La emisión de bonos de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es una herramienta que fue presentada en julio del año pasado y que convirtió a Paraguay en el primer país de la región en tipificar e incorporar lineamientos.

Actualmente, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio de Hacienda se encuentran trabajando con dicha plataforma para identificar las mejores ventajas que puede obtener el país con dicho instrumento de deuda sostenible.

El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, señaló que desde la cartera fiscal están tratando de avanzar en varias iniciativas de manera que el financiamiento de este periodo de recuperación económica pueda tener un enfoque basado en el medio ambiente y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Afirmó que hay mucho espacio para avanzar en el financiamiento verde, por lo que conocer experiencias en esta materia es bastante enriquecedor.

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Mencionó que en el caso de Paraguay se debe observar el abanico de instrumentos, seleccionar el que se adecue a la legislación, capacidad de pago y espacio fiscal. “Son grandes los desafíos y es una herramienta que debemos ir desarrollándola”, aseguró. El asesor senior de Finanzas Sostenibles, Marcos Mancini, durante una presentación que realizó a las autoridades del Ministerio explicó los pasos para emitir bonos verdes/ODS.

Aseveró que se debe involucrar a las partes interesadas gubernamentales, establecer un marco de bonos verdes/ODS, identificar los elementos presupuestarios elegibles, facilitar una revisión externa independiente, emitir el bono verde y por último monitorear y reportar. Los expertos del PNUD Diego Zavaleta y Alicia López presentaron también el caso de México en la emisión de estos bonos verdes.

Afirmaron que busca responder a la creciente demanda del inversionista por instrumentos con propósito social y ambiental mientras que promueve la transparencia en el gasto público y el seguimiento de los ODS. Recordaron que la primera emisión fue realizada en setiembre del 2020 por un monto de 750 millones de euros, con una demanda 6.4 veces mayor.

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