El viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Óscar Orué, advirtió acerca de las consecuencias que pueden ocasionar los aumentos desmedidos planteados por parlamentarios en el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2023, pues la solvencia de las finanzas públicas para los próximos años dependerá de una cordura presupuestaria.
“La estabilidad y solvencia de las finanzas públicas para los próximos años dependerán del equilibrio dentro del PGN y de las reformas estructurales que se implementen, por lo que necesitamos que prime la cordura, esto será clave”, expresó Orué en entrevista con Unicanal.
Al respecto, reiteró la postura del Ministerio de Hacienda y esfuerzo para dar a entender que es sumamente importante no aumentar el presupuesto si no se cuenta con financiamiento y que a diferencia de esto proponen apostar por las reformas que sí puedan generar espacios fiscales.
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Déficit en aumento
En ese sentido, planteó alternativas como el proyecto de ley en el que se establece que en año preelectoral no se podrán modificar ingresos ni gastos, a modo de evitar que los recursos públicos sean utilizados como cuota política. Explicó a la vez que durante la pandemia el déficit fiscal del país creció, y si bien dicho aumento fue autorizado por ley, lo ideal es volver a la senda del límite del 1,5% que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF).
“Estamos muy preocupados de que dentro del presupuesto se aumenten gastos que no tienen financiamiento. Estamos pasando las consecuencias de la pandemia, sumado a la sequía y los problemas de inflación a nivel mundial. Eso hace que no haya inversión. El aumento de la recaudación es solo consecuencia de la reforma fiscal y la lucha contra la evasión”, agregó.
Alertó igualmente que si continúan las propuestas desmedidas que impactan negativamente en las finanzas públicas, el próximo presidente no podrá gobernar, pues el gasto público será insostenible, lo que a su vez terminará afectando tarde o temprano en la inversión de proyectos sociales y obras públicas, subrayó.
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Una mesa de diálogo exige cordura, madurez y razón
La experiencia del error también es un camino para construir el aprendizaje en tanto se la acepte como tal y se la supere. En esta condición, se convierte en un disparador que nos predispone a continuar hacia el siguiente estadio: la formulación de la verdad mediante la concordancia entre el pensamiento y los hechos o el razonamiento que despeja toda duda mediante la ratificación de las evidencias, la certeza y la ausencia de contradicciones. He ahí el verdadero conocimiento que ha de acompañarnos y ayudarnos durante toda nuestra existencia para la resolución de los problemas cotidianos, para sobrellevar y trascender los conflictos, incluidos los interiores, amortiguar las cargas por la supervivencia en un mundo cada vez más competitivo y aprender a convivir o a vivir con los demás, que es uno de los ejes centrales de la educación. En ese trayecto no serán pocas las ocasiones en que tratarán de convencernos por medio de las falacias o razonamientos aparentes el sofisma o los argumentos falsos y las opiniones que son conocimientos probables, pero que carecen del rigor de la ciencia. Estas son herramientas que deben administrar quienes ocupan una escala superior en el proceso de enseñanza-aprendizaje: los universitarios, porque ellos son los ciudadanos del futuro y profesionales del mañana, en un periodo corto que suele transitar entre cuatro y seis años, de acuerdo con las carreras elegidas. Y si optan por ingresar a la política como actividad dirigida al bien común, el bienestar colectivo y el progreso económico sin exclusiones, su compromiso y responsabilidad serán todavía mucho mayor.
La juventud es por naturaleza rebelde. Y está bien que así sea, antes que asumir una actitud conformista, que solo favorece las reproducciones de las injusticias, la desigualdad social y los detestables privilegios. Y en ese afán de cambiar todo en el menor tiempo posible, les lleva, también, a cometer algunas equivocaciones, que solo podrán ser corregidas mediante una autocrítica saludable, que es lo que la sociedad espera de quienes, como ya dijimos, dentro de pocos años podrían tener en sus manos los destinos de la república o un centenar de obreros, o la posibilidad de prolongar vidas o concretar investigaciones que podrían aportar a la medicina, la producción, la industria, la educación y el desarrollo material armónico con el entorno. Y en este campo de verificación constante y de observación sistemática de los acontecimientos para validar resultados, y de coherencia entre la palabra y la acción, podemos afirmar que la decisión adoptada por algunos líderes de los universitarios que se encuentran de paro en el campus de la Universidad Nacional de Asunción no fue la más acertada. Sobre todo, la prohibición de que periodistas de GEN, canal de televisión integrante del grupo Nación/Media, ingresaran a un espacio público. Porque la caracterización de público de ese espacio está confirmada por los propios estudiantes al solicitar al Estado la vigencia del Arancel Cero, así como otros programas sociales y de investigación. Es nuestra función y misión apuntar ese error conceptual de estos jóvenes de considerar dicho lugar como uno de carácter privado.
Ningún argumento puede justificar dicha prohibición. De nuestra parte, a lo largo de este conflicto hemos informado las cosas tales como son. De los reclamos –legítimos, por cierto– de los estudiantes y las propuestas de las autoridades, así como de los canales de diálogo abiertos para llegar a una solución favorable para todos los involucrados. Hemos expuesto los acontecimientos desde diferentes ángulos, cumpliendo de esta manera cabalmente con uno de los requisitos fundamentales para que la sociedad pueda sentar juicio sobre un determinado acto: el derecho del pueblo a estar informado. Ese es un punto que nos distancia de las corporaciones mediáticas, que solo abrieron sus órganos periodísticos para subrayar con letras de molde las expresiones de disconformidad de los alumnos, en tanto inficionaban de opiniones malintencionadas, siempre a su estilo, las salidas ofrecidas por el Poder Ejecutivo a través de sus diferentes instituciones. Alguien sostuvo alguna vez que la credibilidad de un medio o de un periodista depende de si dice o escribe lo que el receptor quiere escuchar. Es aconsejable que los estudiantes universitarios apliquen los criterios de la verdad, la razón reflexiva, las proposiciones lógicas y la capacidad de discernimiento para establecer las estrategias que garanticen el éxito de sus reclamos.
Las últimas informaciones indican que la condición innegociable para levantar el paro es que el Gobierno derogue la Ley Hambre Cero. Estamos, como mínimo, ante una grave contradicción. Una negociación, paradójicamente, contrasta con esta demanda imperativa. Debería tratarse de una puerta abierta para encontrar soluciones compartidas y no un cerrojo para clausurar toda propuesta que no provenga de un solo sector. El comunicado dado a conocer en la víspera es bien explícito: “No levantaremos las medidas de fuerza hasta que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo nos escuchen y actúen de acuerdo a nuestras exigencias”. Y aquí cabe apuntar otro error: así planteado, no estamos ante una mesa de diálogo, sino de unilateral posición. Esperemos, sin embargo, que la cordura, la madurez y la razón sean el punto neurálgico para la solución inteligente del problema.
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Filtraciones, origen y consecuencias
- Por Aníbal Saucedo Rodas
- Periodista, docente y político
El viernes 27 de mayo de 2022, un destemplado Mario Abdo Benítez, con la soberbia que atropella la prudencia, anticipa su estrategia en contra de sus enemigos políticos. Fue en el polideportivo El Cerrito de la ciudad de Coronel Oviedo. A su lado se mostraba eufórico el oriundo del lugar, Nicanor Duarte Frutos, de acuerdo con la crónica y foto que publica el diario Abc Color en su edición del día siguiente. Aunque no dio nombres, aquello de que “se ponga el sayo…” esta vez no corre. Ya veremos por qué. Esa noche, un exaltado presidente de la República afirmaba a su auditorio: “Voy a contar uno por uno y nada de lo que diga será mentira, va a ser con pruebas y con papeles para que ustedes sepan la verdad y salgamos a defender juntos el Paraguay (…). Muchas veces me preguntan por qué Marito no contó tal cosa, por qué ahora está contando muchas cosas. Yo soy un hombre institucionalista, yo hice mi parte como Poder Ejecutivo. Está documentado lo que yo hice en mi lucha contra el crimen organizado (…). Mi gobierno ya hizo lo que tenía que hacer, dejemos que las (otras) instituciones hagan su parte”. Tan institucionalista era que prefirió el linchamiento o escándalo mediático antes que el veredicto de la Justicia. El domingo 29 de mayo, apenas veinticuatro horas después de su intemperante anuncio, dos diarios ya tenían la “primicia”. “Informe vincula a Cartes (Horacio) con el lavado de dinero”, afirmaba uno (Abc Color); “La Fiscalía recibió un informe que involucra a Horacio Cartes en lavado”, decía el otro (Última Hora). El acto, siempre es necesario remarcar el contexto, se desarrollaba dentro de la campaña mirando las elecciones internas de la Asociación Nacional Republicana, señaladas para el 18 de diciembre de ese mismo año. Obviamente, estaban presentes el precandidato a la Presidencia de la República, y también vicepresidente Hugo Velázquez y el compañero de fórmula elegido el último día del mes de febrero, Juan Manuel Brunetti.
Lo que viene a continuación ya lo publiqué en este mismo diario y en este mismo espacio. Y mis fuentes se han mantenido en su versión. Después del acto, en un raro ataque de cordura para aminorar la premeditada alevosía, el que fuera mandatario entre 2003 y 2008 recomienda que “no es conveniente que el presidente se exponga en este tema” y aconseja que “es mejor filtrar la información”. Un método que le dio buenos resultados en su tiempo de presidente de la República para deshacerse de algunos de sus colaboradores. Me consta. Quien ejecutó la tarea de entregar los materiales a los medios hizo un trabajo de peón, de estafeta, de mandadero, sin importar la jerarquía de su cargo. La autorización, necesariamente, tuvo que partir de Abdo Benítez. De lo contrario hubiera cortado la cabeza de todo su servicio de “inteligencia”.
Somos un diario político, indudablemente, pero ello nunca interfirió en el ejercicio libre y responsable de mi profesión. La verdad no puede quedar sometida a procesos circunstanciales. Al contrario, parafraseando a uno de los heterónimos de Fernando Pessoa, debe elevarse como la luna para que pueda alumbrar a todos por igual en sus virtudes y en sus vicios. El que se encargó de atizar el fuego de la incordia y la intriga fue Duarte Frutos. Montañas de hojas de diarios existen sobre el particular. Y fue después de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, aquel 22 de julio de 2022, utilizando las filtraciones como cabecera de puente, atentara de manera grosera y violenta contra nuestra soberanía, interviniendo –como si fuéramos una de sus antiguas colonias– en nuestros asuntos internos, ante el aplauso servil de los cipayos. La agenda de la alternancia estaba en marcha. Solo nos estamos reafirmando con lo ya escrito en su momento.
Veamos algunos ejemplos puntuales relacionados con el exdirector de Yacyretá: “Estados Unidos no persigue políticamente a nadie. No, ellos dicen: señores, ustedes están señalados por contrabando internacional de cigarrillos que usa la misma ruta de la trata de personas, del tráfico de armas; están lavando dinero y esa plata está expandiendo la criminalidad, y están financiando el terrorismo. De qué persecución política se puede hablar, cuando los señalamientos de significativamente corruptos tienen que ver con delitos trasnacionales que ponen en riesgo la seguridad” (Última Hora, 5 de agosto de 2022). Abc Color, por su lado, titula la misma información: “Nicanor al cartismo: ‘No hay persecución política; ustedes están financiando el terrorismo”. El 14 de agosto, Abc Color: “Cartes debe renunciar, insiste Nicanor Duarte Frutos”. Hacía referencia a la candidatura a la presidencia de la Junta de Gobierno del Partido Colorado. Ya en el cuerpo de la información añade que “Cartes obstruyó una importante investigación internacional sobre el crimen trasnacional y a su asociado criminal de un posible enjuiciamiento”. El 26 de agosto, desde El Vaticano, pontifica: “No creo que el Gobierno norteamericano haga afirmaciones sin pruebas, al cohete”. El 10 de setiembre: “La soberanía no se puede invocar para defender al patrón, al jefe (…). Invocar la soberanía para defender a personas acorraladas desde la comunidad internacional, con denuncias bastantes graves, es un cinismo que no tiene nombre”. Y me detengo en lo del “cinismo que no tiene nombre”. Sin parpadear afirmó a radio Ñandutí el 9 de marzo de este año, casualmente el día de la convención de la ANR: “Hubo una injerencia perversa del Departamento de Estado en Paraguay”.
Ya me había prometido a mí mismo que todos los adefesios guturales de este personaje siniestro los reservaría para mi libro de larga y paciente construcción: Esquizofrenia política. Pero esto último fue una patada al hígado. Ya superó todos los umbrales de la decencia. De lo que estoy convencido es que siempre va a encontrar la manera de caer más bajo aún. Como diría Juan León Mallorquín: El afán de lucro le obsesiona. Y enloquece. Buen provecho.
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MEF prevé emitir primer bono del 2024 por USD 1.000 millones en febrero
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), dando cumplimiento a la ley de medidas extraordinarias para reordenar las finanzas públicas, estima emitir el primer bono soberano del año a finales de febrero por USD 1.000 millones, según lo confirmó el viceministro de Administración Financiera, Óscar Lovera.
Lovera explicó que la exitosa emisión por USD 220 millones en diciembre de 2023 permitió generar desembolsos a los sectores afectados por la deuda heredada del gobierno anterior, que afectaba a las vialeras y farmacéuticas; lo que ocasionó un flujo de obras públicas y se lograron saldar deudas flotantes de obligaciones asumidas en 2020.
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“La previsión que tenemos es hacer una emisión en el mercado internacional, que nos permita dar cobertura a estas obligaciones que aún están pendientes de la autorización que tuvimos por USD 600 millones. Estamos hablando de un nivel de emisión de USD 1.000 millones dependiendo también de las condiciones que se están manejando. Podría ser a fines de enero o en las primeras semanas de febrero”, precisó Lovera a la 1080 AM.
También recordó que en 2023 hubo muchos problemas en cuanto a emisiones en el mercado internacional por las tasas elevadas y que, justamente, por la tendencia a la baja, según anuncios de la Reserva Federal de Estados Unidos, hay una sensación de mejora este 2024 que se quiere aprovechar.
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“A fin de 2022 y principio de 2023 se dio un escenario de tasas altas a nivel internacional como también en el mercado interno por el efecto de las inflaciones. Y hoy el apetito que se tiene a nivel internacional, considerando las condiciones que ofrecen los bonos de Paraguay en términos de estabilidad de condiciones financieras y también por nuestro historial de buen pagador, nos permitiría tener un mejor financiamiento para lo que necesita el Estado”, indicó.
También remarcó que con esta emisión se estima saldar toda la deuda obligada con Salud Pública y los vialeros, a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) con cuyo sector, solo queda pendiente el 10 % de la deuda total.
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Medidas extraordinarias en finanzas públicas permitirán “destrancar” economía, aseguran
El ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, habló acerca de la ley de medidas extraordinarias para las finanzas públicas y señaló que existen deudas que deben ser honradas. Afirmó que con la iniciativa y el acceso a los recursos podrán “destrancar” un circuito muy importante de la economía paraguaya.
En el programa “El péndulo”, emitido por Unicanal, el ministro consideró sumamente importante la sanción que otorgó el Senado al proyecto de ley sobre de las medidas extraordinarias para las finanzas públicas, debido a que son deudas que hay que honrar teniendo en cuenta que el país prácticamente entró en faltas de pago.
“Es lo mismo que deberle a aquel que compró un bono y no pagarle, que haber contratado obras o que te entreguen un producto farmacéutico y no pagar por el mismo”, dijo Fernández Valdovinos.
Se refirió a las declaraciones del expresidente de la República Mario Abdo Benítez, quien asumió que todo Gobierno deja deudas y afirmó que si bien es cierto, nunca se registró la falta de pagos. Solo para los sectores de la construcción y farmacéutica es de USD 600 millones, y si se tienen en cuenta las deudas con el Instituto de Previsión Social y otros sectores supera los USD 1.000 millones.
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“Una cuestión es dejar una deuda de USD 200 a 300 millones en total, otra es por encima de los USD 1.000 millones. Acá hay un grado de irresponsabilidad enorme por parte del gobierno anterior, que nos llevó a esta situación de pedir una medida extraordinaria para pagar esa deuda”, explicó Fernández Valdovinos.
Señaló que las deudas heredadas del gobierno de Abdo Benítez están generando un “trancazo enorme”, porque no se le paga a las empresas y éstas ya empiezan a despedir gente o no pagar a sus propios proveedores, generando un importante atraso en los bancos. “Hay todo un circuito trancado que queremos destrancar, porque de nada nos va a servir hacer todos los esfuerzos para mantener nuestro crecimiento y tenemos estos sectores cojeando”, añadió.
En cuanto a la ley, señaló que no existen secretos debido a que se solicita el permiso para la emisión de los bonos por USD 600 millones que otorga el Congreso Nacional, por lo que descartó los “superpoderes” que supuestamente otorga al Ejecutivo y, en este caso, al ministro de Economía.
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Presupuesto y déficit fiscal
El titular de la cartera económica señaló que buscaron la forma de mostrar el enfoque que tiene el nuevo gobierno con el Presupuesto General de la Nación (PGN) donde solo en 15 días lograron otorgar más recursos a los sectores que consideran prioritarios, que son salud, educación, seguridad y ayuda social. Si bien lo que hicieron con el plan de gastos no representa una revolución frente a los anteriores, afirmó que sí muestra una evolución hacia el rumbo que buscan tomar.
En cuanto al déficit fiscal, señaló que cuentan con un plan que creen es más razonable en términos económicos para volver al 1,5 % de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) en el año 2026. Para ello, han presentado un nuevo plan de convergencia que difiere totalmente del presentado en el gobierno anterior, donde estimaban llegar al tope fiscal en el próximo año, lo que consideró sería “nefasto” para la economía paraguaya.
Comentó que el PGN de este año cerraría con un déficit del 4,1 %, por lo que proponen una convergencia más gradual que, aseguró, está aprobado por las calificadoras de riesgos, los organismos multilaterales y considerado como lo más razonable por los analistas económicos del país. “Tenemos margen y podemos ir hasta el año 2026″, añadió.
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