El Banco Central del Paraguay (BCP), a través de un informe fechado el 7 de octubre de 2026 y remitido al Senado, detalló el funcionamiento de los mecanismos de supervisión y control de las entidades financieras, así como los procedimientos establecidos para garantizar el cumplimiento de las normativas bancarias.

El presidente del Senado y del Congreso, Basilio Núñez, adelantó que el documento destaca la solidez del sistema bancario paraguayo y aclaró que el requerimiento responde a un pedido de información destinado a proporcionar a los legisladores mayores elementos para comprender determinados aspectos del funcionamiento del sector.

Este jueves, Núñez procedió a la apertura del sobre que contenía las respuestas del BCP y dispuso la reproducción y entrega de los documentos a los legisladores para su análisis.

Para mañana viernes está prevista una sesión extraordinaria de la mesa directiva del Senado, a fin de profundizar en el contenido del informe. Fueron invitados el presidente de la banca matriz, Carlos Carvallo Spalding, y los miembros del Directorio, conforme a las disposiciones legales.

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El documento aborda diferentes aspectos del funcionamiento del sistema financiero paraguayo y responde a consultas relacionadas con las operaciones de entidades bancarias. Entre los principales puntos se destacan:

1. Controles para preservar la estabilidad financiera: El BCP ratifica la existencia de mecanismos de supervisión que permiten monitorear la liquidez, solvencia y concentración de riesgos de las entidades bancarias. Estas herramientas posibilitan detectar situaciones que requieren ajustes y disponer medidas correctivas conforme a las normativas vigentes.

2. Los excesos prudenciales cuentan con mecanismos de corrección: El informe señala que durante los últimos 24 meses se verificó un caso de exceso de límites aplicables a personas vinculadas. La entidad involucrada implementó medidas para subsanar el hecho, que permitieron adecuar su exposición a los parámetros regulatorios. No se identifica al banco afectado.

¿Qué son los excesos prudenciales? En el sistema financiero, se producen cuando una entidad bancaria supera los límites de riesgo establecidos por las autoridades reguladoras, por ejemplo, al concentrar demasiados créditos en un mismo cliente o grupo económico. También pueden referirse al incumplimiento de exigencias mínimas de capital o liquidez.

3. El BCP ejerció sus facultades de supervisión sobre ueno bank: En relación con las operaciones crediticias y las vinculaciones empresariales, el organismo confirmó que realizó análisis, verificaciones y actuaciones de supervisión, además de requerir medidas para adecuar determinadas exposiciones a los límites establecidos. El documento también menciona la existencia de un sumario administrativo en curso, dentro de los procedimientos previstos por la normativa bancaria.

4. La absorción de Visión Banco por ueno bank contó con autorización regulatoria: La banca matriz explicó que la operación fue aprobada mediante los procedimientos establecidos, incluyendo un plan de factibilidad y la autorización del Directorio del BCP. Asimismo, aclaró que el tratamiento contable aplicado a la absorción responde a un criterio permitido en el ámbito bancario y financiero.

5. No se confirma una exigencia formal de un plan de regularización a ueno bank: Ante las consultas del Senado, el BCP detalló medidas correctivas relacionadas con operaciones crediticias y personas vinculadas, sin confirmar en esa respuesta la exigencia formal de un plan de regularización a ueno bank.

6. Los dictámenes jurídicos internos no son vinculantes: Otro punto relevante del informe es la aclaración de que los dictámenes emitidos por la Unidad Jurídica del BCP tienen carácter consultivo y no constituyen decisiones administrativas obligatorias. La institución explicó que estos documentos sirven de apoyo técnico y legal, mientras que las decisiones corresponden a las autoridades competentes.

7. El sistema bancario cuenta con mecanismos de prevención ante eventuales riesgos: El BCP detalló que las entidades financieras están sujetas a exigencias de liquidez y a procedimientos destinados a mitigar los riesgos asociados con una eventual salida de depósitos. Estas disposiciones buscan garantizar que los bancos mantengan recursos suficientes para atender sus obligaciones.

8. Las fusiones bancarias están sujetas a evaluaciones técnicas: El organismo explicó que las operaciones de fusión y absorción deben contar con estudios de factibilidad, evaluaciones de solvencia y análisis de sostenibilidad financiera. Estos procedimientos buscan prevenir riesgos y asegurar que las operaciones se desarrollen dentro del marco regulatorio vigente.

9. Seguimiento de depósitos públicos y del IPS: El informe también aborda los mecanismos de evaluación de riesgos relacionados con los depósitos de instituciones públicas y del Instituto de Previsión Social (IPS). El BCP señala que existen disposiciones prudenciales orientadas a gestionar riesgos de liquidez y concentración de fondos en las entidades financieras.

10. Supervisión de la seguridad tecnológica de los bancos: La banca matriz detalló procedimientos de control sobre la gestión de riesgos tecnológicos, prevención de fraudes electrónicos y seguridad de las operaciones digitales. En el caso de Banco Itaú, el informe menciona observaciones de supervisión y medidas correctivas vinculadas con sus sistemas de seguridad.

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El informe del BCP confirma que se detectaron situaciones que requirieron la intervención del organismo regulador, con la aplicación de medidas correctivas para subsanar los incumplimientos identificados. Estas actuaciones ponen de manifiesto que los mecanismos de supervisión y control están en funcionamiento y permiten actuar ante eventuales riesgos.

En medio de cuestionamientos y rumores sobre determinadas entidades y operaciones bancarias, las explicaciones de la banca matriz aportan elementos para llevar tranquilidad a la ciudadanía y reforzar la confianza en un sistema financiero paraguayo que cuenta con herramientas institucionales para resguardar su estabilidad.

Tras mantener ayer un encuentro con el presidente en ejercicio, Pedro Alliana, el titular del Instituto de Previsión Social, Derlis León, manifestó que existe un panorama propicio para que la institución inicie el cobro de USD 70 millones al Ministerio de Salud Pública por los gastos acumulados por la atención médica y los servicios sanitarios brindados a personas no aseguradas durante la pandemia del covid-19.

“Según los informes que tengo recabados, la deuda asciende a un poco más de USD 70 millones, pero, como somos dos instituciones que trabajan en conjunto, quedó para el diálogo también la posibilidad de una compensación que lo hacemos casi a diario en el sentido de la cooperación en servicios o medicamentos. Ahora la situación está propicia para que avancemos al mecanismo de compensación”, refirió León, este miércoles, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

A la vez, se refirió sobre el pedido realizado a la Cámara de Diputados referente a postergar el proyecto que declara la emergencia en IPS, teniendo en cuenta que el contexto de urgencia varió desde el momento en que fue planteado desde el Congreso Nacional. Incluso se analiza la posibilidad de requerir al Ejecutivo el veto de llegarse a sancionar.

“El escenario es un poco más alentador que hace 3 meses. Tanto la versión del Senado como Diputados coincidían en algún instrumento para ayudarnos a afrontar nuestros requerimientos en recursos humanos, porque eso también fue y es una crisis para la institución, donde nuestros especialistas terminaron migrando al Ministerio de Salud por una diferencia salarial”, manifestó.

León acotó que “ambas versiones sugerían que seamos ágiles para contratar más médicos y también, de alguna manera, reponer velozmente las renuncias, solamente en lo que va de los últimos 8 meses han renunciado más de 150 enfermeros, más de 80 médicos, principalmente por la precariedad salarial que está planteada también dentro de nuestra situación actual. Antes de que inicie esta propuesta para ayudar al IPS, nosotros no teníamos la posibilidad de contratar a los 500 médicos, que ya estamos contratando en las últimas dos semanas para seguir cumpliendo la ley de reducción de carga horaria”.

No obstante, refirió que quedará pendiente contratar enfermeros u otros personales extranjeros de alta capacitación. Así mismo, comentó que el escenario también es diferente en cuanto a la adquisición de medicamentos e insumos.

La iniciativa de emergencia plantea la búsqueda de mecanismos abreviados para las compras públicas. “Hemos accedido a más de G. 800 mil millones y llegaremos a G. 1 billón en el presupuesto del 2027 para la emisión de órdenes de compras y poder abastecernos y eso arrancó hace 4 semanas atrás aproximadamente. Ya la ciudadanía irá sintiendo que el IPS está abastecido, ayer martes tuvimos una llegada importante de medicamentos”, puntualizó.

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Con relación a las alternativas que manejan para el pago de las deudas vencidas de la previsional, León refirió que una de ellas consistiría en acceder a un crédito bancario a una tasa del 9 % colocando las reservas técnicas de la institución de garantía.

“La versión del proyecto de Senadores consistía en aumentar el tope de depósito en la banca, pero el escenario también es diferente en este momento. Me reuní con el equipo administrativo y solicité el estudio de una alternativa o plan B, el cual ya surgió. La reserva técnica es de G. 300 mil millones, el cual se puede utilizar como garantía para un préstamo a la misma tasa, es un ejercicio habitual y avanzaremos hacia este lado”, detalló.

Por otra parte, León calificó de positiva la reunión que mantuvo con Alliana, a quien planteó una serie de iniciativas para zanjar los conflictos que subsisten en la previsional. “Fue la presentación de un análisis de la percepción de la gestión y sugerencia para fortalecer las áreas más débiles. Como es sabido, en IPS nuestra dificultad mayor es el stock de los medicamentos y el acceso a los servicios, entonces fue un momento de diálogo. La instrucción del presidente Santiago Peña y del vicepresidente Pedro Alliana es que redoblemos los esfuerzos para estas dos áreas”, refirió.

El médico agregó que “ambos piden especial atención en el abastecimiento de medicamentos y el acceso a nuestros servicios de salud, fue muy buena la reunión y nos fuimos planteándole muchas estrategias para buscar resultados en el menor tiempo posible”.

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La muerte de Diego Maradona fue algo “súbito” y “fulminante”, dijo este martes un perito oficial convocado por la defensa, lo que contradice la teoría de la acusación en el juicio por el deceso del astro argentino del fútbol en 2020.

Siete profesionales de la salud son acusados ​​de homicidio con dolo eventual por la muerte del astro en una internación domiciliaria cuya pertinencia y condiciones son cuestionadas.

La acusación sostiene que los imputados ignoraron los síntomas de una supuesta agonía de hasta 12 horas durante la internación domiciliaria de Maradona, que había sido sometida a una neurocirugía. El ‘Diez’ murió mientras convalecía a causa de un paro cardiorrespiratorio y un edema pulmonar.

Pero el perito oficial Pablo Ferrari, que realizó un análisis en 2024 de la muerte de Maradona, discrepó con la acusación y dijo que incluso podría deberse al virus del covid-19.

“El período agónico fue de pocos minutos a escasas horas, (...) cortito, no puedo sostener académicamente que haya tenido largas horas de agonía, fue súbito”, dijo el médico legista en el tribunal de San Isidro, al norte de Buenos Aires.

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Ferrari, que cierra la lista de testigos del juicio, señaló que el edema pulmonar ahogó a Maradona, por lo cual el exfutbolista debería haber tenido signos de “lucha”.

“El paciente que se ahoga se desespera, acá no había ninguna lesión de lucha, tuvo que haber sido de pocos minutos su agonía”, dijo. “Fue una muerte fulminante”, añadió.

El experto también mencionó que no se puede “descartar que haya muerto de Covid-19” y tildó de “error metodológico no haberle hecho” un hisopado para evaluar la presencia de la enfermedad.

El ídolo argentino murió el 25 de noviembre de 2020, año en que explotó la pandemia de coronavirus.

Ferrari también contradijo a la junta médica que analizó la muerte de Maradona en cuyo informe sostiene que el desenlace fatal tuvo como ingredientes problemas hepáticos, renales y cardíacos.

Dentro de los estudios de laboratorio que analizaron, el perito no encontró “indicadores de disfunción renal” ni “la observación más mínima de un problema cardíaco”.

Sí encontró deterioros en indicadores hepáticos entre 2018 y 2020 aunque “dentro de un margen de tolerancia de no abordaje de emergencia médica”.

Con esta declaración concluyó la etapa testimonial del extenso debate oral iniciado en abril. El próximo 8 de octubre comenzarán los alegatos finales de las 13 partes involucradas y se espera un veredicto en noviembre.

• Fuente: AFP

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La Fiscalía pidió este lunes la inclusión de la declaración del titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la apertura del juicio al exintendente esteño Miguel Prieto, en el marco de la causa Tía Chela, y que fue rechazada por la defensa de los once acusados en el caso que juzga un presunto desvío de G. 2.130 millones en compra de kits durante la pandemia. Además del eventual testimonio de Agustín Encina, de DNCP, el Ministerio Público solicitó que se introduzca en la carpeta el pedido que se había realizado en la etapa de incidentes, que es el cambio de marcas de los productos y mercaderías licitadas.

El fiscal Silvio Corbeta presentó informes obtenidos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la Contraloría General de la República (CGR) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Dnit) sobre la adquisición de productos del kit de alimentos, pero los abogados defensores, tanto de Prieto como de los demás acusados, se opusieron a la inclusión probatoria.

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“Consideramos importante introducir este testimonio, así como los pedidos de informe, debido a que no existe ninguna constancia en la carpeta fiscal de que esta nota haya sido tenida en cuenta por parte de la Dnit, de la Contraloría General de la República y de la DNCP en la conclusión de sus respectivos informes para, para la determinación de uno de los elementos de tipo de lesión de confianza que es el perjuicio patrimonial”, argumentó el fiscal Corbeta.

Mientras tanto, la defensa argumentó que el incidente presentado por el Ministerio Público no hace parte de una prueba nueva y que la nota referida al cambio de marcas de productos ya se encuentran en la carpeta de investigación. Afirmaron que no se oponen a la inclusión de nuevos elementos probatorios y los pedidos de informes, pero sí a la testifical del director de la DNCP.

Por otra parte, la defensa también solicitó la inclusión de más de 120 testigos, como también la autorización de la transmisión en vivo de la audiencia a través de las redes sociales que responde a Miguel Prieto, bajo el argumento que se trata de una figura política y aspirante a la presidencia de la República.

La audiencia fue a un cuarto intermedio y se retoma a las 13:00 de esta jornada, informaron.

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