El viceministro de Economía, Iván Haas, mencionó que desde el Ministerio de Hacienda están trabajando en un proyecto de ley de emergencia para oxigenar el déficit de la caja fiscal para luego seguir con el análisis de su reforma.
“La caja fiscal administra los aportes de los funcionarios públicos, y hay varios sectores que son deficitarios que se nutren de un ahorro de la caja fiscal y de los impuestos, y es por eso que estamos trabajando en un proyecto de ley de emergencia que permitirá oxigenar ese déficit”, expresó Haas en el marco del diálogo virtual Plaza Pública organizado por Dende (Desarrollo en Democracia), denominado ¿Hacia dónde van las cajas jubilatorias de nuestro país?, ocasión en la que se analizó sobre la difícil situación y el futuro de las mismas.
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Sistema de jubilaciones
Sobre el punto, el viceministro de Economía explicó que el principal problema es la edad jubilatoria, por lo que es necesario reconfortar el sistema de las cajas jubilatorias, de modo de encontrar un mecanismo que sea válido y eficiente para todos.
En ese sentido, señaló que otra de las propuestas es la creación de la superintendencia de pensiones y jubilaciones, con funciones acortadas y precisas. “Con el paso del tiempo podemos ir creándole más funciones”, agregó
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Así también, Haas remarcó que se debe mantener el sistema de reparto de la caja fiscal, pero de manera más equitativa, por lo que es necesaria la ley de emergencia, ya que se deben frenar los regímenes individuales y hacer una reforma de fondo, subrayó el viceministro.
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Caja Fiscal: MEF ratifica análisis técnico de cada cambio antes del debate en el Senado
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reiteró que continuará evaluando técnicamente cada propuesta de modificación al proyecto de reforma de la Caja Fiscal, con énfasis en los impactos actuariales y en la sostenibilidad del sistema previsional. Los resultados de estos análisis servirán para la toma de decisiones en la Cámara de Senadores, que tratará la iniciativa el próximo 25 de marzo.
Actualmente, el MEF, la Cámara Alta y los sectores involucrados integran mesas de trabajo donde se estudian distintas alternativas de ajuste al texto que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
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La gerente de Desarrollo Económico del MEF, Liz Coronel, explicó en entrevista con ABC TV que la institución mantendrá la misma línea aplicada durante el tratamiento en Diputados.
“Así como lo hicimos en Diputados, donde a partir de planteamientos y reclamos de distintos sectores se propusieron modificaciones respecto a la edad mínima para el acceso a la jubilación, realizamos los cálculos y evaluaciones actuariales correspondientes para estimar sus efectos. En esa misma línea seguiremos analizando técnicamente cada propuesta que se presente en adelante”, afirmó.
La versión aprobada por Diputados redujo la edad mínima de jubilación de 57 a 55 años. Sin embargo, Coronel aclaró que esa modificación obligó a introducir ajustes en otros parámetros del sistema para mantener la coherencia técnica del esquema previsional.
Entre los cambios se incluyó la reducción de la tasa de sustitución, es decir, el porcentaje del salario que se percibe como jubilación, con el objetivo de que el impacto fiscal global se mantenga alineado con lo proyectado originalmente.
“Incluso, con el proyecto del Poder Ejecutivo se podía alcanzar una tasa de sustitución del 100 %. En la versión de Diputados, el tope es del 85 %. Estos ajustes permiten que el efecto global sea similar al planteado inicialmente”, puntualizó.
Cinco variables para el equilibrio
Desde el MEF subrayan que el análisis técnico se sustenta en cinco parámetros que deben evaluarse de manera integral: edad mínima de jubilación, años de servici, tasa de sustitución, tasa de aporte y la base de cálculo
“Si se modifica uno de estos parámetros, necesariamente deben ajustarse los demás para mantener la coherencia entre los componentes”, explicó Coronel.
La meta central de la propuesta impulsada por el Poder Ejecutivo es reducir el déficit de la Caja Fiscal en torno al 60 % en los próximos años. Según la funcionaria, ese objetivo se mantiene en términos de impacto global en la versión con media sanción.
En ese contexto, el Ejecutivo insiste en que el debate debe sostenerse sobre datos técnicos y escenarios proyectados. Cada ajuste, advierte, tiene efectos concretos en la sostenibilidad del sistema y en el equilibrio de las finanzas públicas, por lo que el desafío en el Senado será encontrar un punto de convergencia entre las demandas sectoriales y la viabilidad fiscal de largo plazo.
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Caja Fiscal: MEF advierte impacto financiero ante propuesta de docentes de la UNA
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), presentó los resultados técnicos de una simulación actuarial sobre la propuesta de jubilación planteada por docentes de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), advirtiendo que la reducción de la edad mínima de retiro y los parámetros sugeridos podrían generar un impacto financiero significativo en la sostenibilidad de la Caja Fiscal.
Según el análisis oficial, la propuesta de los docentes universitarios plantea una tabla de sustitución que inicia a los 55 años, dos años antes que el esquema vigente, con tasas que oscilan entre el 78 % y el 100 % del salario, dependiendo de los años de aporte. Los técnicos señalaron que esta reducción implica simultáneamente menos años de contribución al sistema y un mayor período de percepción del beneficio, lo que eleva el costo actuarial del régimen.
En ese sentido, explicaron que cualquier disminución en la edad de jubilación requiere ajustes compensatorios, como elevar los años mínimos de aporte de 25 a 30 años o aplicar tasas de sustitución graduales más moderadas para preservar el equilibrio financiero.
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Otro punto clave del informe fue la relación entre aportantes activos y beneficiarios. Actualmente, en el sector de docentes universitarios existen aproximadamente 6,4 cotizantes por cada jubilado, cifra considerada insuficiente para sostener el nivel de beneficios vigente. El MEF indicó que, dado que la tasa de sustitución efectiva ronda el 139 % del salario promedio cotizado, se necesitan al menos 8,7 aportantes por beneficiario para financiar adecuadamente esas prestaciones.
Los técnicos también aclararon que, aunque los parámetros propuestos por docentes universitarios muestran resultados cercanos a los estimados en el proyecto de ley que cuenta con media sanción en Diputados, el mismo enfoque no sería favorable para el Magisterio Nacional. Esto se debe al historial de jubilaciones tempranas en ese sector, que prolonga el tiempo de percepción del beneficio y acentúa el desequilibrio financiero del sistema.
Desde el MEF subrayan además que las soluciones previsionales no pueden diseñarse de forma diferenciada por sector, ya que la Caja Fiscal funciona bajo un esquema solidario. En consecuencia, insistieron en la necesidad de reglas más uniformes que eviten ampliar las brechas entre afiliados y contribuyan a la sostenibilidad del sistema.
Durante la reunión también se destacó que varios aportes de los gremios docentes fueron incorporados al proyecto en debate, entre ellos la posibilidad de jubilación desde los 55 años bajo parámetros de sostenibilidad, el incremento gradual del aporte estatal hasta el 5 % y la definición explícita del sistema como un régimen solidario de reparto con capitalización colectiva.
En cuanto a la jubilación por invalidez, el equipo técnico precisó que el beneficio sigue plenamente vigente conforme a la Ley N.º 2345/2003 y sus modificatorias, que permite acceder a la pensión a aportantes menores de 62 años con al menos 10 años de servicio.
La exposición fue realizada este lunes por el equipo técnico del MEF en el edificio Ybaga, en Asunción, en el marco del debate sobre la reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del sector público. El encuentro estuvo encabezado por el viceministro de Economía y Planificación, Felipe González Soley, junto con autoridades del área económica, previsional y jurídica de la cartera.
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Caja Fiscal: qué es, por qué está en déficit y qué cambia con la reforma
- Por Sofía Céspedes
- sofia.cespedes@nacionmedia.com
La Caja Fiscal es el sistema que paga las jubilaciones y pensiones de los funcionarios públicos en Paraguay. Funciona bajo un esquema de reparto solidario; los aportes de los trabajadores activos financian los haberes de los jubilados actuales. El problema es que ese equilibrio dejó de existir hace años y hoy el sistema gasta mucho más de lo que recauda.
De acuerdo a un análisis del sistema previsional realizado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con corte al cierre de 2023, la Caja contaba con 232.631 aportantes activos y 74.339 jubilados y pensionados.
La relación es de 3,1 activos por cada pasivo, cuando los estudios actuariales indican que se necesitan al menos cinco aportantes para financiar de forma sostenible un beneficio jubilatorio. Esa brecha explica el déficit creciente que hoy amenaza las finanzas públicas.
Cajas
El sistema está compuesto por varios regímenes con reglas distintas. Se divide en dos grandes programas:
- Programa Civil: Administración Pública, Magisterio Nacional, Docentes Universitarios, Magistrados Judiciales y otros sectores.
- Programa No Civil: Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
Esta fragmentación normativa es uno de los principales problemas del sistema, ya que conviven sectores con edades de jubilación, años de aporte y beneficios muy dispares dentro de una misma caja.
Los números muestran que el déficit no es generalizado, sino concentrado en sectores específicos. En 2025, la Caja Fiscal registró ingresos por G. 3,31 billones y gastos por G. 5,87 billones, con un déficit total de G. 2,56 billones (USD 380 millones), equivalente a un desbalance del 44 %.
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El único sector con superávit operativo es el de los empleados públicos, cuyos excedentes se utilizan para financiar los desajustes del resto del Programa Civil. En contraste, los mayores déficits se registran en:
- Magisterio Nacional, que explica cerca de la mitad del rojo total.
- Policía Nacional, con un déficit cercano al 60 %.
- Fuerzas Armadas, con un déficit superior al 75 %.
Estos sectores, además, concentran una gran cantidad de jubilados. El Magisterio Nacional reúne casi el 50 % de los beneficiarios, mientras que Policías y Militares no cuentan con fondos acumulados y dependen directamente del Presupuesto General de la Nación (PGN).
Problema de fondo
La gerente de Desarrollo Económico, Liz Coronel, explicó a La Nación/Nación Media que uno de los factores que más incide en el deterioro del sistema es la ausencia de una edad mínima de jubilación en varios regímenes, lo que habilitó retiros a edades muy bajas y un pago prolongado de beneficios.
“En el sector docente, por ejemplo, el 71 % de los nuevos jubilados se retiró con menos de 55 años, e incluso se registraron casos de personas que accedieron a la jubilación con 40 o 41 años, una situación que incrementa de forma significativa el gasto previsional a lo largo del tiempo”, precisó.
Coronel reiteró que uno de los factores que más incide en el desequilibrio es la jubilación a edades tempranas. En varios regímenes no existía una edad mínima obligatoria, lo que permitió retiros a los 40 o 50 años y extendió el pago de beneficios durante décadas.
A esto se suman beneficios que no cuentan con respaldo contributivo, como el reconocimiento de años por hijos, y esquemas de cálculo que toman el último salario, elevando artificialmente los haberes.
Impacto
Según las estimaciones oficiales citadas por Coronel, si no se aprueban reformas, el déficit promedio de la Caja Fiscal para los próximos cinco años rondaría los USD 790 millones anuales.
En cambio, la incorporación de una edad mínima de jubilación de 57 años para los sectores que hoy no la tienen permitiría reducir ese déficit aproximadamente a la mitad. Sin cambios, advirtió, el rojo anual podría ubicarse en torno a USD 700 millones por año, lo que implicaría una presión creciente sobre el presupuesto público.
Reforma
El proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo introduce cambios paramétricos para frenar el deterioro del sistema. Entre los puntos centrales se destacan: una edad mínima de jubilación, que fija un piso de 57 años para sectores que no lo tenían.
El aumento de aportes al 22 %, distribuidos entre trabajador y Estado. El nuevo cálculo del haber jubilatorio y el ajuste de tasas de sustitución: los haberes se ubican entre el 60 % y el 85 %, según edad y años de aporte.
Los estudios actuariales del Ministerio de Economía estiman que estas medidas reducen el déficit actuarial en más del 60 % y permiten postergar el agotamiento de los recursos del Programa Civil hasta 2032.
Cambios
Esta semana, la Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto, incorporando modificaciones relevantes. Entre ellas, se establece que el aporte del Estado será del 5 % y se aplicará de forma gradual (el proyecto del Ejecutivo prevé un aporte del 3 %), mientras que el aporte del afiliado será del 16 % para sectores superavitarios y del 19% para sectores deficitarios.
Para el Magisterio Nacional, Docentes Universitarios y Magistrados Judiciales, la jubilación ordinaria quedaría fijada en 57 años de edad y 25 años de aporte, con tasas de sustitución de entre 60 % y 85 %. En el caso de la jubilación extraordinaria, la edad mínima será de 55 años, con 30 años de aporte, y el haber se calculará sobre el promedio salarial de los últimos 10 años.
En el sector de Fuerzas Públicas, se establece una edad mínima de 57 años, con 25 años de aporte, y un cálculo del haber basado en el promedio de los últimos cinco años, eliminando la equiparación automática con los salarios de los activos.
Macroeconomía
El analista económico, Víctor Pavón, habló con La Nación y mencionó que el tamaño actual del Estado y el nivel de déficit de los regímenes previsionales constituyen riesgos serios para la sostenibilidad fiscal del país y la preservación del grado de inversión.
Sostuvo que el Estado debe revisar su estructura, ya que existe un sobredimensionamiento del personal público en varios sectores, con más funcionarios de los necesarios para prestar servicios básicos.
Sugirió que, si el Congreso no aprueba los cambios propuestos, Paraguay podría enfrentar una situación “muy peligrosa” desde el punto de vista económico. “Este desequilibrio no es solo un problema previsional, es un riesgo para toda la economía”, concluyó.
Sin reformas, el déficit anual de la Caja Fiscal podría superar los USD 700 millones en los próximos cinco años, compitiendo directamente con recursos destinados a salud, educación, inversión pública y programas sociales.
Como advirtieron expertos, el desequilibrio previsional ya no es solo un problema de jubilaciones sino un riesgo para la sostenibilidad fiscal y la estabilidad económica del país.
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Exviceministro de Hacienda señala que la Caja Fiscal requiere una reforma más profunda
El exviceministro de Hacienda Manuel Alarcón, en conversación con La Nación/Nación Media sostuvo que el proyecto recientemente aprobado sobre la Caja Fiscal constituyen solo ajustes, señalando que las modificaciones avanzan en la dirección correcta pero resultan insuficientes para resolver los problemas estructurales del sistema jubilatorio estatal.
Alarcón, consideró que la iniciativa representa una oportunidad parcialmente aprovechada para introducir cambios más profundos en un sistema previsional que, según afirmó, arrastra desequilibrios desde hace años.
El economista explicó que los ajustes podrían generar recursos adicionales, aunque insuficientes para cubrir el déficit, lo que implicará que el financiamiento continúe dependiendo de los impuestos de toda la ciudadanía.
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Asimismo, señaló que los nuevos parámetros relacionados con edad de jubilación, niveles de aporte y tasa de sustitución se encaminan en la dirección correcta, pero consideró necesario revisar los beneficios diferenciados que aún mantienen algunos colectivos, como integrantes de la fuerza pública y personal de salud. A su criterio, quienes accedan a la jubilación antes de los 57 años deberían percibir una tasa de reemplazo considerablemente menor en torno al 30 % o 35 % para evitar incentivos a retirarse en edades todavía productivas.
Finalmente, Alarcón insistió en que ni el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo ni la versión aprobada en Diputados pueden considerarse una reforma integral, sino ajustes a un sistema que calificó como “colapsado”.
En su opinión, el debate previsional deberá retomarse más adelante, probablemente bajo otra administración, ya que el problema estructural sigue pendiente de solución.
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