El director de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Pablo Seitz, señaló que el Paraguay es un caso exitoso en materia de contrataciones públicas, y lo atribuyó a la organización institucional.
“Paraguay es un éxito en materia de contrataciones públicas. Nunca antes la ciudadanía estuvo tan pendiente en este ámbito, solo en pandemia tuvimos 25 congresos y el país siempre fue presentado como un caso positivo de compras públicas”, recalcó en entrevista con Radio Nacional.
Mencionó que el elemento característico es justamente que se busca establecer políticas públicas, por lo que la institución se organizó sin tener en cuenta quién está al frente.
Eliminar puntos oscuros
En dicho sentido, explicó que las únicas instituciones que están fuera del alcance de la DNCP son Itaipú y Yacyretá. “Es una meta eliminar todo recoveco de punto oscuro de información”, agregó.
Seitz subrayó que se logró diseminar la información en cuanto a qué tenía que comprar el Estado, lo cual es considerado como todo un logro, ya que es reconocido por otros países.
Con relación a la cantidad de casos, señaló que aproximadamente reciben 1.800 protestas al año, de las cuales 45% termina con una resolución ya sea que anula la decisión o con una declaración de irregularidad, así como unos 300 casos de sumarios a proveedores, precisó.
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Diputados presentan propuesta para marco legal sobre ciberseguridad en Paraguay
Legisladores de diferentes bancadas de la Cámara de Diputados presentaron un proyecto de ley que busca establecer el primer marco normativo integral de ciberseguridad en Paraguay, respondiendo a las crecientes amenazas digitales que enfrenta el país en un contexto de mayor digitalización.
La iniciativa, denominada “Ley de Ciberseguridad de la República del Paraguay”, tiene como objetivo central proteger las infraestructuras críticas, la información y los sistemas digitales, así como garantizar los derechos de las personas frente a amenazas y delitos cibernéticos.
De acuerdo a la exposición de motivos, los proyectistas fundamentan la necesidad de fortalecer la soberanía digital del país. “Paraguay no es ajeno a esta realidad y ha enfrentado crecientes amenazas cibernéticas que ponen en riesgo la confidencialidad, integridad y disponibilidad de datos sensibles tanto en el sector público como en el privado”, señala la exposición de motivos.
Asimismo, plantean que el Estado paraguayo ejercerá soberanía sobre el dominio paraguayo en el ciberespacio, incluyendo capacidades para enfrentar amenazas híbridas, medidas de prevención y mitigación, y el fortalecimiento de la resiliencia social. También contempla el ordenamiento de las redes sociales y la regulación de la Inteligencia Artificial.
Instituciones de Ciberseguridad
De acuerdo a la información, señalan que una de las principales innovaciones del proyecto es la creación del Viceministerio de Ciberseguridad dentro del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), que tendrá a su cargo la elaboración y actualización de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad (E-Ciber Paraguay).
Asimismo, se propone la creación del Consejo Nacional de Ciberseguridad (CONCIBER), un organismo multisectorial integrado por representantes de los tres poderes del Estado, fuerzas de seguridad, empresas de telecomunicaciones, universidades y gremios empresariales. Los miembros del consejo durarían cinco años en sus funciones, según la iniciativa.
El proyecto establece obligaciones específicas para operadores de infraestructuras críticas, quienes deberán implementar protocolos de seguridad y notificar cualquier incidente cibernético en un plazo máximo de 24 horas.
El documento también contempla la homologación obligatoria de equipos y software de ciberseguridad importados al país. En cuanto al financiamiento, se destinaría al menos el 20 % del Fondo Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (FONTIC), además de aranceles por homologaciones y otros recursos del Presupuesto General de la Nación.
La propuesta incluye la incorporación obligatoria de contenidos de ciberseguridad en los programas educativos de nivel primario, secundario y universitario, tanto en instituciones públicas como privadas. Además, establece capacitación anual obligatoria para funcionarios públicos y empleados de sectores estratégicos.
El proyecto contempla, igualmente, la adhesión del Paraguay al Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia y otros tratados internacionales pertinentes, promoviendo la cooperación con organismos internacionales y países aliados en materia de ciberseguridad.
Finalmente, los proyectistas consideran que esta iniciativa representa “un paso fundamental para la soberanía digital de Paraguay”, asegurando la protección de la información y la continuidad de los servicios esenciales en un entorno cada vez más interconectado.
Cabe señalar que el proyecto fue presentado por los diputados colorados Rodrigo Blanco, Edgar Chávez, Miguel Ángel Del Puerto, Yamil Esgaib, Mauricio Espínola, Luis González Vaesken, Pedro Ortiz, German Solinger. Igualmente, se sumaron, los liberales, Antonio Buzarquis, Arnaldo Valdez, Jorge Ávalos Mariño y la diputada patriaqueridista Rocío Vallejo.
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“Por años, el Estado no tomó con seriedad el tema de las adicciones”
El ministro del Interior, Enrique Riera, reconoció que el Estado paraguayo ha tenido serias falencias históricas en el abordaje del consumo de drogas y el narcotráfico, al tiempo de advertir sobre una “progresión preocupante” en los índices relacionados a esta problemática.
“Durante muchos años, el Estado no tomó esto con la seriedad debida”, afirmó, aludiendo a una mezcla de instituciones débiles, funcionarios corruptos, un sistema de Justicia ineficaz y enfoques estratégicos erróneos. Según el ministro, hasta hace poco el consumo de drogas era interpretado como una simple “molestia social”.
Esto, añadido a la estigmatización, llevó al propio presidente Santiago Peña a lanzar la campaña Chau Chespi de manera inicial. No obstante, luego de las investigaciones pertinentes, se concluyó que la problemática era mucho más amplia, por lo que luego se dio lugar al Plan Sumar.
Riera explicó a través de este plan se adoptó una estrategia más integral y coordinada entre tres ministerios: el de Salud, encargado de la recuperación de las personas afectadas; el de Educación, responsable de la prevención en las escuelas; y el Ministerio del Interior, abocado a los operativos contra traficantes y vendedores.
PLAN SUMAR
Si bien admitió que los resultados del primer año “fueron insatisfactorios”, defendió el relanzamiento de la iniciativa con el programa “Sumar en tu barrio”, que busca un enfoque más territorial y participativo.
“Tuvimos que aterrizar en terreno, hablar con directores de escuelas, de centros de salud, comisarios, intendentes y la sociedad civil”, dijo a la 780 AM y señaló que estas son las personas que pueden ayudar a reconstruir el tejido social dañado. Entre los desafíos, el ministro indicó que existe una “insuficiencia en capacidad de respuesta y en profesionales”. En ese
Enrique Riera, ministro del Interiorsentido, habló de la necesidad de generar “anticuerpos sociales” para enfrentar el problema desde las comunidades, con soluciones que incluyan tratamientos ambulatorios, acompañamiento, restauración familiar y reinserción de las personas afectadas por adicciones. “De lo contrario, no tienen futuro”, advirtió.
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Riera: “Durante años, el Estado no tomó con seriedad la problemática de las adicciones”
El ministro del Interior, Enrique Riera, reconoció que el Estado paraguayo ha tenido serias falencias históricas en el abordaje del consumo de drogas y el narcotráfico, al tiempo de advertir sobre una “progresión preocupante” en los índices relacionados a esta problemática.
“Durante muchos años, el Estado no tomó esto con la seriedad debida”, afirmó, aludiendo a una mezcla de instituciones débiles, funcionarios corruptos, un sistema de Justicia ineficaz y enfoques estratégicos erróneos. Según el ministro, hasta hace poco el consumo de drogas era interpretado como una simple “molestia social”.
Esto, añadido a la estigmatización, llevó al propio presidente Santiago Peña a lanzar la campaña Chau Chespi de manera inicial. No obstante, luego de las investigaciones pertinentes, se concluyó que la problemática era mucho más amplia, por lo que luego se dio lugar al Plan Sumar.
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Riera explicó a través de este plan se adoptó una estrategia más integral y coordinada entre tres ministerios: el de Salud, encargado de la recuperación de las personas afectadas; el de Educación, responsable de la prevención en las escuelas; y el Ministerio del Interior, abocado a los operativos contra traficantes y vendedores.
Si bien admitió que los resultados del primer año “fueron insatisfactorios”, defendió el relanzamiento de la iniciativa con el programa “Sumar en tu barrio”, que busca un enfoque más territorial y participativo.
“Tuvimos que aterrizar en terreno, hablar con directores de escuelas, de centros de salud, comisarios, intendentes y la sociedad civil”, dijo a la 780 AM y señaló que estas son las personas que pueden ayudar a reconstruir el tejido social dañado.
Entre los desafíos, el ministro indicó que existe una “insuficiencia en capacidad de respuesta y en profesionales”. En ese sentido, habló de la necesidad de generar “anticuerpos sociales” para enfrentar el problema desde las comunidades, con soluciones que incluyan tratamientos ambulatorios, acompañamiento, restauración familiar y reinserción de las personas afectadas por adicciones. “De lo contrario, no tienen futuro”, advirtió.
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Mis apuntes sobre lo que es el Estado
- Víctor Pavón (*)
El monopolio parte de la idea que su existencia es necesaria debido a que las personas no saben lo suficiente sobre lo que hacen y que no hay de qué preocuparse debido a que se estará en sus buenas y eficientes manos.
El lema monopólico puede expresarse así: Nosotros, el monopolio, decidiremos por usted; no se preocupe, lo único que debe darnos es su dinero y si no puede se lo quitaremos, primero con multas y si se resiste lo encerraremos en la cárcel, y todo por su propio bien.
Durante el transcurso del tiempo, el monopolio se fue adjudicando facultades supremas para actuar en nombre de los demás y sus intelectuales inventaron la teoría de un contrato “social” donde los administradores de lo que llaman la “cosa pública” adquirieron el doble rol de juez y parte.
Luego se fue perfeccionando. Fue así que cuando la organización llamada Estado otorgó poder especial y excluyente a un grupo determinado dio carta de corso impidiendo toda competencia en su contra.
Estamos ante una organización profundamente autoritaria e inmoral. Un absurdo económico por lo que hace y deshace con los recursos de los demás conseguidos a la fuerza, hecho que también suscita un problema de orden político y moral.
Político porque sus propios administradores saben que aquello del servicio público es muy relativo. El monopolio por su naturaleza tiene carta blanca de absoluta discrecionalidad. Los recursos son utilizados sin correspondencia de contraprestación y calidad. El dinero que tiene y es mucho, otros han producido, e ingresará a sus arcas por orden de una “ley” aprobada por el mismo Estado que dispone, como dije, en su doble carácter de juez y parte.
El monopolio cuyo nombre es Leviatán, igualmente es un absurdo moral. Una orden coercitiva desde el poder que ordena a los demás a quienes no se les consulta si desean seguir utilizando el servicio monopólico aun cuando sea pésimo, tiene una respuesta única e irrevocable: ¡Sigan pagando!
El Estado si desea vestirse de empresario hasta puede dedicarse a producir caña. Es un privilegio que no puede dejar de ostentar, total el dinero lo dispondrá cuando desee, vía impuestos, deudas, subsidios, franquicias y hasta si necesario fuera condonarse sus deudas.
A diferencia del sector privado donde la actividad de un individuo o de la empresa depende de la satisfacción por el servicio o producto ofrecido, el monopolio estatal está supeditado a los criterios de políticos y burócratas de este antiguo régimen.
Ni siquiera los vástagos del Estado pueden ser competitivos y mucho menos moral su existencia. si tiene pérdida conseguirá más dinero y si va a quiebra lo mismo se apoderará de recursos para continuar.
Este también es el caso de las municipalidades. Como ni siquiera cumplen con lo mínimo, barrido de calles, aseo y hermoseamiento de plazas y parques, cada año emiten bonos para pagarse sus propios despilfarros; todo con cargo al dinero de los demás, los contribuyentes. Lo expuesto aquí son mis breves apuntes sobre lo que se llama el Estado.
(*) Presidente del Centro de Estudios Sociales (CES). Miembro del Foro de Madrid. Miembro del Consejo Internacional de la Fundación Faro. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”: “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la Libertad y la República”.