El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, se refirió a la situación del fisco en cuanto a los proyectos que están pendientes en el Congreso y su impacto en el presupuesto. Indicó que de aprobarse, el próximo Gobierno deberá aumentar impuestos y poner en riesgo la ventaja comparativa de nuestro país.
En comunicación con radio Cáritas, el titular del fisco habló acerca de las iniciativas pendientes en el Congreso Nacional que pueden impactar en el presupuesto, que son de mayores gastos rígidos y las que limitan la capacidad de recaudación al fisco suman US$ 1.800 millones, lo que sería imposible de acertarse todas, según indicó.
Señaló que de darse estas aprobaciones, se deberá recurrir a todas las herramientas posibles como el Plan Financiero, el Plan de Caja, se deberán ajustar otros componentes y afectar programas de entidades que son destinadas a la ciudadanía. Llamosas aseguró que ante esta situación, se podrían ver afectados los pagos a proveedores, programas sociales, entre otros.
Para el titular del fisco, esta es una historia que ya se vivió hace 20 años y podría repetirse una vez que prosigan esa iniciativas. En esa línea, sostuvo que las propuestas no tienen visión a largo plazo, lo que podría terminar explotando en las manos del próximo Gobierno que se vería obligado a plantear aumentos en los impuestos.
De llagar a ocurrir eso, expresó que sería una pena debido a que Paraguay está en una ventana de oportunidades de inversiones y el atractivo principal del país está relacionado justamente con un sistema tributario sencillo con tasas muy bajas, lo que está en riesgo de perder subiendo la presión impositiva del país.
Lamentó el levantamiento de dos vetos del Poder Ejecutivo que se dieron ayer referente a estos incrementos que representan G. 20.000 millones para los restantes cuatro meses de este periodo, pero apuntó a que lo más preocupante es que tendrá un impacto en el presupuesto del próximo año y los siguientes años.
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En plena guerra con Irán, la Casa Blanca pide presupuesto USD 1,5 billones para defensa
La Casa Blanca envió el viernes un proyecto de presupuesto de defensa al Congreso por 1,5 billones de dólares para 2027, en momentos en que Estados Unidos enfrenta importantes gastos por la guerra en Irán. Si es aprobado, los gastos militares pasarán de 1 billón de dólares en 2026 a 1,5 billones en 2027, según el documento presentado al Congreso.
Sería el mayor incremento desde la Segunda Guerra Mundial, refiere la prensa estadounidense, e implicaría un aumento de 42 % en el presupuesto global del Pentágono. Los gastos no militares disminuirían 10 % (unos 73.000 millones de dólares), mediante la “reducción o eliminación de programas progresistas, politizados y derrochadores”.
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Estados Unidos es por lejos el país con el más alto presupuesto en defensa. En los preparativos para la publicación de la propuesta, el presidente y sus asesores han subrayado la urgencia de aumentar el gasto en defensa, al hacer énfasis en la necesidad de reponer las reservas de armamento y otros recursos militares por la guerra en Irán.
Guerra en Irán
Medios estadounidenses, que citan sesiones informativas a puerta cerrada en el Congreso, informaron de que la guerra con Irán podría costar hasta 2.000 millones de dólares al día.
El presidente Donald Trump ha presentado el aumento del gasto en defensa como una necesidad urgente, argumentando que la inversión militar debe tener prioridad en tiempos de guerra, incluso a costa de los programas sociales federales.
“No es posible que nos encarguemos del cuidado infantil, Medicaid, Medicare”, dijo Trump en un reciente evento privado, y añadió que esas responsabilidades podrían gestionarse a nivel estatal mientras Washington se concentra en la “protección militar”.
Reformar o rechazar el plan
El borrador de presupuesto, publicado en forma de resumen, no es vinculante, pero sirve como una referencia sobre las prioridades del gobierno a medida que el Congreso comienza a redactar la legislación. Los congresistas tienen la facultad de reformar o rechazar el plan.
Trump ha instado al Congreso a aprobar la mayor parte del presupuesto de defensa -más de 1,1 billones de dólares- mediante el proceso habitual de asignaciones, mientras busca sacar adelante otros 350.000 millones utilizando un mecanismo partidista que evitaría que el apoyo demócrata fuera necesario.
Los líderes republicanos se han mostrado receptivos a ese enfoque, especialmente mientras presionan por un aumento del gasto en defensa y para aplicación de las leyes de inmigración.
Pero el plan podría enfrentar resistencia dentro del propio partido de Trump, donde algunos legisladores son reticentes a profundizar los déficits federales. Estados Unidos ya registra un déficit fiscal que se acerca a los 2 billones de dólares, con una deuda total que supera los 39 billones, lo que deja un margen fiscal limitado para nuevos gastos sin ampliar aún más la brecha.
Legisladores de ambos partidos también han expresado inquietud por la magnitud del aumento del gasto militar propuesto, especialmente porque el gobierno ha ofrecido pocos detalles sobre la evolución del conflicto con Irán. Existe un escepticismo similar respecto a los recortes internos, muchos de los cuales el Congreso ha rechazado anteriormente.
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Los proyectos de ley de gasto aprobados a principios de este año preservaron en gran medida la financiación de programas que la Casa Blanca vuelve a intentar reducir o eliminar ahora.
“El pueblo estadounidense quiere atención médica, no guerra. El gobierno de Trump ha gastado miles de millones en una guerra imprudente con Irán pero SE NIEGA a incrementar la financiación para la atención médica”, dijeron los demócratas de la Cámara en un comunicado en redes sociales. “Es cruel, y los demócratas de la Cámara no lo apoyarán”.
Fuente: AFP
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Kast apura cambio de rumbo en Chile
Con solo tres semanas en el poder, el presidente ultraderechista José Antonio Kast dio un giro a Chile, con el anuncio de recortes presupuestarios y la marcha atrás en algunas decisiones clave tomadas por su antecesor, el izquierdista Gabriel Boric.
Kast, abogado de 60 años, prometió un “gobierno de emergencia” y “mano dura” para enfrentar el crimen, la migración irregular y reactivar la economía.
En sus primeros días en el cargo, inició la construcción de zanjas en las fronteras, frenó los trámites de regularización de más de 180.000 migrantes, rebajó el 3 % los gastos corrientes de sus ministerios y suspendió la entrada en vigor de más de 40 decretos ambientales para priorizar la creación de empleos.
“Están quitando todo lo que hizo la izquierda y no creo que sepan lo que siente la gente común y corriente”, dice a la AFP Rodrigo Araya, un cocinero de 27 años de Santiago.
El politólogo Rodrigo Espinoza, de la Universidad Diego Portales, señala que los cambios de Kast son esperables porque “fue algo que prometió en campaña”.
El nuevo gobierno además anunció que detendrá la expropiación de Colonia Dignidad, un enclave alemán que funcionó como un antiguo campo de represión durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), por motivos de ahorro.
Pero la decisión que más golpea la economía de los chilenos es su ajuste severo al mecanismo que amortiguaba las alzas bruscas de los combustibles. La semana pasada el precio de la gasolina se disparó en 30 % y el diésel en 60 %.
Estas fueron ejecutadas a través de decretos y órdenes presidenciales, sin pasar por el parlamento, donde el Partido Republicano de Kast no tiene una mayoría propia de medidas.
El poder ejecutivo espera un ahorro de 6.000 millones de dólares para reducir el déficit fiscal, que en 2025 cerró en 3,6 % del PIB. Sus detractores dudan que pueda hacerlo sin afectar beneficios sociales.
“Mala señal”
La semana pasada Kast enfrentó sus dos primeras protestas lideradas por ambientalistas y estudiantes que temen cambios al sistema educativo universitario, en el que también anunció que evalúa recortes.
En opinión de Gonzalo Müller, director del centro de políticas públicas de la Universidad del Desarrollo, Kast no busca “desmantelar un supuesto legado” de Boric.
“Lo que hay son muchos puntos de fricción entre decisiones tomadas en el gobierno anterior que no eran compartidas por el entrante”, comenta.
Una reciente encuesta de la consultora Cadem advierte un primer golpe a la popularidad de Kast: cayó de 57 % a 43 % desde que ganó la presidencia.
“No vamos a tomar decisiones en base a la popularidad, sino en torno a la gestión, al buen trabajo, y en el tiempo las cosas se estabilizan”, dijo el mandatario este martes en entrevista con medios locales.
La contadora Wanda Alarcón, de 55 años, apoya los recortes de Kast. “Hay que adaptarse al presupuesto. Si no tienes mucho en tu billetera, hay que apretarse”, dice en el centro de Santiago.
El nuevo gobierno ha anunciado que flexibilizará las normas ambientales para impulsar la economía. “No nos vamos a equivocar si tenemos que priorizar tres arbolitos a 100.000 empleos”, aseguró Daniel Mas, ministro de Economía, en una entrevista con el diario El Mercurio.
Entre las normas que Kast frenó es una para emisiones regulares de contaminantes; otra para la creación de nueve parques nacionales protegidos y un registro de sanciones a infractores ambientales.
También un decreto que ampliaba la protección del pingüino de Humboldt, una especie endémica en peligro de extinción.
La norma declaraba “monumento natural” a esta ave, lo que podría afectar intereses económicos en áreas circundantes a su hábitat.
“Es una mala señal”, dice Alejandro Simeone, científico que estudia al pingüino de Humboldt desde hace tres décadas. “Estamos en un escenario en el que todo es tan negativo, tan complejo, que es probable” que se extinga esta especie en las próximas décadas, sostiene.
De acuerdo con un estudio que lideró el experto, su población cayó 63 % entre 2022 y 2025 debido a la gripe aviar, el fenómeno de El Niño y la competencia por alimentos con la industria pesquera.
“Es un error llevar esto a una antítesis, en que proteger la naturaleza signifique no hacer actividades económicas”, dice la ecóloga Cristina Dorador, investigadora en la conservación de salares.
- Fuente: AFP
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El MOPC plantea factoraje para saldar deudas con vialeras
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) anunció la implementación de un esquema financiero basado en factoraje y emisión de letras del Tesoro con garantía soberana, con el objetivo de regularizar deudas con empresas constructoras y asegurar la continuidad de las obras públicas sin generar nuevos retrasos.
La ministra Claudia Centurión explicó que la estrategia contempla la cesión de certificados de obra a entidades financieras, lo que permitirá a las empresas cobrar de forma anticipada sin presionar directamente el presupuesto vigente. “Es un mecanismo diferente, diseñado para dar previsibilidad a los pagos y sostener el ritmo de ejecución”, afirmó.
El esquema prevé la emisión por USD 150 millones, respaldados por garantía soberana a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), como parte de una solución estructural para evitar la acumulación de pasivos con el sector vial. Según detalló, el instrumento cubrirá capital y se espera interés por parte de entidades bancarias locales en su colocación.
Centurión señaló además que el borrador del instrumento ya fue remitido al sector privado para recibir observaciones y ajustes antes de su implementación.
En paralelo, la ministra añadió que el Gobierno evalúa un proyecto de ley que permita al MEF emitir bonos para honrar cerca de USD 80 millones en intereses acumulados de administraciones anteriores.
Pagos y disciplina fiscal
La titular del MOPC indicó que entre enero y marzo se canceló una parte de los compromisos pendientes, lo que permitió reducir la deuda con las empresas viales.
También indicó que el presupuesto contempla un piso de USD 460 millones para el sector, con prioridad en el cumplimiento de obligaciones y la prevención de nuevos atrasos, según lo conversado con el ministro de Economía.
“Estamos enfocados en gastar lo que se tiene. El objetivo es mantener el nivel de inversión, pero sin volver a acumular deuda”, remarcó.
Financiamiento y cartera de proyectos
La ministra destacó que cerca del 70 % de los proyectos de infraestructura se ejecutan con financiamiento externo o esquemas de inversión mixta.
Entre las principales iniciativas mencionó la Alianza Público-Privada (APP) de la ruta PY01, así como adjudicaciones recientes en la ruta PY10 por alrededor de USD 120 millones, con respaldo de BID Invest.
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Ejecución del gasto público alcanza G. 10 billones a febrero
La ejecución presupuestaria de los Organismos y Entidades del Estado (OEE) de la Administración Central alcanzó G. 10 billones al cierre del primer bimestre de 2026, equivalente al 12,3 % del Presupuesto vigente, estimado en G. 81 billones, de acuerdo con el informe de la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Del total ejecutado, el 85 % fue orientado al financiamiento de servicios esenciales dirigidos a la ciudadanía, consolidando la prioridad del gasto público en áreas estratégicas como educación, salud, infraestructura, protección social y seguridad interna.
En detalle, el MEF lidera los niveles de ejecución con obligaciones por G. 3 billones, de los cuales el 77 % (G. 2,3 billones) se destinó principalmente al pago de jubilaciones y pensiones de la función pública, así como al cumplimiento del servicio de la deuda.
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Por su parte, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) ejecutó G. 1,7 billones, concentrando el 65 % (G. 1,1 billones) en el financiamiento del sistema educativo, incluyendo los distintos niveles de la Educación Escolar Básica, la Educación Media y programas de formación para jóvenes y adultos.
En el ámbito sanitario, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) registró una ejecución de G. 1,3 billones, destinando G. 905.000 millones a servicios de atención integral, diagnóstico y tratamientos especializados, incluyendo salud materno-infantil y otras patologías de alta complejidad.
En infraestructura, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) comprometió G. 1 billón, de los cuales el 67 % (G. 680.000 millones) se destinó al Programa de Red Vial Pavimentada. Entre las principales obras destacan la ampliación y duplicación de las rutas 2 y 7, con una ejecución de G. 346.000 millones, la construcción de la Ruta PY12 (Chaco’i – General Bruguez) con G. 67.000 millones y el mejoramiento del tramo Cruce Centinela – Pozo Hondo (320 km), con G. 81.000 millones.
En materia social, el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) ejecutó G. 807.000 millones. De este monto, G. 500.000 millones fueron destinados a la Pensión Universal para Adultos Mayores, mientras que G. 200.000 millones financiaron el programa de alimentación escolar “Hambre Cero en Nuestras Escuelas” en Asunción, Central y Presidente Hayes. Asimismo, G. 92.000 millones fueron dirigidos a transferencias monetarias del programa Tekoporã Mbareté.
Finalmente, el Ministerio del Interior registró una ejecución de G. 672.000 millones, destinando el 93% (G. 623.000 millones) al funcionamiento y operatividad de la Policía Nacional.