En Paraguay, el 1 de agosto es una tradición tomar algunos tragos del “carrulim”, con el que se purifica la sangre, se busca atraer la buena suerte, se espanta la mala vibra y se busca sobrellevar lo que queda del año. En Asunción, se realizará la degustación gratuita de la tradicional bebida.

La actividad está prevista para mañana viernes desde las 7:00 en el Centro Comunitario San Jerónimo, ubicado sobre la avenida Stella Maris y Agustín Barboza de la capital del país.

“Queremos que la gente venga no solo a tomar el carrulim sino también a vivir la experiencia. Esta bebida resume parte de nuestra historia, nuestras creencias y nuestra manera tan particular de resistir y sobrellevar lo que venga”, manifestó Hugo González, director de Cultura de la Municipalidad de Asunción.

Resaltó que el 1 de agosto es una fecha especial, cargada de creencias y simbolismos en el que resalta el carrulim. Esta bebida tradicional paraguaya se obtienen mezclando caña, ruda y limón, además, se puede agregar otras esencias medicinales y una pizca de azúcar para suavizar su sabor fuerte.

“Se trata de una convocatoria abierta a toda la ciudadanía, sin distinción de barrios ni edades, para compartir un ritual popular que busca “espantar la mala onda” del mes de agosto. Vamos a preparar unos 100 litros de carrulim también explica la historia y el sentido de esta bebida medicinal”, agregó.

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El doctor Esteban Carracela, médico clínico del Hospital IPS Ingavi, reconoce que beber el carrulim forma parte de las costumbres paraguayas, pero advierte que el consumo excesivo puede causar problemas gastrointestinales y afectar al hígado.

“Se debe consumir el carrulim con moderación y precaución. Es fundamental consumir estas bebidas y plantas medicinales de manera responsable para evitar problemas de salud, para disfrutar de las tradiciones y costumbres paraguayas de manera segura”, expresó el profesional.

Resaltó que la ruda es una planta con alto nivel de toxicidad así como el “Agosto Poty”, ambos podría afectar la salud si consumen en exceso. Antes de consumir el carrulim los que sufre de presión alta, enfermedades cardíacas, diabetes u otras complicaciones de salud deben conocer sobre las propiedades y en qué grado les puede afectar.

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El ministro de la Corte Manuel Ramírez Candía es el preopinante para destrabar, una vez más, el proceso penal que enfrentan los exministros de Mario Abdo Benítez acusados por asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio en el marco del proceso penal conocido como filtración de información de Seprelad (Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes).

Igualmente integran la sala penal de la máxima instancia judicial César Diesel y Gustavo Santander.

El expediente está en el gabinete del ministro Ramírez Candia desde el 17 de julio, y una vez que el alto magistrado termine de dar su voto, deberán igualmente votar los dos ministros restantes para poder destrabar el presente proceso penal.

Los exministros Abdo recurrieron a la Corte buscando dejar sin efecto la resolución del tribunal de apelación que confirmó la determinación adoptada por la jueza Cynthia Lovera quien decidió estudiar los doce incidentes iniciales del presente caso, pero a raíz de las chicanas no se pudo analizar aún.

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En el presente caso están acusados y con pedido de juicio oral y público debido a que tiene más de 206 elementos probatorios René Fernández, Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui, Daniel Farías, Carmen Pereira, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene.

En el mes de junio los camaristas María Belén Agüero, Bibiana Benítez y Arnaldo Fleitas han rechazado una chicana más presentada por la defensa de los acusados, pero la defensa de los mismos volvieron a recurrir el caso a la sala penal de la Corte que hoy ya tiene suficientes motivos para poder aplicar una sanción disciplinaria a los abogados y acusados que presentan escritos dilatorios.

Desde abril del 2024 siguen pendientes de estudio y resolución doce chicanas presentadas por la defensa de cada uno de los hoy acusados exministros de Mario Abdo Benítez. Las chicanas deben ser analizadas por la penal de garantía Cynthia Lovera.

El Ministerio Público presentó en su escrito de acusación un total de 206 elementos de pruebas, entre ellos, testimonios, documentos y pericias que sustentan la responsabilidad de los acusados.

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El doctor Carlos Palacios señaló que, más allá del tra­bajo que realizan los aseso­res, cuyo objetivo es brindar el mayor blindaje posible a las sociedades para ocultar al beneficiario final, la Fisca­lía y la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes) cuentan con las herramientas necesarias para iniciar esa investiga­ción mediante la coopera­ción con grupos de unidades de inteligencia financiera de diversos países.

Indicó que, justamente, la República de Seychelles, en su afán de salir de la lista gris y dejar de ser conside­rada un paraíso fiscal, forma parte desde hace algunos años del Grupo Egmont, el organismo internacional que permite la cooperación y el intercambio de inteli­gencia entre las unidades de inteligencia financiera de varios países, incluido Paraguay.

“Esta información no es pública; la base de datos para saber quiénes son los titulares o los beneficia­rios finales de las empresas constituidas en esa juris­dicción solo puede ser acce­dida a través de estos meca­nismos oficiales. Por eso, la responsabilidad recae, creo yo, en la Seprelad y, fundamentalmente, en el Ministerio Público”, insis­tió Palacios.

El experto en materia del sistema financiero y derecho bancario, el abogado Carlos Palacios, y la periodista de investigación de Nación Media, Rosana Escobar, coincidieron en señalar que existen mecanismos para indagar y comprobar si el expresidente Mario Abdo Benítez y su esposa Silvana López Moreira podrían ser o no los beneficiarios finales de los 21 millones de dólares distribuidos en dos cuentas bancarias en las islas Seychelles, según publicó el portal argentino PeriodismoyPunto.

Durante el programa “Fuego Cruzado”,que se emite por canal GEN/Nación Media, analizaron las evidencias que fueron expuesta por la investigación del portal de noticias que encabeza el periodista argentino Luis Gasulla, respecto a dos cuentas bancarias depositadas por dos empresas cuyos beneficiarios finales serían el exmandatario y su esposa.

Palacios señaló que, aparentemente, estos fondos no figurarían en la declaración de bienes del exjefe de Estado. Por lo tanto, señaló que, en principio, parecería una situación de ocultamiento de activos, escenario que configuraría un eventual hecho de enriquecimiento ilícito.

A su turno, la periodista Rosana Escobar, quien llevó adelante una investigación profunda sobre las empresas de Mario Abdo Benítez vinculadas al tema asfalto; señaló que hay mucha similitud en el manejo del dinero con relación a los depósitos en las islas Seychelles, encontrando un mismo modus operandi en el manejo financiero,

“Parece que es la misma práctica que hizo acá en Paraguay, porque acá la fortuna que amasaron sus empresas en el país no se ve reflejada en su declaración jurada, sino que se fueron a esos fondos de reserva. Hasta ahora nadie sabe dónde están, dónde hubo movimientos tampoco, y que están constituidas en un gran porcentaje por deudas también; deudas infladas que los proveedores o los clientes suyos no reconocen”, explicó la periodista.

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Al respecto, el doctor Palacios explicó que el tema de los paraísos fiscales antiguamente se constituían con facilidad mediante acciones al portador; pero luego de la crisis financiera del 2008, obligó a las compañías bancarias a nominar a quienes constituían las empresas.

A partir de entonces, indicó que todas aquellas personas que no querían revelar su identidad constituían sociedades con otras sociedades, armando unos esquemas de sociedades por capas; buscando siempre de ocultar la verdadera identidad del dueño o del beneficiario final. Es así que las legislaciones se fueron ajustando y es así que surge la figura del “beneficiario final”.

“Es como una pirámide, sin aparecer en ella, la persona que aparece como accionista en la sociedad puede no ser el beneficiario final de esa empresa, porque por encima de la que figura como primera dueña puede haber otros dueños hasta llegar a una persona física de carne y hueso, que finalmente se puede identificar como la persona que controla o que es titular de los activos que existen en esta sociedad”, comentó Palacios.

La periodista Escobar como el experto jurídico en finanzas señalaron que existen los elementos y herramientas para que el Ministerio Público inicie una investigación, ya que la publicación periodística accedió a datos bastante concretos y específicos, como, por ejemplo, los nombres de estos dos bancos, que efectivamente existen, operan y están habilitados para funcionar en Seychelles. Además de números de cuenta, los nombres de las sociedades titulares y movimientos de los depósitos o transferencias que se recibieron.

“No se trata de una información vaga sino de una información concreta que puede perfectamente servir como punta del ovillo para que el Ministerio Público inicie una investigación con toda seriedad. Ahora, que la persona afectada haya salido rápidamente a desmentir en forma directa y a través de sus abogados, esa es la dinámica que existe cuando hay una revelación de la posible existencia de un delito”, comentó Palacios.

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Asimismo, Palacios señaló que la Fiscalía y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) cuentan con las herramientas como para iniciar esa investigación mediante la cooperación con los grupos de unidades de inteligencia financiera de diversos países.

Indicó que justamente la República de Seychelles, en su afán de salir de la lista gris de paraísos fiscales, desde hace unos años ha formado parte del Grupo Egmont, que es el organismo internacional que permite la cooperación e intercambio de inteligencia entre las unidades inteligencia financiera de varios países, incluido también Paraguay.

“Esta información no es pública, la base de datos para saber quiénes son los titulares o los beneficiarios finales de las empresas constituidas en esa jurisdicción solamente se pueden acceder a través de estos mecanismos oficiales; por eso la responsabilidad recae yo creo que en la Seprelad y fundamentalmente en el Ministerio Público”, insistió Palacios.

Agregó que la Seprelad podría estar guardando el debido sigilo, no como ocurrió en otros casos durante el gobierno de Abdo, pero ya debería estar tramitando de manera oficial la investigación. “Ahora, si la información llega a recibirse y confirma la existencia de estas cuentas, ahí si esta investigación cobraría fuerza y podría derivar eventualmente en una imputación contra el expresidente”, puntualizó.

Por su parte, Rosana Escobar recordó que la investigación de la Fiscalía sobre eventual enriquecimiento ilícito de Mario Abdo lleva ya un año, sin tener noticias de avance en la investigación.

“Lo que tiene que hacer, reitero, la Fiscalía es sencillo, es revisar las cuentas bancarias, así nomás, es donde está la plata, dónde se fue, uno puede ponerle todo el ropaje que quiera, el concepto que quiera, financieramente hablando, pero hay que revisar dónde está la plata, nomás, sencillo, va a la cuenta y ya está”, acotó.