El Ministerio de Hacienda procedió a incorporar a la estructura arancelaria nacional, compuesta por más de 10.500 productos, los ajustes recomendados por la Organización Mundial de Aduanas (OMA). Con esta nueva enmienda se incorporan nuevos productos que abarcan una amplia gama de mercaderías sin aumentos o disminuciones a los niveles arancelarios.

La Secretaría de Estado de Economía (SSEE) informó que con la promulgación del decreto N°6897/2022 del Poder Ejecutivo se concluye la etapa importante de trabajos realizados por el Departamento del Mercosur dependiendo de la Dirección de Integración, conjuntamente con la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) en lo que respecta a la estructura arancelaria nacional.

Indicaron que la puesta a punto de la estructura arancelaria nacional, de acuerdo a las recomendaciones de la OMA, demandó un importante trabajo técnico en los últimos 12 meses. Antes de eso, señalaron que la OMA por norma general, procede a realizar una minuciosa revisión de la nomenclatura arancelaria del comercio exterior por 5 años, y sugiere ajustes que considera pertinentes en base a un riguroso análisis técnico.

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En tal sentido, la Dirección de Integración de la Cartera Económica destaca que el último ajuste realizado por el citado organismo corresponde justamente a la denominada VII Enmienda, que ahora entra en vigencia en nuestro país. El objetivo de la VII Enmienda del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías es actualizar el universo de las mercaderías comercializadas a nivel internacional.

Con esta nueva versión se incorporan nuevos productos que abarcan una amplia gama de mercaderías. Entre las más significativas se encuentran los residuos radiactivos, insumos médicos, desechos eléctricos y electrónicos, vehículos aéreos no tripulados (drones), teléfonos inteligentes, gases de efectos invernaderos, insectos comestibles, cultivos, celulares, kits de diagnóstico, entre otros.

En esta línea, la Dirección de Integración destaca que el espíritu de la enmienda en ningún momento implica modificación de las alícuotas arancelarias, lo que significa que no se registran aumentos o disminuciones en los niveles arancelarios.

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