la oficina móvil”, agregó Ernesto Vázquez.
El diseño y construcción estuvo a cargo de Mario Von Glasenapp de Publimóvil, una empresa 100% paraguaya, con lo cual Raíces también apoya la reactivación de otros sectores de la economía.
“Para Raíces Real Estate representa un orgullo y satisfacción la habilitación de este modelo de atención, ya que buscamos evolucionar de manera constante en nuestro nivel de compromiso con los clientes, esta vez ofreciéndoles una oficina de características únicas en el mercado”, finalizó.
ANTECEDENTES DE LA EMPRESA
La actividad principal de la empresa es el diseño, desarrollo y comercialización de proyectos inmobiliarios a través de Barrios Abiertos y Condominios Cerrados ubicados en las zonas de mayor desarrollo del país. Como principal desafío Inmobiliaria Raíces SA, hoy Raíces Real Estate, busca la innovación en sus productos y la eficiencia en la forma de hacer negocios.
Fue fundada por el Lic. Jorge Aníbal Figueredo Fleitas, un profesional de más de 40 años de trayectoria en el rubro inmobiliario; Raíces Real Estate cuenta con más de 230 emprendimientos inmobiliarios lanzados exitosamente, y más de 28.000 clientes activos, además de promover la constante innovación en productos urbanísticos con alianzas estratégicas exitosas con desarrollistas y emprendedores nacionales e internacionales.
Cuenta con política de calidad, ofreciendo productos diferenciados e innovadores que satisfagan a los clientes, mediante el cumplimiento de los requisitos aplicables, el mejoramiento continuo de nuestros procesos y el desarrollo de los colaboradores, con responsabilidad social, en un marco de operaciones rentables.
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Documento fraguado en oficina paralela, enviado a EE. UU. para provocar sanción
La causa penal abierta contra el expresidente Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores contiene detalles de cómo se gestó un esquema paralelo, con el único fin de perseguir a los enemigos políticos. La asociación criminal, encabezada por Abdo y montada desde la Seprelad, se encargó de enviar a EE. UU. un informe fraguado con el objetivo de provocar sanciones contra Cartes y sus empresas.
- Por Cinthia Mora
El acta de imputación firmada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grissetti revela un esquema de asociación criminal liderado por Abdo Benítez y ejecutado por miembros de su gabinete y otros funcionarios públicos. El documento fiscal sostiene, con un cúmulo importante de evidencias, 42 en total, que el engranaje funcionaba en una oficina paralela ubicada dentro mismo de la Seprelad.
En la improvisada dependencia fue ubicado un personaje clave de la historia: Daniel Farías Kronawetter, funcionario que no pertenecía a la Seprelad, es más, se desempeñaba como asesor de inteligencia financiera del Ministerio del Interior (hasta junio de 2022) y respondía directamente a las órdenes de Carlos Arregui, Carmen Pereira, René Fernández y Arnaldo Giuzzio, estos eran quienes operaban el esquema de garrote político.
La pesquisa del Ministerio Público afirma, con base en elementos de prueba innegables, que la base del Informe de Inteligencia utilizado contra Cartes y sus empresas (10/2022) y luego enviado a EE. UU. fue elaborado utilizando como base el documento secreto redactado en esa oficina paralela por Daniel Farías Kronawetter y René Fernández, ambos funcionarios ajenos a la institución y sin atribución legal para realizar tales funciones.
Entre las evidencias que sustentan la tesis de la Fiscalía aparecen dos correos electrónicos enviados por Carmen Pereira, secretaria adjunta de la Seprelad y encargada de despacho de la Dirección de Análisis Financiero y Estratégico. El primer correo fue enviado por Pereira en fecha 28 de marzo de 2022, dando instrucciones al funcionario Francisco Pereira Cohene para que el documento secreto sea utilizado como base para el informe de inteligencia que sería luego remitido al Ministerio Público y a EE. UU.
Con esta estrategia, los cerebros de la operación daban la fachada de “institucional” a un operativo de investigación ejecutado por personas que no pertenecían a la Seprelad y por fuera de lo que establece la ley.
INFORMACIÓN FALSA
El otro correo electrónico que, según la Fiscalía, incrimina a la exviceministra Carmen Pereira fue enviado el 31 de marzo de 2022 a las 8:58. Aquí la misma daba expresas instrucciones para que el archivo secreto (elaborado por Farías y Fernández) sea remitido en carácter de información espontánea a la Unidad de Inteligencia Financiera de EE. UU. (FinCen).
En los archivos de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico (DGAFE) de la Seprelad quedaron registrados los metadatos (huellas digitales) del documento, gracias a lo cual el Ministerio Público pudo descubrir que el documento fue redactado por Daniel Farías Kronawetter y que la última modificación del documento fue hecha por René Fernández en fecha 26 de marzo de 2022 a las 21:58.
Los fiscales Cantero y Grissetti sostienen que en el documento enviado a FinCen, la agencia de prevención de lavado de dinero de EE. UU., se incluyeron datos y juicios de valor que no se adecuarían a la realidad, esto es, informaciones falsas tendientes a lograr la persecución penal del expresidente Horacio Cartes.
En tal sentido, en el acta de imputación se sostiene lo siguiente: “En tal sentido, CARMEN MARÍA PEREIRA BOGADO, GUILLERMO PREDA GALEANO y FRANCISCO PEREIRA COHENE, bajo la dirección de CARLOS ARREGUI ROMERO, habrían incluido información sobre la firma Unicanal SA atribuyéndole la compra de cigarrillos de Tabacalera del Este. Sin embargo, la circunstancia apuntada en el informe de inteligencia no se adecuaría a la realidad ya que Unicanal SA no adquirió cigarrillos, sino que, conforme a las facturas emitidas por Tabesa, recibió préstamos de dinero. Por lo tanto, la actividad comercial entre ambas firmas no estuvo vinculada a las ventas de cigarrillos como se afirmará en el informe de inteligencia”.
PERSEGUIR Y PROVOCAR SANCIONES
La remisión por parte de la Seprelad de un informe elaborado por fuera de la ley y con datos falsos y tergiversados a una agencia norteamericana sin que exista pedido previo por parte de esta es un hecho agregado a la investigación fiscal y sustentado con evidencias colectadas durante la investigación.
El informe enviado a EE. UU. contiene de base, según los fiscales, el documento secreto hecho por Farías y Fernández. Esta “colaboración espontánea” quedó registrada en los archivos de Seprelad y fue descubierta por los fiscales del caso.
Las normas de procedimiento interno de la Seprelad estipulan de forma taxativa que el “contenido de los informes de inteligencia no puede ser utilizado como elemento probatorio en algún procedimiento administrativo o judicial ni como material de evidencia ante los órganos jurisdiccionales dentro de un eventual juicio o en cualquier otra etapa de un debido proceso”. Este informe remitido a EE. UU. posee el agravante de haberse hecho completamente por fuera de la ley.
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Montaron oficina paralela de Seprelad para perseguir a Cartes
El acta de imputación contra Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores revela que se montó una oficina paralela dentro de la propia Seprelad con el único fin de dedicarse exclusivamente a investigar a Horacio Cartes y sus empresas. Los “cerebros” de la operación ordenaron que funcionarios ajenos a la institución y sin atribución legal se encarguen de recopilar y acceder a toda información sobre Cartes y sus empresas, montar un informe con información falsa y tergiversada, para luego filtrar a los medios de comunicación aliados al gobierno de Abdo.
- Por Cinthia Mora
Durante parte de su gobierno, el expresidente Mario Abdo Benítez habría gestado, según el Ministerio Público, un esquema utilizando la fachada institucional, que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de sus enemigos políticos Horacio Cartes y Santiago Peña, con el propósito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y electoral.
El Ministerio Público sostiene en su investigación que el esquema funcionaba de la siguiente manera: Carlos Arregui, ministro de la Seprelad; Carmen Pereira, en calidad de directora de Análisis Financiero y Estratégico, y luego como Secretaría Adjunta de la Seprelad ordenaron y acomodaron una “oficina paralela” dentro de la institución con el único objetivo de investigar a Horacio Cartes.
Para llevar adelante este objetivo, se montó una oficina paralela que funcionaba dentro mismo de la Seprelad desde donde operaban funcionarios ajenos a la institución realizando actividades por fuera de sus atribuciones. La dependencia paralela fue ubicada dentro mismo de la Unidad de Investigación Financiera de la Seprelad cuyos funcionarios recibieron instrucciones verbales para “colaborar” con toda la información disponible sobre Horacio Cartes.
Las personas designadas para realizar dichas “tareas” fueron Daniel Farías Kronawetter, funcionario de Tributación y comisionado en ese entonces al Ministerio de Interior, recién a partir de junio de 2022 fue comisionado oficialmente a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero; y René Fernández, entonces ministro de la Secretaría Anticorrupción. Ambos sin ser funcionarios de la Seprelad habrían contribuido de manera significativa a la elaboración del Informe de Inteligencia 10/2022, al redactar el documento secreto que sirvió de base para ese informe.
En los archivos de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico (DGAFE) de la Seprelad quedaron registradas los metadatos (huellas digitales) del documento, gracias a lo cual el Ministerio Público pudo descubrir a los partícipes del hecho. En el acta de imputación se precisa que el documento secreto fue redactado por Daniel Farías Kronawetter y que la última modificación del documento fue hecha por René Fernández en fecha 26 de marzo de 2022 a las 21:58.
El “documento secreto” era un borrador del informe de inteligencia relacionado al expresidente Cartes y la firma Tabesa. En el documento se incluían datos de salarios de Santiago Peña y Óscar Boidanich, siendo que estas personas no revestían el carácter de investigados ni existían señales de alerta respecto a los mismos.
El trabajo de “investigación” realizado por esta oficina paralela dentro de Seprelad se tradujo luego en un informe de inteligencia (el número 10/2022) al que se introdujo, según la tesis del Ministerio Público, información tergiversada y falsa para perjudicar la imagen del expresidente Cartes y a sus empresas.
La acusada por los propios funcionarios de la institución como “cerebro” de la operación montaje y filtración, la viceministra Carmen Pereira, ordenó vía correo electrónico, el 28 de marzo de 2022, que el documento secreto elaborado por Farías y Fernández sea utilizado como base para el informe de inteligencia que sería remitido luego al Ministerio Público. Con esto daban la fachada de “institucional” a un proceso de investigación llevado a cabo en paralelo y por funcionarios ajenos a la institución.
Si bien los personajes involucrados al operativo de oficina paralela Farías y Fernández eran funcionarios públicos, actuaron realizando actividades que no eran propias de sus instituciones, sino de otra, realizando actos que excedían de sus atribuciones y fuera de sus propias instituciones.
PROCESO TRABADO POR CHICANAS
Los abogados defensores del expresidente de la República Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores presentaron, hasta el momento, dos recusaciones y una larga lista de chicanas con el objetivo de dilatar la investigación que pesa contra el exmandatario.
Ahora, el proceso está en la Corte Suprema de Justicia a dos votos de destrabarse, específicamente en la Sala Penal de la máxima instancia judicial integrada por Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Dejesús Ramírez Candia, quienes deben expedirse sobre la recusación presentada contra los camaristas a cargo de la causa para dar continuidad al proceso.
El Ministerio Público imputó al expresidente Mario Abdo Benítez; los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández; los funcionarios Carmen Pereira, Daniel Farías y Francisco Pereira Cohene, además del exsecretario privado de Abdo y actual diputado Mauricio Espínola.
Las acusaciones son por revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
La dependencia paralela fue ubicada dentro mismo de la Unidad de Investigación Financiera de la Seprelad cuyos funcionarios recibieron instrucciones verbales para “colaborar” con toda la información disponible sobre Horacio Cartes.
El Ministerio Público imputó al expresidente Mario Abdo Benítez; los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández; los funcionarios Carmen Pereira, Daniel Farías y Francisco Pereira Cohene, además del exsecretario privado de Abdo y actual diputado Mauricio Espínola.
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Detienen a funcionarios y allanan oficina del Senave
Ayer miércoles se realizó un operativo de entrega vigilada en el Mercado de Abasto por parte de la Policía Nacional y el Ministerio Público, luego de que importadores denunciaran que funcionarios del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) exigían pagos de coima. Las autoridades lograron la detención de los trabajadores y allanaron las oficinas del Chaco Central.
Según la denuncia, estos importadores deben contar con un certificado para traer productos del exterior y este debe ser otorgado por la institución, pero pese a estar en condiciones para realizar la transacción los funcionarios exigían pagos irregulares. Cansados de este tipo de acciones decidieron denunciar ante las autoridades.
“Estos procedimientos parten de denuncias que refieren que deben pagar montos irregulares para obtener certificados de importación para traer productos del exterior. Estos intermediarios serían los que solicitan o peticionan un monto para acercarle a un supuesto funcionario, quien termina otorgando el documento”, informó el fiscal Néstor Coronel en la 1020 AM. Confirmó que durante el allanamiento en las oficinas del Senave, ubicado en Chaco Central, realizaron el levantamiento de datos y evidencias para precisar las mecánicas que realizaban estas personas para cometer las irregularidades.
“En poco tiempo vamos a definir a las personas involucradas en el hecho. Los certificados tienen un costo de G. 17.000, si se obtienen en forma”, resaltó. En la denuncia consta que los montos pagados irregularmente por los certificados eran de entre 10 y 15 millones de guaraníes, una cifra significativamente más alta que el costo oficial.
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Reactivan oficina de Cicsi sobre DD. HH.
La Vicepresidencia de la República, bajo la administración de Pedro Alliana, tiene la presidencia de la Comisión Interinstitucional Ejecutiva Responsable de la Ejecución de Acción de Cumplimiento de las Sentencias, Recomendaciones, Solicitudes y otros compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos (Cicsi). La Vicepresidencia reactivó los trabajos en torno a esta comisión, a través de la Dirección General de Derechos Humanos, del cual está al frente María Teresa Peralta.
La titular de esta dirección explicó cuáles son las funciones y las acciones que están llevando adelante, bajo las estrictas indicaciones del vicepresidente Pedro Alliana. La Cicsi fue reactivada en una reunión realizada el 6 de febrero entre Alliana y altas autoridades del Poder Ejecutivo.
“Nosotros tenemos un lineamiento técnico de funcionamiento y la Vicepresidencia de la República del Paraguay ostenta la presidencia de la Cicsi, la Comisión Interinstitucional Ejecutiva y responsable del cumplimiento de los compromisos internacionales que tiene el país en materia de Derechos Humanos, llámese sentencias, recomendaciones, solicitudes, acuerdos, resoluciones amistosas, también que tenemos”, explicó en entrevista para La Nación/ Nación Media.
Peralta explicó que esta Dirección de Derechos Humanos funciona en dos niveles integradas por máximas autoridades, que son los ministros de las distintas carteras del Estado y el Consejo Asesor Consultivo, que son los asesores técnicos operativos de la dirección. “Todos estamos compelidos al cumplimiento de un decreto, que es como nuestra biblia, que es el que crea el Cicsi, dando cumplimiento a lo que ordena ese decreto. El pasado 6 de febrero, el vicepresidente Alliana, a fin de darle seguimiento a todos los casos, convocó a una reunión del Cicsi. Se trataron varios temas”, indicó.
Asimismo, detalló que el objetivo es dar seguimiento y soluciones concretas a fin de dar la imagen a Paraguay del cumplimiento pleno de las sentencias y recomendaciones dictadas por las instancias internacionales. “La idea es darle ese seguimiento y la solución concreta, como nos indica el vicepresidente Pedro Alliana. Nosotros lo que queremos es darle esa imagen a nuestro país de cumplimiento de las sentencias; de hecho, se están dando cumplimientos a las sentencias que emanan, ya sea de la Corte Interamericana o las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, apuntó. Además, se abarcan los casos que se encuentran y son dictadas por la Organización de los Estados Americanos (OEA).