El ministro del Interior, Enrique Riera, aseguró que terminará su gestión con la eliminación del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo y la localización de los tres secuestrados, Edelio Morínigo, Félix Urbieta, y Óscar Denis. El alto funcionario sostuvo que el ministerio lleva adelante una política de investigación y acciones contra el EPP.

“Hay (políticas), y hay mucha información que obviamente no se puede revelar, puedo decir que estuvimos cerca muchas veces, cosa que tampoco se puede contar, y yo tengo fe en que no solamente vamos a derrotar al EPP antes que termine mi gestión, sino que vamos a resolver el problema de los tres desaparecidos”, expuso en entrevista con la 650 AM.

Riera señaló que se cuenta con la localización de los integrantes del clan Villalba, que huyeron de Argentina en el 2024 tras perder el estatus de refugiados y se encuentran actualmente en Venezuela, pero que, por la situación en que se encuentra el país, se analizan los canales para que puedan ser traídos al Paraguay. De acuerdo con el ministro, de llegar a capturar a los integrantes de este grupo criminal, se obtendrá las informaciones necesarias para dar con el paradero de los tres secuestrados.

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“Las Villalba que están en Venezuela saben dónde están, Venezuela está en un problema difícil y hay que buscar otros canales para traerlas, tres veces las encontramos, el segundo grupo que está en la selva sabe, y esa nueva generación que le secuestró a Almir también sabe, y creemos que sí se los puede detener”, afirmó Riera.

Así también, aseguró que la Policía se encuentra en constante monitoreamiento de los miembros del EPP y que el principal objetivo es la captura de los mismos. “Tenemos suficientes elementos para controlar su movimiento hace un tiempo. Yo tengo como objetivo eso, y les prometí a las familias de los secuestrados”, sentenció.

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Paraguay aumenta sus años de estudio, pero la elección de carreras sigue concentrándose en profesiones con una alta cantidad de egresados.

Desbalance en las carreras. Este es el escenario que, cada vez, genera más presión sobre la empleabilidad y puede terminar limitando la competitividad del país. Así lo indicó el experto en empleo Enrique López Arce.

Paraguay tiene cada vez más personas que llegan a la educación superior. De acuerdo con cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), se pasó de 861.000 paraguayos con más de 13 años de estudio en 2022 a 996.000 en 2025. El desafío, sin embargo, está en qué carreras eligen esos estudiantes.

López Arce, quien cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito del empleo y la formación profesional, fue decano de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la UPAP, durante ocho años, y se desempeñó durante cinco años, como director de la carrera de Comercio Internacional en la Universidad Americana. A esto suma dos décadas de experiencia como docente. Precisamente, esta mirada integral sobre la educación superior y el mercado laboral le permite analizar la creciente brecha entre la oferta de profesionales y las necesidades que plantea hoy la economía.

Déficit en carreras de informática. Los datos de egresados de 2024 muestran la brecha con 3.200 abogados, 2.000 enfermeras y 2.000 administradores, frente a apenas 400 profesionales del sector informático. En ingeniería, las cifras son aún menores, con 48 ingenieros electromecánicos, 24 ingenieros en Electricidad y 23 ingenieros en Electrónica.

Mientras Derecho, Enfermería y Administración continúan siendo elegidas masivamente, el mercado nacional e internacional demanda más profesionales de ingeniería, tecnología e innovación.

El país necesita, como mínimo, duplicar durante la próxima década la cantidad de egresados vinculados a Programación, Análisis e Ingeniería Informática. Actualmente, genera unos 400 profesionales informáticos por año y las proyecciones muestran que este ritmo de formación, generará un déficit de 10.000 profesionales en informática para la próxima década.

¿Por qué no se eligen más estas carreras? El especialista identificó barreras, como el costo de las cuotas, la distancia hasta las instituciones educativas y la dificultad de estudiar mientras se trabaja. También menciona el preconcepto de que para estudiar informática o ingeniería hay que ser excepcionalmente bueno en matemáticas, cuando la perseverancia resulta fundamental.

Para López Arce, la discusión, no pasa por decirles a los jóvenes qué estudiar, sino por generar las condiciones para que puedan acceder a las carreras que el mercado necesita y que pueden elevar la competitividad del país.

El ministro del Interior, Enrique Riera, considera que seguir la ruta del dinero es actualmente uno de los mayores desafíos y principal frente de batalla del Estado paraguayo ante el crimen organizado. Señaló que esta lucha no representa únicamente una amenaza vinculada al narcotráfico y la violencia, sino también al funcionamiento de las instituciones.

En una entrevista con La Nación/Nación Media, el ministro señaló que el lavado de dinero y la capacidad de estas estructuras de infiltrarse en instituciones, así como comprar voluntades, o financiar campañas, son la mayor amenaza para la democracia.

Riera hizo esta puntualización al hacer una balance de los tres años de gestión gubernativa en materia de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado; señalando que para combatir este problema, el Estado también se tuvo que “organizar” y unir fuerzas para enfrentarles con todo el peso de la ley.

“Creo que el tema más complicado es seguir la ruta del dinero, que es lavada mediante empresas pseudo legales donde hay abogados, escribanos, funcionarios corruptos, periodistas, jueces, fiscales que sumados al uso de kriptomonedas hacen este trabajo muy complicado”, expresó.

Añadió que cuando el dinero del crimen organizado no se encuentra, los criminales lo utilizan para permear el sector público y privado comprando jueces, fiscales, abogados, escribanos, policías, militares, periodistas y demás. “Eso les permite financiar campañas y así los electos, responden al “sponsor” y no a los electores protegiéndolos del alcance la la ley. Es hoy por hoy la mayor amenaza de nuestra democracia", remarcó.

Ante esta situación, destacó la suma del poder público (fuerzas militares y la Policía Nacional), con tropas combinadas en los grandes operaciones en perfecta coordinación con la Fiscalía y el Poder Judicial. También destacó la colaboración de los aliados internacionales en los diferentes mecanismos de cooperación (comando bipartito, tripartito, Interpol, Coaliciones y todos los países del mundo), intercambiando inteligencia, tecnología y estrategia conjunta.

El ministro Riera destacó, finalmente, la implementación del Plan Sumar como una estrategia integral frente al microtráfico, que combina la acción de la fuerza pública, el tratamiento de las adicciones desde Salud Pública y la prevención entre los jóvenes desde Educación. Señaló que la segunda etapa apunta a llevar estas acciones directamente a los barrios.

Indicó que esta lucha particularmente contra el microtráfico se está abordando a nivel nacional, trabajando de forma coordinada en el marco de la política de Estado, repartiendo tareas en los problemas de aplicación de la ley mediante toda la fuerza pública coordinada entendido como un tema de Seguridad (la oferta) y el tratamiento de los adictos (la demanda).

“Mediante el Ministerio de Salud Pública, se aborda este tema como un problema de Sanidad Pública con especialistas en adicciones y, finalmente, la prevención para los más jóvenes mediante acciones concretas lideradas por el Ministerio de Educación. Esta es una política de estado. Y los resultados son muy esperanzadores porque en esta segunda etapa estamos bajando a los barrios con el Plan Sumar en Tu Barrio 2.0″, concluyó.

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• Por Lourdes Torres, lourdes.torres@nacionmedia.com.

Al hacer un balance de estos tres años de gestión al frente del Ministerio del Interior, el ministro Enrique Riera sostuvo que uno de los principales resultados fue devolver la institucionalidad a la Policía Nacional, con una mayor autonomía en sus decisiones operativas y presupuestarias y una menor injerencia externa. Afirmó que este proceso estuvo acompañado por una reducción del 40 % de los hechos punibles.

El secretario de Estado destacó, en una entrevista en exclusiva con La Nación/Nación Media, que, en materia de seguridad, el gobierno de Santiago Peña tuvo más aciertos que errores y aseguró que están poniendo todo el empeño para ir mejorando en la lucha diaria contra la delincuencia común. Remarcó que los números son positivos, pero pueden mejorar más aún.

“Como resultado concreto de estos tres años se hizo mucho, pero falta más, los hechos punibles se redujeron 40 % en todos los frentes. Ocupamos el 3 lugar en Latam en relación a la cantidad de homicidios por cada de 100.000 habitantes. Y conforme al departamento de Estado de los Estados Unidos, somos, junto con la Argentina, los únicos con categoría clase 1 para recomendar a sus ciudadanos visitar como turistas e inversores”, remarcó.

Mencionó que esta situación en la Policía Nacional se está consiguiendo gracias al apoyo del Poder Ejecutivo. “Le devolvimos la operatividad, que es apostar a lo básico y esencial: movilidad y comunicación. Todavía falta mucho (particularmente armas, equipos, tecnología, infraestructura) en proporción a la cantidad de efectivos (39.000) con que cuenta actualmente”, precisó.

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El ministro Riera destacó la Ley 7280/24 de organización y modernización de la Policía Nacional, que incorpora reivindicaciones históricas de los agentes y establece, entre otras medidas, el polígrafo como requisito para los ascensos y el fortalecimiento de Asuntos Internos para combatir la corrupción dentro de la institución. También resaltó la triplicación de los agentes del Grupo Lince, con 900 motocicletas y 1.800 policías de élite.

Asimismo, señaló una inversión de USD 92 millones en equipamiento policial, que incluye patrulleras, motocicletas, radios, sistemas de comunicación con GPS, chalecos antibalas y un laboratorio forense y criminalístico. A esto sumó el aumento de la incorporación de nuevos agentes, de 1.000 a 5.000 efectivos por año, además de una mayor inversión en la formación de oficiales y suboficiales, mediante mejores condiciones para docentes, becas e intercambios.

El ministro Riera hizo hincapié en estos puntos, atendiendo las condiciones en que estaba la institución policial al momento de asumir el mando hace 3 años, cuando se encontró con un sistema de identificaciones paralizado, vehículos con más de 300.000 km, motos deterioradas, equipos de comunicación sin funcionar, chalecos antibalas vencidos, una desfasada ley policial de 1993, y solo 24.000 efectivos. Con toda estas precariedades, señaló que el Gobierno puso énfasis en la movilidad, comunicaciones, personal y equipamiento.

No obstante, Riera insistió en todo momento en que aún falta mucho por hacer. “Están pendientes dos deudas históricas, reparar las más de 900 comisarías, subcomisarías y puestos policiales. Más del 50 % está en muy mal estado y el 20 % debe ser derrumbado y vuelto a edificar”, comentó.

Asimismo, está siendo necesaria la provisión de más de 15.000 armas, preferentemente a los nuevos egresados, de las marcas de clase internacional y a un precio razonables (sin intermediarios). Así como dotar de más equipamiento para los nuevos egresados, como transporte, comunicaciones, equipamiento completo.

Atendiendo a los últimos hechos violentos, incluidos ataques contra dependencias policiales, el ministro Riera señaló que exige mejorar de forma urgente el sistema de inteligencia con mayor tecnología para anticipar los golpes. “Fortalecer la capacidad de fuego de nuestras comisarías en efectivos y armas, así como una infraestructura más adecuada en zonas calientes. Mayor capacidad de respuesta en tiempo y forma”, acotó.

Finalmente, agradeció el apoyo y la confianza del Ejecutivo y de todo el gabinete, de los funcionarios y compañeros de trabajo: “Espero que todo estos cambios sean sustentable en el tiempo. Me gustaría dejar una institución policial profesional, eficiente e íntegra con resultados medibles. Bien equipada, organizada y motivada que sea la garantía de nuestra democracia”.

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