Para este mes, se prevé una segunda fase de pagos por USD 80 millones, que dará continuidad al cronograma acordado.

El Gobierno completó la primera etapa del plan de pagos a pro­veedores del sistema de salud, con un desembolso de USD 100 millones, en el marco de la regularización de la deuda acumulada con las empresas del rubro.

El presidente de la Cámara de la Industria Farmacéu­tica del Paraguay (Cifarma), Gerardo García, dijo a La Nación/Nación Media que los pagos comprometidos se cumplieron en los primeros días de mayo, de acuerdo con el cronograma establecido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“El Gobierno desembolsó los USD 100 millones durante los primeros días de mayo. Cumplieron con lo compro­metido”, afirmó García.

Para este mes, se prevé una segunda fase de pagos por USD 80 millones, que dará conti­nuidad al cronograma acor­dado entre el Gobierno y los proveedores del sector, para finalizar con la deuda de USD 180 millones.

García señaló que el rubro se encuentra con la expectativa de que el plan se ejecute den­tro de los plazos establecidos. “Ahora estamos esperando los USD 80 millones de este mes, que esperamos que sea pronto”, indicó.

El esquema de desembolsos forma parte de un proceso de regularización de compromisos pendientes del sis­tema de salud pública, que incluye deudas por provi­sión de medicamentos, insu­mos médicos y otros servicios sanitarios esenciales. La ini­ciativa fue presentada en una reunión entre la ministra de Salud, María Teresa Barán; el ministro de Economía, Óscar Lovera, y representantes del sector farmacéutico.

Desde el sector privado des­tacan que este tipo de desem­bolsos es clave para sostener la cadena de abastecimiento de medicamentos e insu­mos, en un contexto donde las empresas venían operando con importantes retrasos en los cobros. El plan de pagos busca ordenar la deuda acumulada del sistema sanitario y mejo­rar la previsibilidad financiera tanto para el Estado como para los proveedores, en un sector considerado estratégico por su impacto directo en la atención médica de la población.

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El mayor volumen de recursos se orientó a servicios sociales, infraestructura, seguridad y compromisos previsionales y financieros del Estado.

La Administración Cen­tral ejecutó G. 22,8 billones durante el primer cuatri­mestre de 2026, equivalente al 27,7 % del presupuesto vigente, según el informe de la Dirección General de Pre­supuesto (DGP) del Ministe­rio de Economía y Finanzas (MEF). Los datos reflejan que el mayor volumen de recur­sos públicos estuvo orientado a servicios sociales, infraes­tructura, seguridad y com­promisos previsionales y financieros del Estado.

El presupuesto vigente de la Administración Central asciende actualmente a G. 82,4 billones y, hasta abril, el Poder Ejecutivo concen­tró cerca del 94 % de toda la ejecución acumulada. Del total desembolsado, unos G. 19,3 billones fueron des­tinados a servicios conside­rados esenciales y sectores estratégicos para el funcio­namiento del Estado. Entre las instituciones con mayor nivel de ejecución sobresalen el Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), el Ministerio de Obras Públicas y Comuni­caciones (MOPC), el Ministe­rio de Desarrollo Social y el Ministerio del Interior.

El MEF lideró la ejecución presupuestaria con el 33 % del total acumulado, equiva­lente a G. 7,5 billones. Estos recursos estuvieron dirigi­dos principalmente al pago de jubilaciones, transferen­cias a gobiernos subnaciona­les y cumplimiento de obliga­ciones vinculadas a la deuda pública. En segundo lugar, aparece el Ministerio de Educación, que concentró el 15 % de la ejecución, seguido por Salud con el 14 %, Obras Públicas con el 9 %, Desarro­llo Social con el 7 % e Interior con el 6 %.

El informe también detalla cómo se financió la ejecución presupuestaria acumulada. El tesoro público cubrió el 66,5 % de los desembolsos, con una erogación de G. 15,1 billones. Bajo esta fuente se financiaron completamente programas sociales emble­máticos como la Pensión Uni­versal para Adultos Mayores, que demandó cerca de G. 1 billón, y Tekoporã Mbarete, con unos G. 400.000 millo­nes. El esquema de financia­miento se complementó con un 18,5 % proveniente de cré­dito público y un 15 % corres­pondiente a recursos institu­cionales.

La Administración Central ejecutó G. 22,8 billones durante el primer cuatrimestre de 2026, equivalente al 27,7 % del presupuesto vigente, según el informe de la Dirección General de Presupuesto (DGP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Los datos reflejan que el mayor volumen de recursos públicos estuvo orientado a servicios sociales, infraestructura, seguridad y compromisos previsionales y financieros del Estado.

El presupuesto vigente de la Administración Central asciende actualmente a G. 82,4 billones y, hasta abril, el Poder Ejecutivo concentró cerca del 94 % de toda la ejecución acumulada. Del total desembolsado, unos G. 19,3 billones fueron destinados a servicios considerados esenciales y sectores estratégicos para el funcionamiento del Estado.

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Entre las instituciones con mayor nivel de ejecución sobresalen el Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio del Interior.

El MEF lideró la ejecución presupuestaria con el 33 % del total acumulado, equivalente a G. 7,5 billones. Estos recursos estuvieron dirigidos principalmente al pago de jubilaciones, transferencias a gobiernos subnacionales y cumplimiento de obligaciones vinculadas a la deuda pública.

En segundo lugar, aparece el Ministerio de Educación, que concentró el 15 % de la ejecución, seguido por Salud con el 14 %, Obras Públicas con el 9 %, Desarrollo Social con el 7 % e Interior con el 6 %.

El informe también detalla cómo se financió la ejecución presupuestaria acumulada. El Tesoro Público cubrió el 66,5 % de los desembolsos, con una erogación de G. 15,1 billones. Bajo esta fuente se financiaron completamente programas sociales emblemáticos como la Pensión Universal para Adultos Mayores, que demandó cerca de G. 1 billón, y Tekoporã Mbarete, con unos G. 400.000 millones.

El esquema de financiamiento se complementó con un 18,5 % proveniente de crédito público y un 15 % correspondiente a recursos institucionales.

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El gobierno completó la primera etapa del plan de pagos a proveedores del sistema de salud, con un desembolso de USD 100 millones, en el marco de la regularización de la deuda acumulada con las empresas del rubro.

El presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica del Paraguay (Cifarma), Gerardo García, dijo a La Nación/Nación Media, que los pagos comprometidos se cumplieron en los primeros días de mayo, de acuerdo con el cronograma establecido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“El gobierno desembolsó los USD 100 millones durante los primeros días de mayo. Cumplieron con lo comprometido”, afirmó García.

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Para este mes, se prevé una segunda fase de pagos por USD 80 millones, que dará continuidad al cronograma acordado entre el gobierno y los proveedores del sector, para finalizar con la deuda de USD 180 millones.

García señaló que el rubro se encuentra con la expectativa de que el plan se ejecute dentro de los plazos establecidos. “Ahora estamos esperando los USD 80 millones de este mes, que esperamos que sea pronto”, indicó.

El esquema de desembolsos forma parte de un proceso de regularización de compromisos pendientes del sistema de salud pública, que incluye deudas por provisión de medicamentos, insumos médicos y otros servicios sanitarios esenciales.

La iniciativa fue presentada en una reunión entre la ministra de Salud, María Teresa Barán, el ministro de Economía, Óscar Lovera, y representantes del sector farmacéutico.

Desde el sector privado destacan que este tipo de desembolsos son clave para sostener la cadena de abastecimiento de medicamentos e insumos, en un contexto donde las empresas venían operando con importantes retrasos en los cobros.

El plan de pagos busca ordenar la deuda acumulada del sistema sanitario y mejorar la previsibilidad financiera tanto para el Estado como para los proveedores, en un sector considerado estratégico por su impacto directo en la atención médica de la población.

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• Por Juan Marcelo Pereira
• juan.pereira@nacionmedia.com

El director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Iván Ojeda, destacó que el Paraguay avanza positivamente en las acciones para su incorporación como miembro pleno a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Detalló que nuestro país apunta a posicionarse como un actor confiable en el escenario internacional.

“Integrar la OCDE para Paraguay significaría estar en el club exclusivo de 38 países en el planeta. La mayoría de ellos son potencias mundiales, y obviamente también si Paraguay alcanza esos estándares va a demostrar que es un país serio, que es un país confiable, que es un país transparente, con una democracia sólida, con atractivos para las inversiones“, dijo el alto funcionario en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.

La organización internacional promueve políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible y la transparencia institucional. Aborda temas clave como educación, salud, financiamiento, protección social, medio ambiente, leyes laborales y gobernanza.

“Ser miembro pleno también nos posicionará en el mapa mundial como un país atractivo para la inversión global. Todo esto fortalecerá mucho el nivel social y económico del Paraguay. Estar en este club ejecutivo va a llevar a otro nivel a nuestro país“, indicó.

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“Yo creo que estamos avanzando sin contratiempo. Cada institución del Estado tiene sus propias tareas. Nosotros ejerceremos la rectoría y la coordinación de acuerdo al alcance de la ley 6670/2020, trabajando coordinadamente con la Presidencia, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Cancillería", comentó.

Ojeda agregó que no existe una fecha exacta definida para el ingreso pleno de Paraguay a la OCDE, ya que este es un proceso técnico y político que suele tomar varios años. Sin embargo, Paraguay ya trabaja bajo un Programa País que incluye estudios y evaluaciones de sus políticas públicas para alinearlas con los estándares internacionales que requiere la organización.

“El 2 de julio del año 2024, el consejo de la OCDE decidió invitar al Paraguay a participar en un programa nacional de conformidad a los términos y condiciones establecidos en el marco para el establecimiento de un programa país, el cual consiste en una serie de pasos que se tienen que hacer a través de evaluaciones y seguimiento para que un país pueda integrar la organización”, describió.

El director manifestó que “hay países como Colombia y Costa Rica, a quienes le llevó entre cuatro y cinco años mientras que Perú hace doce años que se está postulando. Acá hay una serie de elementos que se evalúan como la seguridad jurídica, la calidad de la democracia, la seguridad social, el acceso a la información la coordinación institucional, entre otros puntos“.

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Las afirmaciones de Ojeda surgen en el marco de las reuniones que impulsa su institución con dependencias estatales para articular acciones en el ámbito técnico estadístico. Los encuentros fueron concretaron con autoridades del Ministerio de Economía (MEF), Ministerio de Salud (MSPyBS), Ministerio de Educación (MEC), Ministerio de Desarrollo Social (MDS), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio del Ambiente (Mades), Ministerio del Trabajo (Mtess), Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y el Banco Central del Paraguay (BCP).

Para dichas reuniones desarrolladas en abril pasado, el ente estadístico contó con la asesoría del economista y estadístico uruguayo Pascual Gerstenfeld, consultor senior de PARIS21, la alianza internacional creada en 1999 por la OCDE, ONU (Organización de Naciones Unidas), FMI (Fondo Monetario Internacional), Banco Mundial y la Comisión Europea. Este experto fue director de la División de Estadística de la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), vinculada a la ONU, y de sus oficinas en Argentina y Uruguay. Además, fue cofundador y excoordinador del Panorama Social de América Latina, publicación socioeconómica insignia institucional anual de la ONU-Cepal.