Desde la Asociación de Restaurantes del Paraguay (Arpy) manifestaron que no existe ninguna intención de separar o diferenciar a los clientes vacunados y no vacunados en sus establecimientos gastronómicos.
Esto, con relación a un proyecto de ley impulsado por el diputado Hugo Ramírez, que pretende separar en espacios públicos a las personas vacunadas de las no vacunadas, lo cual compete también a los restaurantes y que podría generar discordia.
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“Nosotros no queremos hacer ninguna diferencia, ni mucho menos discriminar a alguien; es más, nosotros necesitamos de los clientes”, expresó a La Nación el presidente de la Arpy, Oliver Gayet.
Proyecto no sería necesario
Sobre el planteamiento de que sí fue implementado en otros países con posturas muy diferentes con relación a la vacunación, Gayet consideró que no sería necesario (separar a los vacunados) si el país entero se pueda vacunar, lo cual solo es una cuestión de tiempo y de mayor abastecimiento, ya que la ciudadanía paraguaya de hecho sí quiere vacunarse, aclaró.
En ese sentido, dijo que a medida que lleguen más vacunas para inmunizar a la población contra el COVID-19, Paraguay podrá ser un país con alto índice de vacunación, por lo que en dicha instancia, el proyecto mencionado no tendrá cabida.
Por otro lado, con relación a la ampliación horaria para la atención al público, el titular de la Arpy indicó que de hecho el sector había solicitado extenderlo hasta las 2:00 de viernes a sábado, pero que de todas formas el nuevo decreto que habilita hasta las 1:00 es auspicioso, acotó.
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Proyecto sobre nuevos feriados ingresó oficialmente al Congreso
El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, se refirió este miércoles acerca del proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo que propone declarar feriado nacional el 20 de junio, en conmemoración de la jura de la Constitución Nacional de 1992, así como autorizar hasta tres feriados ocasionales no permanentes por motivos especiales.
“Creo que nadie va a salir en contra, es una fecha memorable que todos los paraguayos vamos a recordar siempre y celebrar la democracia que estamos viviendo”, expresó Núñez al ser consultado sobre la propuesta que ya se encuentra en manos del Poder Legislativo.
El titular de la Cámara de Senadores remarcó que el planteamiento será evaluado como cualquier otro proyecto, a través del estudio en las comisiones correspondientes. Durante su declaración ante varios medios de prensa, Núñez también hizo referencia a otra solicitud que surgió en el Senado.
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Esta apunta a declarar inamovible el feriado del 12 de junio, fecha en que se conmemora la firma del acuerdo de Paz del Chaco. La propuesta, impulsada por el senador Silvio Ovelar, tiene el objetivo de preservar el sentido histórico de dicha jornada, evitando que pueda ser trasladada con fines turísticos o comerciales.
“Vamos a ver con los colegas, hay senadores que pidieron que el 12 de junio sea inamovible”, mencionó Núñez, en alusión al debate que se generará en torno a la organización del calendario de feriados y afirmó que todos estos planteamientos serán analizados por los legisladores.
El proyecto del Ejecutivo contempla además la posibilidad de establecer hasta tres feriados extraordinarios por año, no permanentes, que podrían ser decretados para fechas conmemorativas, celebraciones deportivas o actividades que impulsen el turismo y la economía nacional.
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Diputados presentan propuesta para marco legal sobre ciberseguridad en Paraguay
Legisladores de diferentes bancadas de la Cámara de Diputados presentaron un proyecto de ley que busca establecer el primer marco normativo integral de ciberseguridad en Paraguay, respondiendo a las crecientes amenazas digitales que enfrenta el país en un contexto de mayor digitalización.
La iniciativa, denominada “Ley de Ciberseguridad de la República del Paraguay”, tiene como objetivo central proteger las infraestructuras críticas, la información y los sistemas digitales, así como garantizar los derechos de las personas frente a amenazas y delitos cibernéticos.
De acuerdo a la exposición de motivos, los proyectistas fundamentan la necesidad de fortalecer la soberanía digital del país. “Paraguay no es ajeno a esta realidad y ha enfrentado crecientes amenazas cibernéticas que ponen en riesgo la confidencialidad, integridad y disponibilidad de datos sensibles tanto en el sector público como en el privado”, señala la exposición de motivos.
Asimismo, plantean que el Estado paraguayo ejercerá soberanía sobre el dominio paraguayo en el ciberespacio, incluyendo capacidades para enfrentar amenazas híbridas, medidas de prevención y mitigación, y el fortalecimiento de la resiliencia social. También contempla el ordenamiento de las redes sociales y la regulación de la Inteligencia Artificial.
Instituciones de Ciberseguridad
De acuerdo a la información, señalan que una de las principales innovaciones del proyecto es la creación del Viceministerio de Ciberseguridad dentro del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), que tendrá a su cargo la elaboración y actualización de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad (E-Ciber Paraguay).
Asimismo, se propone la creación del Consejo Nacional de Ciberseguridad (CONCIBER), un organismo multisectorial integrado por representantes de los tres poderes del Estado, fuerzas de seguridad, empresas de telecomunicaciones, universidades y gremios empresariales. Los miembros del consejo durarían cinco años en sus funciones, según la iniciativa.
El proyecto establece obligaciones específicas para operadores de infraestructuras críticas, quienes deberán implementar protocolos de seguridad y notificar cualquier incidente cibernético en un plazo máximo de 24 horas.
El documento también contempla la homologación obligatoria de equipos y software de ciberseguridad importados al país. En cuanto al financiamiento, se destinaría al menos el 20 % del Fondo Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (FONTIC), además de aranceles por homologaciones y otros recursos del Presupuesto General de la Nación.
La propuesta incluye la incorporación obligatoria de contenidos de ciberseguridad en los programas educativos de nivel primario, secundario y universitario, tanto en instituciones públicas como privadas. Además, establece capacitación anual obligatoria para funcionarios públicos y empleados de sectores estratégicos.
El proyecto contempla, igualmente, la adhesión del Paraguay al Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia y otros tratados internacionales pertinentes, promoviendo la cooperación con organismos internacionales y países aliados en materia de ciberseguridad.
Finalmente, los proyectistas consideran que esta iniciativa representa “un paso fundamental para la soberanía digital de Paraguay”, asegurando la protección de la información y la continuidad de los servicios esenciales en un entorno cada vez más interconectado.
Cabe señalar que el proyecto fue presentado por los diputados colorados Rodrigo Blanco, Edgar Chávez, Miguel Ángel Del Puerto, Yamil Esgaib, Mauricio Espínola, Luis González Vaesken, Pedro Ortiz, German Solinger. Igualmente, se sumaron, los liberales, Antonio Buzarquis, Arnaldo Valdez, Jorge Ávalos Mariño y la diputada patriaqueridista Rocío Vallejo.
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Minería y medioambiente: buscan consensuar una ley sobre uso de químicos
Este lunes se desarrolló la audiencia pública sobre el proyecto de ley que plantea la prohibición del uso de cianuro de sodio en piletas y mercurio en procesos de producción minera. Al término del encuentro, el diputado Alejandro Aguilera, proyectista de la iniciativa dio detalles sobre los puntos abordados.
“Buscamos un punto intermedio, que se trabaje respetando el medioambiente, los mineros dicen que ellos cumplen con todas las leyes vigentes hoy, que están sometidos a los controles y que no tienen ningún problema en que se los siga controlando, pero nosotros tenemos denuncias que no podemos hacer caso omiso, vamos a seguir analizando esto”, enfatizó el legislador.
En este encuentro estuvieron presentes mineros de Paso Yobái, representantes de empresas concesionarias, el intendente de ese distrito, Óscar Chávez, técnicos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y referentes de la sociedad civil.
“Fue un espacio importante de diálogo. Nos munimos de mucha información. Los mineros fueron escuchados, dieron sus versiones sobre los trabajos que realizan, y también se presentaron investigaciones”, detalló Aguilera. El parlamentario admitió que existe una postura dividida respecto al uso de cianuro.
“Los representantes del Mades manifestaron que actualmente no existe un químico que reemplace al cianuro en los procesos mineros y que dentro de los elementos utilizados, este es el menos nocivo. No así el mercurio, cuya utilización ya está desaconsejada por acuerdos internacionales. Sin embargo, hay sospechas de que aún se estaría utilizando. El Mades negó esa información, alegando no contar con registros de su uso”, explicó.
Aguilera señaló que el proyecto será analizado en varias comisiones, como la de Minas y Energía, antes de avanzar en el tratamiento parlamentario. “Vamos a estudiar y profundizar este tema para llegar a una solución que beneficie a la comunidad. No estamos en contra de la minería; reconocemos que genera empleo en Guairá. Pero también tenemos la responsabilidad de velar por el medioambiente”, sostuvo.
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Mediante la iniciativa, se plantean sanciones significativas para quienes violen la prohibición que van desde penas privativas de libertad de cinco a diez años y multas de 500 a 2.500 jornales mínimos. En casos graves, esto puede aumentarse de seis a doce años, con multa de 1.000 a 5.000 jornales mínimos.
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Plantear dictar emergencia educativa y social ante violencia en las relaciones adolescentes
Diputados de diferentes signos políticos plantean que, más allá de acciones punitivas, se deben buscar alternativas que sean preventivas, educativas y restaurativas ante episodios de violencia en vínculos afectivos entre adolescentes y jóvenes.
Por ello se presentó el proyecto de ley “que establece emergencia educativa y social ante la violencia en las relaciones adolescentes; y establece mecanismos urgentes de prevención a través de talleres educativos y campañas formativas con enfoque de igualdad y salud mental”.
La iniciativa que fue enviada a consideración de las comisiones asesoras, que, de acuerdo a la exposición de motivos, la idea es declarar una emergencia educativa y social, en todo el territorio nacional, ante el incremento de casos de violencia en las relaciones afectivas entre adolescentes y jóvenes, sería por el término de doce meses.
La iniciativa pretende que todas las instituciones educativas, públicas y privadas, de nivel inicial, escolar básica y educación media, implementen talleres y espacios educativos obligatorios, con una frecuencia mínima de una hora semanal.
Menciona que tiene como objetivo la identificación temprana de señales de violencia; la promoción de relaciones afectivas sanas; el fortalecimiento de la autoestima; y la deconstrucción de prácticas machistas y conductas de control, según dice el documento.
La normativa establece que la dirección institucional, en coordinación con los equipos técnicos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), sea responsable de garantizar la realización efectiva de estos talleres, y de mantener registros actualizados sobre los temas desarrollados, la participación estudiantil y las necesidades detectadas.
Entorno familiar
“La violencia en relaciones tempranas, a menudo invisibilizada por el entorno familiar y social, se presenta cada vez con mayor intensidad y frecuencia, con patrones que replican el machismo, el control, la posesividad, la dependencia emocional y la normalización del maltrato físico, psicológico o sexual", explica parte del documento.
Asimismo, señala que esta problemática se ve amplificada por la influencia de las redes sociales, la falta de educación afectiva y la ausencia de referentes institucionales preparados para identificar y acompañar situaciones de riesgo.
Argumenta que, en la actualidad, niñas y adolescentes son víctimas de múltiples formas de violencia; celos obsesivos disfrazados de afecto; aislamiento de su círculo de apoyo; vigilancia digital; amenazas; chantajes emocionales; y abusos que van progresivamente hasta llegar a desenlaces fatales, lamentablemente.
Sostiene que esos hechos no solo afectan la integridad física de las víctimas, sino que deterioran gravemente la salud mental; la autoestima; el rendimiento académico; y el futuro desarrollo personal de los jóvenes.
Abordaje preventivo
Los legisladores lamentan que si bien existen marcos normativos como la Ley “De Protección Integral a las Mujeres”; el “Código de la Niñez y la Adolescencia”; y la propia Carta Magna, que en su artículo 48 garantiza la igualdad entre hombres y mujeres, “no haya sido suficiente”.
Finalmente, manifiestan que se hace imprescindible un abordaje preventivo, educativo y transversal desde los primeros años de formación escolar, donde se forjan los primeros vínculos afectivos.
“La intervención debe ser temprana, constante y coordinada entre las instituciones responsables: MEC; Salud Pública; Niñez y la Adolescencia; y el Ministerio de la Mujer, para garantizar que la educación, la igualdad, el respeto mutuo, el reconocimiento de las señales de alerta y el autocuidado afectivo, se conviertan en parte esencial del desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes”, refiere el texto.