La empresa procesadora de pagos, Bancard, expresó su respaldo al proyecto de ley que busca regular el Sistema Nacional de Pagos, pero advirtió sobre un artículo específico que considera preocupante. En un comunicado, indicaron que no se opone a la regulación del sector, pero pidió revisar el inciso del artículo 4, que será tratado próximamente en la Cámara de Diputados.
La preocupación se da, ya que Liana Caballero, miembro titular del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), dijo públicamente que el objetivo de la normativa sería segregar a la empresa Bancard para fomentar la competencia en el sector. Desde la compañía señalan que esta postura es incompatible con los principios constitucionales de propiedad privada y libertad de concurrencia.
La empresa asegura que está a favor de la interoperabilidad plena, es decir, que los sistemas de pago puedan integrarse entre sí. Precisan que hoy el 80 % de las compras con tarjetas en Paraguay ya operan bajo esquemas interoperables, gracias a la participación de múltiples marcas internacionales. No obstante, Bancard remarca que este avance no requiere desmembrar una compañía existente, sino colaboración técnica entre los actores del ecosistema.
Leé también: Empresario brasileño invertirá USD 500.000 atraído por el clima de negocios de Paraguay
En el comunicado también cuestionan que desde un ente regulador como el BCP se hagan referencias despectivas sobre la composición accionaria de Bancard, integrada por 16 instituciones financieras. Según la empresa, este tipo de declaraciones generan preocupación sobre el trato equitativo a los actores del sistema y sientan un precedente riesgoso para la seguridad jurídica del país.
Tras 40 años de inversión en infraestructura, tecnología, empleo formal y modernización del sistema de pagos en Paraguay, Bancard dice que su aporte ha sido clave para formalizar la economía y fomentar el uso de medios digitales de pagos.
Finalmente, Bancard exhorta a las autoridades competentes, suspender el tratamiento del proyecto de ley y piden la apertura de un espacio de diálogo técnico, transparente y constructivo, para evitar afectar injustificadamente a una empresa “que actúa dentro del marco legal, y apuesta por el crecimiento y desarrollo de los medios de pagos en el país”.
Te puede interesar: Exportaciones de cereales cerraron mayo con buen dinamismo