Conforme a la Asociación de Propietarios y Operadores de Estaciones de Servicio y Afines (Apesa), el mercado local no presenta las condiciones para mantener la reducción en los precios de combustibles que se estableció a principios del mes de diciembre.
Sobre el punto, el presidente de Apesa, Alejandro Guggiari, manifestó que de hecho la promoción vigente, cuya iniciativa fue desde el sector público en principio y a la cual se sumaron algunos emblemas privados, fue para una “ayuda” durante estas fiestas de fin de año, pero que las condiciones no son favorables para continuar con la misma.
“La reducción fue para dar una ayuda en estas fiestas de fin de año y la realidad es que las condiciones no son favorables. Yo creo que cada distribuidora sabrá qué hacer luego del 31″, expresó.
Según el titular de la Apesa, el precio internacional no tuvo una reducción, aunque la cotización media del barril de crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) hasta mediados de diciembre fue de US$ 73,47 frente a los US$ 80,34 de noviembre, lo que supone un 8,55% de descenso.
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Situación hídrica
Guggiari fundamentó que la logística de importar productos al Paraguay se complicó durante todo el año por la bajante del río, lo cual encareció costos de flete, y que de hecho ellos compran de los importadores, por lo que no son los propietarios u operadores de estaciones de servicios quienes fijan los precios; “a nosotros nos pasan los precios”, acentuó.
Asimismo, reconoció que el mercado local es bastante desordenado, contando Paraguay con 2.500 estaciones, mientras que Argentina tiene más de 4.000, que a más de la devaluación de la moneda del vecino país se incentiva aún más a recurrir a productos de origen informal.
Por último, recordó que la promoción vigente con la reducción de G. 250 por litro de combustible tiene fecha tope hasta el 31 de diciembre, que es el mes de mayor demanda a diferencia de enero que es el de menor, acotó.
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Congreso de México reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales
El Congreso de México aprobó este miércoles una reforma constitucional para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, que se aplicará de manera gradual hasta 2030.
México se suma así a Chile, Ecuador y Venezuela, países de América Latina que también contemplan una jornada laboral de 40 horas semanales en sus leyes. En la región predominan las jornadas de 48 horas semanales, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Sin embargo, diputados opositores criticaron a la reforma por mantener en el artículo 123 de la Constitución Mexicana, sobre los derechos laborales, que “por cada seis días de trabajo, las personas trabajadoras deberán disfrutar por lo menos de un día de descanso con goce de salario”.
Es una “simulación”, dijo la diputada del derechista Partido Acción Nacional (PAN) Annia Gómez, durante el debate legislativo.
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Mientras, Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano (centro izquierda) dijo que esta reforma debía “establecer explícitamente que por cada cinco días de trabajo se deben disfrutar de dos días de descanso”.
México ocupa uno de “los primeros lugares de estrés laboral a nivel mundial, el 75 % de la fuerza laboral lo padece, el descanso es clave para una vida sana y equilibrada”, añadió.
La jornada laboral comenzará a reducirse en 2027, cuando pasará a 46 horas y disminuirá dos horas cada año hasta llegar a 40 en 2030.
“En ningún caso la reducción de la jornada laboral implicará la disminución de sueldos, salarios o prestaciones”, señaló la Cámara de Diputados en un comunicado.
La reforma constitucional fue aprobada con 469 votos a favor y cero en contra durante la madrugada del miércoles.
Luego de ser avalada por el Senado hace dos semanas, el proyecto ahora requiere el voto favorable de 17 de los 32 legislativos estatales para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y hacerse efectiva.
- Fuente: AFP
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Trump impone nuevo arancel del 10 % y con vigencia inmediata pese a fallo de la Corte
Desafiante, el presidente Donald Trump impuso ayer viernes un nuevo arancel general del 10 % tras una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos que juzgó que no tiene derecho a imponer tarifas aduaneras como si fueran una emergencia nacional.
El republicano firmó la orden en el Despacho Oval y dijo en sus redes sociales que la medida “entrará en vigor casi de inmediato”. El decreto entrará en vigor el 24 de febrero, por un período de 150 días, según un comunicado de la Casa Blanca. Los socios comerciales de Estados Unidos que alcanzaron acuerdos arancelarios con la administración de Trump ahora enfrentarán el gravamen del 10 %, pese a que antes hubieran acordado un porcentaje más alto, dijo la Casa Blanca el viernes a la AFP.
“Sin embargo, esto es solo temporal, ya que la administración recurrirá a otras facultades legales para aplicar aranceles más adecuados o previamente negociados“, dijo una fuente del gobierno. El alto tribunal, de mayoría conservadora, juzgó más temprano que una ley de 1977 en la que Trump se había apoyado para establecer repentinamente tasas a países individuales, trastocando el comercio mundial, “no autoriza al presidente a imponer aranceles”.
“Decepcionado”
El presidente se declaró “profundamente decepcionado” por la sentencia, y acusó directamente a algunos magistrados de la Corte de estar sometidos a “intereses extranjeros”. Trump, que ha basado gran parte de su política exterior en una serie de aranceles variables a su antojo, reconoció sin embargo que no está claro si deberá reembolsar el dinero recaudado hasta ahora.
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Un estudio de la Universidad de Pensilvania cifró que la cifra en juego podría representar hasta 175.000 millones de dólares. Ese aspecto “no fue abordado por la Corte”, lamentó Trump ante los periodistas, y ahora los litigios ante los tribunales podrían durar “años”.
El juez Brett Kavanaugh, que disintió de la opinión mayoritaria (6 contra 3) de la Corte, advirtió que este proceso legal podría ser un “desbarajuste”. Trump no reconoció ningún error o precipitación al utilizar el arma de los aranceles.
El error ha sido de los seis magistrados que votaron en contra, por motivos “políticamente correctos”, aseveró. La Corte Suprema actuó “fuera de la ley”, llegó a decir el vicepresidente JD Vance en la red social X.
Sin autorización
En estos momentos Estados Unidos aplica una tasa arancelaria media del 16,8 %. La Corte Suprema decidió que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 “no autoriza al presidente a imponer aranceles”. “Si el Congreso hubiera tenido la intención de otorgar el poder distinto y extraordinario de imponer aranceles” mediante la IEEPA, “lo habría hecho de forma expresa”, añadió la mayoría.
Trump utilizó la IEEPA para promulgar tarifas aduaneras especiales a socios importantes como México, Canadá y China con motivos dispares, como el narcotráfico y la inmigración. A pesar del revés, la Corte Suprema le dejó potestad a Trump de seguir gravando sectores específicos como el automovilístico, el acero o el aluminio.
Las reacciones de sus partidarios fueron cautas, las de la oposición muy críticas. “El presidente claramente no se leyó la opinión de la mayoría de la Corte: solo el Congreso tiene potestad sobre los aranceles”, declaró el senador republicano Don Bacon.
Incertidumbre
“Las fracasadas políticas económicas de Donald Trump y la guerra comercial global librada con aranceles irresponsables (...) han generado una enorme incertidumbre“, declaró el jefe de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.
México anunció que iba a estudiar la sentencia, y lo mismo declaró la Unión Europea. “Canadá debe prepararse para nuevos mecanismos, más contundentes (...) potencialmente con efectos más amplios y perturbadores”, dijo la presidenta de la Cámara de Comercio de ese país, Candace Laing, en un comunicado.
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El Reino Unido, que había firmado un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, dijo que esperaba mantener esa “posición comercial privilegiada”. Trump también utilizó los aranceles para negociar con otros países clave, como Japón, India o Corea del Sur.
Esos acuerdos siguen en vigor, aseguró el mandatario. La bolsa de Nueva York, que había abierto en rojo, cerró en alza: 0,47 % el Dow Jones, 0,90 % el Nasdaq. Además de la sentencia, Estados Unidos se levantó este viernes con un pobre resultado económico: el crecimiento en 2025 fue del 2,2 %, respecto al 2,8 % del año anterior. Tras un año de insistir en que los aranceles eran una panacea para Estados Unidos, las cifras oficiales del déficit comercial en 2025 mostraron que aumentó ligeramente, hasta 1,24 billones de dólares.
Fuente: AFP
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BCP reduce tasa de interés de política monetaria a 5,50 %
El Banco Central del Paraguay (BCP), informó que en su reunión de la fecha el Comité de Política Monetaria (CPM), decidió por unanimidad volver a reducir la tasa de interés de política monetaria (TPM) de 5,75% a 5,50 % anual. Con la decisión, el perfil de la política monetaria se mantuvo neutral, consistente con la postura vigente previa al ajuste de la meta.
Este viernes la banca matriz informó que desde la disminución del objetivo de inflación de 4,0 % a 3,5 % en diciembre 2024, las expectativas se redujeron y actualmente para todos los horizontes consultados se consolidaron en la nueva meta.
La inflación interanual se desaceleró en los últimos meses, debido principalmente al componente de bienes (alimentos, durables y combustibles). “Se prevé que la tasa interanual se mantenga en niveles bajos durante gran parte del 2026, convergiendo al 3,5 % hacia finales de año”, detallaron.
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El CPM señaló que la actividad económica mantuvo una buena dinámica al cierre del 2025, coherente con la estimación de crecimiento del PIB de 6,0 %. Además, se resaltó la expansión generalizada de los sectores económicos. “Para el 2026, se pronostica un crecimiento de 4,2 %, que estaría impulsado fundamentalmente por los sectores terciario y secundario”, mencionaron.
En el escenario doméstico, indicaron que el Indicador Mensual de Actividad Económica del Paraguay (Imaep) registró en diciembre una expansión interanual de 5,9 % (5,4 % al excluir agricultura y binacionales), explicada por la dinámica positiva de los sectores de servicios, manufacturas, agricultura, construcción y electricidad y agua.
A su vez, el Estimador Cifras de Negocios (ECN) aumentó 6 % interanual, impulsado por el dinamismo de las ventas de equipamientos para el hogar, vehículos, prendas de vestir, combustibles, productos químico farmacéuticos, entre otros.
“Con estos resultados, las variaciones acumuladas del Imaep y el ECN se situaron en 6,0 % y 5,9 %, respectivamente. Por su parte, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en 55,3 en enero de 2026”, agregaron.
Otro factor fue el de la inflación interanual, que se desaceleró en los últimos meses, debido principalmente al componente de bienes (alimentos, durables y combustibles). “El Comité consideró apropiado reducir nuevamente la tasa referencial en 25 pb, acumulando una disminución de 50 pb desde el mes de enero”, indicaron.
En el plano internacional, mencionaron que en la reunión anterior los precios internacionales del petróleo continuaron aumentando impulsados por la incertidumbre asociada a tensiones geopolíticas. No obstante, las previsiones de que la oferta mundial supere a la demanda a lo largo del año contribuyeron a moderar dichas presiones.
En cuanto a los productos agrícolas, la cotización de la soja en el mercado de Chicago aumentó ante expectativas de una mayor demanda por parte de China, destacaron. En tanto, en Estados Unidos, la Reserva Federal mantuvo a fines de enero el rango objetivo para la tasa de interés de fondos federales en 3,50 %-3,75 %, en línea con lo previsto.
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Diputados aprueban iniciativa que baja a 14 años la edad de imputabilidad en Argentina
La Cámara de Diputados de Argentina aprobó el jueves una iniciativa que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad, un proyecto impulsado por el presidente Javier Milei que ahora deberá ser debatido en el Senado.
El proyecto de ley, que obtuvo 149 votos a favor y 100 en contra en la Cámara Baja, busca modificar el sistema penal juvenil del país que data de 1980.
Argentina mantiene la edad punible más alta de Sudamérica, donde en la mayoría de los países es de 14 años. Brasil y Ecuador son los países donde es más baja (12 años).
Según los estándares internacionales la edad mínima de responsabilidad penal es aquella en la que un menor no puede ser considerado penalmente responsable de sus actos y por lo tanto no puede ser juzgado.
El oficialismo llevó adelante una profusa campaña mediática promovida por la senadora y exministra de Seguridad Patricia Bullrich, bajo el eslogan “delito de adulto, pena de adulto”.
“Si una persona se encuentra con otra que ha tomado la decisión de lastimarla, de dañarla o de matarla, a los 14 años comprende que eso está mal y debe tener consecuencias. Eso se llama delito”, dijo el diputado oficialista Ramiro Gutiérrez al defender el proyecto.
Legisladores opositores criticaron que el gobierno impulsara el tratamiento del proyecto con un trámite expedito en comisión, donde la mayoría de los expertos, entre ellos defensores de la niñez de varias provincias, se expresaron contra la reforma.
También cuestionaron los tiempos de adecuación de las instalaciones carcelarias antes de que entre en vigor la norma, igual que el presupuesto asignado por considerarlo escaso.
“Todo el sistema político debería trabajar para que esto suceda solo en casos excepcionales, pero vemos aquí que quienes promueven una Argentina que desarma las estructuras públicas trae una discusión de ‘cárcel y bala’ para dar respuesta a problemas de niños, niñas y adolescentes pobres que no encontraron un Estado que les diera lo necesario”, dijo en el debate la diputada peronista Victoria Tolosa Paz.
El debate parlamentario se da en un momento de gran sensibilidad social por delitos cometidos por adolescentes que tuvieron fuerte repercusión mediática.
El más reciente ocurrió en diciembre pasado en la provincia de Santa Fe cuando dos adolescentes de 14 y 15 años torturaron y mataron a puñaladas a otro de 15 tras emboscarlo en un galpón abandonado con la ayuda de una chica de 16 años, la única arrestada por el homicidio.
Este miércoles, los padres del joven asesinado y otros familiares de víctimas de menores pidieron frente al Congreso por la aprobación de una nueva ley penal juvenil que permita la punición de casos similares.
- Fuente: AFP
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