Recientemente surgió el deseo de crear la asociación de trabajadores gastronómicos y afines con la intención de tener una voz unificada en las discusiones sobre el sector y hacer respetar las leyes laborales de quienes se dedican a trabajar en el rubro.
Al respecto, el chef Derlis Bogado, uno de los voceros y propulsores de la asociación, manifestó en contacto con la radio Universo 970 que la idea es nuclear a todas las personas que tengan relación directa e indirecta con la gastronomía.
Hay que tener en cuenta que dicho rubro fue uno de los más afectados por las decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional durante la cuarentena más estricta y que se extiende hasta ahora, ya que varias personas no han recuperado sus puestos de trabajo, fueron despedidas o siguen suspendidas, explicó.
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“Fuimos muy afectados los trabajadores en sí, entiendo la intención de las autoridades, pero no sabían por dónde iniciar, tienen técnicos para todos los sectores, pero no para la gastronomía”, dijo.
Bogado añadió que solo en el departamento Central habría al menos 30.000 personas que trabajan en el rubro de la gastronomía.
“Todos vamos a entrar, queremos que sea bastante inclusivo, desde el yuyero hasta el que vende empanadas”, sostuvo.
Encarnación volvió a vivir
La Asociación de Gastronómicos de Encarnación (AGE) realizó una serie de ferias en el denominado Paseo Gastronómico y la Réplica de la Estación del Ferrocarril a pasos de la costanera. El evento resultó todo un éxito como repunte a la actividad económica de la mano del turismo.
Sobre la auspiciosa actividad, la presidenta de la AGE, Pamela Ayala, recalcó que hicieron un cálculo, por ejemplo, en el caso del Angirû Encar Fest que fue la segunda feria, tuvieron un 40% más de ventas a lo que suele ser un fin de semana normal.
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Fiscalizaciones laborales protegieron a 88.000 trabajadores en un año
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) realizó 1.725 fiscalizaciones de julio 2024 a julio 2025, que permitió la protección efectiva de los derechos de más de 88.000 trabajadores en distintos sectores económicos.
Las acciones se distribuyeron en varios tipos de intervención. Se desarrollaron un total de 343 fiscalizaciones con órdenes de inspección, enfocadas en verificar condiciones laborales, cumplimiento salarial y normas de seguridad ocupacional.
Se concretaron 267 inspecciones en el marco de la Comisión Interinstitucional de Transporte, para combatir la informalidad en el sector y mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores. Asimismo, se impulsaron 18 actuaciones conjuntas con el Instituto de Previsión Social (IPS), orientadas a detectar y regularizar a trabajadores no registrados en el seguro social.
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A nivel nacional se desplegaron 691 verificaciones en instituciones educativas dentro del programa Hambre Cero, que promovieron la formalización de más de 21.000 trabajadores del sector.
Igualmente, se implementaron 406 controles en el marco de la campaña “Feriado Paga Doble”, destinados a garantizar el pago correcto de salarios en días feriados, especialmente en comercio y servicios. Estas intervenciones se concentraron en áreas estratégicas como comercio, gastronomía, construcción, transporte y educación.
Desde el Ministerio de Trabajo explican que en muchos casos, las fiscalizaciones derivaron en la formalización inmediata de trabajadores, la corrección de incumplimientos y la adopción de medidas preventivas para fortalecer la seguridad y salud en el trabajo.
El plan incluyó además el fortalecimiento institucional de la cartera, a través de la capacitación continua de los equipos técnicos, modernización de procedimientos administrativos e incorporación de herramientas digitales, para garantizar mayor trazabilidad y transparencia.
También se impulsó un enfoque territorial, llegando a zonas de alta informalidad y trabajando de manera coordinada con gobiernos locales, gremios empresariales y organizaciones sindicales, informó el Ministerio de Trabajo.
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VMT: analizan criterios de control para trabajadores del transporte
Como parte de los trabajos emprendidos por la Mesa de Trabajo sobre la situación de los trabajadores del transporte que se produjo en la Cámara de Diputados, este viernes el equipo técnico del Viceministerio de Transporte expuso los criterios y mecanismos de control que forman parte de la gestión institucional.
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Según expusieron los datos actuales, hoy día 35 empresas cuentan con permiso para operar el servicio de transporte metropolitano, empleando en conjunto a 3.621 trabajadores.
Aclararon que para operar el servicio se deben cumplir los requisitos financieros, laborales y operativos establecidos en la normativa vigente, como :
- el pago de aportes a la seguridad social
- la presentación de nóminas actualizadas de choferes y funcionarios,
- la disponibilidad de dos trabajadores por cada bus operativo
- la acreditación de no poseer restricciones legales que impidan su funcionamiento
“El equipo técnico estuvo conformado por la coordinadora jurídica, Abg. Mónica Gubetich; el director de la Metropolitana de Transporte, Ing. Rolando González; el jefe del Departamento de Análisis y Estudios Técnicos, Fernando Haidar; y el asesor jurídico del VMT, Abg. Renzo Cristaldo”, indicaron.
Información técnica
Agregaron que la reunión concluyó con el compromiso del Viceministerio de Transporte de seguir aportando información técnica y de acompañar los espacios de diálogo que garanticen mejores condiciones laborales para los trabajadores del sector, en el marco de un sistema de transporte más eficiente y orientado al bienestar de los usuarios.
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Reforma del transporte: destacan que es una apuesta decidida del bienestar de los trabajadores
Por Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com
El senador colorado Derlis Maidana se refirió al proyecto de ley que plantea la Reforma del Sistema de Transporte Público, destacando que es una transformación general, no es solo una mejora técnica. Resaltó que es una apuesta decidida por el bienestar del pueblo trabajador.
En comunicación con La Nación/Nación Media, el legislador que actualmente preside la Comisión de Legislación, señaló que el proyecto de ley que ha presentado el Gobierno nacional, busca una verdadera transformación del transporte público metropolitano.
Resaltó que el proyecto de ley constituye una respuesta estructural, moderna y profundamente necesaria ante uno de los reclamos históricos de la ciudadanía. “Esta transformación no es solo una mejora técnica; es una apuesta decidida por el bienestar del pueblo trabajador, por la movilidad sostenible, por un Estado presente y planificador, por un transporte digno, moderno y justo”, resaltó.
Destacó que este plan se sustenta en principios de eficiencia, dignidad y justicia social, con la mirada puesta en un servicio público que verdaderamente esté al servicio de la gente.
“Contempla la renovación total de la flota, con buses modernos, eléctricos y accesibles, adquiridos por el Estado y asignados mediante licitaciones públicas transparentes, dejando atrás el esquema precario de las reguladas”, precisó.
Contratos claros
El senador Maidana resaltó que por primera vez se establecerán contratos claros y con trazabilidad, que remuneran a los operadores en función de kilómetros recorridos y pasajeros transportados, generando un incentivo directo a la calidad del servicio.
“El nuevo modelo también prevé concesiones por tiempo limitado, sin renovaciones automáticas, abriendo la puerta a una competencia sana y controlada por el Estado”, indicó.
Otro de los aspectos que contempla la propuesta es que el sistema contará con un fideicomiso de administración que centraliza todos los ingresos del sistema (incluido el billetaje electrónico), brindando transparencia y previsibilidad en el uso de los recursos públicos, así como retribuciones puntuales y auditables a todos los prestadores del servicio.
Indicó que este fideicomiso será administrado por la Agencia Financiera de Desarrollo, con supervisión estatal.
Mencionó además que a nivel institucional, se reafirma la rectoría del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) sobre todo el sistema de transporte terrestre, y se impulsa la creación de un Comité Estratégico de Movilidad Sostenible que coordine políticas de largo plazo junto con otras instituciones clave del Estado.
Segmentar licitaciones
Asimismo, el senador Maidana señaló como innovación destacada, que se incluye la posibilidad de segmentar las licitaciones en componentes específicos del servicio (flota, operación, infraestructura, servicios técnicos), lo que permite reducir riesgos, fortalecer la planificación estatal y garantizar soberanía sobre los activos estratégicos.
“A su vez, se crea un Consejo Asesor Multisectorial del Transporte Público, con participación de usuarios, trabajadores, universidades, operadores e instituciones públicas, que brindará recomendaciones sobre la estructura tarifaria y los mecanismos de revisión, favoreciendo la participación ciudadana”, destacó.
El legislador resaltó además que este cambio no significará un aumento en las tarifas. Muy por el contrario, “se garantiza la asequibilidad, con criterios de equilibrio y sostenibilidad y con beneficios especiales para grupos sociales establecidos en la ley”, acotó.
Finalmente, sostuvo que la reforma reconoce al transporte público como un servicio esencial, de carácter imprescindible y continuo, y establece que, cuando el interés público lo exija, podrá ser incluso prestado directamente por el Estado.
“Porque el transporte público no es un privilegio, es un derecho consagrado en nuestra Constitución. Y garantizarlo con planificación, transparencia y visión de futuro es un deber ineludible del Estado”, concluyó.
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Abdo offshore: CGR y Fiscalía no deben ignorar las denuncias, señalan
El diputado colorado Rodrigo Gamarra sostuvo que la Justicia paraguaya debe actuar, sin pactos ni silencios tras la grave denuncia periodística realizada por un medio argentino, donde se publicó que el expresidente Mario Abdo Benítez tendría dinero escondido en paraísos fiscales.
A su criterio, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público no pueden mirar para otro lado ante las graves denuncias sobre las presuntas cuentas bancarias del exmandatario en el paraíso fiscal de Seychelles (África).
En comunicación con La Nación/Nación Media, el legislador señaló que de confirmarse el incremento patrimonial familiar y que gran parte de ese dinero fue durante la pandemia no solo se estaría hablando de corrupción, sino de algo más grave como crimen moral y de lesa humanidad.
El hecho resultaría sumamente grave, ya que se confirmaría que Abdo Benítez escondió 21 millones de dólares en cuentas offshore mientras era presidente y después de salir, el país se encuentra ante uno de los escándalos más inmorales de toda nuestra historia.
“Si ese dinero está vinculado al saqueo que sufrimos durante la pandemia, cuando la gente moría sin oxígeno, sin camas y sin medicamentos, lo que nos pasamos gritando y denunciando, entonces no hablamos solo de corrupción, hablamos de crimen moral y de lesa humanidad. No tiene perdón de Dios”, sentenció.
Recordó que durante la pandemia el pueblo gritaba que estaba siendo asaltado en plena tragedia nacional; sumado al silencio y complicidad de algunos medios, el expresidente y su entorno habrían estado transfiriendo millones a las Islas Seychelles. “Hoy, esas denuncias ya no son meras sospechas que deben ser investigadas”, señaló.
Sin pactos ni silencio
Gamarra destacó que también se evidencia que Abdo Benítez usó el poder para perseguir a sus adversarios. Entonces, ahora debe explicar cómo multiplicó aparentemente su patrimonio en paraísos fiscales. “La Justicia debe actuar, sin pactos ni silencios y la Contraloría y el Ministerio Público no pueden mirar para otro lado”, precisó.
Agregó que si este caso no es investigado y la ciudadanía lo deja pasar “estamos diciendo que robarle al pueblo en su momento más doloroso se puede ignorar y salir impune. La Fiscalía debe actuar de oficio y esclarecer lo antes posible este escándalo nacional y mundial”, concluyó.