El río, uno de los recursos naturales, es de suma importancia para la economía, no solo porque mueve el comercio internacional, sino por el impacto en la producción de energía. En ese sentido, especialistas coincidieron que Paraguay no solo debe considerar diversificar su matriz de generación eléctrica, sino también avanzar en la regulación del permiso y aprovechamiento del uso del agua, que implica principalmente el pago de un canon.
Fue durante un panel debate organizado por Desarrollo en Democracia (Dende), entidad sin fines de lucro, en el que se debatió el tema denominado “Recursos hídricos: un factor estratégico para nuestro desarrollo”.
Gerardo Blanco, ingeniero electromecánico, doctor en Ingeniería Eléctrica y miembro del Consejo de Administración de Itaipú Binacional, advirtió que debido a la sequía que afecta a la región, la producción de energía llegará a su mínimo histórico y se reducirá 30% este año. Debido a ello, también se reducirán los royalties, que afectarán principalmente a los municipios.
Blanco explicó que desde el inicio de la operación de Itaipú, de 1983 al 2020, el caudal fue de 10.000 metros cúbicos por segundo, pero desde marzo de este año fue bajando como consecuencia de la falta de lluvias y se llegó a agosto al mínimo de 4.500 metros cúbicos por segundo. Alertó que la última vez que se registró un caudal tan bajo fue en el año 1974.
“Esperamos que las condiciones comiencen a mejorar a partir de setiembre. Tenemos que esperar que con el inicio del periodo húmedo empiece a llover, pero si eso no se da y persiste la sequía, estamos corriendo el riesgo de que a final de año lleguemos con 12% de nivel de los reservatorios. Y llegar con ese nivel hace muy riesgosa la operación porque prácticamente estaríamos perdiendo la capacidad del control sobre el Paraná”, explicó el funcionario de la Itaipú Binacional.
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Por su parte, Paula Burt, licenciada en Política Ambiental e Internacional, manifestó que el 78% de la población en Paraguay accede a servicios de agua potable por red, pero esto no garantiza que el producto recibido cumpla con todas las exigencias sanitarias. Estima que 1.500.000 personas aproximadamente no tienen acceso a agua potable, ya que su consumo proviene de ríos, arroyos o pozos domiciliarios.
Lamentó la sobrepoblación de entidades y la descoordinación sobre el sector de agua y, por ello, insistió sobre la necesidad de políticas públicas para universalizar el acceso al servicio de agua potable con mayor coordinación entre el Gobierno Central y los gobiernos locales.
David Fariña, ingeniero agrónomo, especialista en recursos hídricos y director de Recursos Hídricos en el Mades, indicó en ese sentido que a pesar de que la Ley 3.339/07 “De los Recursos Hídricos” fue sancionada en el 2007, hasta el momento no se pudo avanzar en la regulación de la normativa debido a intereses particulares, principalmente del sector productivo.
Debido a ello, no se pueden establecer certificados de disponibilidad de uso y los permisos de aprovechamiento de los recursos hídricos, que van ligados al cobro del canon y al permiso de vertido a un cauce hídrico.
“Hablamos de los intereses y creemos que los intereses están impidiendo de alguna manera. Desde el 2012 hasta la fecha, a cada presidente y a cada ministro va la propuesta de reglamentación y hasta hoy no está firmada”, explicó.
Finalmente, Yan Speranza, moderador del debate, manifestó la necesidad de realizar mayores estudios sobre la situación y calidad del agua, principalmente de los acuíferos, y articular los intereses, a pesar de los temores sobre la implementación, para lograr la regulación de la normativa sobre el agua.