El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección General del Tesoro Público (DGTP), dependiente del Viceministerio de Administración Financiera (VAF), anunció que este miércoles 23 de abril arranca el cronograma de pagos de salarios y beneficios sociales correspondiente a abril de 2025.

Los desembolsos se iniciarán con los beneficiarios del programa adultos mayores, veteranos y pensionados, según el calendario establecido oficialmente por la cartera económica. El jueves 24 cobrarán los jubilados de la Caja Fiscal, mientras que el viernes 25 serán abonados los salarios a los funcionarios administrativos y el personal del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

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El cronograma del Ministerio de Economía continuará el lunes 28 en dos grupos de pago, por la mañana con los desembolsos para fuerzas públicas, Poder Judicial y gobernaciones, y por la tarde los funcionarios Ministerio de Educación y las universidades nacionales; mientras que el martes 29 y el miércoles 30 de abril se abonarán los servicios personales pendientes.

Desde el MEF recuerdan que los pagos están sujetos a la presentación, en tiempo y forma, de las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) por parte de los Organismos y Entidades del Estado (OEE).

Es de recordar que al primer trimestre de 2025, el gobierno transfirió unos G. 14 billones, sin tener en cuenta la deuda flotante acumulada del 2024 por G. 2, billones. La distribución de salarios acumulados hasta marzo muestran que Educación, policías y militares y el Ministerio de Salud son los sectores más financiados en salarios por los ingresos tributarios.

En contexto, al primer trimestre del año, se registró un déficit fiscal acumulado de Gs. 2.830.000 millones (-0,8 % del PIB), equivalente a USD 356,9 millones. El déficit anualizado fue de 2,8 % del PIB, explicado en parte por la mayor dinámica del gasto en medicamentos, alimentación escolar e intereses.

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• por Sofía Céspedes
• sofiacespedes@nacionmedia.com

A inicios de este año, el Poder Ejecutivo pro­mulgó la Ley 7452, que moderniza la inversión en infraestructura pública, cono­cida como Asociación Públi­co-Privada (APP), y reemplaza a la anterior Ley 5102. Algunas de las modificaciones hechas permiten al Estado una mayor participación en las propues­tas del sector privado y así tam­bién aumenta la posibilidad de financiar obras.

El proyecto que ya fue lici­tado este año vía APP es la duplicación de la ruta PY01. Se trata de un mejoramiento que inicia desde Cuatro Mojo­nes, Asunción, y termina en la ciudad de Quiindy, depar­tamento de Paraguarí. Para un total de 108 kilómetros se estima una inversión de USD 450 millones, según precisó a La Nación/Nación Media el ingeniero Amílcar Guillén, director de Proyectos Estraté­gicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Indicó que se están realizando las últimas consul­tas de parte de cada uno de los oferentes para esta obra, que a más tardar los detalles se publi­carán la próxima semana. La segunda obra que será licitada a través de APP, ya anunciada por el MOPC, es la ampliación de la ruta PY02, con un finan­ciamiento estimado en USD 180 millones.

Se trata del primer sistema de acceso y salida rápida, dise­ñado para reducir los tiempos de traslado actuales y mejorar la seguridad vial. La autopista de 4 kilómetros prevé dos calza­das y cuatro carriles, que conec­tará de manera ágil y directa a las autopistas Ñu Guasu y Sil­vio Pettirossi. “Sobre este pro­yecto estamos en la prepara­ción de las condiciones de los concursos que van a ser publi­cados para la presentación de ofertas”, manifestó a LN.

En el marco de la APP se inclui­rán adendas para mejorar el tramo Luque-San Bernardino y el trayecto Luque-Areguá. También agregó que esto mejo­rará la red vial del ingreso a San Bernardino y Nueva Colombia. En detalles, el corredor Ypaca­raí-Areguá-Luque: se inicia en el km 41 de la ruta PY02, para mejorar el acceso a la Asun­ción desde Ypacaraí, Patiño,

Areguá y Luque. Incluye una nueva variante en Areguá, que mejora la seguridad vial, reduce los tiempos de traslado y poten­cia el desarrollo comercial y artesanal de la zona.

En cuanto al corredor Ypaca­raí-San Bernardino-Luque (Tarumandy), este se inicia en el km 43 de la ruta PY02 e incluye la duplicación de carriles en el acceso a San Bernardino, opti­mización urbanísticas dentro de esta ciudad, y la ampliación de carriles en puntos clave del tramo San Bernardino-Luque. También contempla la incor­poración de carriles de giro a la izquierda y carriles de acceso directo en el enlace con Nueva Colombia y un nuevo acceso que conectará a la ruta PY02. “Todo esto mejorará la eficiencia y conectividad, para una salida rápida de la ciudad. El objetivo del proyecto es tener una vía rápida de salida de Asunción, ya que sabemos que hoy se tarda mucho en salir de la capital”, precisó.

Otras obras que marcarán el año en términos de inversión e infraestructura son la amplia­ción de la ruta PY10 en Paso Yobái, que si bien se realizará a través de la Ley 5074, cono­cida como Llave en Mano, con una inversión de USD 110 millo­nes y el megaproyecto de tren de cercanías que sigue en proceso de marco legal y prevé la inver­sión de USD 600 millones, de los cuales, el Estado paraguayo invertirá USD 150 millones, darán un movimiento impor­tante a la economía.

Solo este año se estima un financiamiento por más de USD 1.000 millones en obras por parte del sector público, además de los USD 600 millones que otorgó Itaipú al Gobierno para construir hospitales, escuelas y viviendas. Guillén adelantó que en el segundo semestre del año van a trabajar para presentar las mejoras en las rutas PY03, PY06 y PY09.

El presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), Ing. Guillermo Mas Duarte, habló sobre la impor­tancia de todas estas obras para la dinamización de la economía y crecimiento de la infraestruc­tura en Paraguay, en el marco de las modificaciones hechas a la Ley de APP. “A través de la APP, la idea es asegurar al sector privado su inversión y dar faci­lidades para que los inversores extranjeros puedan venir y se les garantice la seguridad jurí­dica. Eso es muy importante. En síntesis, lo que la ley trata de hacer es equilibrar tanto al sector privado con el público”, expresó.

Sobre el empleo que esto gene­rará en el rubro, afirmó que va a ser un año con mucho movi­miento, tanto para otorgar mano de obra de forma directa como indirecta, ya que en la construcción existe una cadena de valor muy grande. “Las gran­des obras que se realizarán este año a nivel país van a mover más de 20.000 puestos de trabajo de forma directa, pero en general esperamos contar con 30.000 nuevos puestos de trabajo este año. Actualmente este sector mueve a más de 200.000 per­sonas y ojalá podamos llegar pronto a 300.000″, agregó Mas.

Recordó que hoy la construc­ción tiene un rol muy impor­tante en el producto interno bruto (PIB) de Paraguay. En 2024 incidió en el 7 % del PIB y cada vez genera más indus­tria alrededor de las obras. “El sector de la construcción es un sector que mueve mucho, tanto como PIB y a nivel nacional. Da mano de obra a lo largo y ancho del país”, reiteró.

Desde el Poder Ejecutivo mani­fiestan que las modificaciones hechas a la Ley de APP buscan hacerla más atractiva para los inversionistas, con incorpo­raciones mejoradas en base a experiencias anteriores. Así lo señaló a La Nación Juan José Galeano, economista y asesor de Asuntos Sociales y Econó­micos de la Presidencia de la República. “Entre las princi­pales innovaciones se desta­can el aumento de la partici­pación estatal, la ampliación de los límites de compromisos financieros y la extensión de los plazos para las licitaciones, que permitirán distribuir los costos de las obras a lo largo del tiempo, reduciendo la carga financiera para el sector privado y gene­rando un mayor dinamismo en la ejecución de proyectos”, remarcó.

Agregó que esto abre la posibi­lidad de canalizar más recur­sos hacia la mejora de la infraes­tructura del país, en línea con el objetivo de regresar al tope establecido por la Ley de Res­ponsabilidad Fiscal (LRF) en 2026, del 1,5 %.

Algunas de las modificaciones hechas a la Ley de APP incluyen: el aumento de la participación del Estado para financiar inicia­tivas privadas del 10 % al 25 %, además del aumento del 2 % al 4 % del PIB para financiar obras y la posibilidad de que ese espacio fiscal crezca, siempre y cuando esté aprobado por el MEF.

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) anunció que a partir del 1 de abril todas las personas jurídicas que se inscriban como nuevos contribuyentes del Registro Único del Contribuyente (RUC), deberán emitir sus documentos tributarios solo de forma electrónica.

Los tributantes deberán realizar este procedimiento digital a través del sistema E-kutia o del sistema E-kuatia’i con excepción del comprobante de retención virtual. Desde la institución aclaran que la DNIT otorgará únicamente timbrado electrónico a estos contribuyentes.

Por otro lado, Ingresos Tributarios recuerda que sigue vigente el calendario perpetuo de vencimientos para la presentación y pago de las declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado (IVA), del Impuesto a la Renta Personal (IRP) y de los impuestos a las rentas, establecidos en la resolución general 01/2007 y la resolución general 38/2020.

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En dichas normativas se dispone que a cada último dígito del RUC sin considerar el dígito verificador, le corresponde un día de vencimiento, fecha fija de cada mes. Los vencimientos impositivos comienzan el día 7 y finalizan el día 25 de cada mes, según lo indica el siguiente cuadro:

En los casos en que el vencimiento conforme a las fechas fijas de cada mes correspondiere a un día inhábil, dicho vencimiento se trasladará al primer día hábil inmediato siguiente, sin que ello implique el diferimiento de los demás vencimientos.

Finalmente instaron a todos los contribuyentes de la DNIT con terminación 3 del RUC a confirmar o actualizar sus datos en marzo, a través del sistema de gestión tributario Marangatu, conforme a la normativa vigente.

La actualización de datos es obligatoria para que los contribuyentes puedan acceder a las opciones disponibles en el sistema de gestión tributaria, debiendo también indicar el porcentaje de ingresos que, en el año inmediatamente anterior, les generó cada actividad económica que ha sido declarada en dicho registro.

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La Cumbre de Poderes instó al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) a realizar cambios en sus normas respecto a las reuniones y comunicaciones privadas entre enjuiciados y los miembros de este organismo extrapoder. La institución plantearía los cambios en su Código de Ética en la próxima sesión ordinaria.

“Tenemos un Código de Ética que se aplica a los directores generales y funcionarios que no pueden hablar con las personas encausadas en el JEM. Yo creo que no habría mayores inconvenientes en que la mayoría del Jurado decida adoptar esa medida, también para los integrantes en el sentido que sean públicas las visitas, el derecho a la defensa garantizado en la Constitución y que se prohíba el contacto directo entre el encausado y el miembro”, expuso el senador Derlis Maidana.

El legislador, representante de la Cámara Alta ante el JEM manifestó que no ve obstáculos en que los miembros apuesten por reforzar sus normativas de modo a permitir una mayor transparencia y que la ciudadanía pueda tener conocimiento sobre el descargo de los jueces, fiscales, defensores, síndicos y todo aquel que tenga una causa abierta en el Jurado.

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“Nosotros tomamos en cuenta esas recomendaciones y las tenemos que analizar como órgano extrapoder creado por la Constitución. Creo que nadie está ajeno en este momento a luchar para trabajar todos juntos y restaurar la credibilidad en el sistema de Justicia en general y en la institución en particular. Esto lo trataríamos el próximo jueves a las 09:30 en sesión ordinaria”, adelantó.

Maidana indicó que aún no se ha dado a conocer el orden del día para la próxima sesión del JEM, no obstante, el debate sobre las adecuaciones a la normativa podría ser abordada dentro del punto “asuntos varios”, debido a que es un tema “candente”, según el propio senador, y que la ciudadanía está a la espera de una respuesta rápida.

“Todas las ideas y propuestas las vamos a estar tocando el jueves. La ciudadanía podrá ver en directo la sesión y va a ver las determinaciones que tomamos sobre este punto en particular. Los tiempos que vivimos nos exigen acciones disruptivas, acciones que cambien el estatus quo que hace rato viene teniendo todo el sistema de Justicia”, aseveró el parlamentario colorado.

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