Endeudamiento: piden más de US$ 600 millones en préstamos para “calzar” el PGN
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El Presupuesto General de la Nación (PGN) necesita recursos para cumplir los proyectos u obligaciones de este año conforme a lo establecido desde enero del 2022. En ese marco, se necesitan, para calzar el PGN, unos US$ 600 millones en préstamos, plan esperado que falta por aprobarse en un proyecto de ley, que tiene ya media sanción del Senado.
Así afirmó el viceministro de Economía, del Ministerio de Hacienda, Iván Haas, durante el programa “El péndulo”, transmitido por Unicanal, destacando que este es el momento de utilizar, en el buen sentido, al máximo a los organismos multilaterales y dejar de lado las tasas caras.
“También hay en paralelo otro proyecto de ley que enviamos, justamente para reemplazar los bonos que aún estaban pendiente de emisión, de US$ 140 millones, que también forma parte del PGN, no es adicional. Le decimos al Congreso que queremos cambiar de instrumento de financiamiento a préstamos, ya que los bonos hoy están caros”, mencionó.
En ese sentido, el viceministro aclaró que se necesitan unos US$ 600 millones para calzar el PGN, que no son créditos adicionales.
Por otro lado, el funcionario de Hacienda remarcó que, en el contexto actual, está demás el análisis de cuánto aumentó la deuda externa de Paraguay en el último año. En ese marco, el viceministro de Tributación, Óscar Orué, mencionó que la deuda de por sí es mala, pero debe ser sostenida.
“Hubo avances importantes. Se aprobó una ley que permite, en este caso, canjear deudas, ser un poco más maniobrable el servicio, el pago en sí, teniendo en cuenta en qué se gastó. Tenemos una cláusula de oro que indica que el endeudamiento será solo para cubrir gastos de capital, no así gastos corrientes. Tuvimos una excepción en la pandemia, pero fueron solo tres meses”, dijo.
Orué remarcó que lo importante es saber en qué se gasta, como por ejemplo, para mejorar la infraestructura, la calidad de vida de los paraguayos, puntos de vista que se analizan y que están cubiertos.
Por otro lado, según el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, la deuda pública todavía se encuentra en niveles razonables y sostenibles, equivalente hoy al 35% del producto interno bruto (PIB). Mencionó que el año anterior la deuda cerró con este 35% con relación al PIB, y este año se mantiene dicho rango, que si bien se está dando un pequeño crecimiento, la idea es cerrar dentro de los mismos niveles, entre el 35% y 36%.
Sostuvo que también hay que tener en cuenta que se está estabilizando, si se considera la deuda del 2021, así como la actual, además de las perspectivas, que puede llegar incluso hasta un 38%, que todavía no sería una señal de alarma, siempre y cuando esté en línea con los factores que lo validen, según dijo Llamosas.
El diputado Rodrigo Blanco explicó que contar con la Ley Mafe permitirá abordar la problemática social con herramientas adecuadas. Foto: Pánfilo Leguizamón
Proyecto de Ley Mafe permitirá visualizar la real problemática de personas desaparecidas
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La Cámara de Diputados se dio entrada a un proyecto de ley que busca crear un Registro Nacional de Personas Desaparecidas (Renad) que, a su vez, establecerá el Sistema de Alerta Mafe, en memoria de la adolescente María Fernanda Benítez. Este mecanismo se activará ante los casos de desapariciones, similar a la alerta AMBER, que se aplica en otros países.
En el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media estuvieron como invitados el diputado Rodrigo Blanco, uno de los proyectistas, y Rubén Riquelme, director de auditoría de gestión fiscal del Ministerio Público.
La propuesta surgió con el objetivo de socializar y visualizar esta problemática, teniendo en cuenta que solo en el 2024 se reportaron más de mil desapariciones de personas, de los cuales un importante número han vuelto a sus hogares, pero no se maneja con exactitud el número real de personas que no han sido encontradas.
El diputado Blanco recordó que esta situación ya había sido ampliamente discutida a inicios de este periodo legislativo, cuando en el 2023 se había planteado un proyecto de ley similar, que buscaba un marco legal para la búsqueda y localización de personas.
Refirió que tomaron contacto con la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidos del Paraguay; lo que muestra la magnitud del problema, ya que incluso ya existen organizaciones que ayudan a las familias que pasan por esta situación; y que incluso hablan de cifras mucho mayores a las que se manejan.
“De acuerdo a los reportes que nos brindaron, existirían entre 2.000 a 2.500 personas desaparecidas al año. De este número se menciona que el 50 % se tiene reporte sobre el retorno o aparición, y los motivos pueden variar por conflictos familiares, económicos. Ahora qué pasa con ese otro 50 %, hay una alta probabilidad de desaparición forzosa”, explicó el legislador.
El Dr. Rubén Riquelme señaló que contar con la normativa facilitará la búsqueda automática sin necesidad que se solicite una intervención judicial o fiscal. Foto: Pánfilo Leguizamón.
Protocolos de alertas inmediatas
El diputado Blanco señaló que ahora lo que se busca con la nueva propuesta es abordar un marco legal que plantee establecer protocolos que ya son utilizados en otros países con éxito. Explicó que, por ejemplo, que, al reportarse una persona desaparecida, los ciudadanos reciben en el celular las alertas sobre la búsqueda de la persona, con su fotografía y las características que ayudarán a su identificación.
“Se hace un trabajo coordinado con los organismos de seguridad, la sociedad, los medios de comunicación, sector público y privado de forma masiva y sobre todo en las primeras 24 horas para poder tener mínimas chances de poder dar con el paradero de la persona buscada”, describió.
Mencionó que las estadísticas señalan que, en el caso de desaparición forzosas hoy en el Paraguay, el 70 % corresponde a niñas y adolescentes de entre 11 a 17 años. Blanco cuestionó qué está pasando en el Paraguay con estos casos de niñas desaparecidas y que en muchos casos tienen que ver con el crimen organizado, la trata de personas y el comercio ilícito de órganos.
“El proyecto habla de una respuesta rápida como acción para que las familias sepan dónde tienen que ir a denunciar, ante qué autoridad, cuál será el protocolo a seguir. Porque hoy las familias están a la deriva, y dentro de su desesperación van de institución en institución pidiendo auxilio y un mínimo de hoja de ruta sobre qué es lo que tienen que hacer”, especificó.
Propuesta saludable y conveniente
A su turno, el director de auditoría de gestión fiscal, Rubén Riquelme, comentó que, si la denuncia de desaparición de persona tiene algún matiz o sospecha de hecho punible, ahí la Fiscalía tiene la facultad de urgir la ordenar la búsqueda y localización. Si bien, la orden de búsqueda surge, en cualquier caso, a través del sistema de difusión que tiene la Policía Nacional.
“El proyecto de ley considero saludable su propuesta, al momento que delega la intervención, sobre todo en las primeras horas que se presente la denuncia, se activa de forma inmediata la difusión. Además, se crea un registro que facilita el seguimiento”, destacó.
Resaltó la importancia de que, aparte de hacer la difusión en todos los estamentos de la Policía Nacional, pase de manera automática y sin necesidad de una intervención judicial o fiscal a los medios de comunicación.
Asignación presupuestaria
Además de los componentes de creación del registro de personas desaparecidas, y la activación del Sistema de Alerta Mafe, la propuesta incluye el aspecto financiero para dotar de las asignaciones presupuestarias necesarias para la Dirección de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, que según el diputado Blanco, está muy debilitada por la cantidad de casos que existen.
“Si bien el trabajo es conjunto con el Ministerio Público, esta dirección debe contar con las herramientas que le permitan identificar qué es lo que pasa con cada caso, cuáles son los vínculos con el narcotráfico, microtráfico, trata de personas, tráfico de órganos. Se tiene que saber qué está ocurriendo en el Paraguay profundo, en la sociedad para que se puedan adoptar las medidas necesarias de prevención y de combate a estos hechos”, acotó.
Desde el Ministerio Público, el doctor Riquelme explicó que muchas veces a la fiscalía le toca acompañar el trabajo de búsqueda de la Policía Nacional, cuando se presenta como denuncia de desaparición. Ahora bien, si existe indicio de algún hecho punible, es ahí cuando se inclina a la persecución del presunto delito.
“La tarea es encontrar a esa persona, y justamente ese es el abordaje especial que hay que entender sobre lo que hay que comenzar a investigar. Cuando se mira la estadística, son niñas y adolescentes de 11 a 17 años el 70 % de los casos, es una señal de que algo está pasando en la sociedad y es lo que ocurre a nivel mundial, según nos explicaban. Por ello, es sumamente necesaria esta ley, para el protocolo, pero sobre todo para abordar como Estado esta problemática”, remarcó Blanco.
Finalmente, el doctor Riquelme insistió que las primeras horas son esenciales, y se debe evitar el centralismo. “Considero que crear una dirección o un departamento en la fiscalía solamente, no coadyuva en estos casos de desaparición. Debe ser en toda la República, usando los medios de comunicación y las plataformas para que de una forma casi automática al ingreso de la denuncia se active el sistema de alerta”, enfatizó.
No subestimar la deuda, aun con bajas tasas de interés
Víctor Pavón
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Víctor Pavón (*)
Paraguay se caracteriza por una deuda pública contraída a tasas fijas con tipos de interés bajos. Esto comparado con otros países es una ventaja, aunque la mayor parte de los empréstitos se encuentran en dólares.
Esto último es un riesgo de seguir concentrándose la deuda en la citada moneda, hecho que, es de destacarse, el Gobierno viene tratando de corregir con la diversificación a nuestra moneda, el guaraní. En este momento el endeudamiento llega al 41 por ciento con relación al producto interno bruto (PIB).
El servicio de la deuda con las amortizaciones o pagos de capital, intereses, comisiones y otros se vienen cumpliendo. Sin embargo, se ha llegado a un punto donde el espacio fiscal se ha comprometido.
Por este motivo, se hace necesario cortar con el endeudamiento y cuanto antes mejor. Para empezar se deben dar más incentivos a la inversión privada como las Alianzas Públicas-Privadas con el que ya se cuenta con un régimen normativo. De no procederse de este modo, la imagen y el bajo riesgo país que transmiten una fortaleza nacional tendrá fisuras en su cimiento.
De continuarse con el endeudamiento se terminará inexorablemente por aumentar los impuestos y/o a crear nuevos, contraer cada vez más deudas así como apelar a políticas de emisión monetaria.
Las finanzas públicas, primero, se volverán dependientes de nuevos empréstitos; segundo, los nuevos impuestos o la elevación de los ya existentes afectarán la creación del ahorro interno y; tercero, se perderá la inflación de un solo dígito. Cualquiera de estos casos son dañinos no solo para las finanzas estatales, sino sobre todo para la economía privada, la que crea riqueza real.
Además, el país perderá activos estratégicos claves con los que dispone para atraer el capital nacional y extranjero, como su sistema tributario todavía sencillo y de bajas alicuotas como porcentaje aplicado a la base imponible.
Las políticas de endeudamiento sin reformas profundas provocarán el debilitamiento de los bonos soberanos con relación a los mercados financieros. Se podrán seguir emitiendo deudas, pero los mercados no los compensarán debido a la incertidumbre de los nuevos títulos de deudas.
Se iniciará una “burbuja” sin correspondencia con el pago en tiempo y forma de la deuda porque la economía privada ya no podrá responder a los nuevos requerimientos. Después de todo, es el sector privado el único y verdadero pagador.
Lo expresado aquí en esta nota tiene como objetivo alertar a las autoridades sobre lo que se viene. Deudas sin reformas de fondo es igual a estancamiento y a la caída del crecimiento cuyo correlato se da en el empleo y los salarios reales. El Estado tratará de impedir consecuencias todavía más graves, pero siempre y en todo momento el costo lo paga la población.
(*) Presidente del Centro de Estudios Sociales (CES). Miembro del Foro de Madrid. Miembro del Consejo Internacional de la Fundación Faro. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”: “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la Libertad y la República”.
Anuncian proyecto de ley para regular el sector de hierbas naturales en Paraguay
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El senador Luis Pettengill anunció que se encuentra en marcha la elaboración de un proyecto de ley que establecerá un marco regulatorio para el sector de la herboristería y la medicina natural en Paraguay.
Según explicó, actualmente este ámbito carece de una legislación específica, lo que dificulta tanto la formalización de los productores como la posibilidad de exportar sus productos en cumplimiento con normas internacionales.
“La parte de herboristería en Paraguay no tiene una legislación, entonces se presentó una inquietud y nosotros vamos a transformar eso en un proyecto de ley”, manifestó el legislador. El objetivo es garantizar que quienes trabajan con hierbas naturales cuenten con una ley que respalde su actividad y les permita operar legalmente dentro del país.
Pettengill adelantó que el Ministerio de Salud Pública será el órgano de aplicación de la futura normativa, y que la institución ya manifestó su acuerdo con la propuesta. “Vamos a hacer una mesa técnica con todos los sectores involucrados y, por supuesto, el Ministerio de Salud participará activamente en el proceso”, agregó en conversación con varios medios de prensa.
Además de regular la producción, el proyecto también buscará proteger las especies silvestres que actualmente se extraen directamente de la naturaleza. “La producción que no es cultivada debe cuidarse. No queremos quedarnos sin estos recursos por una extracción excesiva”, advirtió.
El senador remarcó que el proyecto no encontró objeciones, ni siquiera por parte del Ejecutivo. “Todos están de acuerdo, inclusive los del Gobierno. Lo que queremos es ayudar para que este sector pueda formalizarse y trabajar libremente, con reglas claras”, concluyó.
El proyecto también contempla aspectos vinculados a la exportación. Pettengill explicó que muchos productos naturales, como infusiones con mezclas de yerbas, ya se exportan de forma incipiente, pero la falta de regulación nacional es un obstáculo. “No se puede exportar algo que no está reglamentado en el país. Eso vamos a cuidar”, remarcó.
DNIT descarta suba de impuestos durante gobierno de Peña
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El titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, descartó la suba de impuestos durante el gobierno de Santiago Peña. Asimismo, ratificó que con la duración del mandato del jefe de Estado, no se modificarán los impuestos.
Esto, atendiendo a que con el objetivo de plantear una reforma para la Caja Fiscal y lograr una mayor sostenibilidad financiera en el sistema jubilatorio público, dos militares retirados presentaron un libro en el que plantean incrementar los tributos.
“Ese proyecto no es impulsado por el Gobierno ni va a ser acompañado. El Gobierno de ya se expidió que no va a acompañar la suba de impuestos o la creación de nuevos impuestos. No hay de qué preocuparse”, manifestó Orué en su cuenta oficial de X.
El material lleva el nombre Caja Fiscal: Sostenibilidad y Justicia en el Sistema de Jubilaciones y Pensiones, y fue elaborado por los coroneles Julio Scarone y Felipe Mercado, ambos retirados de las Fuerzas Armadas. Algunos de los planteamientos suponen ciertas tasas y cifras que el Gobierno debería aplicar como medida, los cuales ya fueron desmentidos por el titular de la DNIT.
Ya en 2023, al inicio de la actual administración durante la presentación titulada “Paraguay: el resurgir de un gigante”, encabezada por Santiago Peña en el auditorio del Banco Central del Paraguay (BCP) el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, había enfatizado ante más de mil empresarios que la suba de impuestos no era una opción viable.
“¿Para qué se subirán impuestos si gastaremos de la misma manera? El Paraguay no va a subir los impuestos de acá para adelante, ese es otro compromiso que tenemos. El país necesita hacer una gran reingeniería del gasto público”, remarcó Fernández Valdovinos.
Resaltó a los inversionistas que pueden mantenerse tranquilos con la política económica del nuevo Gobierno expresando que “el dinero que inviertan en Paraguay no solo redituará en términos nominales, porque tendrá un retorno elevado, sino que gracias al trabajo del BCP va a mantener su valor real, está el compromiso y la historia del Paraguay para atestiguar eso”.