Los senadores del movimiento Honor Colorado, Derlis Maidana y Gustavo Leite, se refirieron a la solicitud de desestimación fiscal de la denuncia impulsada en el 2022 por el exministro abdista Arnaldo Giuzzio contra el expresidente de la República, Horacio Cartes.

“La desestimación de la causa solo nos afirma que estuvimos acertados en todo momento, pero lo más grave de este hecho es que se demuestra cómo se utilizó el aparato del Estado para dañar la reputación y la vida de ciudadanos paraguayos. Con esto no solo se perjudicó a Horacio Cartes, sino que se atentó contra la institucionalidad y el Estado de derecho”, sostuvo Maidana en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.

Giuzzio había acusado falsamente al titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR) por supuesto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, evasión de impuestos y contrabando. La denuncia fue formulada el 26 enero del año 2022 ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y no ante el Ministerio Público.

“Esperemos que nunca más facciones políticas utilicen el poder político como garrote contra los adversarios coyunturales. La lucha por un Paraguay mejor debe ser democrática, transparente y debe unir a los paraguayos; el gobierno no está para fomentar odios como lo hizo en este caso. Esta desestimación es una reivindicación del Estado de derecho y de la institucionalidad de la República”, refirió el legislador.

Giuzzio había alegado que la denuncia contra Cartes la realizó en carácter personal, aunque con el aval del exjefe de Estado y líder del movimiento Fuerza Republicana, Mario Abdo Benítez. Llamativamente, la acusación se produjo en medio de las recientes elecciones internas coloradas del 18 de diciembre de 2022.

Lea también: Desestimación fiscal confirma que se montó una persecución política contra Cartes

En ese entonces, Cartes y Abdo Benítez pujaban por la titularidad de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y contaban con sus respectivos precandidatos para la presidencia de la República, Santiago Peña (Honor Colorado) y Arnoldo Wiens (Fuerza Republicana).

“Si el Ministerio Público desestima las denuncias quiere decir que no hubo méritos. Para todo el show mediático que se armó es evidente que hubo mala fe y denuncias falsas con la sola finalidad de dañar al expresidente Cartes“, refirió Leite respaldando las afirmaciones de su colega Maidana.

El requerimiento de desestimación fue realizado por los agentes fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce, Verónica Mayor y Fernando Meyer. En la solicitud, manifestaron que se conformaron diversos equipos de trabajo con la Dirección Nacional de Aduanas, la Seprelad y la entonces Subsecretaría de Estado de Tributación (SET, actual DNIT), con el fin de indagar la falsa denuncia impulsada por Giuzzio.

Con los informes remitidos por estas instituciones estatales, los fiscales no detectaron ningún indicio de hecho punible, por ende, correspondía archivar la acusación. El requerimiento de la Fiscalía deberá ser evaluado por uno de los jueces que conforman la Unidad de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia o Humberto Otazú.

Te puede interesar: Primeras peleas en el abdismo: candidatura de Centurión incumple acuerdo previo

El ministro de Desarrollo Social (MDS) y tesorero de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Tadeo Rojas, se pronunció sobre el pedido del Ministerio Público para desestimar la causa contra el expresidente Horacio Cartes. Sostuvo que se trata de “una situación esperada” y expresó su satisfacción por el avance judicial en favor del actual presidente del Partido Colorado.

“Celebramos que se haya dado esta situación. Siempre hemos escuchado al equipo jurídico encabezado por el abogado Pedro Ovelar, quien ha manifestado con firmeza la certeza de la defensa de Horacio Cartes”, señaló, a lo que añadió: “Hubo muchas cuestiones que han dañado mucho, no solamente a Horacio Cartes como líder, sino que han intentado dañar la imagen del partido”.

Enfatizó en que Cartes “siempre ejerció su defensa en todas las instancias correspondientes” y reiteró que desde el partido se trabajó para mantener la confianza de la ciudadanía.

“Se intentó dañar la honorabilidad de una persona que demostró gran capacidad de gestión como presidente de la República y hoy lo demuestra como líder partidario”, subrayó. Asimismo, rechazó las versiones de una supuesta manipulación del sistema judicial.

“Hay muchos casos vinculados a la oposición que siguen sin avance. El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, tiene más de 40 denuncias en el Ministerio Público, sin acciones concretas hasta ahora”, cuestionó.

El pedido de la Fiscalía para desestimar la causa contra Cartes, aún está a la espera de la ratificación por parte de los jueces que conforman la Unidad de Delitos Económicos

Los senadores Derlis Maidana y Gustavo Leite se refirieron a la solicitud de desestimación fiscal de la denuncia impulsada en 2022 por el exministro abdista Arnaldo Giuzzio contra el expresidente de la República Horacio Cartes.

“La desestimación de la causa solo nos afirma que estuvimos acertados en todo momento, pero lo más grave de este hecho es que se demuestra cómo se utilizó el aparato del Estado para dañar la reputación y la vida de ciudadanos paraguayos. Con esto no solo se perjudicó a Horacio Cartes, se atentó contra la institucionalidad y el Estado de derecho”, sostuvo Maidana en entrevista con La Nación/Nación Media.

Giuzzio acusó falsamente al titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR) por supuesto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, evasión de impuestos y contrabando. La denuncia fue formulada el 26 enero del año 2022, ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y no ante el Ministerio Público, como debía ser.

“Esperemos que nunca más facciones políticas utilicen el poder político como garrote contra los adversarios coyunturales. La lucha por un Paraguay mejor debe ser democrática, transparente y debe unir a los paraguayos. El Gobierno no está para fomentar odios como lo hizo en este caso. Esta desestimación es una reivindicación del Estado de derecho y de la institucionalidad de la República”, refirió el legislador.

Giuzzio, alegando que la denuncia contra Cartes lo hizo en carácter personal, quedó en evidencia que tenía el aval del exjefe de Estado y líder del movimiento Fuerza Republicana Mario Abdo Benítez. La acusación se produjo en medio de las internas coloradas.

En ese entonces, Cartes y Abdo Benítez pujaban por la titularidad de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y contaban con sus respectivos precandidatos para la presidencia de la República, Santiago Peña (Honor Colorado) y Arnoldo Wiens (Fuerza Republicana).

“Si el Ministerio Público desestima las denuncias, quiere decir que no hubo méritos. Para todo el show mediático que se armó es evidente que hubo mala fe y denuncias falsas

falsas con la sola finalidad de dañar al expresidente Cartes”, refirió Leite, respaldando las afirmaciones de su colega Maidana.

El requerimiento de la desestimación fue realizado por los agentes fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce, Verónica Mayor y Fernando Meyer. Manifestaron que se conformó diversos equipos de trabajo con la Dirección Nacional de Aduanas, la Seprelad y la entonces Subsecretaría de Estado de Tributación (SET, actual DNIT), con el fin de indagar la falsa denuncia impulsada por Giuzzio.

Con los informes remitidos por estas instituciones estatales, los fiscales no detectaron ningún indicio de hecho punible, por ende, correspondía archivar la acusación. El requerimiento de la Fiscalía deberá ser evaluado por uno de los jueces que conforman la Unidad de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia o Humberto Otazú.

• Jimmi Peralta
• Fotos: Gentileza/Archivo

El 12 de junio de 1935 fue firmado en Buenos Aires el protocolo de paz que dio por terminadas las acciones bélicas que enfrentaron a Paraguay y Bolivia desde 1932. Los historiadores Erasmo González y Herib Caballero Campos cuentan los pormenores de las arduas negociaciones y el contexto en el que se desarrolló el conflicto entre ambos países por la posesión del Chaco Boreal.

Luis Alberto Riart y Tomás Elío, cancilleres de Paraguay y de Bolivia, respectivamente, fueron los encargados de refrendar el documento para poner fin a las hostilidades entre ambas naciones mediterráneas, que se disputaron una salida fluvial al mar y sufrieron la falta del vital líquido durante varios tramos de la contienda, lo que infligió múltiples sufrimientos además de los propios de toda guerra.

A 90 años del histórico acuerdo, se celebra la hermandad entre pueblos que, si bien tienen amplias fronteras en común, en gran parte siguen separados por el gran territorio chaqueño.

La guerra del Pacífico (1879-1884) cercenó territorialmente a Bolivia y lo despojó de 120.000 km2 de superficie y 400 km de litoral marítimo. Este fue un momento clave que provocó que el Chaco paraguayo entrara en los planes estratégicos del país del altiplano.

En Bolivia, con la pérdida de su costa sobre el océano Pacífico en la guerra que tuvo contra Chile, desplazaron hombres para irrumpir en el Chaco fundando fortines, al tiempo que los tratados se realizaban, pero no se solucionaron las diferencias territoriales.

“Las incursiones generaron tensiones al punto de que en febrero de 1927 es muerto en el fortín Sorpresa el teniente paraguayo Adolfo Rojas Silva. A partir de ese episodio el conflicto contra Bolivia se desarrolló en un ambiente en el que amplios sectores de la ciudadanía paraguaya reclamaban mayor presencia del Estado paraguayo en el Chaco. Desde el llamado a la movilización en diciembre de 1928 luego del ataque de tropas paraguayas al fortín Vanguardia, donde los bolivianos fueron desalojados, la crisis diplomática afloró con la expulsión de sus respectivos representantes diplomáticos que cumplían funciones en ambos países”, explica Erasmo González, doctor en historia.

El 23 de octubre de 1931, registrado como un ícono del reclamo ciudadano por la protección del Chaco, quedó en la memoria por la masacre de manifestantes estudiantiles en los jardines del Palacio de Gobierno, que estaba ocupado entonces por el presidente José P. Guggiari.

“Lo sucesivos gobiernos paraguayos venían realizando una prudente campaña de reforzar y dotar de mayor armamento al Ejército, que se inició con las reformas realizadas por el presidente Eligio Ayala. Durante su gobierno se mandaron comprar armas e incluso las dos cañoneras adquiridas de Italia: El Paraguay y el Humaitá”, indica González.

“En los últimos años han sido varias las investigaciones históricas académicas que han permitido comprender el esfuerzo del Estado paraguayo para armar al país. Efectivamente, sin un préstamo internacional se pudo comprar armamento moderno y capacitar a los jefes y oficiales para enfrentar el conflicto a partir de los planes consensuados entre el Gobierno y los jefes del Ejército en agosto de 1924”, explica, por su parte, el historiador Herib Caballero Campos.

A pesar de estos esfuerzos, en comparación con el despliegue boliviano Paraguay se encontró con una preparación un tanto menor en efectivos y en armamento para el inicio de las hostilidades.

“La contienda se inició con la toma boliviana en Pitiantuta, casi al mismo tiempo en que el doctor Eusebio Ayala asumía la Presidencia. Era una etapa difícil e incierta, pero el presidente tuvo el tino de apostar por José Félix Estigarribia para el mando del Ejército. La estrategia del comando paraguayo de llevar la guerra al interior de la región chaqueña fue fundamental. Los bolivianos incursionaron en un territorio adverso por las condiciones naturales del territorio, alejados de donde existía agua; además, considerablemente lejos de su puesto logístico”, refiere González.

“La utilización del idioma guaraní por orden general del comandante Estigarribia fue estratégica para comunicarse y despistar a los enemigos con códigos que los jefes oficiales y los soldados paraguayos podían entender. Además, servía para identificarse entre paraguayos si se encontraban en un lugar determinado, evitando confusiones que podían llevar al enfrentamiento entre los mismos”, agregó.

La primera mitad del siglo XX en Paraguay se caracterizó por un sinfín de tragedias internas a consecuencia de la inestabilidad política con revoluciones, golpes de Estado, exilios, atropellos, proscripciones y muerte. La hegemonía liberal había arrancado en 1904, pero tanto los conflictos dentro del propio partido de gobierno como las confrontaciones con la oposición impedían el desarrollo de un proyecto nacional.

“En el contexto de la guerra se había generado una tre­gua política. Según se esta­bleció por leyes aprobadas por el Congreso, se reprimió a los sectores socialistas y comunistas que eran anti­guerreristas, pues conside­raban que la guerra del Chaco era una guerra imperialista. Asimismo, importantes jefes políticos de los dos partidos tradicionales se moviliza­ron o apoyaron al gobierno de Eusebio Ayala”, señala Caballero Campos.

“El territorio chaqueño no conoció diferencias políticas entre los combatientes para­guayos. Diferentes sectores de la sociedad acudieron al llamado: campesinos, obre­ros, estudiantes y con ellos artistas, poetas, intelectua­les, choferes, deportistas, enfermeras y médicos. Con ese esfuerzo mancomunado se pudo sobrellevar la guerra con el acompañamiento de las mujeres, que realizaron diferentes actividades tanto en retaguardia como en el frente. Se destaca la labor de las madrinas de guerra como apoyo emocional para el sol­dado combatiente”, explica González.

A renglón seguido, destacó la unidad que se logró en el Paraguay durante la guerra a pesar de las diferencias que lo sepa­raban anteriormente.

“En general hubo un gran acompañamiento. Las personas hacían donaciones para las viudas y huérfanos de guerra; la Legión Civil Extranjera, conformada por miembros del comercio y la industria que eran de ori­gen extranjero, colaboró con varias acciones para paliar las necesidades más urgentes. La Junta Nacional de Aprovisionamiento era una entidad gestionada por el Estado con fuerte colabo­ración de sectores privados, que proveían los alimentos básicos a las familias de los soldados combatientes que no tenían otros recur­sos para subsistir. La Cruz Roja Paraguaya, liderada por el Dr. Andrés Barbero, donó un avión ambulancia, así como también realiza­ron varias actividades para recaudar fondos, como el partido de fútbol en Buenos Aires en el que jugó Arse­nio Erico, que finalmente fue fichado por el Indepen­diente de Avellaneda”, citó Caballero Campos.

En el contexto de una guerra con fuertes bajas para ambos bandos, la vía diplomática no estuvo clausurada. Esto a pesar de que Paraguay fue sancionado por la Sociedad de Naciones (antecedente de las Naciones Unidas) por haber sido declarado país agresor.

“El grupo mediador lide­rado por el gobierno argen­tino del general Juan B. Justo fue el impulsor de abrir una negociación con el apoyo de los demás gobier­nos de la región, pero el último actor clave en sumarse y muy nece­sario fue el gobierno del Brasil, cuyo presidente Getulio Vargas visitó Buenos Aires en mayo de 1935, dando su acuerdo para que se impulse un alto al fuego en el infierno verde del Chaco”, comenta Caballero.

“De una posición defensiva en los primeros meses del conflicto, Paraguay pasó a la ofensiva en 1934 logrando recuperar territorios que los bolivianos fueron ocupando. Para 1935 ya había cruzado el río Parapití. Sin embargo, no debemos olvidar que todo esto significó sacrificios humanos de padecimientos por sed, pestes, heridas, traumas emocionales, muerte y angustia por la distancia de los seres queridos. Para 1935 los recursos se extremaron. Cada día de combate repre­sentaba un gran costo para el país, por lo que la gestión diplomática también fue ardua”, apunta González.

En este sentido, fue des­tacado el rol del canciller argentino Carlos Saave­dra Lamas en el contexto de las negociaciones diplo­máticas, quien fue reco­nocido con el Premio Nobel de la Paz en 1936 por su mediación en este conflicto y por haber inspirado un tratado antibélico que lleva su nom­bre.

“Las nego­ciaciones comenzaron en mayo de 1935. Primeramente, el grupo mediador se reunía con cada canciller por sepa­rado. El Paraguay desde un principio estaba conteste en general con los términos del documento propuesto por los mediadores, pero Bolivia pretendía esperar el resul­tado de su contraofensiva, que fue detenida exitosamente por el Ejército para­guayo en la batalla de Ingavi, el 8 de junio de 1935. En ese sentido, ya el 11 se anunciaba en los medios de prensa asun­cenos que se había acordado entre los países un alto al fuego, pero se estaban aún ultimando los detalles del documento final”, explica Caballero Campos.

De su parte, González subraya que el pro­tocolo se firmó en un momento en el que ya no se podía continuar con la guerra por la dificultad para obtener recursos y el agotamiento de los combatientes. Por ello, de alguna forma la firma del protocolo de paz del 12 de junio era el camino obli­gatorio.

“Ya en los últimos meses de la guerra, el cansancio, la hos­tilidad de la naturaleza en el alto Chaco, el revés en las estribaciones andinas hicie­ron que la mayoría de la tropa paraguaya ya se encuentre agotada y agobiada, según se puede deducir de varios tes­timonios. Además, las arcas del Estado paraguayo ya esta­ban exhaustas luego de casi tres años de guerra. Por ello, el alto al fuego al mediodía del 14 de junio de 1935 (día en que se festeja la Paz del Chaco en Bolivia) fue celebrado por todos los combatientes, pues era algo que se anhe­laba en ambos ejércitos ”, agrega Caba­llero Cam­pos.

En agosto de 1935 se rea­lizó el desfile de la victoria en Asunción, pero el país estaba con una economía extenuada, con la producción mayormente a cargo de ancianos, niños y mujeres. Todo esto fue terreno fértil para que afloren de nuevo las des­avenencias, los golpes de Estado, revoluciones, per­secuciones e inestabilidad política.

El Tratado de Paz, Amis­tad y Límites definitivo se rubricó el 21 de julio de 1938. El documento final fue fir­mado por Cecilio Báez y José Félix Estigarribia por Paraguay, y Eduardo Díez de Medina y Enrique Finot por Bolivia. El acuerdo fue refrendado por un referén­dum, que se realizó el 15 de agosto de ese año y tuvo una aprobación del 91 %.

En octubre de 1938, en cum­plimiento de una de las cláu­sulas del tratado, se abrió una Comisión Mixta Demarca­dora de Límites para señali­zar la frontera en el terreno, que dio por concluidas sus tareas en 2007.

Por ello, recién en abril de 2009, con firma de Evo Morales por Bolivia y de Fernando Lugo por Para­guay, se oficializó el acta de cumplimiento y ejecución del mencionado tratado.

A poco de cumplirse el cente­nario de esta epopeya, la más grande del siglo pasado en el continente, que dejó cerca de 100.000 bajas, el vínculo entre ambos países sigue en parte separado por aquel territorio hostil.

“Evidentemente el Chaco hasta hoy en día es una barrera para que se dé ese relacionamiento más cercano entre bolivianos y paragua­yos. Hoy la ruta Bioceánica es una oportunidad para mejo­rar esa integración, pero el Chaco aún hoy es un territo­rio despoblado, con muchas carencias y una necesidad de recibir políticas públi­cas que aseguren la edu­cación, la salud y la movi­lidad a las poblaciones chaqueñas, tanto origi­narias como a las demás que habitan dicho terri­torio”, concluyó Caba­llero Campos.