El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) alienta a los países a seguir trabajando de manera conjunta. Así lo declaró Esteban Fullin, secretario ejecutivo del Gafilat, en el marco del 29 de octubre, Día Internacional de la Prevención de Lavado de Activos.
“En este día, queremos recordar que este año fue muy especial, quizás con más desafíos que otros. Todos nos estamos acomodando a la nueva normalidad, con las cosas buenas y malas que trajo”, mencionó y agregó que lamentablemente la criminalidad también se está adaptando y nutriéndose de la pandemia del COVID-19.
“También volvimos a recordar que las legislaciones de muchos países siguen siendo laxas en materia de transparencia de personas jurídicas, en especial lo relacionado con la disponibilidad de la información del beneficiario final “, mencionó Fullin.
“Esta es una de las vulnerabilidades más utilizadas en el lavado de dinero y en especial vinculado con la corrupción”, acotó.
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Optimismo moderado
La semana pasada, Paraguay recibió el primer borrador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en el marco de la Evaluación Mutua.
El contenido de más de 400 páginas deberá ser respondido hasta el 26 de noviembre próximo para luego tener una reunión cara a cara en febrero próximo, según confirmó hoy viernes a La Nación el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Carlos Arregui.
El ministro señaló que Paraguay tiene “optimismo moderado” para poder solucionar las debilidades que se reportaron, y así poder pasar el examen y no ingresar a la lista gris. Arregui mencionó que muchos países de la región pasaron por lo mismo y pudieron ser evaluados positivamente.
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Esquema fue advertido por Gafilat y expuso a Paraguay a recibir sanciones
El esquema paralelo que funcionaba dentro de la Seprelad para fraguar y filtrar informes de inteligencia financiera fue advertido por la propia organización encargada de la evaluación del cumplimiento de las normas antilavado, el Gafilat. Sin embargo, la administración de Carlos Arregui hizo caso omiso a las advertencias y recomendaciones exponiendo al país a eventuales sanciones.
- Por Cinthia Mora
Los actos cometidos durante el gobierno de Mario Abdo Benítez al montar un esquema paralelo de investigación dentro de Seprelad para investigar a enemigos políticos y filtrar información expusieron al país a eventuales sanciones por no aplicar las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Esta institución advirtió de la situación y exigió aplicar acciones para corregir los malos manejos. Estas recomendaciones fueron ignoradas durante el gobierno anterior.
La conducta desplegada por cada uno de los investigados en esta causa penal repercutió no solo en el plano nacional, sino también en el internacional, ya que la propia organización encargada de la evaluación del cumplimiento de las normativas antilavado atribuyó a la Seprelad (dirigida por Carlos Arregui) la filtración de informes de inteligencia a la prensa.
Las recomendaciones dadas por el organismo especializado fueron ignoradas por la administración anterior, ya que no existe registro alguno de sumario aplicado ni tampoco constancia de implementación de protocolos sugeridos por la organización antilavado.
En su informe de evaluación mutua a Paraguay del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, en el mes de setiembre de 2022, año en el que se registró la mayor cantidad de filtraciones de informes confidenciales desde la Seprelad, se consignó lo siguiente: “Respecto del uso de la información por parte de las autoridades destinatarias, (…) preocupa al equipo evaluador la filtración de reportes de inteligencia financiera diseminados por la Unidad de Inteligencia Financiera - UIF, en los cuales se han llegado a publicar en portales de internet, incluyendo páginas completas del informe de inteligencia, y algunos medios han enunciado haber tenido acceso a estos informes, llegando incluso a transcribir parte de ellos”, concluyó el equipo que evaluó al Paraguay.
RECOMENDACIONES SIN APLICAR
Al respecto, recomendaron que la Seprelad robustezca e implemente los mecanismos utilizados para hacer seguimiento a la divulgación no autorizada de información diseminada de acuerdo con las guías y buenas prácticas emitidas por organismos en la materia.
El informe de evaluación mutua instaba además a Paraguay a implementar protocolos para el reporte de incidentes y rendición de cuentas por parte de terceros en los episodios de fugas o filtraciones de información. Nada de esto se aplicó en la administración anterior.
La Seprelad había aprobado en el año 2021 el Protocolo de Difusión de Informes de Inteligencia, del cual se desprende que la institución debió abrir dentro de las 48 horas de las filtraciones el procedimiento establecido para casos de difusión indebida de información. Pese a los múltiples episodios de filtraciones registrados desde enero de 2022 y a la recomendación de la evaluación de Gafilat, este protocolo nunca se aplicó. Todos las filtraciones y los funcionarios responsables quedaron impunes hasta agosto de 2023.
Recién con la llegada de la nueva administración se pudo detectar tal situación y se comenzó a poner en orden la casa. La actual titular de Seprelad, Liliana Alcaraz, reveló que a su llegada pudo constatar que nunca se abrieron los sumarios respectivos contra los funcionarios responsables de las filtraciones y tampoco se pudo encontrar rastro alguno de aplicación de protocolos tal como lo recomendó Gafilat en su evaluación.
En el año 2022 iniciaron los sistemáticos ataques político-mediáticos que socavaron la institucionalidad de la Seprelad y otros organismos del Estado. Una investigación periodística reveló en julio de 2023 documentos y correos electrónicos que dejaron al descubierto el esquema montado desde la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad para dirigir investigaciones con fines políticos y filtrar información confidencial.
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Funcionarios del TSJE se especializan en lucha contra lavado de activos
Funcionarios de la Dirección de la Unidad Especializada de Fiscalización de Financiamiento Político, del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) fueron capacitados sobre la supervisión de las organizaciones políticas en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en jornadas que comenzaron el lunes pasado y que concluyen este viernes.
Jorge Bogarín, ministro del TSJE, destacó la capacitación a la que accedieron los funcionarios a cargo de los especialistas internacionales Alejandro Montesdeoca y Farida Paredes, ambos expertos de amplia trayectoria en materia de lucha contra lavados de activos y financiamiento del terrorismo.
Aparte del tratamiento de los consejos generales y los principios de supervisión, en el segundo día se trató la “Guía del GAFI sobre Supervisión Basada en el Riesgo”. En la tercera jornada se realizaron capacitaciones en torno a la “Evaluación Sectorial de Riesgos de las Organizaciones Políticas de Paraguay”; mientras que este jueves se trató el “Manual de Supervisión y Matriz de Riesgo”.
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El viernes 22, el tema de la jornada será “Modelo de Manual de Cumplimiento y Planificación de Acciones”. Los contenidos se enmarcan en el contexto de la implementación de un sistema de supervisión natural con un enfoque basado en riesgos para la Justicia Electoral, diseñado de manera multidisciplinaria y multisectorial, bajo la dirección de Montesdeoca y un equipo internacional de amplia trayectoria.
La Dirección de la Unidad Especializada de Fiscalización de Financiamiento Político y otras dependencias claves del TSJE que integran el macroproceso de supervisión y control del financiamiento político constituyen actores cruciales del sistema nacional de supervisión de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Las labores se impulsan con la asistencia técnica del proyecto de Financiamiento Político 2.0, con el patrocinio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en Paraguay.
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Hijo de Petro irá a juicio por lavado de activos
El hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue llamado a juicio este jueves por un fiscal que lo acusa de lavado de activos por la posible entrada de dineros del narcotráfico a la campaña de su padre. “Se llama a juicio al señor Nicolás Fernando Petro Burgos”, afirmó el fiscal Mario Burgos durante una audiencia de acusación en la ciudad de Barranquilla (norte), donde reside el exasambleísta.
Petro Burgos deberá presentarse de nuevo el 29 de abril para una “audiencia preparatoria” del juicio, indicó el juez del caso, Hugo Carbonó. Los cargos presentados por la fiscalía surgen del testimonio de la exesposa de Nicolás Petro, Daysuris Vásquez, quien tras una infidelidad lo señaló de recibir grandes sumas de dinero en efectivo de Samuel Santander Lopesierra, condenado por narcotráfico en Estados Unidos.
Burgos imputó al hijo del presidente, capturado en julio pasado, por presuntamente “adquirir, invertir, ocultar, encubrir y dar apariencia de legalidad” a dineros obtenidos de forma irregular, además de “incrementar en forma injustificada” su patrimonio económico.
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Según la Fiscalía, Santander Lopesierra dio a Nicolás Petro unos 400 millones de pesos colombianos (equivalentes a 102.000 dólares), al igual que Alfonso “El turco” Hilsaca, un negociante acusado en el pasado por el ente investigador de financiar grupos paramilitares y planear homicidios.
Una parte del dinero habría ingresado a la campaña presidencial de 2022 y el resto fue utilizado por Nicolás Petro para darse una vida de lujos, de acuerdo con la acusación. El presidente niega haber usado ese dinero para llegar al poder.
“Hechos claros y precisos”
Los votos de la región Caribe -donde Nicolás Petro ha hecho su carrera política- fueron decisivos para la victoria de Gustavo Petro, que se convirtió en agosto de 2022 en el primer presidente izquierdista de Colombia. En la audiencia de este jueves, la defensa de Nicolás Petro solicitó anular todo el proceso en su contra, argumentando falta de claridad de la fiscalía al exponer los hechos por los que lo acusa.
“Los hechos de imputación fueron claros y precisos y no se afectó ninguna garantía”, expresó el juez Carbonó, al rechazar la solicitud del abogado defensor. Nicolás Petro fue capturado en julio de 2023 mientras se encontraba en su domicilio junto a su nueva pareja, en un mediático operativo.
Inicialmente, el hijo del presidente se dijo abierto a colaborar con el ente investigador, pero luego cambió de abogado y decidió rechazar los cargos. En libertad condicional desde principios de agosto, Nicolás ha negado que su padre tuviera conocimiento sobre el ingreso de estos dineros a la campaña.
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Jueces y congresistas
El presidente no niega las acusaciones contra su hijo y marcó distancia frente a Nicolás al asegurar que nunca sería cómplice de esos supuestos crímenes. Según la fiscalía, Nicolás Petro compró en 2022 varios bienes de lujo en efectivo, entre ellos un vehículo marca Mercedes-Benz de unos 50.000 dólares, gastos que excedían el salario que devengaba como diputado en ese entonces.
En un mapa de involucrados presentado por el ente investigador, no aparece Gustavo Petro, pero sí su esposa y madrastra de Nicolás, Verónica Alcocer. El presidente no se ha pronunciado tras la decisión de este jueves. Por estos mismos hechos, Gustavo Petro es investigado por el Congreso, donde no tiene mayorías. Eventualmente, el Legislativo podría llevarlo a un juicio político y destituirlo, aunque el proceso hasta ahora se encuentra en fase preliminar.
Fuente: AFP.
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Paraguay asumió presidencia de Gafilat: “Es un voto de confianza”
Paraguay asumió la presidencia pro tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) a través de Liliana Alcaraz, ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), quien destacó que esto representa un voto de confianza para el país por parte del organismo internacional de carácter técnico en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
En comunicación con el programa “Arriba hoy”, emitido por canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, la titular de la Seprelad aclaró que el Gafilat es una organización regional que agrupa a varios países de América del Sur, Centroamérica y del Norte, que tiene como objetivo la prevención y el combate de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
“Este año 2024, efectivamente asume Paraguay la presidencia y yo tengo el honor de representar al país y a la región ante el Gafi, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, y el Gafilat forma parte; entonces, participa con lo que tiene que ver la elaboración, la revisión, modificación de las 40 recomendaciones emitidas por este organismo. Absolutamente es un voto de confianza para nuestro país”, dijo Alcaraz.
Explicó que Paraguay ha aprobado recientemente la evaluación mutua, una de las herramientas con la que cuenta el Gafilat para apoyo de los países miembros, que consiste en una revisión del sistema de lucha contra el lavado de activos conocido como ALA/CFT. “Aprobamos la evaluación y definitivamente esto es un voto de confianza para Paraguay”, recalcó.
La exfiscala delegada de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción indicó que un grupo de evaluadores realizan recomendaciones al país tras lo cual se adopta un plan de acción y se plantean acciones concretas que tienen que ver con la mejora y efectividad del sistema. “Hay medidas y acciones que tienen que tomar todas las instituciones públicas y privadas que forman parte del sistema”, añadió al canal GEN.
Como plan de acción de cara a la presidencia de Paraguay, Alcaraz afirmó que existen cuatro ejes y uno de ellos tiene que ver con el resultado inmediato en cuanto a la amenaza a la región, no solo para el país, de lo que es la corrupción, que ya fue aprobado por el pleno de Gafilat. Especificó que uno de los ejes va a consistir en hacer que el sistema de prevención y de combate al lavado de activos sean más efectivos cuando se trate de hechos precedentes de la corrupción.