Siguen llegando las denuncias en el Ministerio del Trabajo por incumplimiento en el pago del aguinaldo. La cartera estatal recibió al menos 101 reclamos de trabajadores que no cobraron este decimotercer sueldo, por lo que presentaron la denuncia oficial debido al incumplimiento del Código Laboral.
El plazo máximo para abogar el aguinaldo es hasta el 31 de diciembre y hasta el momento están denunciadas 69 empresas, principalmente de los sectores de transporte, construcción, limpieza y seguridad. Hay que mencionar que el aguinaldo es inembargable y no puede sufrir descuentos.
La habilitación del periodo de reclamo arrancó este 2 de enero y las quejas se hicieron de manera presencial, a través de la web institucional y a través de llamadas telefónicas. Desde el Ministerio del Trabajo aseguran que se garantizará el derecho del trabajador, mientras que las empresas que incumplieron con la ley se exponen a ser sancionadas con multas que van de 10 a 30 jornales mínimos por cada trabajador afectado.
Las denuncias se pueden realizar en la sede central del Ministerio del Trabajo, situada en Herrera esquina Paraguarí, de Asunción, o en una de las 14 sedes regionales con que cuenta la institución en el interior del país, de 07:00 a 15:00. También, llamando al (021) 729 0100, al celular (0993) 308 100, o a través de la web de la institución, ingresando a este enlace: https://denuncias.mtess.gov.py/
Desde la cartera de Estado también recordaron que el monto del aguinaldo se calcula sumando los ingresos del trabajador o trabajadora durante el año en concepto de salarios, horas extras, comisiones u otros, divididos por 12 meses. Se excluyen del cálculo la bonificación familiar y el permiso por maternidad.
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Senado aborda situación laboral de trabajadores de prensa y reajuste del 5 % del salario mínimo
A petición del vicepresidente segundo de la Cámara Alta, senador Dionisio Amarilla, los miembros de la mesa directiva recibieron este lunes a la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Mónica Recalde, con el objeto de interiorizarse sobre la situación de los trabajadores de prensa y, en general, respecto al cumplimiento del decreto del Poder Ejecutivo que establece un incremento del 5 % del salario mínimo legal desde el 1 de julio del corriente año.
La reunión estuvo encabezada por el su titular, el senador Basilio Núñez, quien junto con los líderes y vicelíderes de bancadas recibieron el informe de la secretaria de Estado, sobre la situación laboral de los trabajadores de prensa.
Al respecto, el senador Amarilla había solicitado información sobre las diligencias realizadas ante el Ministerio de Trabajo respecto a eventuales denuncias formales presentadas por trabajadores de medios de comunicación, la existencia de contratos colectivos invocados por las empresas y si esta situación afecta exclusivamente a los medios de prensa o constituye una práctica extendida en otros sectores.
Asimismo, el presidente de la Cámara Alta, senador Basilio Núñez, enfatizó la necesidad de conocer con exactitud si el incremento del 5% del salario mínimo legal vigente se aplica a todos los trabajadores y, específicamente, a los trabajadores de prensa.
Mesa tripartita
En ese sentido, la ministra Mónica Recalde explicó que tomaron conocimiento de las denuncias a través de las publicaciones realizadas por diferentes gremios de periodistas. Señaló que se solicitó la conformación de una mesa tripartita con representantes de los distintos medios de comunicación, a fin de analizar el grado de cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo.
La ministra remarcó que el contrato colectivo del gremio de prensa data de 1997 y se encuentra actualmente vigente, pero no ha vuelto a ser negociado, pese a que en diferentes ocasiones se intentó avanzar en su actualización. Agregó que otro de los pedidos específicos del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) consiste en contar con una interpretación o dictamen sobre los alcances jurídicos del artículo 29, en relación con los ajustes salariales.
“Lo que tenemos como Estado es regular el salario mínimo legal. La Corte Suprema de Justicia, en un fallo, estableció que el salario mínimo no puede ser reajustado para todos, sino que solo debe ser reajustado el piso mínimo legal; los reajustes superiores al salario mínimo tienen que darse por contrato colectivo o por contratos individuales de trabajo”, señaló la ministra.
Por su parte, el senador Dionisio Amarilla refirió que presentó un proyecto de Declaración que insta al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a realizar los controles correspondientes para verificar el cumplimiento del decreto del Poder Ejecutivo que establece el incremento del salario mínimo legal y de las condiciones estipuladas en los contratos colectivos de trabajo.
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Trabajadoras denuncian a institución de educación superior por falta de pago de salarios
Tres mujeres denunciaron que la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) Paraguay, dejó de pagarles sus salarios por seis meses e intentaron que sigan trabajando, por más tiempo, pero decidieron acudir ante el Ministerio de Trabajo para denunciar la situación. Hoy, exigen que la institución pague los salarios, aguinaldos que les adeudan hasta la fecha y una indemnización por sus años de antigüedad.
Según Alba María Cubilla Duarte, que se desempeñaba en la parte administrativa, desde julio de 2025 no recibió pago por parte de la institución que se dedica a realizar investigaciones para entes estatales. Las mismas trabajaron hasta el 2 de enero del 2026, luego decidieron retirarse porque ya no tenían cómo costear gastos de traslados y alimentación.
“Yo cumplí al igual que mis compañeras que también tienen sus años de antigüedad, sin embargo, dejaron de abonarnos pese a que nosotras cumplimos a cabalidad de lunes a viernes, todos los meses hasta el último día de diciembre. El viernes, 2 de enero del 2026, nos volvimos a presentar”, expresó Cubilla, en entrevista con La Nación/Nación Media.
Explicó que el 2 de enero de este año, el director les comunicó que no disponía de los fondos para abonar lo adeudado y que debían tomarse sus vacaciones las cuales pasaron sin percibir remuneración alguna. Al volver el 16 de febrero les exigieron continuar con sus labores habituales. “Nos estuvimos yendo al trabajo haciendo préstamos personales”, detalló.
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Denuncia y proceso legal
La afectada resaltó que tras volver y no habiendo garantías sobre el pago de sus sueldos atrasados, decidieron recurrir al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) para formalizar la denuncia e iniciar la demanda laboral.
“El director nos dijo que no tiene la plata, que no nos va a abonar y que tenemos que seguir haciendo nuestras actividades. Desde allí tuvimos que acercarnos al Ministerio de Trabajo, hacer nuestra denuncia, estamos en este momento en eso, sin cobrar nuestro salario del 2025″, refirió.
Agregó que la representación legal de Flacso Paraguay respondió a la demanda laboral alegando supuesta inmunidad jurídica basada en su Ley de Creación N° 2836. Bajo este argumento, la institución pretende eximirse del pago de salarios devengados, el reconocimiento de la antigüedad y las indemnizaciones correspondientes.
Violación laboral
Cubilla indicó que se trata de un caso grave de violencia laboral que afecta directamente el sustento de sus familias y cuestionó la contradicción de la entidad académica internacional dedicada históricamente a la investigación social, la pobreza y los derechos humanos, pero que vulneran los derechos laborales de sus propios trabajadores.
“Tenemos familia que alimentar y hasta hoy día no nos han abonado ningún guaraní de lo que nos están adeudando. Pedimos ayuda, pedimos que se conozca este tipo de violencia laboral, porque violentan nuestros derechos. Envíe una nota al Ministerio de Educación para solicitar su apoyo queremos que se hagan eco de lo que estamos pasando”, puntualizó.
Las afectadas son Alba María Cubilla Duarte (administradora con 18 años de antigüedad), Letizia (contadora) y María Julia Duarte (secretaria general). Las trabajadoras señalan que la institución justifica el cese de los pagos argumentando la falta de firma de convenios estatales con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), fondos de los cuales dependía el financiamiento de sus rubros desde el año 2016.
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Ministerio del Trabajo inició fiscalización tras explosión en barcaza que dejó cinco muertos
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess) decidió iniciar una fiscalización tras el accidente laboral ocurrido el sábado en una barcaza, donde una explosión produjo el fallecimiento de cinco trabajadores. Según los datos recabados, los funcionarios realizaban tareas de limpieza en la embarcación cuando se produjo la explosión, cuyas causas aún son investigadas.
Los técnicos del ministerio del Trabajo comenzaron las diligencias para constatar las condiciones en que se desarrollaban las labores, la situación laboral de las víctimas y el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de la empresa responsable.
La institución fiscalizadora señaló que la intervención forma parte de sus atribuciones en materia de fiscalización laboral y busca esclarecer las condiciones en que ocurrió el accidente, además de determinar, dentro de su ámbito de competencia, si existieron incumplimientos de la legislación laboral y de las normas de seguridad y salud en el trabajo.
Finalmente, el Ministerio de Trabajo expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y aseguró que acompañará el desarrollo de las investigaciones en coordinación con las demás instituciones intervinientes.
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Ministerio del Trabajo interviene cadena de supermercados Biggie
El Ministerio de Trabajo intervino la cadena de supermercados Biggie, integrante del Grupo Zuccolillo, tras la manifestación de trabajadores en protesta por supuestas irregularidades laborales e inició una fiscalización laboral para controlar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la normativa vigente.
En ese sentido, inspectores laborales se constituyeron en las oficinas administrativas de la empresa, donde dialogaron con los trabajadores y representantes de la firma. Además, solicitaron información y documentación relacionada con las condiciones de trabajo.
La inspección incluyó pago de salarios, horas extraordinarias, descuentos aplicados a trabajadores, jornadas laborales, contratos de trabajo, inscripción en la seguridad social y cumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo.
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La empresa fue emplazada a presentar la documentación respaldatoria correspondiente para su análisis técnico por parte de la autoridad laboral, informaron desde la institución.
Algunos trabajadores manifestaron que son víctimas de descuentos salariales aplicados por diversos conceptos como productos vencidos, faltante en caja, multas, llegadas tardías u otras situaciones operativas. Dichas denuncias serán objeto de verificación mediante el análisis de la documentación laboral requerida, ya que podrían constituir descuentos indebidos.
Por su parte, representantes de la empresa dijeron que los trabajadores involucrados en la manifestación formarían parte de un grupo denominado internamente como “comodines”, quienes prestarían servicios en distintas sucursales conforme a las necesidades operativas de la firma.
Sobre el particular, los inspectores señalaron que dicha figura no se encuentra prevista en el Código del Trabajo, el cual establece la necesidad de que las condiciones esenciales de trabajo, entre ellas el lugar de prestación de servicios y la distribución de la jornada laboral, se encuentren claramente determinadas.
El Ministerio de Trabajo continuará con el proceso de fiscalización y análisis de la documentación presentada, adoptando las medidas que correspondan en el marco de sus competencias legales.
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