En el marco de las Elecciones Internas Simultáneas de las organizaciones políticas, comenzó la revisión técnica de hardware y software de las máquinas de votación a solicitud del Tribunal Electoral Partidario (TEP) de la Asociación Nacional Republicana (ANR), el proceso culminará mañana martes 26 de mayo.

Al respecto, en conversación con La Nación/Nación Media, el presidente del TEP, Santiago Brizuela confirmó que en la jornada de verificación estuvieron presentes los apoderados y representantes técnicos tanto de Honor Colorado como de los movimientos disidentes del Partido Colorado.

Destacó que todos los sectores, así como desde el TEP han quedado “sumamente satisfechos”, con el desarrollo de la primera jornada de verificación porque se hicieron “muchas preguntas”, pero todas fueron respondidas al 100 %.

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Indicó que la verificación arrancó a las 9:30 y se enfocó exclusivamente en el hardware, es decir la parte física de las máquinas de votación.

Señaló que para aventar cualquier fantasma de fraude, los técnicos de la empresa proveedora, y de la Justicia Electoral, literalmente desarmaron la máquina de votación ante todos los movimientos y explicaron componente por componente, las antenas, los sistemas físicos de seguridad y el lenguaje informático básico.

“Se desarmó la máquina de votación y se fue explicando qué función cumple parte por parte sus componentes, los mecanismos de seguridad. Como miembros del tribunal presentes, estamos sumamente satisfechos. Los representantes técnicos de los movimientos hicieron muchas preguntas que fueron 100 % respondidas y de manera satisfactoria, es decir, todos quedaron muy conformes, al menos es lo que presentaron. No hubo ningún tipo de observación asentada en ninguna acta", expresó.

Superado este primer día, donde se verificó toda la máquina, sus componentes y funcionamiento. Se espera para este martes 26 de mayo, una segunda jornada donde se dedicará a evaluar la parte intangible: el software, informó.

Brizuela explicó que se verificará a fondo el lenguaje de programación, explicando cómo la pantalla traduce el toque del dedo en el voto real, los mecanismos de encendido/apagado y cómo se activan y desactivan los dispositivos USB (los pendrives de las mesas).

Indicó que esperan que todos los apoderados y representantes técnicos de los movimientos internos participen y despejen toda las dudas que se tenga.

Señaló que el objetivo político de esta segunda jornada es “apagar las voces que pretenden instalar algún tipo de duda sobre el sistema de votación” para que el Partico Colorado llegue al 7 de junio con total tranquilidad.

“Entendemos por el ambiente de hoy y la tranquilidad con que se desarrolló todo hoy, creemos que no habrá mayores inconvenientes, y bueno, cerramos la jornada de mañana, sacamos cualquier tipo de dudas sobre todo apagamos las voces que expresan o que pretenden instalar algún tipo de duda sobre el sistema de votación, y ya nos vamos a la interna del 7 de junio con tranquilidad y transparencia”, concluyó.

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Christian Ruiz Díaz, director de Financiamiento Político de la Justicia Electoral, indicó que la revisión técnica de las máquinas de votación a realizarse la proxima semana es solo para los apoderados del Partido Colorado, ya que hasta el momento ha sido la única nucleación política que ha peticionado.

En conversación con el programa “Tarde de Perros” que se emite por Universo 970 AM/Nación Media, explicó que la Justicia Electoral solo puede acceder a peticiones presentadas por los partidos políticos o en su efecto por sus respectivos tribunales electorales, ya que son los que conocen a los miembos de los movimientos internos.

Esta aclaratoria la dio, ya que en la fecha, el apoderado del PLRA, Diego Garcete, presentó un reclamo ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral, y en este caso, Ruiz Díaz señaló que no corresponde ya que es un movimiento el que peticiona y no el partido.

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Mencionó que la Justicia Electoral ha firmado acuerdos de cooperación con la organizaciones políticas y con los Tribunales Electorales de las organizaciones políticas, lo que significa que la relación como institución es con estas dos instancias, con el partido y con el órgano electoral correspondiente.

“Esperamos justamente que quien nos remita la nota sea la organización política o en el mejor de los casos, el Tribunal Electoral de la organización política, porque son ellos quienes le conocen a sus movimientos internos. No podemos comenzar a autorizar movimiento por movimiento. Entonces estamos centralizando que la organización política o su órgano electoral nos solicite y nosotros buscaremos ese espacio para poder hacer o para poder incluirse dentro de la verificación técnica”, explicó.

Asimismo, volvió a recalcar que la respuesta que dio el TSJE a la ANR, no es para llevar adelante una auditoría como tal a las máquinas de votación, ya que la misma, conforme al cronograma ya se ha realizado durante todo el mes de enero pasado con la presencia de más de 40 técnicos que representaban a más de 40 organizaciones políticas.

Por tanto, señaló que atendiendo el rigor técnico, la metodología y al tiempo que lleva hacer una auditoría real, no se puede realizar en un espacio de dos días, porque entonces ahí sí se estará mintiendo. Entonces, señaló que los ministros del TSJE decidieron que esto sea una revisión técnica, que se le comunicó al Tribunal Electoral Partidario (TEP) de la ANR.

“El lunes 25 y martes 26 de mayo a las 9:00, lo que haremos será una revisión técnica de las máquinas donde vamos a tratar de meter todo lo que se pueda de información sobre el hardware, sobre el software, todo lo que hicimos en un mes, hacerlo en dos días. Es con el ánimo de transparentar un poco el proceso y tratar también de que estos técnicos puedan hacer las consultas, allanar esas dudas que tienen por el momento”, acotó.

Finalmente enfatizó que el cronograma electoral; es decir, las fechas de las elecciones, tanto internas previstas para el domingo 7 de junio, ni hablar del 4 de octubre donde se hacen las Elecciones Generales Municipales, no se modifica. “Esos son plazos electorales establecidos por ley, por lo tanto, no podemos modificar”, remarcó.

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Hoy, la compañía cuenta con más de 1.200 colaboradores directos, de los cuales el 95 % son paraguayos y paraguayas.

Paracel dio inicio a las obras para el polo de desarrollo indus­trial e infraestructuras para la fábrica de celulosa, con el acto de palada inicial reali­zado en el sitio de planta, ubi­cado en el distrito de Paso Horqueta, marcando un hito a nivel país y consolidando la mayor inversión privada en la historia de Paraguay. “Nuestra gente es guapa, vamos a hacer que el nivel de vida de los paraguayos sea el que se merecen”, destacó Blas Zapag, presidente del Direc­torio de Paracel, durante el evento.

El proyecto fue financiado por el Banco Interameri­cano de Desarrollo (BID) con una inversión de USD 165 millones, como parte de una apuesta integral por el desa­rrollo sostenible, alineado con estándares internacio­nales en materia ambiental, social y de gobernanza. Con­templa la construcción de activos clave como un puerto y terminal fluvial, líneas de transmisión eléctrica, vías de acceso e infraestructura logística para la planta de celulosa de la compañía.

Las inversiones permitirán mejo­rar la conectividad regional, reducir costos logísticos y facilitar instalación de indus­trias en el polo de desarrollo industrial. Flavio Deganutti, CEO de la compañía, señaló que “esta infraestructura tiene un destino claro: alla­nar el camino para la primera fábrica de celulosa del Para­guay. Una planta que trans­formará el eucalipto que ya sembramos en la materia prima del futuro”.

En el evento, se concretó la firma de un acuerdo estra­tégico con el Grupo Sudati, empresa que se integrará al polo de desarrollo industrial de Paracel. Esta inversión, estimada en USD 215 millo­nes, generará más de 2.000 empleos directos e indirec­tos, con inicio de obras pre­visto para 2027 y operación de la primera fase en 2028, marcando un paso decisivo en la consolidación de un eco­sistema productivo en torno al parque.

Para garantizar el abastecimiento de su planta, Sudati llega con una impor­tante inversión en la expan­sión de la base forestal de la región –liderada por Paracel– sumándose al desarrollo de silvicultura. En conjunto, se plantarán más de 30.000 hectáreas adicionales, forta­leciendo aún más la base pro­ductiva de la región.

Sudati, fundada en 1998, es el mayor fabricante y expor­tador de contrachapados de Brasil, con cinco plantas industriales en el sur del país. La articulación con Paracel permitirá generar importan­tes sinergias, optimizando el aprovechamiento integral de la madera y sus subproduc­tos, y fortaleciendo la eficien­cia del modelo productivo. El Polo de Desarrollo Industrial contribuirá a la generación de aproximadamente 7.000 empleos directos e indirec­tos, al fortalecimiento de la infraestructura y a posicio­nar al norte del país como un nuevo polo de desarrollo industrial. En este marco, Per Olofsson, Chairman of the Board, mencionó: “¿Por qué no Paraguay? Este hermoso país tiene todo lo necesario para el desarrollo de indus­trias de clase mundial”.

Hoy, Paracel cuenta con más de 1.200 colaboradores direc­tos, de los cuales el 95 % son paraguayos y paraguayas, el 70 % proviene del departa­mento de Concepción y el 47 % se encontraba en situación de informalidad antes de incor­porarse a la compañía, refle­jando un impacto concreto en la generación de empleo for­mal y desarrollo local.

La compañía dispone de más de 203.000 hectáreas de tie­rras propias, alcanzando 100.000 hectáreas ya plan­tadas en tierras propias y de terceros, bajo los más altos estándares internaciona­les. Cuenta con certificación forestal sostenible FSC® y garantiza un modelo de pro­ducción responsable que inte­gra eficiencia productiva con el cuidado ambiental.

Estuvo el presidente de la República, Santiago Peña, el vicepresidente Pedro Alliana, autoridades nacio­nales, representantes del sector privado y del BID, reflejando el respaldo insti­tucional y financiero a una iniciativa estratégica. Peña destacó que “Paracel va a ser uno de los capítulos en la historia del Paraguay”, subrayando el compromiso del Gobierno con la indus­trialización, la generación de empleo y el desarrollo equi­librado del país. Este avance se enmarca en una agenda de desarrollo sostenible y de inversión de largo plazo que contribuye a posicionar a Paraguay como un actor competitivo en la región.

Los mecanismos de control institucional, transparencia y participación ciudadana implementados por el Consejo de la Magistratura permitieron detectar irregularidades e inconsistencias documentales en certificados académicos presentados dentro de procesos de postulación a cargos del sistema de justicia.

La institución informó que las anomalías fueron identificadas mediante el sistema de observaciones públicas y la amplia difusión de los concursos a través de plataformas digitales institucionales, herramientas que posibilitaron la trazabilidad y el acceso ciudadano a la información.

Según el comunicado oficial, también fueron fundamentales los controles realizados por la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), además de la investigación interna impulsada por una comisión especial integrada por áreas técnicas y jurídicas del Consejo de la Magistratura.

Una vez corroborados los indicios, el propio Consejo promovió la denuncia ante el Ministerio Público y remitió todos los antecedentes relacionados con el caso, reafirmando su compromiso con la legalidad, la transparencia y el fortalecimiento de los mecanismos de control.

El Ministerio Público, a través de la Unidad Penal N.° 17, formuló imputación en el marco de una causa por presunta producción y uso de documentos no auténticos. La investigación involucra a postulantes y funcionarios presuntamente vinculados con los hechos investigados.

Paralelamente, el Consejo de la Magistratura dispuso medidas administrativas inmediatas, entre ellas sumarios internos, separación preventiva de funcionarios involucrados, auditorías documentales y recomendaciones orientadas al fortalecimiento de los sistemas de seguridad y validación académica.

La institución remarcó que los hechos corresponden a responsabilidades individuales y sostuvo que fue precisamente el funcionamiento de los mecanismos institucionales de control y apertura ciudadana lo que permitió detectar las inconsistencias y activar las acciones legales correspondientes.

Finalmente, el Consejo de la Magistratura ratificó que continuará fortaleciendo sus procesos de modernización, transparencia y control, con el objetivo de garantizar concursos públicos cada vez más seguros, auditables y confiables para toda la ciudadanía.