Ciudad del Este. Agencia Regional.

Tras la inspección del cuerpo de Francisco Daniel López Peña (25), hallado esta tarde en el río Paraná, la inspección forense a cargo del doctor Eduardo Cano, confirmó que tiene una herida de bala en el tórax, con orificio de entrada y salida. Esto fue señalado a La Nación/Nación Media por el fiscal que investiga el caso, Alberto Torres.

El agente refirió que el dato revelado confirma el homicidio del hombre que estaba siendo buscado desde el pasado 19 de julio, cuando fue visto última vez en el barrio Tres Fronteras, de Presidente Franco. Asimismo, refirió que se ampliará la causa a homicidio doloso y analizará quienes de los cuatro imputados, continuarán siendo procesados.

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Cabe recordar que son cuatro los privados de su libertad como sospechosos por la desaparición de Francisco Daniel y con la confirmación del homicidio, algunos serán imputados como presuntos autores. Hay un menor de 16 años que fue desvinculado del proceso, después de haber colaborado con datos clave en la investigación, según el fiscal Alberto Torres.

El fiscal manifestó que las sospechas apuntan a uno de los detenidos, pero todavía esperará algunos informes para definir la ampliación de la imputación que inicialmente está como omisión de dar aviso.

Los vecinos del barrio Tres Fronteras se movilizaron en gran cantidad para solidarizarse con la familia y acompañar el proceso de inspección del cuerpo en una funeraria y exigieron justicia en el caso. Francisco era un estibador en la costa y en el día de su desaparición estuvo compartiendo con algunos jóvenes de su mismo barrio.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

Pescadores de la zona del Puerto Irala, distrito de Domingo Martínez de Irala, en Alto Paraná, encontraron un cuerpo flotando que corresponde a Francisco Daniel López, joven que estaba desaparecido desde el pasado 19 de julio, en la zona costera del barrio Tres Fronteras, de Presidente Franco.

De acuerdo a lo explicado por el capitán Claudio Ramírez, del Área Naval del del Este, la hermana de la víctima, lo reconoció a través de las fotos que recibió desde el puerto, inmediatamente hallado el cuerpo. En diferentes divulgaciones, familiares del joven están confirmando que se trata del mismo.

El fiscal Alberto Torres fue comunicado del caso y ordenó el traslado del cuerpo hasta una funeraria de Presidente Franco, donde será inspeccionado por el médico forense y para confirmar la identidad.

La desaparición del joven tenía sospecha de homicidio desde el inicio de la búsqueda, pero al no aparecer el cuerpo, todavía quedaba sin efecto esa tipificación. No obstante, hay varios detenidos como sospechosos.

Familiares y toda la comunidad del barrio Tres Fronteras venía acompañando la búsqueda del joven, manifestándose sobre la avenida Bernardino Caballero en el citado barrio o en la costa del río Paraná. Fue supuestamente visto por última vez en una ronda de amigos cerca del río. Quienes habrían estado con él son los que fueron detenidos.

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Después de más de dos años de interrupción, en setiembre se volverán a reactivar las obras de Yacyretá que se están rea­lizando en la zona del brazo Aña Cuá del río Paraná, hecho muy celebrado porque implica la continuación de un proyecto de gran envergadura.

Gracias a los acuerdos que surgieron de las conversaciones del presidente paraguayo, Santiago Peña, y el argentino, Javier Milei, se logró desbloquear el problema de finan­ciamiento existente y continuarán los traba­jos que estaban paralizados desde 1923, por decisión del Gobierno argentino. El consejo de administración de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) suscribió la semana pasada la resolución de continuar las obras donde se instalarán las turbinas que darán una mayor potencia de generación a la usina paragua­yo-argentina.

El viernes 1 de agosto la empresa construc­tora adjudicada volverá a instalarse en Aña Cuá para preparar los equipos y adoptar las medidas administrativas necesarias para que en setiembre se reanuden los trabajos necesarios. De ese modo, luego de dos años y ocho meses se reanudarán las obras que se habían suspendido en diciembre de 2023 provocando centenares de despidos de tra­bajadores en Ayolas, lado paraguayo, e Itu­zaingó, zona argentina.

La obra consiste en instalar tres nuevas turbinas en la margen derecha del Paraná, en territorio paraguayo, fuera de la isla de Yacyretá, para aprovechar el brazo del río donde existe un embalse cuyas aguas trans­curren por el segundo vertedero hasta caer en el cauce secundario que va por tierras nacionales.

Con la maquinización de esta arteria flu­vial se espera generar alrededor de 270 megavatios adicionales, con lo que aumen­tará cerca del 10 % la actual potencia de la hidroeléctrica. Como este brazo del río pasa por territorio paraguayo la energía que produzca se generará en jurisdicción de nuestro país.

Esta obra en construcción implica una inversión total de 450 millones de dólares, dinero que no se obtendrá de ningún prés­tamo, como ha sido con el resto de las obras de la hidroeléctrica, sino de los fondos pro­pios de la EBY. De acuerdo con los planes que se tienen previstos, la primera turbina podría entrar en funcionamiento en 2026, y se espera la conclusión del proyecto para principios de 2029.

La prosecución de las obras en el brazo Aña Cuá, luego de la pausa que comenzó en 2023, es un acontecimiento que hay que celebrar con alegría. Porque cuando con­cluya, asegurará una mayor potencia a la hidroeléctrica binacional, en el futuro, mientras tanto, en el tiempo actual gene­rará empleo a miles de trabajadores que quedaron a la deriva, lo que contribuirá fuertemente a la economía de la zona afec­tada, como es el caso del departamento de Misiones, Paraguay, y la provincia de Corrientes, Argentina.

Desde el inicio, la construcción de las obras de Yacyretá ha sufrido las vicisitudes que ha tenido el vecino país en las últimas déca­das, con los problemas ocasionados por la inestabilidad económica y política. La firma del Tratado de Yacyretá se produjo en diciembre de 1973 y las obras de la cons­trucción de la represa se iniciaron en 1983. Once años después, en setiembre de 1994, se puso en funcionamiento la primera tur­bina. Por lo cual la hidroeléctrica comenzó a operar 21 años después de la firma del tra­tado binacional correspondiente.

La lentitud de la obra hidroeléctrica que se tiene con Argentina es notable si se hace la comparación con la historia de Itaipú, que se ha construido con Brasil. Yacyretá ha tardado casi el doble del tiempo que Itaipú para producir energía.

La suscripción del Tratado de Itaipú fue en 1973 y comenzó a generar electrici­dad en 1984, luego de once años. La capa­cidad de generación actual de Itaipú es de 14.000 megavatios (MW), en tanto que la de Yacyretá es de 3.200 MW, que recibirá de Aña Cuá 270 MW más.

Teniendo en cuenta la historia de retrasos en las obras de Yacyretá es que el anuncio de la reanudación de los trabajos en Aña Cuá representa una excelente noticia. Una obra de tanta trascendencia, que aumen­tará en 10 % el potencial de generación de la usina, no debe sufrir ya ninguna dilación y debe continuar hasta concluir. Porque su aporte en la generación de electricidad será de un enorme valor en términos económi­cos y sociales para ambos países.

El experto en materia del sistema financiero y derecho bancario, el abogado Carlos Palacios, y la periodista de investigación de Nación Media, Rosana Escobar, coincidieron en señalar que existen mecanismos para indagar y comprobar si el expresidente Mario Abdo Benítez y su esposa Silvana López Moreira podrían ser o no los beneficiarios finales de los 21 millones de dólares distribuidos en dos cuentas bancarias en las islas Seychelles, según publicó el portal argentino PeriodismoyPunto.

Durante el programa “Fuego Cruzado”,que se emite por canal GEN/Nación Media, analizaron las evidencias que fueron expuesta por la investigación del portal de noticias que encabeza el periodista argentino Luis Gasulla, respecto a dos cuentas bancarias depositadas por dos empresas cuyos beneficiarios finales serían el exmandatario y su esposa.

Palacios señaló que, aparentemente, estos fondos no figurarían en la declaración de bienes del exjefe de Estado. Por lo tanto, señaló que, en principio, parecería una situación de ocultamiento de activos, escenario que configuraría un eventual hecho de enriquecimiento ilícito.

A su turno, la periodista Rosana Escobar, quien llevó adelante una investigación profunda sobre las empresas de Mario Abdo Benítez vinculadas al tema asfalto; señaló que hay mucha similitud en el manejo del dinero con relación a los depósitos en las islas Seychelles, encontrando un mismo modus operandi en el manejo financiero,

“Parece que es la misma práctica que hizo acá en Paraguay, porque acá la fortuna que amasaron sus empresas en el país no se ve reflejada en su declaración jurada, sino que se fueron a esos fondos de reserva. Hasta ahora nadie sabe dónde están, dónde hubo movimientos tampoco, y que están constituidas en un gran porcentaje por deudas también; deudas infladas que los proveedores o los clientes suyos no reconocen”, explicó la periodista.

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Al respecto, el doctor Palacios explicó que el tema de los paraísos fiscales antiguamente se constituían con facilidad mediante acciones al portador; pero luego de la crisis financiera del 2008, obligó a las compañías bancarias a nominar a quienes constituían las empresas.

A partir de entonces, indicó que todas aquellas personas que no querían revelar su identidad constituían sociedades con otras sociedades, armando unos esquemas de sociedades por capas; buscando siempre de ocultar la verdadera identidad del dueño o del beneficiario final. Es así que las legislaciones se fueron ajustando y es así que surge la figura del “beneficiario final”.

“Es como una pirámide, sin aparecer en ella, la persona que aparece como accionista en la sociedad puede no ser el beneficiario final de esa empresa, porque por encima de la que figura como primera dueña puede haber otros dueños hasta llegar a una persona física de carne y hueso, que finalmente se puede identificar como la persona que controla o que es titular de los activos que existen en esta sociedad”, comentó Palacios.

La periodista Escobar como el experto jurídico en finanzas señalaron que existen los elementos y herramientas para que el Ministerio Público inicie una investigación, ya que la publicación periodística accedió a datos bastante concretos y específicos, como, por ejemplo, los nombres de estos dos bancos, que efectivamente existen, operan y están habilitados para funcionar en Seychelles. Además de números de cuenta, los nombres de las sociedades titulares y movimientos de los depósitos o transferencias que se recibieron.

“No se trata de una información vaga sino de una información concreta que puede perfectamente servir como punta del ovillo para que el Ministerio Público inicie una investigación con toda seriedad. Ahora, que la persona afectada haya salido rápidamente a desmentir en forma directa y a través de sus abogados, esa es la dinámica que existe cuando hay una revelación de la posible existencia de un delito”, comentó Palacios.

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Asimismo, Palacios señaló que la Fiscalía y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) cuentan con las herramientas como para iniciar esa investigación mediante la cooperación con los grupos de unidades de inteligencia financiera de diversos países.

Indicó que justamente la República de Seychelles, en su afán de salir de la lista gris de paraísos fiscales, desde hace unos años ha formado parte del Grupo Egmont, que es el organismo internacional que permite la cooperación e intercambio de inteligencia entre las unidades inteligencia financiera de varios países, incluido también Paraguay.

“Esta información no es pública, la base de datos para saber quiénes son los titulares o los beneficiarios finales de las empresas constituidas en esa jurisdicción solamente se pueden acceder a través de estos mecanismos oficiales; por eso la responsabilidad recae yo creo que en la Seprelad y fundamentalmente en el Ministerio Público”, insistió Palacios.

Agregó que la Seprelad podría estar guardando el debido sigilo, no como ocurrió en otros casos durante el gobierno de Abdo, pero ya debería estar tramitando de manera oficial la investigación. “Ahora, si la información llega a recibirse y confirma la existencia de estas cuentas, ahí si esta investigación cobraría fuerza y podría derivar eventualmente en una imputación contra el expresidente”, puntualizó.

Por su parte, Rosana Escobar recordó que la investigación de la Fiscalía sobre eventual enriquecimiento ilícito de Mario Abdo lleva ya un año, sin tener noticias de avance en la investigación.

“Lo que tiene que hacer, reitero, la Fiscalía es sencillo, es revisar las cuentas bancarias, así nomás, es donde está la plata, dónde se fue, uno puede ponerle todo el ropaje que quiera, el concepto que quiera, financieramente hablando, pero hay que revisar dónde está la plata, nomás, sencillo, va a la cuenta y ya está”, acotó.