OCDE, socio estratégico de Paraguay para promover el desarrollo sostenible
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El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, mantuvo un encuentro con el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Mathias Cormann, en París, Francia.
Fernández Valdovinos y Cormann hablaron sobre la necesidad de fortalecer los lazos de cooperación entre ambas instituciones. Por su parte, el ministro Fernández destacó la importancia de la OCDE como socio estratégico en la formulación de políticas públicas que promuevan el desarrollo sostenible en nuestro país.
Además, destacó la buena relación y colaboración que Paraguay mantiene con la organización internacional en los últimos años y sostuvo que hay interés en seguir esta línea de trabajo de manera conjunta. El ministro de Economía manifestó al secretario que existe un interés en seguir manteniendo la cooperación durante los próximos cinco años en áreas de interés en común.
Otro tema fueron los avances y proyectos en curso que han sido posibles gracias a esta colaboración estratégica, que abarcan una amplia gama de áreas de interés común, desde el fortalecimiento de la economía hasta la promoción de la transparencia y la eficiencia en la gestión pública.
Esta conversación forma parte del plan del Gobierno de generar más de 500.000 puestos de trabajo durante los próximos años y también avanzar en el desarrollo de la economía con color verde.
Fueron parte de la reunión el viceministro de Economía y Planificación, Javier Charotti; el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, y otras autoridades de la organización.
Caja Fiscal: MEF dispone ajustes en liquidaciones y define sectores con superávit y déficit
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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP), emitió el Comunicado N.° 1/2026, en el que dispone ajustes en los sistemas de liquidación de pagos de los Organismos y Entidades del Estado (OEE), en el marco de la implementación de la reforma de la Caja Fiscal. La medida regirá desde abril y apunta a aplicar la nueva tasa de aporte jubilatorio.
Según el documento oficial del MEF, los OEE deberán realizar adecuaciones en sus sistemas internos para prever la correcta aplicación del aporte establecido en la Ley N.° 7633/2026, que introduce cambios en el sistema de jubilaciones del sector público. Además, se instruye mantener actualizados los registros de cada cotizante y su sector de afiliación, conforme a lo dispuesto en el Presupuesto General de la Nación vigente.
El comunicado también presenta una radiografía financiera de la Caja Fiscal al cierre del ejercicio 2025, clasificando a los sectores entre superavitarios y deficitarios, un dato crucial para entender el equilibrio del sistema previsional.
En esa línea, el MEF señala que el único sector con superávit corresponde a la administración pública y sus regímenes especiales. En contrapartida, los sectores deficitarios incluyen a magistrados judiciales, el magisterio nacional, docentes universitarios, fuerzas armadas y fuerzas policiales.
Desde la cartera económica indicaron que estas medidas forman parte del proceso de ajuste estructural del sistema previsional, con el objetivo de mejorar su sostenibilidad financiera en el mediano y largo plazo.
Economista Daniel Correa señala que atrasos del Estado impactan en la cadena de pagos, inversión y abastecimiento, mientras plantea ordenar el gasto ante menor recaudación. Foto: Ilustrativa
Deuda pública condiciona la actividad y exige mayor previsibilidad fiscal, según economista
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La acumulación de deudas del Estado con empresas vialeras y farmacéuticas afecta la dinámica económica y plantea riesgos para la sostenibilidad fiscal, según advirtió el economista Daniel Correa, en conversación con La Nación/Nación Media.
Correa explicó que los atrasos en los pagos públicos dejaron de ser un problema sectorial para convertirse en un factor que incide en la cadena económica. “Cuando el Estado se atrasa, las empresas también retrasan pagos, frenan inversiones y se vuelven más cautelosas”, afirmó. En el caso de las empresas viales, esto impacta directamente en la ejecución de obras, el empleo y la actividad de proveedores, mientras que en el sector farmacéutico incluso podría afectar el abastecimiento.
El economista sostuvo que este escenario no deriva en una crisis inmediata, pero sí genera un enfriamiento progresivo de la economía. “Es una pérdida de dinamismo que no siempre se refleja en los números agregados, pero se siente en sectores específicos”, indicó.
Daniel Correa, economista. Foto: Archivo
En paralelo, advirtió sobre el deterioro de la credibilidad fiscal en un contexto de menor recaudación. Señaló que Paraguay históricamente mantuvo una gestión ordenada, pero que la acumulación de compromisos impagos puede erosionar esa reputación. “No es solo cuánto se debe, sino qué señal se está dando. Es un tema de confianza”, subrayó.
Respecto a la caída de ingresos, Correa destacó el efecto del tipo de cambio, especialmente en Aduanas. Explicó que, aunque el volumen de importaciones no haya caído significativamente, la baja del dólar reduce el valor en guaraníes sobre el cual se calculan los impuestos, afectando directamente la recaudación. “Es un impacto silencioso: la economía no se ve mal, pero el Estado recauda menos”, apuntó, sugiriendo que el ajuste debe enfocarse en el gasto.
Fatoraje surge como herramienta de corto plazo
Sobre el mecanismo de factoraje impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), consideró que puede ser una herramienta útil para aliviar la liquidez de los proveedores en el corto plazo, pero advirtió que no resuelve el problema estructural. Mencionó, además, riesgos asociados a demoras, requisitos poco claros y posibles discrecionalidades que podrían limitar su efectividad.
Asimismo, explicó que la incertidumbre en los pagos encarece el financiamiento para las empresas, un costo que finalmente se traslada al Estado a través de precios más altos o menor competencia en licitaciones. “Se puede terminar pagando más adelante lo que hoy se intenta aliviar”, afirmó.
Como alternativas, planteó la necesidad de ordenar las prioridades del gasto público, postergar erogaciones no críticas y establecer calendarios de pago previsibles. “El problema no es solo de caja, es de consistencia”, remarcó.
Finalmente, consideró que la situación actual responde tanto a menores ingresos como a una creciente rigidez del gasto, aunque enfatizó que el desafío principal está en la calidad de las decisiones. En ese sentido, interpretó el concepto de “economía de guerra” como una señal de ajuste interno del Estado más que de crisis económica, orientada a preservar el margen fiscal en un escenario más restrictivo.
Farmacéuticas: impulsan proyecto de ley para destrabar pagos
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La Cámara de Representantes de Importadores de Productos Farmacéuticos (Cripfa) presentó un proyecto de ley que busca ampliar los mecanismos de pago del Estado para cubrir deudas acumuladas con proveedores del sistema de salud, en un contexto en el que el sector reporta compromisos por encima de los USD 1.200 millones, según declaraciones de su representante, Rocío Figueroa, en comunicación con la 650 AM.
De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, la deuda oficial asciende a USD 1.027 millones, aunque los proveedores del gremio estiman un monto mayor, lo que evidencia una brecha que presiona la sostenibilidad financiera de las empresas del sector.
Restricciones normativas y freno a licitaciones
El principal obstáculo radica en la normativa vigente, que limita la cesión de créditos exclusivamente al rubro 350, correspondiente a medicamentos. Esta restricción deja fuera 102 objetos de gasto vinculados al sistema sanitario, afectando la capacidad de recuperación de capital por parte de las empresas.
Como consecuencia, varias compañías han optado por suspender su participación en licitaciones públicas, lo que compromete la provisión de insumos y medicamentos, especialmente en casos sensibles como tratamientos bajo orden judicial.
El proyecto de ley, que ingresará al Congreso para su estudio inmediato, busca corregir estas limitaciones y habilitar mecanismos más amplios que permitan a los proveedores acceder a sus pagos en condiciones más ágiles.
La acumulación de deuda, sumada a la emisión de nuevas órdenes de compra, profundiza la brecha financiera del sector, generando un efecto dominó en la cadena de suministro sanitario.
En este contexto, la Cripfa ya remitió la documentación técnica al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para su validación formal, en busca de acelerar una solución estructural.
Además, los gremios solicitaron un tratamiento legislativo urgente tras la Semana Santa, considerando el riesgo creciente de interrupciones en el abastecimiento hospitalario.
Próxima reunión para definir salida financiera
Como parte de la hoja de ruta, las autoridades nacionales convocaron a una reunión para el próximo 7 de abril, cuando se analizará el impacto financiero real de la deuda en la provisión de servicios de salud.
La formalización de la inscripción en el registro administrativo es para las organizaciones ya existentes o constituidas con anterioridad a la vigencia de la ley. Foto: Gentileza
Organizaciones sin fines de lucro también deben adherirse al sistema Siara
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Desde el Ministerio de Economía y Finanzas recuerdan a las organizaciones sin fines de lucro que el plazo para formalizar su inscripción en el registro administrativo, a través del Sistema Integrado de Administración de Recursos (Siara), vence el próximo 1 de abril de 2026.
Desde la institución recuerdan que este trámite alcanza a aquellas organizaciones que, de manera simultánea, participen o incidan en políticas públicas y reciban o administren fondos, ya sean públicos o privados, nacionales o internacionales.
La formalización de la inscripción en el registro administrativo es para las organizaciones ya existentes o constituidas con anterioridad a la vigencia de la ley, es decir, las constituidas o existentes al 1 de enero de 2026.
En cuanto a aquellas organizaciones creadas a partir del 2 de enero de 2026, conforme a la mencionada normativa, tendrán un plazo de 30 días corridos desde su constitución para registrarse, a través del Siara. En caso de que una organización pase a cumplir posteriormente con las condiciones establecidas por la ley, deberá actualizar su información en el mismo plazo.
Se reitera que el cumplimiento de esta normativa será acreditado mediante la constancia emitida por la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios Finales. Asimismo, subraya la importancia de este proceso, a través del cual se garantiza la transparencia, la correcta utilización de los recursos y el fortalecimiento institucional del sector.