Un grupo de 64 estudiantes de los últimos años del Bachillerato Técnico en Informática participará del Hackathon Kyhyje’ỹ IA con el objetivo de crear herramientas digitales innovadoras. La iniciativa busca desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial generativa orientadas al aprendizaje de Matemática y Física utilizando el guaraní jopara, la variante lingüística cotidiana en Paraguay. La competencia presencial se llevará a cabo del 25 al 27 de septiembre en Alto Paraná, en el marco del Proyecto GuaranIA, una propuesta que busca integrar la tecnología en el ámbito escolar para favorecer la inclusión de poblaciones vulnerables y rurales.

El Proyecto GuaranIA es implementado por el Centro de Ingeniería para la Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica (CIDIT), con el apoyo financiero de BID Lab. La iniciativa cuenta además con el respaldo de universidades internacionales, aliados del sector público y privado, y el acompañamiento de las Direcciones Departamentales de Educación del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) de Alto Paraná y Caaguazú. Como preparación previa al certamen, los alumnos ya trabajaron en la creación de datos sintéticos en guaraní para entrenar y evaluar los modelos algorítmicos que impulsarán sus propuestas.

El nombre del desafío, Kyhyje’ỹ, se traduce como “sin miedo” y responde a un diagnóstico realizado en 2025 entre 1.178 estudiantes de secundaria. Dicho estudio identificó que las materias científicas generan temor al error y confusión idiomática al explicar conceptos abstractos. Frente a este escenario, el desafío plantea soluciones que trasciendan la mera traducción literal del castellano al guaraní, proponiendo la IA como un tutor pedagógico capaz de ofrecer asistencia conversacional, generar ejercicios prácticos y corregir procedimientos paso a paso de forma amigable.

Un total de 14 equipos multidisciplinarios asumirán el reto de diseñar, programar y estructurar los aspectos didácticos y lingüísticos de las plataformas. Cada grupo estará guiado por un mentor especializado en informática, al tiempo que docentes de Matemática y Física validarán los contenidos disciplinares. Durante la jornada intensiva de tres días, los competidores completarán el encuadre del problema, la codificación de las aplicaciones, la presentación de prototipos y la defensa de sus proyectos ante una mesa evaluadora.

Un jurado compuesto por expertos en tecnología, referentes pedagógicos del MEC, educadores y representantes de la Secretaría de Políticas Lingüísticas evaluará las propuestas. Las herramientas serán juzgadas sobre una escala de 100 puntos, valorando la función pedagógica, el rigor académico, el uso del jopara, la usabilidad y el trabajo colaborativo. Se premiarán los mejores proyectos en las áreas de Matemática y Física, además de entregar reconocimientos al mejor uso del guaraní y al mayor potencial de continuidad para su desarrollo continuo.

Tras la premiación, las soluciones ganadoras pasarán a una fase piloto de implementación directa en las aulas junto al equipo de investigación. La iniciativa cuenta con un alto respaldo de la comunidad educativa, donde el 97,1% de los alumnos y el 92,9% de los docentes expresaron su apertura para testear estas herramientas en clase. De este modo, el Hackathon Kyhyje’ỹ IA reafirma la viabilidad de articular la tecnología, la educación y la identidad lingüística nacional para responder a las necesidades concretas del alumnado paraguayo.

La Fiscalía presentó sus alegatos iniciales en el juicio oral y público contra el destituido exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, en el caso “Tía Chela”, acusándolo de liderar una presunta trama para direccionar contrataciones de emergencia por la pandemia de covid-19, desde mediados de marzo de 2020. La causa, que proseguirá el lunes 21 de setiembre a las 8:00, analiza un supuesto perjuicio al patrimonio público de 2.130 millones de guaraníes mediante la compra simulada de kits de alimentos para familias vulnerables.

Durante la audiencia del 14 de setiembre, el Ministerio Público sostuvo que el exjefe municipal encabezó una red integrada por directores, jefes de área y colaboradores del sector privado para evitar los mecanismos de control habituales. La maniobra se habría ejecutado adjudicando contratos directos a la firma Tía Chela SRL, comercial que carecía del stock y la capacidad técnica para responder al compromiso de proveer 25.000 kits de alimentos.

La Fiscalía, representada por los agentes Silvio Corbeta, Alma Zayas y Verónica Valdez, sostiene su acusación sobre informes, memos, dictámenes y resoluciones municipales que detallan el proceso de licitación, con documentación remitida por la propia firma proveedora; así como dictámenes de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Contraloría General de la República que señalan irregularidades en la solvencia técnica, económica y de experiencia de las empresas invitadas y adjudicadas; además del análisis de facturas y la reconstrucción de inventarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), cuya trazabilidad señala el millonario perjuicio patrimonial.

Según la acusación fiscal, la comuna utilizó la vía de la excepción sin argumentar motivos válidos de urgencia, omitiendo intencionalmente requisitos básicos de capacidad en los pliegos de bases. Esto permitió seleccionar a un proveedor sin antecedentes en el rubro, vulnerando los principios rectores de la contratación pública.

Los acusados por lesión de confianza y asociación criminal son Miguel Prieto Vallejos, quien desempeñó un rol central como intendente municipal y ordenador de gastos; los funcionarios municipales: Magui Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Infrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Higinio Ramón Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez, Nelson Alexis Segovia Acevedo y Francisco Raimundo Barruga Álvarez; junto con Fermín Ávalos Britos (de la firma Tía Chela SRL) y Emili Vanessa Florentín Páez (vinculada a la firma Vanemi SA).

Tanto la Contraloría General de la República como la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas concluyeron que la licitación ID 382177 presentó irregularidades desde su etapa de planificación. Las entidades fiscalizadoras confirmaron la falta de justificación para omitir la licitación pública y la ausencia de garantías financieras adecuadas.

Asimismo, la investigación expuso que las invitaciones para concursar se enviaron de manera dirigida a un grupo reducido de firmas interconectadas. La firma beneficiada se inscribió en el registro de proveedores el mismo día de la invitación, confirmando la falta de trayectoria técnica para cumplir con las exigencias. Los dictámenes oficiales remarcan que la municipalidad tampoco exigió notas de recepción ni verificaciones de entrega en tiempo y forma. Esta omisión facilitó el aval documental a operaciones que carecían de respaldo logístico real.

La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET, actualmente DNIT) aportó análisis fundamentales al reconstruir los inventarios de las empresas involucradas. El informe evidenció que los comercios declarados como subproveedores registraban saldos en cero o figuraban como contribuyentes ficticios dentro del sistema tributario.

Para justificar la posesión de las mercaderías, la red utilizó esquemas de facturación falsa y triangulaciones con empresas vinculadas, entre ellas Vanemi SA. Sin embargo, los cruces de datos demostraron que los bienes nunca ingresaron a los depósitos municipales en los volúmenes contratados.

Esta inconsistencia en la cadena de suministros ratificó que el contrato consistió en un montaje administrativo para justificar desembolsos millonarios. El perjuicio patrimonial se consumó al autorizar pagos por insumos que jamás llegaron a los sectores vulnerables.

Según la acusación fiscal expuesta en el juicio, el encubrimiento de la falta de mercaderías (los kits de alimentos que debían proveerse a familias de escasos recursos) se realizó a través de un esquema coordinado de simulación documental y administrativa. Los excolaboradores de Prieto suscribieron actas dejando constancia de la recepción de 25.000 kits de alimentos, a pesar de que estos no habían ingresado físicamente a la institución.

- Miguel Prieto (intendente de CDE): se le atribuye haber impulsado la licitación por la vía de la excepción para la compra de cestas básicas; su intervención fue determinante para la aprobación del llamado, la firma del contrato y la autorización de los desembolsos. Además, se señala el vínculo de confianza con la presidenta de la principal firma subproveedora, quien se desempeñaba como asesora jurídica de la intendencia.

- Maggi Fariña (coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones, UOC): responsable de elaborar el pliego de bases y condiciones con requisitos mínimos y omitir exigencias de capacidad técnica o financiera, además de cursar las invitaciones dirigidas a empresas específicas.

- Sebastián Martínez (director de Desarrollo Social): promovió el llamado, integró el comité de evaluación que recomendó la adjudicación a ‘Tía Chela SRL’ y actuó como administrador del contrato, suscribiendo además documentos de recepción de kits que no llegaron a la institución.

- José Félix Cáceres (jefe de Desarrollo Comunitario): Integró el comité de evaluación que avaló la contratación y participó en la firma de documentos para certificar una ejecución contractual que no fue real.

- Julián Benítez Gamarra (jefe de Almacenes): figura como receptor formal de las entregas de los kits de alimentos, validando documentalmente la recepción de mercaderías que, en la realidad, no fueron provistas en su totalidad.

- Francisco Arúa (director de Administración y Finanzas) e Higinio Ramón Acuña (jefe de Adquisiciones): suscribieron órdenes de compra y gestionaron los procedimientos administrativos de pago a la empresa proveedora.

- Nelson Segovia (tesorero): Participó en el proceso de desembolso de los fondos municipales destinados a la firma adjudicada.

Por su parte, en la audiencia del 15 de setiembre, las defensas alegaron que Tía Chela SRL cumplió con el contrato de provisión de alimentos, para lo cual anuncian que durante el juicio se presentarán pruebas documentales, fotografías, videos y testimonios de la supuesta entrega de las cestas. También cuestionan que la investigación fiscal haya recurrido a informes de entes técnicos como DNCP o DNIT para analizar la trazabilidad documental.

Injustificación de la urgencia: no se acreditó suficientemente la “urgencia impostergable” como causal válida para saltar los procesos ordinarios de contratación, determinando el uso incorrecto de la vía de excepción.

Irregularidades técnicas: el pliego de bases y condiciones omitió criterios esenciales de evaluación, como la capacidad financiera, técnica y de experiencia de los oferentes, direccionando supuestamente la licitación a la empresa Tía Chela SRL.

Operaciones ficticias: la empresa Tía Chela SRL habría simulado una cadena de compraventa para tapar la falta de stock, emitiendo facturas a través de la subproveedora Vanemi SA, que, a su vez, declaró contribuyentes ficticios en las compras.

Falta de contraprestación: la firma solo realizó una entrega mínima de los kits de alimentos, a pesar de haber recibido pagos millonarios del municipio, además con plazos incumplidos para casos de urgencia impostergable.

El presidente de la República, Santiago Peña, fue recibido ayer por la presidenta interina del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una histórica visita de trabajo en el Palacio Presidencial de Miraflores de la ciudad de Caracas. Este encuentro marca el inicio de una nueva etapa de relacionamiento y sienta las bases de una dinamización progresiva y plena de las relaciones diplomáticas.

El mandatario paraguayo comentó en redes sociales: “Trabajando en conjunto por un Paraguay más integrado. Avanzamos en una visita de trabajo con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Durante este encuentro de mutuo respeto, abordamos temas fundamentales como el proceso institucional de Venezuela, el fortalecimiento de la economía y nuestra lucha conjunta contra el crimen transnacional organizado. Además, dimos inicio a un diálogo enfocado en el bienestar de los ciudadanos y en el eventual restablecimiento de nuestras relaciones diplomáticas y consulares”.

Por su parte, la jefa de Estado venezolana compartió en su cuenta: “Venezuela y Paraguay vuelven a encontrarse. En Miraflores recibí al presidente Santiago Peña para avanzar en una nueva etapa de acercamiento, diálogo y cooperación, basados en la historia común como países de esta región. Este encuentro abre un espacio para retomar los vínculos bilaterales y construir nuevas oportunidades de trabajo conjunto en beneficio de nuestros pueblos”.

Comunicado conjunto

La Presidencia de la República difundió el comunicado conjunto acordado el 19 de setiembre por ambos gobiernos, que expresa: “Paraguay y Venezuela ratifican los principios de diálogo franco, abierto y respetuoso, con estricto apego a la soberanía nacional, la igualdad soberana de los Estados, la autodeterminación de los pueblos, la reciprocidad y el pleno cumplimiento del Derecho Internacional, en favor de la paz, la estabilidad y el bienestar compartido”.

“Reconocen la importancia de propiciar espacios de encuentro entre los sectores productivos y comerciales para impulsar oportunidades de interés mutuo”, agrega el documento. “Ambos Gobiernos reafirman el compromiso de sumar capacidades para fomentar el desarrollo económico integral, promover el comercio complementario y dinamizar los mecanismos de cooperación técnica, productiva y social, consolidando espacios de diálogo constructivo que redunden en beneficios directos para ambos pueblos”.