El presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica del Paraguay (Cifarma), Gerardo García, contó a La Nación/Nación Media que se encuentran en proceso de definición del mecanismo financiero que permitirá completar el pago de deudas pendientes del sistema de salud, estimadas en alrededor de USD 80 millones, a través de un esquema de factoraje.

Esto se da luego de que el Ministerio de Salud confirmara que a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se concretó el desembolso de USD 100 millones a proveedores, como parte del proceso de regularización de compromisos acumulados. La deuda total con las farmacéuticas es de USD 180 millones.

Sin embargo, aún queda un tramo pendiente de financiamiento que será canalizado mediante un mecanismo de descuento de facturas en el sistema bancario, lo que en la práctica se conoce como factoraje.

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En ese sentido, García explicó que el proceso se encuentra en etapa de ajuste técnico y contractual con las entidades financieras. “Estamos viendo lo que queda pendiente para preparar los documentos y hacer los descuentos en los bancos, a través del factoraje. Se está por definir el modelo de contrato para que acepten los bancos”, señaló.

El titular de Cifarma indicó además que uno de los puntos centrales de la negociación es el costo financiero de la operación, buscando que el esquema no implique cargas adicionales para los proveedores.

El mecanismo de factoraje permitiría a los proveedores del sistema de salud acceder de forma anticipada a los recursos pendientes de pago mediante la cesión de sus facturas a entidades bancarias, que luego cobrarían al Estado en los plazos establecidos.

Este instrumento financiero es utilizado habitualmente para mejorar la liquidez de las empresas, especialmente en sectores con alta dependencia de contratos públicos, como el sanitario. En este caso, el esquema se plantea como una herramienta para cerrar la brecha restante de obligaciones del Estado con los proveedores, tras el desembolso ya realizado por el MEF.

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El presidente del Congreso Nacional y de la Cámara de Senado, Basilio Núñez, confirmó que acompaña la propuesta de su colega opositor Eduardo Nakayama, que solicitará al pleno la aprobación de una auditoría interna para detectar funcionarios con títulos presuntamente irregulares y que perciben beneficios salariales dentro del Poder Legislativo.

Hace unos días, el senador Nakayama anunció que impulsará una “purga” dentro del Congreso Nacional mediante una revisión de títulos universitarios presentados por funcionarios legislativos para acceder a bonificaciones salariales.

Indicó que este trabajo se deberá realizar a través de la Dirección de Talento Humano. “Vamos a ver qué funcionarios tenemos con eventuales títulos falsos, porque aparentemente tenemos unos cuantos, que perciben bonificaciones salariales gracias a títulos presuntamente irregulares emitidos por universidades bajo cuestionamiento”, manifestó el senador Nakayama.

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Ante esta propuesta, el titular de la Cámara Alta salió al paso y expresó su apoyo a esta iniciativa a través de sus redes sociales y sostuvo que el cambio debe comenzar desde el propio Poder Legislativo. “Debemos empezar por casa: dar el ejemplo desde nuestro propio espacio para que luego sea transversal a los demás poderes del Estado. Solo así generamos un cambio real y creíble”, expresó el senador Núñez.

Esta auditoría interna apunta a una revisión para determinar si existen casos de cobro indebido dentro del Congreso y si corresponde iniciar sumarios administrativos o remitir antecedentes a otras instituciones del Estado. Los legisladores coincidieron en señalar que la revisión debe convertirse en una señal institucional para transparentar la función pública y recuperar credibilidad dentro del Congreso Nacional.

Cabe recordar que el titular del Congreso ya en diversas ocasiones ha manifestado que está a favor y acompaña cualquier medida orientada a transparentar la situación de los funcionarios públicos en general para recuperar la credibilidad institucional.

Aunque todavía no se definió cómo se ejecutará el proceso de verificación, ya que la propuesta deberá ser analizada por el plenario o, cuanto menos, por los miembros de la Mesa Directiva. A fin de definir qué organismos auditarán los documentos, ya que se plantea la necesidad de cruzar datos entre el Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y las universidades involucradas.

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La discusión sobre las finanzas públicas no debería centrarse únicamente en cuánto aumenta o disminuye cada rubro del Presupuesto General de la Nación (PGN), sino en la calidad del gasto y su capacidad para generar resultados concretos. Así lo sostuvo el economista Aníbal Insfrán, quien en conversación con La Nación/Nación Media analizó el comportamiento de las transferencias financieras del Estado durante el primer trimestre del 2026.

A criterio del especialista, Paraguay necesita avanzar hacia un modelo presupuestario enfocado en resultados, dejando atrás una lógica histórica o inercial en la asignación de recursos. “La calidad del gasto exige pasar de una lógica de presupuesto histórico a una basada en mandato, resultados y valor público”, explicó.

Insfrán señaló que mejorar la eficiencia del gasto requiere una revisión funcional del Estado, institución por institución, para identificar posibles superposiciones de funciones, programas que ya no respondan a las necesidades actuales o estructuras con elevados costos administrativos.

También planteó la necesidad de fortalecer mecanismos que permitan vincular con mayor claridad los recursos públicos con resultados verificables, promoviendo procesos de rediseño institucional cuando sea necesario.

“Si una entidad no puede vincular claramente sus recursos con productos y resultados verificables, su presupuesto no debería considerarse automáticamente como gasto de calidad”, sostuvo.

El economista remarcó que una mayor eficiencia del gasto permitiría mejorar la capacidad de respuesta del Estado sin trasladar necesariamente nuevas presiones al sistema tributario.

En cuanto al comportamiento del gasto durante el primer trimestre, Insfrán indicó que el rubro de Servicios Personales pasó de más de G. 5,18 billones en el mismo periodo de 2025 a más de G. 5,85 billones en 2026.

Según explicó, el desafío no pasa por aplicar recortes lineales, sino por avanzar hacia una reforma del servicio civil que contemple una nómina auditada, evaluación de desempeño, concursos y mecanismos de control sobre nuevas incorporaciones. Asimismo, mencionó la importancia de fortalecer las reglas de financiamiento presupuestario para garantizar sostenibilidad en el crecimiento del gasto.

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Por otro lado, el economista observó una disminución del 33,8 % en las inversiones públicas durante el trimestre, equivalente a aproximadamente G. 416.891 millones menos.

Si bien aclaró que no es posible determinar un impacto puntual sobre el Producto Interno Bruto (PIB) potencial sin modelos específicos, señaló que la continuidad de esta tendencia podría influir en áreas relacionadas con infraestructura, logística y capacidad de crecimiento económico en el mediano plazo.

Respecto al aumento del 10,8 % en jubilaciones y pensiones, Insfrán explicó que el dato incluye también pensiones para adultos mayores, aunque sostuvo que los estudios actuariales muestran la necesidad de avanzar gradualmente hacia una reforma integral del sistema previsional.

“El desafío es trabajar en una reforma sostenible que contemple aportes, edad mínima, equilibrios sectoriales y protección de derechos adquiridos”, indicó. Según explicó, el objetivo debe ser anticiparse a futuros desafíos demográficos y fiscales mediante ajustes graduales que fortalezcan la sostenibilidad del sistema.

Sobre el crecimiento de las transferencias públicas, el economista destacó que existen mecanismos de control administrativo y financiero, aunque consideró importante reforzar herramientas que permitan medir con mayor precisión el impacto de estos recursos.

Entre las medidas mencionó indicadores de resultados, evaluaciones antes y después de la ejecución de programas, así como sistemas de monitoreo que faciliten un seguimiento más detallado del desempeño institucional.

Finalmente Insfrán sostuvo a La Nación/Nación Media, que el desafío central para Paraguay pasa por consolidar un gasto público más eficiente, orientado a resultados y con capacidad de sostener el crecimiento económico en el largo plazo.

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El ministro de Economía, Óscar Lovera, y el viceministro de Economía y Planificación, Gerardo Ruiz Díaz, mantuvieron un encuentro con el gerente general de CAF-AM Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe, Alberto Ñecco, con el objetivo de evaluar los avances en proyectos destinados al sector de infraestructura paraguayo, según información del propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Desde la cartera económica señalan que se analizaron herramientas financieras basadas en la participación privada, tales como concesiones y asociaciones público-privadas (APP), similares a los modelos de fondos de financiamiento ya implementados por el organismo en países como Colombia, Uruguay y Costa Rica.

La estrategia busca facilitar el financiamiento de obras que impacten directamente en la calidad de vida de la población y mejoren los niveles de productividad del país. Actualmente, el organismo trabaja en el establecimiento de condiciones habilitantes en Paraguay, tanto en el marco normativo como en términos de mercado. El cumplimiento de estos requerimientos permitiría la creación de una industria de fondos de infraestructura que fomente la competencia y genere beneficios económicos directos para el Estado.

Desde la perspectiva de CAF-AM, Paraguay destaca en la región por su estabilidad macroeconómica y sus perspectivas de crecimiento saludable. Este desarrollo económico conlleva una demanda creciente de ampliación y mejora de la capacidad logística, entendiendo que la infraestructura es el soporte fundamental de la capacidad productiva de las naciones. El organismo identifica un alto potencial en la capacidad económica paraguaya para sostener el desarrollo de infraestructura de uso público de alta calidad.

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En el encuentro participaron también representantes del área legal y consultoría de Asset Management Corp, subsidiaria de CAF, junto con ejecutivos séniores del banco de desarrollo, quienes acompañaron el análisis técnico de los mecanismos de inversión propuestos para el territorio nacional.

La CAF Asset Management Corp. (CAF-AM) opera como la entidad gestora de fondos del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Su función principal es el manejo de fondos de capital de terceros, orientados mayoritariamente al financiamiento privado de proyectos de infraestructura en los países que integran el grupo de accionistas de CAF.

La entidad se rige por un modelo de negocio independiente que cuenta con una estructura de gobierno corporativo propio y una gerencia con trayectoria en la región. Esta configuración permite que diversos inversionistas institucionales, como fondos de pensiones, compañías de seguros, bancos de desarrollo y administradores profesionales, accedan a oportunidades de inversión respaldadas por la experiencia operativa y el historial crediticio de CAF en el mercado latinoamericano.

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