Los principales emblemas privados del país comenzaron a reducir los precios del diésel y ya igualan los valores ofrecidos por la estatal Petropar. Así lo confirmó el presidente de la Asociación de Propietarios y Operadores de Estaciones de Servicios y Afines (Apesa), Víctor Yambay, quien señaló que prácticamente todas las compañías de mayor participación anunciaron ajustes a la baja en los últimos días.

Según explicó, el diésel común o tipo III registra reducciones cercanas a G. 730 por litro, mientras que el diésel premium presenta descensos de entre G. 550 y G. 580 por litro, dependiendo de cada operador. “Hoy estamos al nivel de Petropar. Los privados ya igualaron los precios de la estatal”, afirmó a la 650 AM.

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Las reducciones fueron comunicadas inicialmente por algunos de los principales emblemas privados y posteriormente comenzaron a extenderse al resto del mercado. La tendencia responde a una mejora en las condiciones internacionales que permitió trasladar parte de ese alivio a los consumidores.

La disminución se produce después de varias semanas de alta volatilidad provocada por el conflicto en Medio Oriente, que impulsó fuertes incrementos en las cotizaciones del petróleo y los combustibles refinados a nivel mundial.

Sin embargo, el reciente entendimiento entre Estados Unidos e Irán contribuyó a reducir las tensiones geopolíticas y generó una corrección en los mercados energéticos internacionales. A ello se suma la reactivación gradual del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, uno de los puntos más estratégicos para el comercio global de petróleo.

Yambay señaló que la baja internacional del diésel fue acompañada además por una menor cotización del dólar, factor que también ayudó a mejorar los costos de importación para los operadores locales.

Mientras tanto, Petropar continúa evaluando la evolución de las cotizaciones internacionales antes de tomar una decisión sobre sus propios precios. La estatal espera contar con un panorama más claro durante la primera quincena de julio para analizar una eventual reducción.

Actualizado al 23 de junio, los precios de referencia en el mercado muestran que el diésel común se comercializa desde G. 8.200 por litro y el diésel premium desde G. 10.000. En el segmento de las naftas, los valores parten desde G. 6.390 para la nafta común, G. 6.890 para la intermedia y G. 8.340 para la premium.

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Por Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com

Este sábado 20 de junio se conmemoran 34 años de la jura de la Constitución Nacional de 1992, un pacto fundamental que marcó el inicio de la era democrática e institucional moderna en Paraguay. A más de tres décadas, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) reivindica el valor del pacto democrático construido en 1992.

En una entrevista exclusiva para el Diario La Nación/Nación Media, el ministro del TSJE, Jorge Bogarín González, reflexionó sobre el legado democrático de la Carta Magna, la vigencia de sus principios, los desafíos actuales de las instituciones y la importancia de fortalecer la confianza ciudadana en el sistema electoral paraguayo. El magistrado recordó que este pacto democrático nació sobre las “ruinas del autoritarismo” tras un alto costo de “sangre, sudor y lágrimas” de ciudadanos que lucharon por la libertad.

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- ¿Qué representa para Paraguay la jura de la Constitución Nacional del 20 de junio de 1992?

- Representa el pacto fundamental que marcó el inicio de una nueva etapa en nuestra vida institucional y democrática: el momento en que la voluntad popular, expresada a través de una Convención Nacional Constituyente, decidió construir un Estado social de derecho sobre las ruinas del autoritarismo. Cada 20 de junio, no solo conmemoramos un texto, sino un compromiso: el que el poder emana del pueblo y se ejerce con límites, control y responsabilidad. Mantener ese compromiso renovado es, precisamente, la misión que esta Justicia Electoral asume todos los días.

- ¿Cuáles considera que fueron los principales avances que introdujo la Constitución tras la transición democrática?

- Introdujo los pilares sobre los que hoy se sostiene nuestra institucionalidad: la separación efectiva y equilibrio de poderes, un catálogo de derechos y garantías, y la creación de una Justicia Electoral autónoma e independiente, ajena a las injerencias que en el pasado distorsionaron la voluntad ciudadana. Ese diseño no fue un punto de llegada, sino el cimiento sobre el cual cada elección libre, transparente y pacífica desde entonces ha ido fortaleciendo la cultura democrática del país.

- A más de tres décadas de su promulgación, ¿cuál cree que es el legado más importante de la Constitución de 1992?

- Su legado más importante es haber demostrado que la democracia paraguaya puede sostenerse en el tiempo cuando las instituciones cumplen su rol. Treinta y cuatro años de continuidad institucional, de alternancia pacífica y de elecciones reconocidas tanto interna como internacionalmente, son la prueba de que ese pacto constitucional funciona. El desafío de cada generación de funcionarios públicos, y particularmente de quienes integramos la Justicia Electoral, es honrar ese legado fortaleciéndolo, no dándolo por garantizado.

- ¿La democracia paraguaya atraviesa uno de sus momentos más sólidos o todavía tiene deudas pendientes?

- Atraviesa un momento de solidez institucional, especialmente en materia electoral, pero la solidez democrática no es un estado permanente sino un ejercicio constante. Las deudas pendientes —por ejemplo, la lucha contra la corrupción—, no deben leerse como fracasos, sino como la agenda de trabajo que toda democracia madura se exige a sí misma. Reconocerlas con honestidad es, en sí misma, un acto de fortalecimiento institucional.

- ¿La Constitución sigue respondiendo a las necesidades del Paraguay actual?

- Sí, y de manera particularmente vigorosa en lo que respecta a la arquitectura democrática y electoral. El texto constitucional dotó al país de instituciones con suficiente autonomía para adaptarse a los desafíos de cada época, incluyendo la modernización tecnológica de los procesos electorales que hoy llevamos adelante. La vigencia de la Constitución se mide en su capacidad de seguir garantizando elecciones libres y confiables, y en eso sigue demostrando solidez.

- ¿Considera que los derechos y garantías consagrados en la Constitución se cumplen plenamente hoy?

- El ejercicio pleno de los derechos políticos y electorales es, hoy, una realidad consolidada en Paraguay, y constituye uno de los activos más valiosos de nuestra democracia. Persisten brechas en otros ámbitos de derechos económicos y sociales, y cerrarlas es tarea de todas las instituciones del Estado. Desde la Justicia Electoral, nuestro aporte concreto al fortalecimiento del Estado de derecho es garantizar que el derecho político más esencial —elegir y ser elegido— se ejerza sin ningún tipo de restricciones.

- ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta actualmente la Justicia para garantizar el respeto a la Constitución?

- El desafío central es sostener y profundizar la confianza ciudadana en las instituciones de justicia, lo cual exige transparencia, celeridad y modernización constante de los procesos. En el ámbito específico de la Justicia Electoral, ese desafío se traduce en blindar cada etapa del proceso —desde el padrón hasta el escrutinio— con protocolos de seguridad verificables, de modo que ningún actor político ni ciudadano tenga motivos legítimos para dudar de los resultados.

- ¿Cómo evalúa la independencia de los poderes del Estado en el marco constitucional vigente?

- El diseño constitucional de independencia de poderes es sólido y ha resistido pruebas de tensión institucional a lo largo de estos años. La tarea permanente —y en esto la Justicia Electoral tiene experiencia concreta que aportar— es traducir esa independencia formal en autonomía real frente a cualquier presión, mediante procesos técnicos, protocolos claros y rendición de cuentas constante ante la ciudadanía.

- ¿Cree que Paraguay necesita una reforma constitucional o la prioridad pasa por cumplir mejor la Constitución actual?

- La prioridad inmediata, y la más eficaz para fortalecer el Estado de derecho, es el cumplimiento cabal del texto vigente. La experiencia de la Justicia Electoral lo demuestra: gran parte de los avances logrados en materia de transparencia electoral no requirieron reforma constitucional, sino voluntad institucional y mejora continua de procesos dentro del marco existente. Una eventual reforma debe ser fruto de consenso amplio y nunca un atajo frente a la falta de cumplimiento.

- ¿Qué aspectos podrían debatirse en una eventual reforma constitucional?

- Cualquier discusión de esta naturaleza debe darse con amplitud democrática, evitando que se convierta en instrumento de coyuntura, y siempre con el objetivo de fortalecer —nunca debilitar— la institucionalidad construida desde 1992.

- Si tuviera que resumir en una frase la importancia de la Constitución de 1992 para las nuevas generaciones, ¿qué les diría?

- Que la Constitución de 1992 les pertenece tanto a ellas como a quienes la juramos hace más de tres décadas, y que su fortaleza dependerá siempre de que cada generación la defienda, la practique y luche en forma permanente por su estricto cumplimiento.

Finalmente, quiero manifestar que la Constitución de 1992 no es un simple texto jurídico, sino el reflejo de un anhelo colectivo de libertad y justicia para construir un Paraguay basado en el respeto a la ley y las instituciones. Lejos de ser un regalo de la historia, la democracia paraguaya conllevó el sacrificio, dolor y vidas de compatriotas, lo que hoy impone a la sociedad la enorme responsabilidad de defenderla día a día a través del diálogo y el respeto a las diferencias.

Ante este legado, la mejor manera de honrar el sacrificio histórico es trabajar incansablemente por la plena vigencia del Estado de Derecho. En este escenario, el Tribunal Superior de Justicia Electoral reafirma su compromiso de custodiar la voluntad popular, garantizando elecciones libres, transparentes y confiables como la máxima expresión de la libertad ciudadana.

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El senador Derlis Maidana, miembro de la conducción política nacional del movimiento Honor Colorado, destacó el resultado de las internas de la Asociación Nacional Republicana (ANR) a nivel país, el 7 de junio, que registró una participación del 50 % de su padrón y estableció candidatos en los 263 distritos del país para las elecciones municipales del próximo 4 de octubre.

En conversación con La Nación/Nación Media, el legislador destacó la gran participación del electorado colorado, que, de un padrón de 2.804.194 electores habilitados, 1.407.305 afiliados pasaron por el cuarto oscuro; cifra que prácticamente triplica el número de votantes que tuvo el Partido Liberal, que llegó al 30,7 % de su electorado con 471.139 votantes.

“Esta última interna refleja que el Partido Colorado en función del Gobierno está vivo; que cada escaño de concejalía, desde el distrito más humilde hasta las grandes urbes, es de una competencia terrible por parte de los correligionarios para ocupar esas nominaciones por parte de los movimientos y que se oficializa ahora como candidatos de la Lista 1. Entonces, el Partido Colorado está fuerte, está vigoroso y de que está preparado para todas las cosas a futuro", remarcó el dirigente colorado, oriundo de San Juan Bautista, en el departamento de Misiones.

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El parlamentario resaltó que el movimiento liderado por Horacio Cartes se impuso en la gran mayoría de los distritos y capitales departamentales, logrando encabezar la candidatura a la intendencia municipal en 243 distritos, mientras que la disidencia ha logrado imponer candidatura en 20 distritos.

“El movimiento ha salido bastante fortalecido, por la cantidad de municipios que ganó a nivel nacional. Nosotros, en el departamento de Misiones ganamos 9 de los 10 distritos en disputa. Ahora, ya estamos avanzando en el proceso de unidad de la gran familia colorada; en primer lugar, en Misiones mantener los 8 municipios que están actualmente en poder del Partido Colorado y, en segundo lugar, para tratar de recuperar Santa Rosa y San Patricio que está en manos del Partido Liberal", indicó.

“En Central también, el equipo conformado con el diputado Rodrigo Gamarra hemos ganado en Villeta, Ypané, en San Antonio, en J. Augusto Saldívar, Luque, Villa Elisa, así también en Limpio. Estamos trabajando, en esos municipios, están deseosos de producir la alternancia que está en mando del Partido Liberal hace mucho tiempo y la ciudadanía perteneciente a esos municipios quiere también un viento de cambio en esas comunidades", indicó.

Maidana sostuvo que la unidad por la Lista 1 dependerá mucho de la apertura de los líderes locales y de la capacidad del candidato ganador de buscar a quien compitió contra él en las internas. No obstante, resaltó que las listas para las concejalías quedaron integradas por una diversidad de movimientos, lo que obliga a los mismos candidatos a trabajar de forma unificada por el partido.

“Los candidatos a concejales que integran la Lista 1, en muchos lugares son de una pluralidad de movimiento, con una representación diversa, lo que hace más fácil todavía el proceso de unidad. Porque un candidato a concejal, naturalmente deberá trabajar por su candidatura por la Lista 1 y no puede ya pedir votos en contra del partido para la intendencia", concluyó.

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El Congreso de Brasil avanzó este miércoles en una reforma constitucional para reducir la edad de responsabilidad penal de 18 a 16 años, una medida rechazada por el gobierno del presidente Lula pero defendida por su rival en las elecciones, el derechista Flávio Bolsonaro.

La propuesta fue aprobada en comisión por 44 votos contra 18, pero aún deberá superar varias instancias del parlamento, de mayoría conservadora.

La medida vuelve al centro del debate a cuatro meses de los comicios de octubre, con la inseguridad entre las principales preocupaciones del electorado. Según un sondeo del instituto Real Time Big Data de mayo, la iniciativa cuenta con el respaldo de 90 % de los brasileños.

“Se acabó la tolerancia con el bandido que usa la edad cronológica para cometer crímenes bárbaros”, dijo recientemente en redes sociales Flávio Bolsonaro.

El senador, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, promete endurecer la lucha contra el crimen si gana los comicios.

Actualmente, jóvenes de entre 16 y 18 años que cometen crímenes graves, como homicidio o violación, pueden ser internados hasta tres años en un régimen especial de menores.

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El Ministerio de Derechos Humanos del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva calificó la iniciativa de “ineficaz para enfrentar la violencia” y señaló que contraviene estándares internacionales.

En el Congreso, los defensores de la medida argumentan que la impunidad alienta la participación de adolescentes en el crimen.

“Millones de brasileños no aceptan que alguien que puede votar viole y cometa crímenes bárbaros”, dijo el diputado bolsonarista Domingos Sávio.

La congresista izquierdista Talíria Petrone, aliada del gobierno, lo rebatió: “Ofrece una solución falsa” al miedo ante la violencia.

Petrone señaló que la reincidencia en el sistema penitenciario ronda el 50 %, mientras que en el sistema socioeducativo de menores no llega al 14 %.

Para el penalista Acácio Miranda, la reforma “sería inconstitucional” por la llamada “cláusula pétrea, el núcleo de la Constitución, que no puede ser modificado”, dijo a la AFP.

Flávio Bolsonaro aplaudió la decisión reciente de Estados Unidos de designar como organizaciones terroristas al Comando Vermelho y al Primeiro Comando da Capital, las dos mayores facciones criminales del país.

Lula, que busca la reelección y encabeza de varios puntos las últimas encuestas, criticó esa iniciativa.

• Fuente: AFP

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