Tres mujeres denunciaron que la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) Paraguay, dejó de pagarles sus salarios por seis meses e intentaron que sigan trabajando, por más tiempo, pero decidieron acudir ante el Ministerio de Trabajo para denunciar la situación. Hoy, exigen que la institución pague los salarios, aguinaldos que les adeudan hasta la fecha y una indemnización por sus años de antigüedad.

Según Alba María Cubilla Duarte, que se desempeñaba en la parte administrativa, desde julio de 2025 no recibió pago por parte de la institución que se dedica a realizar investigaciones para entes estatales. Las mismas trabajaron hasta el 2 de enero del 2026, luego decidieron retirarse porque ya no tenían cómo costear gastos de traslados y alimentación.

“Yo cumplí al igual que mis compañeras que también tienen sus años de antigüedad, sin embargo, dejaron de abonarnos pese a que nosotras cumplimos a cabalidad de lunes a viernes, todos los meses hasta el último día de diciembre. El viernes, 2 de enero del 2026, nos volvimos a presentar”, expresó Cubilla, en entrevista con La Nación/Nación Media.

Explicó que el 2 de enero de este año, el director les comunicó que no disponía de los fondos para abonar lo adeudado y que debían tomarse sus vacaciones las cuales pasaron sin percibir remuneración alguna. Al volver el 16 de febrero les exigieron continuar con sus labores habituales. “Nos estuvimos yendo al trabajo haciendo préstamos personales”, detalló.

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La afectada resaltó que tras volver y no habiendo garantías sobre el pago de sus sueldos atrasados, decidieron recurrir al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) para formalizar la denuncia e iniciar la demanda laboral.

“El director nos dijo que no tiene la plata, que no nos va a abonar y que tenemos que seguir haciendo nuestras actividades. Desde allí tuvimos que acercarnos al Ministerio de Trabajo, hacer nuestra denuncia, estamos en este momento en eso, sin cobrar nuestro salario del 2025″, refirió.

Agregó que la representación legal de Flacso Paraguay respondió a la demanda laboral alegando supuesta inmunidad jurídica basada en su Ley de Creación N° 2836. Bajo este argumento, la institución pretende eximirse del pago de salarios devengados, el reconocimiento de la antigüedad y las indemnizaciones correspondientes.

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Cubilla indicó que se trata de un caso grave de violencia laboral que afecta directamente el sustento de sus familias y cuestionó la contradicción de la entidad académica internacional dedicada históricamente a la investigación social, la pobreza y los derechos humanos, pero que vulneran los derechos laborales de sus propios trabajadores.

“Tenemos familia que alimentar y hasta hoy día no nos han abonado ningún guaraní de lo que nos están adeudando. Pedimos ayuda, pedimos que se conozca este tipo de violencia laboral, porque violentan nuestros derechos. Envíe una nota al Ministerio de Educación para solicitar su apoyo queremos que se hagan eco de lo que estamos pasando”, puntualizó.

Las afectadas son Alba María Cubilla Duarte (administradora con 18 años de antigüedad), Letizia (contadora) y María Julia Duarte (secretaria general). Las trabajadoras señalan que la institución justifica el cese de los pagos argumentando la falta de firma de convenios estatales con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), fondos de los cuales dependía el financiamiento de sus rubros desde el año 2016.

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El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess) decidió iniciar una fiscalización tras el accidente laboral ocurrido el sábado en una barcaza, donde una explosión produjo el fallecimiento de cinco trabajadores. Según los datos recabados, los funcionarios realizaban tareas de limpieza en la embarcación cuando se produjo la explosión, cuyas causas aún son investigadas.

Los técnicos del ministerio del Trabajo comenzaron las diligencias para constatar las condiciones en que se desarrollaban las labores, la situación laboral de las víctimas y el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de la empresa responsable.

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La institución fiscalizadora señaló que la intervención forma parte de sus atribuciones en materia de fiscalización laboral y busca esclarecer las condiciones en que ocurrió el accidente, además de determinar, dentro de su ámbito de competencia, si existieron incumplimientos de la legislación laboral y de las normas de seguridad y salud en el trabajo.

Finalmente, el Ministerio de Trabajo expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y aseguró que acompañará el desarrollo de las investigaciones en coordinación con las demás instituciones intervinientes.

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El Ministerio de Trabajo intervino la cadena de supermercados Biggie, integrante del Grupo Zuccolillo, tras la manifestación de trabajadores en protesta por supuestas irregularidades laborales e inició una fiscalización laboral para controlar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la normativa vigente.

En ese sentido, inspectores laborales se constituyeron en las oficinas administrativas de la empresa, donde dialogaron con los trabajadores y representantes de la firma. Además, solicitaron información y documentación relacionada con las condiciones de trabajo.

La inspección incluyó pago de salarios, horas extraordinarias, descuentos aplicados a trabajadores, jornadas laborales, contratos de trabajo, inscripción en la seguridad social y cumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo.

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La empresa fue emplazada a presentar la documentación respaldatoria correspondiente para su análisis técnico por parte de la autoridad laboral, informaron desde la institución.

Algunos trabajadores manifestaron que son víctimas de descuentos salariales aplicados por diversos conceptos como productos vencidos, faltante en caja, multas, llegadas tardías u otras situaciones operativas. Dichas denuncias serán objeto de verificación mediante el análisis de la documentación laboral requerida, ya que podrían constituir descuentos indebidos.

Por su parte, representantes de la empresa dijeron que los trabajadores involucrados en la manifestación formarían parte de un grupo denominado internamente como “comodines”, quienes prestarían servicios en distintas sucursales conforme a las necesidades operativas de la firma.

Sobre el particular, los inspectores señalaron que dicha figura no se encuentra prevista en el Código del Trabajo, el cual establece la necesidad de que las condiciones esenciales de trabajo, entre ellas el lugar de prestación de servicios y la distribución de la jornada laboral, se encuentren claramente determinadas.

El Ministerio de Trabajo continuará con el proceso de fiscalización y análisis de la documentación presentada, adoptando las medidas que correspondan en el marco de sus competencias legales.

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La policía detuvo este miércoles en Bolivia a por lo menos 13 personas que irrumpieron en la sede del Ministerio de Trabajo y retuvieron presuntamente a funcionarios, en una jornada marcada por protestas obreras para exigir al gobierno un aumento del salario mínimo, informaron autoridades.

Los detenidos son dirigentes obreros del sector fabril, según los medios locales. Imágenes difundidas mostraron a los trabajadores con cascos rojos cuando colgaban sus banderolas sindicales en una ventana del edificio estatal, en La Paz. El viernes, la Central Obrera Boliviana, el sindicato más grande del país y que incluye a los fabriles, llamó a sus afiliados a acatar una huelga por tiempo indefinido, al considerar que sus reclamos no eran escuchados por la gestión del centroderechista Rodrigo Paz.

Policías antimotines entraron al edificio durante la tarde para detenerlos. “Preliminarmente puedo señalar que” los manifestantes “han privado de libertad a las personas o los funcionarios públicos que estaban en el interior de las oficinas”, dijo a la prensa el coronel Henry Pinto, de la policía boliviana.

“Por el momento tenemos” detenidos a 12 hombres y a una mujer, agregó. El ministro de Trabajo, Edgar Morales, fue evacuado del edificio. “Lamentablemente han entrado, han empezado a golpear la mesa. No entendían: tenían rehenes a todas las mujeres, mucha gente quería” irse “pero no dejaban salir”, dijo el alto funcionario en breves declaraciones a la prensa.

Horas antes, obreros y maestros de escuela marcharon en el centro de La Paz, donde fueron dispersados con gases lacrimógenos. José Luis Gálvez, vocero de la presidencia, señaló que el Ministerio de Trabajo interpondrá denuncias penales. “No puede haber un sicariato sindical que tome ministerios, que secuestre a los funcionarios y que finalmente demos eso por normal”, señaló.

Los obreros piden además de un aumento de 20 % del salario mínimo, incrementos de pensiones, la estabilización de la economía y más. Bolivia experimenta una crisis económica, la peor en cuatro décadas, derivada de una aguda escasez de dólares. La inflación interanual a abril fue de 14 %.

Fuente: AFP.