La Cámara de Diputados se dio entrada a un proyecto de ley que busca crear un Registro Nacional de Personas Desaparecidas (Renad) que, a su vez, establecerá el Sistema de Alerta Mafe, en memoria de la adolescente María Fernanda Benítez. Este mecanismo se activará ante los casos de desapariciones, similar a la alerta AMBER, que se aplica en otros países.

En el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media estuvieron como invitados el diputado Rodrigo Blanco, uno de los proyectistas, y Rubén Riquelme, director de auditoría de gestión fiscal del Ministerio Público.

La propuesta surgió con el objetivo de socializar y visualizar esta problemática, teniendo en cuenta que solo en el 2024 se reportaron más de mil desapariciones de personas, de los cuales un importante número han vuelto a sus hogares, pero no se maneja con exactitud el número real de personas que no han sido encontradas.

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El diputado Blanco recordó que esta situación ya había sido ampliamente discutida a inicios de este periodo legislativo, cuando en el 2023 se había planteado un proyecto de ley similar, que buscaba un marco legal para la búsqueda y localización de personas.

Refirió que tomaron contacto con la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidos del Paraguay; lo que muestra la magnitud del problema, ya que incluso ya existen organizaciones que ayudan a las familias que pasan por esta situación; y que incluso hablan de cifras mucho mayores a las que se manejan.

“De acuerdo a los reportes que nos brindaron, existirían entre 2.000 a 2.500 personas desaparecidas al año. De este número se menciona que el 50 % se tiene reporte sobre el retorno o aparición, y los motivos pueden variar por conflictos familiares, económicos. Ahora qué pasa con ese otro 50 %, hay una alta probabilidad de desaparición forzosa”, explicó el legislador.

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El diputado Blanco señaló que ahora lo que se busca con la nueva propuesta es abordar un marco legal que plantee establecer protocolos que ya son utilizados en otros países con éxito. Explicó que, por ejemplo, que, al reportarse una persona desaparecida, los ciudadanos reciben en el celular las alertas sobre la búsqueda de la persona, con su fotografía y las características que ayudarán a su identificación.

“Se hace un trabajo coordinado con los organismos de seguridad, la sociedad, los medios de comunicación, sector público y privado de forma masiva y sobre todo en las primeras 24 horas para poder tener mínimas chances de poder dar con el paradero de la persona buscada”, describió.

Mencionó que las estadísticas señalan que, en el caso de desaparición forzosas hoy en el Paraguay, el 70 % corresponde a niñas y adolescentes de entre 11 a 17 años. Blanco cuestionó qué está pasando en el Paraguay con estos casos de niñas desaparecidas y que en muchos casos tienen que ver con el crimen organizado, la trata de personas y el comercio ilícito de órganos.

“El proyecto habla de una respuesta rápida como acción para que las familias sepan dónde tienen que ir a denunciar, ante qué autoridad, cuál será el protocolo a seguir. Porque hoy las familias están a la deriva, y dentro de su desesperación van de institución en institución pidiendo auxilio y un mínimo de hoja de ruta sobre qué es lo que tienen que hacer”, especificó.

A su turno, el director de auditoría de gestión fiscal, Rubén Riquelme, comentó que, si la denuncia de desaparición de persona tiene algún matiz o sospecha de hecho punible, ahí la Fiscalía tiene la facultad de urgir la ordenar la búsqueda y localización. Si bien, la orden de búsqueda surge, en cualquier caso, a través del sistema de difusión que tiene la Policía Nacional.

“El proyecto de ley considero saludable su propuesta, al momento que delega la intervención, sobre todo en las primeras horas que se presente la denuncia, se activa de forma inmediata la difusión. Además, se crea un registro que facilita el seguimiento”, destacó.

Resaltó la importancia de que, aparte de hacer la difusión en todos los estamentos de la Policía Nacional, pase de manera automática y sin necesidad de una intervención judicial o fiscal a los medios de comunicación.

Además de los componentes de creación del registro de personas desaparecidas, y la activación del Sistema de Alerta Mafe, la propuesta incluye el aspecto financiero para dotar de las asignaciones presupuestarias necesarias para la Dirección de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, que según el diputado Blanco, está muy debilitada por la cantidad de casos que existen.

“Si bien el trabajo es conjunto con el Ministerio Público, esta dirección debe contar con las herramientas que le permitan identificar qué es lo que pasa con cada caso, cuáles son los vínculos con el narcotráfico, microtráfico, trata de personas, tráfico de órganos. Se tiene que saber qué está ocurriendo en el Paraguay profundo, en la sociedad para que se puedan adoptar las medidas necesarias de prevención y de combate a estos hechos”, acotó.

Desde el Ministerio Público, el doctor Riquelme explicó que muchas veces a la fiscalía le toca acompañar el trabajo de búsqueda de la Policía Nacional, cuando se presenta como denuncia de desaparición. Ahora bien, si existe indicio de algún hecho punible, es ahí cuando se inclina a la persecución del presunto delito.

“La tarea es encontrar a esa persona, y justamente ese es el abordaje especial que hay que entender sobre lo que hay que comenzar a investigar. Cuando se mira la estadística, son niñas y adolescentes de 11 a 17 años el 70 % de los casos, es una señal de que algo está pasando en la sociedad y es lo que ocurre a nivel mundial, según nos explicaban. Por ello, es sumamente necesaria esta ley, para el protocolo, pero sobre todo para abordar como Estado esta problemática”, remarcó Blanco.

Finalmente, el doctor Riquelme insistió que las primeras horas son esenciales, y se debe evitar el centralismo. “Considero que crear una dirección o un departamento en la fiscalía solamente, no coadyuva en estos casos de desaparición. Debe ser en toda la República, usando los medios de comunicación y las plataformas para que de una forma casi automática al ingreso de la denuncia se active el sistema de alerta”, enfatizó.

El Ministerio Público registró 1.040 causas por el hecho punible de violación del deber de cuidado de ancianos y personas con discapacidad entre el 2024 y mayo del 2025. Solo en el departamento Central y Asunción se concentra el 61 % de las causas ingresadas.

El año pasado, mediante un trabajo de muestreo que analizó denuncias ingresadas en la Fiscalía, permitió conocer el perfil de los más afectados y reveló en ese entonces que, un alto porcentaje de las víctimas de violación del deber de cuidado de ancianos son adultos mayores.

Según datos proveídos por la oficina de estadística de la Fiscalía, de enero a diciembre del 2024 cerraron con 737 causas ingresadas en diferentes puntos del país. En tanto que, hasta mayo de este año se registraron 303 causas, lo que significa que en un año y 5 meses se atendieron 1.040 denuncias, analizó el Observatorio del Ministerio Público.

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La mayor cantidad de denuncias ingresó en Central con 486 causas. Sigue Asunción con 150 causas, Alto Paraná recibió 58 causas, Itapúa reportó 48 causas, además de San Pedro y Caaguazú que recibieron 40 causas, respectivamente. Estos seis departamentos, concentran el 79 % del total de las denuncias recibidas en estos últimos 17 meses a nivel país.

El Ministerio Público, mediante el mencionado trabajo de muestreo, logró definir el perfil de las víctimas, tras el análisis de 82 causas del total de 558 causas ingresadas a nivel país de enero a noviembre del 2023. Si bien, el análisis de las causas corresponde a ese año, el perfil de las víctimas sigue siendo el mismo y las tendencias se mantienen.

El informe, se reveló que el 90 % de las víctimas fueron abandonadas en su vivienda y el 10 % fueron llevadas a un recinto público. En cuanto al sexo de los afectados, encontramos que el 59 % de las víctimas son hombres y el 41% son mujeres.

Asimismo el informe sobre las personas que están enfermas reporta que el 42 % de las víctimas de violación del deber del cuidado se encuentra enfermo gravemente. El 37 % tiene una enfermedad crónica y el 21% tiene una discapacidad total o parcial. El 57 % de las víctimas tiene imposibilidad de valerse por sí misma y el 43 % sufre de una enfermedad neurológica, revela el estudio revelado.

Tipos de abandono del adulto mayor: entre las diferentes formas se citan el abandono físico, abandono social, abandono económico, abandono por rechazo, abandono parcial y abandono total.

El análisis de las causas ingresadas en el Ministerio Público, están descriptas en el Art. 227 del código penal: “El que violara gravemente su deber legal de cuidado de personas ancianas o discapacitadas, será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años o con multa”.

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El presidente de la República, Santiago Peña, anunció que proyecta realizar una visita oficial a Paraná, estado de Brasil, a fin de fortalecer las relaciones bilaterales y atraer inversiones de empresarios y productores de esta próspera región del sur de Brasil.

“Vendrán inversiones nuevas en los próximos meses”, adelantó el mandatario, subrayando el creciente interés del sector privado brasileño en las oportunidades que ofrece Paraguay. Estas declaraciones fueron tras recibir una invitación del gobernador, Carlos Massa Ratinho Junior.

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Peña indicó que ya en Paraná, dialogarán sobre una amplia gama de temas como infraestructura, inversiones, integración productiva y nuevas oportunidades para el comercio y el empleo en la región.

También hizo énfasis en que el segundo puente Presidente Franco – Foz de Iguazú es apenas un ejemplo de todo lo que se puede lograr mediante acciones conjuntas. “Antes de fin de año vamos a tener listas todas las obras; nos comprometimos a ir a visitar en unas semanas para ver cómo avanzan las tareas (lado brasileño)”, subrayó.

Mencionó igualmente acerca del interés de ambas autoridades de contribuir con el desarrollo de la región. “Hay mucho interés por parte de productores brasileños que están viniendo al Paraguay y creo que vendrán muchas inversiones nuevas en los próximos meses”, reiteró.

La Cámara de Comer­cio Paraguay Bra­sil (CCPB) compar­tió un informe respecto al intercambio comercial entre Paraguay y Brasil durante el 2024, el cual alcanzó USD 7.271 millones, lo que repre­sentó un aumento del 9,8 % con respecto al año 2023. Este país es el principal socio comercial y generador de inversiones.

El comercio bilateral al cierre del reciente 2024 fue el mejor de los últimos 10 años, luego del regis­trado en el 2022 cuando se llegó a los USD 7.155 millo­nes. De esta manera, se evidencia un futuro pro­metedor para seguir incre­mentando las relaciones comerciales.

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La reunión del Consejo de Salario Mínimo (Conasam) proseguirá este jueves tras haberse declarado cuarto intermedio en la última sesión. El porcentaje definitivo de reajuste del salario mínimo legal se definiría en la fecha para enviarlo al Poder Ejecutivo. El monto sería de G. 100.739, basado en el 3,6 % de inflación interanual señalado por el último Índice de Precios al Consumidor del Banco Central del Paraguay (BCP).

César Segovia, viceministro de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), manifestó en el programa Así son las cosas, emitido por canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, que este jueves 12 de junio, a las 10:00, se reanudará la sesión de Conasam, con el propósito de obtener el porcentaje de reajuste para enviarlo como propuesta al Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta que la fecha límite es el 30 de junio.

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El reajuste sería del 3,6 %, porcentaje que refleja la inflación interanual entre mayo de 2024 y mayo de este año, surgido en el último informe del IPC de la banca matriz. Dicho porcentaje se traduce en G. 100.739, lo que dejaría al salario mínimo legal en G. 2.899.048.

“La semana pasada ya inició el debate en cuanto al porcentaje que debería reajustarse el salario mínimo, ya que había una información extraoficial en cuanto a lo que el BCP había publicado sobre la variación del IPC, pero todavía no teníamos la comunicación oficial. También se debatió el reajuste del 15 % propuesto por las centrales sindicales”, explicó Segovia.

Igualmente, recordó que en la sesión anterior se debatió sobre la intención del Gobierno de reformar la estructura de cálculo de los reajustes del salario mínimo, actualmente supeditado al IPC, a través de otras herramientas más precisas para definir los porcentajes sobre la base de las variaciones de los productos de la canasta básica.

“El sector trabajador seguirá argumentando el 15 %, que a lo mejor es justo, pero la normativa establece bastantes limitaciones. Pero sí el compromiso, del presidente de la República y el ministro de Economía, es la forma de ver otras herramientas para reajustar el salario mínimo, y no solo el IPC, que es más para política monetaria”, comentó.

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