El Poder Ejecutivo fijó los nuevos valores fiscales inmobiliarios que servirán como base imponible para la determinación del impuesto inmobiliario y sus adicionales para el ejercicio fiscal 2024. El ajuste realizado es de un 3,5 % tanto para inmuebles urbanos como rurales.
La disposición se dio a través de la Ley Nº 5513/2015 conforme a los criterios técnicos establecidos por el Servicio Nacional de Catastro (SNC) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con el Decreto N° 947/2023. El documento subraya que se ajustarán los valores para el año 2024 según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), mediante datos del Banco Central del Paraguay (BCP) que en el periodo de los doce meses anteriores al 1 de noviembre de 2023 alcanzó tal cifra, y un reordenamiento de los valores fiscales para la zona rural del país.
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Señalaron que estos parámetros constituyen la base imponible para el pago del impuesto inmobiliario cobrado por las distintas municipalidades; la tasa es del 1 % del valor fiscal de la propiedad. En tal sentido, se aprobó el porcentaje expresado en guaraníes teniendo en cuenta el criterio de la mencionada ley, que establece el cálculo por metro cuadrado para inmuebles urbanos, mientras que por hectárea para inmuebles rurales.
Desde el MEF explicaron que cualquier ciudadano interesado en conocer los montos que debe abonar a su municipalidad, puede hacerlo a través de la web, en el apartado de municipios/liquidación de impuestos inmobiliarios, seleccionando posteriormente el departamento de su residencia, el distrito y la nomenclatura catastral de su propiedad, padrón o cuenta corriente.
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MEF y MOPC coordinan acciones para garantizar continuidad de obras públicas
Los mecanismos financieros disponibles para garantizar la continuidad de las obras públicas y mantener la fluidez de los pagos al sector de la construcción fueron analizados por el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, quien mantuvo una reunión con el nuevo titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Juan Carlos Baruja.
En ese sentido, desde la cartera informaron que se revisó la situación de las empresas constructoras al MOPC y las medidas necesarias para asegurar la continuidad de los proyectos en ejecución, siguiendo las instrucciones del presidente de la República, Pedro Alliana.
Asimismo, se analizaron los avances en el proceso de cancelación de las deudas del Estado con las empresas constructoras, cuyos compromisos ya están siendo atendidos en gran medida.
“Ambas instituciones reafirmaron la importancia de fortalecer la coordinación interinstitucional para mantener el orden de las finanzas públicas y brindar previsibilidad al sector, favoreciendo la continuidad de las obras y el cumplimiento de los compromisos asumidos”, indicó el viceministro de Administración y Finanzas del MOPC, Carlos Yegros.
El encuentro fue desarrollado en Villa Serrati, sede del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); además, participaron el viceministro de Economía y Planificación, Gerardo Ruiz Díaz; la viceministra de Administración Financiera, Teodora Recalde de Spinzi; y el equipo técnico del MOPC.
Por otra parte, el MOPC informó sobre una reunión encabezada por el ministro Baruja con representantes del departamento de Concepción, quienes intercambiaron planteamientos y coordinaron acciones para dar continuidad a los trabajos viales en el primer departamento, atender las demandas de las autoridades distritales y analizar propuestas para habilitar nuevos frentes de trabajo.
Asimismo, adelantaron que la próxima semana se realizará un recorrido por distintas zonas, como las rutas de Concepción-Pozo Colorado y los demás tramos, acompañado por una delegación técnica, para verificar el estado de los trabajos en ejecución e identificar las intervenciones que aún quedan pendientes.
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BCP anuncia nuevas medidas para la devolución de depósitos a ahorristas
Representantes del Banco Central del Paraguay (BCP), anunciaron nuevas medidas para avanzar con la devolución de los depósitos de los clientes de ueno bank. Según informó la directora interina, Liana Caballero, y el miembro del directorio, Marco Aurelio González, este viernes se realizará un primer pago de hasta G. 10 millones por ahorrista.
El monto restante, que puede alcanzar los G. 218 millones, será abonado dentro de un plazo de 15 días, conforme al proceso establecido para la cobertura de los depósitos. Desde la banca matriz señalaron que la prioridad es garantizar que los ahorristas puedan recuperar sus recursos.
Asimismo, habilitarán un catastro para que las personas que cuenten con Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) puedan inscribirse y acceder a la garantía estatal de depósitos, cuyo límite es de 75 salarios mínimos.
Las autoridades también aclararon que el monto a devolver será calculado luego de compensar los depósitos con las deudas que cada cliente mantenga con ueno bank. Además, el límite de G. 228.300.000 corresponde al total de los depósitos por persona y por entidad financiera, por lo que no se multiplica en caso de contar con varias cuentas o instrumentos de ahorro.
Por otra parte, el BCP estima que alrededor del 97 % de los ahorristas de la entidad recuperará la totalidad de sus depósitos, debido a que sus saldos se encuentran dentro del límite establecido por el Fondo de Garantía de Depósitos. Para quienes superen esa cobertura, la recuperación del excedente dependerá de la verificación de los activos y pasivos de la entidad y del proceso de resolución.
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Desde el 2 de noviembre Siara incorporará nuevas funcionalidades
A partir del próximo 2 de noviembre del 2026, el Sistema Integrado de Administración de Registros Administrativos (Siara), incorporará nuevas funcionalidades que permitirán gestionar las comunicaciones asamblearias y las transferencias de acciones, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
“Con la habilitación de estos dos trámites electrónicos, se completa la incorporación a la plataforma Siara de todas las comunicaciones societarias de las personas jurídicas”, según explicaron desde el ente. Indicaron que la plataforma anterior, BPM Simple, permanecerá habilitada exclusivamente para las estructuras jurídicas hasta que concluya su incorporación gradual a la nueva herramienta.
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Además, mencionaron que la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios Finales, dependiente de la gerencia general, pondrá a disposición de los usuarios un tutorial y un manual de carga con los requisitos documentales correspondientes a cada tipo de operación.
El objetivo de este sistema es modernizar y facilitar la gestión del Registro Administrativo de Personas, Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales en Paraguay, asegurando mayor eficiencia, transparencia y cumplimiento tanto por parte de los sujetos obligados como de la autoridad de aplicación.
En su primera etapa de implementación, estuvo disponible la inscripción obligatoria para la comunicación de todas las organizaciones sin fines de lucro (OSFL); como también para las organizaciones alcanzadas por la Ley N° 7363/2024 y su Decreto Reglamentario N° 4806, que establecen disposiciones en materia de transparencia y rendición de cuentas.
En contrapartida, quedaron exceptuados de la obligación los organismos internacionales, las agencias especializadas internacionales, las entidades u organizaciones de carácter multilateral, así como los partidos y movimientos políticos, las iglesias y las confesiones religiosas.
Asimismo, la disposición no alcanzó a las organizaciones de carácter estrictamente deportivo no profesional, los sindicatos y asociaciones de trabajadores, las organizaciones campesinas y estudiantiles, las comisiones vecinales y las juntas de saneamiento ambiental, salvo que reciban, administren o inviertan fondos públicos, ya sean de origen nacional o internacional.
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BID destaca avances de Paraguay en el desarrollo del servicio civil
Paraguay alcanzó 48 de 100 puntos en el Índice de Desarrollo del Servicio Civil 2026, según el último estudio presentado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este resultado posiciona al país en un nivel de desarrollo medio y por encima del promedio de América Latina y el Caribe, consolidando un avance histórico frente a los 40 puntos registrados en 2017 y los 12 obtenidos en 2004.
Como parte esencial de este progreso, el BID destaca la puesta en funcionamiento de la Ley N.º 7445/2025 de la Función Pública y del Servicio Civil, la creación del Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional (VCHGO) y la adopción de herramientas técnicas para planificar el personal público.
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Además, destaca el inicio de la implementación gradual de la nueva carrera administrativa en 12 instituciones piloto, que comprende a unos 12.000 funcionarios públicos.
“Paraguay mejoró de manera sostenida en el desarrollo de su Servicio Civil desde la primera medición, realizada en 2004. En aquel año obtuvo 12 puntos sobre 100; luego subió a 26 puntos en 2013 y a 40 en 2017, llegando ahora a los 48 puntos que le permite subir del nivel bajo al nivel de desarrollo medio, encontrándose por detrás de Costa Rica y Colombia (57 puntos cada uno) y Jamaica (51 puntos). Otros países de la región, ya alcanzan un nivel de desarrollo alto como Chile (73), Brasil (68) y Uruguay (60)”, destaca parte del informe.
Retos para consolidar la reforma
Pese a los progresos, el organismo internacional identificó un total de once desafíos prioritarios para afianzar el nuevo modelo institucional. Entre las principales “tareas pendientes” figura extender la planificación de la fuerza laboral a las instituciones de mayor peso dentro del Poder Ejecutivo, modernizar e integrar los sistemas de información de recursos humanos y ampliar las descripciones y valoraciones de puestos a todas las instituciones comprendidas en el ámbito de la reforma.
También plantea fortalecer el sistema de directivos públicos y los mecanismos de selección por concurso, implementar el modelo completo de evaluación del desempeño y finalizar el diseño de una escala salarial única, cuya aplicación deberá ser gradual y fiscalmente sostenible.
Asimismo, señala la necesidad de reglamentar los ascensos y las promociones dentro de la carrera administrativa, implementar los planes institucionales de capacitación y extender las encuestas de clima laboral a las distintas dependencias públicas.
Paralelamente señalan que las unidades de gestión y desarrollo de las personas deben estar acompañadas de programas de formación, asistencia técnica y seguimiento de indicadores. A esto se suma la necesidad de institucionalizar un ciclo de monitoreo y evaluación de la reforma, con indicadores clave y mediciones periódicas de resultados.
Servicio público eficiente y premiar el mérito
Durante la presentación del documento, el ministro de Economía y Finanzas, Oscar Lovera, explicó que la profesionalización “exige funcionarios idóneos y comprometidos con sus cargos” y que el objetivo final es transformar esta profesionalización en “bienes y servicios públicos oportunos y de calidad para la ciudadanía”, acotó.
Por el mismo lado, la viceministra de Capital Humano, Andrea Picaso, valoró el trabajo coordinado con las unidades de gestión humana y señaló que el éxito de la ley dependerá del fortalecimiento de las capacidades operativas.