El viceministro de Economía, Iván Haas, mencionó que desde el Ministerio de Hacienda están trabajando en un proyecto de ley de emergencia para oxigenar el déficit de la caja fiscal para luego seguir con el análisis de su reforma.
“La caja fiscal administra los aportes de los funcionarios públicos, y hay varios sectores que son deficitarios que se nutren de un ahorro de la caja fiscal y de los impuestos, y es por eso que estamos trabajando en un proyecto de ley de emergencia que permitirá oxigenar ese déficit”, expresó Haas en el marco del diálogo virtual Plaza Pública organizado por Dende (Desarrollo en Democracia), denominado ¿Hacia dónde van las cajas jubilatorias de nuestro país?, ocasión en la que se analizó sobre la difícil situación y el futuro de las mismas.
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Sistema de jubilaciones
Sobre el punto, el viceministro de Economía explicó que el principal problema es la edad jubilatoria, por lo que es necesario reconfortar el sistema de las cajas jubilatorias, de modo de encontrar un mecanismo que sea válido y eficiente para todos.
En ese sentido, señaló que otra de las propuestas es la creación de la superintendencia de pensiones y jubilaciones, con funciones acortadas y precisas. “Con el paso del tiempo podemos ir creándole más funciones”, agregó
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Así también, Haas remarcó que se debe mantener el sistema de reparto de la caja fiscal, pero de manera más equitativa, por lo que es necesaria la ley de emergencia, ya que se deben frenar los regímenes individuales y hacer una reforma de fondo, subrayó el viceministro.
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Caso de nepotismo: senadores escucharán el descargo de Cabrera este miércoles
El líder de la bancada de Honor Colorado, Natalicio Chase, confirmó que su colega, la senadora liberal Noelia Cabrera estará realizando su descargo este miércoles durante la sesión ordinaria de la Cámara Alta. La legisladora hablará de la situación de sus sobrinos quienes fueron contratados como funcionarios del Congreso, pero supuestamente prestaban servicio en un estudio jurídico privado.
La parlamentaria liberal acudió junto con miembros de su bancada Hermelinda Alvarenga, Dionisio Amarilla y Edgar López para hablar de lo ocurrido ante sus pares, de la bancada colorada oficialista. Pero será mañana miércoles que hará público su descargo ante el plenario en conjunto, así como ante la sociedad.
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Chase señaló que tuvieron un profundo análisis entre todos los colegas de ambas bancadas, escuchando a cada uno su parecer.
“Nosotros le pedimos que haga mañana su descargo ante el pleno. Ella participó presencialmente e hizo su descargo en la bancada, explicando cómo ocurrieron los hechos. Pero prefiero que sea ella quien mañana dé a conocer su descargo”, indicó.
Indicó que recibieron en bancada a la senadora Celeste Amarilla y Éver Villalba, quienes acudieron en representación de la bancada democrática que trabaja en la elaboración de un libelo acusatorio contra la senadora Cabrera, para solicitar su pérdida de investidura.
Aclaró que aún no han presentado siquiera el borrador de dicho libelo acusatorio, por tanto, aún desconocen los motivos de la acusación, por lo que aun aguardan conocer el contenido del mismo, para emitir una postura oficial de la bancada.
“Nosotros no estamos de acuerdo con la expulsión de ningún senador hasta tanto se compruebe la veracidad de los hechos. Conversamos sobre el caso, hay posturas divididas como ocurre en diferentes casos, ya que cada senador piensa diferente. Pero finalmente se seguirá lo que decida la bancada en mayoría”, enfatizó.
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Diputados evaluará penas más severas para funcionarios públicos por corrupción
La Cámara de Diputados tiene previsto analizar en su sesión ordinaria de este martes un proyecto de ley que busca modificar las penas por corrupción en el Código Penal Paraguayo, estableciendo castigos de hasta 25 años de prisión para funcionarios públicos que incurran en determinados delitos.
La exposición de motivos argumenta que la iniciativa responde a la necesidad de “disuasión legal para el combate frontal a la corrupción pública y privada”, señalando que “el crimen organizado nacional se nutre con el apoyo de funcionarios públicos, desangrando al Estado en su patrimonio”.
Asimismo, señala que la corrupción pública “atenta directamente contra los derechos humanos” y que “sus consecuencias son equiparables a crímenes de lesa humanidad”, al afectar servicios básicos como salud, educación y seguridad.
El proyecto que se encuentra en su primer trámite constitucional plantea la modificación de varios artículos del Código Penal, que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, lesión de confianza y otros delitos conexos.
El proyecto también incorpora medidas como el comiso especial de bienes obtenidos ilegítimamente y prohibiciones posteriores al ejercicio del cargo, estableciendo multas de mil días para funcionarios que se vinculen laboralmente con empresas beneficiadas por contratos administrativos dentro del año siguiente a su celebración. La iniciativa busca reforzar “la confianza de la ciudadanía y de la opinión pública en las Instituciones Republicanas”, según expresó el diputado en su fundamentación.
Principales modificaciones
Lesión de confianza (Art. 192)
Pena actual: Hasta 5 años o multa
Pena propuesta: hasta 25 años para funcionarios públicos (casos graves).
Exacción (Art. 312)
Pena actual: 10 años o con multa
Pena propuesta: 10 a 20 años
El artículo 2 del proyecto de ley presentado también establece modificaciones al Código penal en los artículos 239, 298, 300, 301, 302, 303 y 305, que quedan redactados de la siguiente manera:
Asociación criminal (Art. 239)
Pena actual: Hasta 5 años
Pena propuesta: 10 a 15 años para funcionarios públicos
Quebrantamiento del depósito (Art. 298)
Pena actual: Hasta 2 años o multa
Pena propuesta: 10 a 15 años para funcionarios públicos
Cohecho pasivo (Art. 300)
Pena actual: Hasta 3 años o multa para funcionarios / hasta 5 años o multa para jueces
Pena propuesta: 5 a 8 años para funcionarios / 5 a 10 años para jueces
Cohecho pasivo agravado (Art. 301)
Pena actual: Hasta 5 años para funcionarios / hasta 10 años para jueces
Pena propuesta: 5 a 10 años para funcionarios / 10 a 15 años para jueces
Prevaricato (Art. 305)
Pena actual: 2 a 5 años
Pena propuesta: 5 a 8 años (hasta 15 años en casos graves)
En el artículo 3 del proyecto presentado, se propone la modificación de los artículos 3, 4, 6, 7 y 8 de la ley n.º 2523/04, “Que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencias”, que quedan redactados de la siguiente manera:
Enriquecimiento ilícito (Art. 3)
Pena actual: 1 a 10 años
Pena propuesta: 10 a 15 años
Tráfico de influencias (Art. 7)
Pena actual: hasta 3 años
Pena propuesta: 10 años (15 años si la influencia es ejercida ante magistrados o fiscales / 20 años si el autor es funcionario público).
Administración en provecho propio (Art. 8)
Pena actual: hasta 10 años
Pena propuesta: 15 a 25 años.
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Innovadores públicos: la oportunidad de aprender haciendo
Silvia Morimoto
Silvia Morimoto
Representante Residente del PNUD
La innovación pública plantea desafíos significativos y requiere el compromiso de todos los sectores. En ese contexto, desde el Laboratorio de Aceleración del PNUD, en conjunto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), impulsamos el Programa Innovadores públicos, buscando contribuir a una gestión pública más eficiente y centrada en las personas.
Desde sus inicios en el 2022, esta iniciativa tiene el propósito de generar una red de profesionales del sector público capacitados en metodologías y herramientas de innovación, que puedan identificar desafíos, diseñar y prototipar soluciones orientadas a optimizar el funcionamiento institucional, mejorando la experiencia de las personas usuarias y evolucionando hacia la prestación de servicios de mayor calidad.
Los resultados logrados en el programa son bastante alentadores: 200 funcionarios públicos, de 30 diferentes instituciones, implementaron 17 proyectos piloto pensados para brindar mejores servicios a la ciudadanía.
Entre ellos, podemos citar dos soluciones ganadoras de ediciones anteriores, como el Registro Único del Trabajador (RUT), una plataforma digital que permite a trabajadores del sector privado cargar su historial laboral y acceder a información oficial vinculada a distintas instituciones públicas y Kuña Arandu, un repositorio que brinda información para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
“Esto muestra otra realidad. Demuestra que hay calidad, que hay una innovación, algo que impacta, que logra nuevas cosas. Creo que eso es importante para la gente y para las instituciones”, Rubén González, funcionario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
El 22 de mayo de 2025 lanzamos la cuarta edición del programa, comprometiendo la participación de 40 servidores públicos, quienes participarán durante 8 semanas de espacios de capacitación y práctica con mentores expertos sobre metodologías y herramientas de innovación pública.
El estudio “Habilidades de Innovación en el Sector Público de Paraguay”, realizado en 2020 por la organización The GovLab, el BID y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), mostró que los servidores públicos en Paraguay tienen un conocimiento parcial de las habilidades de innovación y que la implementación de estas es limitada.
En ese sentido, este programa busca generar capacidad instalada dentro de las instituciones, ofreciendo a servidores públicos la oportunidad de “aprender haciendo” herramientas y metodologías para el diseño y gestión de políticas públicas centradas en el usuario.
El programa Innovadores Públicos se considera un caso de éxito en la región y fue premiado durante la Semana Iberoamericana de la Innovación Pública, en el marco de la XXVIII Cumbre Iberoamericana realizada en República Dominicana.
Desde el PNUD, estamos convencidos de que el sector público tiene un gran potencial para innovar y seguir generando impactos significativos.
Para más información sobre el programa, contáctenos al +595 992 443 874 o visite nuestra web en www.undp.org/es/paraguay.
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El 23 de julio arranca pago de salarios y beneficios sociales
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que a través del Tesoro Público, este miércoles 23 arranca el cronograma de pagos de salarios y beneficios sociales correspondiente al mes de julio, el cual finalizará el jueves 31.
El primer desembolso, este miércoles, corresponde a los beneficiarios del programa Adultos Mayores, veteranos y pensionados, según el calendario establecido. Posteriormente, el jueves 24 de julio se procederá con los pagos a los jubilados de la Caja Fiscal.
El viernes 25 de julio los desembolsos serán para salarios de los funcionarios administrativos y el personal del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS). El lunes 28 percibirán sus salarios las fuerzas públicas, Poder Judicial y gobernaciones, mientras que el martes 29 los funcionarios del Ministerio de Educación y de las universidades nacionales. Finalmente, el miércoles 30 y jueves 31 de julio se abonarán los servicios personales pendientes.
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Desde la cartera económica explican que los pagos están sujetos a la presentación de las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) por parte de los Organismos y Entidades del Estado (OEE).
Con este cronograma de pagos, el Ministerio de Economía da continuidad al proceso de ejecución presupuestaria, asegurando el cumplimiento de los compromisos asumidos con los funcionarios públicos y sectores sociales protegidos.
El Tesoro Público moviliza importantes recursos durante esta etapa del mes, lo que representa un flujo clave para la estabilidad financiera del aparato estatal. Estos desembolsos tienen un impacto directo en la economía, especialmente en un contexto en el que el consumo interno sigue siendo uno de los motores del crecimiento.
En total, más de 400.000 personas se verán beneficiadas entre funcionarios activos, jubilados, pensionados y beneficiarios de programas sociales. Así también, el cumplimiento del calendario también contribuye a sostener la confianza de los agentes económicos en la gestión fiscal.
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