Estados Unidos aplicará a partir de este viernes aranceles adicionales a la mayoría de sus socios comerciales y a sectores específicos como el cobre.

El presidente estadounidense Donald Trump no subirá tarifas aduaneras a México durante 90 días para dar margen a las negociaciones pero se ha mantenido firme con otros países como Brasil, la economía más grande de América Latina.

Trump dijo que retrasará 90 días la imposición de aranceles adicionales a las importaciones mexicanas, que se exponían a recargos suplementarios del 30%.

Por lo tanto la situación se mantiene invariable: México seguirá pagando el arancel del 25 % que le impuso para incitarlo a combatir el tráfico de fentanilo, un 25 % a los automóviles y piezas sueltas que no proceden de Estados Unidos, un 50% al acero y el aluminio y a partir del viernes un 50 % al cobre.

Los productos incluidos en el Tratado de libre comercio de América del Norte (T-MEC), del que forman parte México, Estados Unidos y Canadá, están protegidos de los recargos, es decir su inmensa mayoría.

Según el presidente estadounidense, México “acordó eliminar de inmediato sus numerosas barreras comerciales no arancelarias”. No las detalló.

Las medidas de Trump contra Brasil son abiertamente políticas. Anunció aranceles del 50 % sobre los productos brasileños en parte por el juicio contra el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, acusado de intento de golpe de Estado.

El presidente republicano lo considera una “caza de brujas” contra quien fue su aliado durante su primer mandato en la Casa Blanca de 2017 a 2021.

Washington retrasó su imposición del 1 al 6 de agosto y eximió a productos esenciales como el jugo de naranja, la energía, las aeronaves civiles y sus componentes, los fertilizantes, los metales preciosos, la pasta de celulosa o el arrabio, entre otros.

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El gobierno de Trump también sancionó al juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, uno de los magistrados a cargo del proceso contra Bolsonaro.

Washington y Seúl alcanzaron un acuerdo por el que los gravámenes sobre los productos surcoreanos serán de 15 % en vez de 25 %.

Según Trump el país asiático se comprometió a invertir en Estados Unidos 350.000 millones de dólares y a comprar 100.000 millones en gas natural licuado “u otras fuentes de energía”.

Seúl dijo que los aranceles sobre los automóviles también permanecerán en el 15%.

Las exportaciones de la UE están ahora sujetas a aranceles del 15 % en la mayoría de los productos, una tasa superior a la que prevalecía antes del regreso de Trump a la Casa Blanca, pero muy inferior a su amenaza del 30 %.

“Algunos productos agrícolas” estarán exentos de los gravámenes, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sin especificar cuáles.

El año pasado, España exportó bienes por valor de unos 16.200 millones de euros a Estados Unidos, su sexto socio comercial, de acuerdo con el Banco de España.

Trump advirtió de consecuencias comerciales para Canadá después de que el primer ministro Mark Carney anunciara su intención de reconocer un Estado palestino en la Asamblea General de la ONU en septiembre.

Canadá se expone a una amenaza arancelaria del 35 % a partir del 1 de agosto, en comparación con el 2 5% actual, con exenciones clave.

“¡Guau! Canadá acaba de anunciar que apoya la creación de un Estado para Palestina”, escribió Trump en Truth Social. “Eso hará que sea muy difícil para nosotros hacer un acuerdo comercial con ellos”, añadió.

Los productos indios pagarán un 25 % por entrar en Estados Unidos, así como una “penalización” no especificada por comprar armas y energía rusas.

Trump firmó una proclamación que eleva los aranceles al cobre al 50 % a partir del viernes, pero solo a productos que lo contengan, no al metal en bruto, lo que tranquiliza a los profesionales del sector.

También aplicará aranceles del 50 % a a las importaciones de productos semiacabados de cobre, como tuberías, cables y tubos, así como a bienes con alto contenido de cobre, como los componentes eléctricos.

Estados Unidos eliminará la exoneración de impuestos a los paquetes pequeños que entran en su territorio a partir del 29 de agosto.

Hasta ahora esta exención permitía el envío por correo a Estados Unidos de mercancías con un valor inferior a 800 dólares sin tener que pagar un recargo.

• Fuente: AFP

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En el marco de la evaluación de los 32 días de intervención municipal en Ciudad del Este, el interventor Ramón Ramírez, señaló lo se observa y es que la Junta Municipal ha comenzado a ejercer su rol de contralor, desde el pasado 23 de junio cuando inició la intervención, solicitando informes, preocupándose de la administración de los recursos de la Municipalidad.

El economista mantuvo una larga entrevista en Radio Concierto de la capital de Alto Paraná y aclaró que la intervención se da para todo el municipio, es decir tanto para la intendencia como para la Junta Municipal, donde hay una evidente mayoría coyuntural a favor del intendente Prieto. Aclaró que, quien tiene la facultad de solicitar informes es el interventor.

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Insistió que es la Municipalidad está intervenida y el reporte que estará brindando serán sobre los hallazgos que tengan sobre la administración de la intendencia; pero también sobre el rol de contralor de la Junta Municipal.

“El interventor es quien tiene la facultad de solicitar informes a las autoridades electas, esto está claramente establecido en la disposición de la intervención. Hay responsabilidades compartidas en algunos temas. El intendente tiene facultades, pero también hay responsabilidades compartidas con la Junta Municipal; y esa mayoría coyuntural le otorgó carta abierta al intendente”, precisó.

Explicó que la responsabilidad del interventor es reportar esa corresponsabilidad de la intendencia y la junta; ya será en otra instancia la que pondrá la calificación o nivel de responsabilidad.

Ramírez explicó que lo que ha observado, es un mecanismo de acompañamiento incondicional por parte de esa mayoría oficialista en la Junta, a la gestión del intendente Prieto, y eso se pudo constatar cuando aprueban minutas en un día y el intendente lo aprueba en el mismo día.

“Sin embargo, no existe la misma velocidad, en otros temas. La Contraloría General también habló de las inconsistencias de los estados financieros, y eso la Junta lo debía haber identificado, en eso no escapa la responsabilidad de los concejales, porque esos estados contables deben ser aprobados por la Junta Municipal”, explicó.

Remarcó que lo que ha encontrado es que, en todo este periodo municipal, la mayoría coyuntural oficialista, no ha hecho su trabajo de contralor y es por eso que este tema fue observado por la Contraloría.

“Es una suma de todo, yo llamaría más bien, complicidad que ignorancia, porque si bien, el concejal no tiene la obligación de saber todo, ni ser un especialista en materia financiera o contable; pero si tienen la posibilidad, y de hecho tienen un equipo de asesores que les ayuda a tomar la decisión. Pero lo que se pudo observar, es que a velocidad extraordinaria se aprobaron y acompañaron todas las peticiones de la intendencia”, indicó.

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México respira aliviado este jueves después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, aplazara 90 días la subida arancelaria a pocas horas de que expire el plazo para negociar acuerdos.

Varias economías importantes como Brasil e India no se han puesto de acuerdo con Washington para rebajar las tarifas aduaneras que Trump prevé aplicarles a partir de medianoche con el objetivo de imponer un nuevo orden comercial mundial.

“Los aranceles están haciendo que Estados Unidos sea grande y rico de nuevo”, escribió Trump en su red social Truth Social.

El presidente republicano de 79 años advirtió que el plazo del 1 de agosto es inaplazable, pero se ha mostrado más indulgente con México tras mantener, según él, una conversación telefónica “muy exitosa” con su homóloga mexicana Claudia Sheinbaum.

“Las complejidades de un acuerdo con México son algo diferentes”, reconoció Trump, que en los últimos meses ha agradecido a su vecino sus esfuerzos en la lucha contra la migración ilegal.

“Hemos acordado extender, por 90 días, exactamente el mismo acuerdo” con el objetivo “de firmar” un trato “dentro de ese plazo, o incluso más”, precisó.

Por lo tanto México seguirá pagando el arancel del 25 % que le impuso para incitarlo a combatir el tráfico de fentanilo, un 25 % a los automóviles y piezas sueltas que no proceden de Estados Unidos, un 50% al acero y el aluminio y a partir del viernes un 50 % al cobre.

Los productos incluidos en el Tratado de libre comercio de América del Norte (T-MEC), del que forman parte México, Estados Unidos y Canadá, estaban protegidos de los recargos, es decir su inmensa mayoría.

Se alcanzó “el mejor acuerdo posible” si se compara con otras naciones, afirmó Sheinbaum en rueda de prensa.

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México, que se exponía a tarifas aduaneras adicionales del 30 %, “acordó eliminar de inmediato sus numerosas barreras comerciales no arancelarias, que eran muchas”, añadió Trump en su mensaje sin precisarlas.

El 1 de agosto se ha convertido en la nueva fecha simbólica para una serie de tarifas aduaneras más allá del mínimo universal del 10 % impuesto en abril a la mayoría de los países y de las aplicadas a ciertos productos como el 50 % al aluminio y el acero o el 25 % a los automóviles.

El viernes también entrarán en vigor recargos del 50 % para los productos fabricados con cobre. Excluye las importaciones del metal bruto, una muy buena noticia para Chile.

Los aranceles sobre los productos de aproximadamente 80 países, incluidos los 27 de la Unión Europea (UE), aumentarán a partir de la medianoche, entre un 11 % y un 50 %, dependiendo del origen de los bienes.

Algunos países, como la UE, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido, Vietnam, Indonesia y Filipinas, han llegado a acuerdos con la Casa Blanca, lo que se traduce en recargos inferiores a los anunciados inicialmente.

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, dijo el jueves que se han alcanzado acuerdos con Camboya y Tailandia, sin dar detalles. Y Taiwán habla de “cierto consenso” con Washington.

• Fuente: AFP

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Durante la sesión ordi­naria de la Cámara de Diputados, el legisla­dor Néstor Castellano expuso una serie de presuntas irre­gularidades detectadas en la Municipalidad de Ciudad del Este bajo la administración del intendente Miguel Prieto, actualmente intervenida.

El diputado denunció que se montó un esquema para des­viar fondos públicos utilizando comisiones vecinales como fachada, empresas de maletín y pagos anticipados por obras no adjudicadas ni ejecutadas, lo cual ya fue advertido por la Contraloría y constatado por la intervención a cargo del econo­mista Ramón Ramírez.

“Lo que estamos viendo en el caso de Miguel Prieto no es solamente un episodio de corrupción, es el intento des­carado de intentar cubrir un robo a plena luz del día con el silencio cómplice de muchos actores políticos. Dios nos libre si este es el as bajo la manga de la oposición, es preocupante”, afirmó en el espacio de orado­res.

Castellano señaló que, según el informe del interventor, existieron múltiples casos en los que las empresas cobra­ron incluso antes de que los procesos licitatorios fueran culminados. “Una empresa llegó a cobrar un cheque dos días antes de que se firmara el dictamen. Esto demuestra que todo era un montaje”, sos­tuvo. También reveló que los proyectos de inversión eran elaborados dentro de la pro­pia municipalidad y presenta­dos como si fueran iniciativas ciudadanas.

El parlamentario hizo énfasis en que el Ministerio Público ya tiene en sus manos la causa de Prieto, además cuenta con elementos probatorios sobre los mismos. “Lo que ahora hace falta es aplicar un poco de celeridad, que se avance, que se investigue y que se juzgue si corresponde”, enfatizó.

De acuerdo a lo expuesto por el diputado, las comisiones vecinales eran utilizadas como intermediarias que en muchos casos ni siquiera administraban los fondos, sino que endosaban che­ques a terceros. Señaló que las adjudicaciones eran solo una formalidad, con oferen­tes que “acertaban los mon­tos exactos” e incluso pre­sentaban cifras idénticas a las previstas por la adminis­tración, lo que a su juicio evi­dencia una falta total de com­petencia real.

Uno de los casos emblemáti­cos citados fue el de Tajy Ser­vicios Generales, que recibió al menos seis transferencias por un total de G. 106 millones. La firma presentó ofertas con precios exactamente iguales a los establecidos por la munici­palidad, algo que, según Caste­llano, “refleja una adivinanza perfecta”, lo cual pone en duda la legalidad del proceso.

El legislador también hizo referencia al entorno cercano al intendente, afirmando que familiares y allegados fueron beneficiados con contratos y adjudicaciones. Mencionó a Robert Florentín, primo de Vanessa Florentín (expa­reja sentimental de Prieto), ambos vinculados al esquema de compras simuladas de ali­mentos durante la pandemia.

Robert habría sido el encar­gado de cobrar cheques y presentar proyectos, mien­tras que Vanessa figuraba como subproveedora sin contar con los productos que debía entregar a la afamada despensa “Tía Chela”.

“Lo que vimos debería escandalizarnos a todos, pero al parecer algunos actores políticos prefie­ren mirar hacia otro lado”, lamentó Castellano.