La Contraloría General de la República (CGR) concluyó la auditoría documental del proceso licitatorio que realizó el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para la construcción de la polémica y millonaria “pasarela de ñandutí”, y efectivamente desnudaron varias irregularidades como la aplicación del precio referencial y el direccionamiento de la adjudicación. Así lo mencionó Camilo Benítez, contralor general de la República, a través de GEN.

“Nosotros hicimos una auditoría documental sobre el proceso licitatorio, esa auditoría concluyó, fue una fiscalización breve en la que se encontraron varias irregularidades, entre ellas la aplicación del precio referencial que había sido cuestionado y ahí hubo un direccionamiento para que gane una sola empresa por unos requisitos técnicos que solamente habilitaba esta empresa que finalmente fue adjudicada”, explicó Benítez al ser consultado sobre si se detectaron irregularidades y cuál es el próximo paso luego de la auditoría.

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La millonaria pasarela cultural estuvo a cargo de la empresa Engineering SA, tuvo un costo de US$ 2 millones, que sería un total de G. 14.000 millones, y fue muy cuestionada por la millonaria suma destinada para su construcción en plena crisis económica y sanitaria por el COVID-19. Ante el malestar, el Congreso Nacional ordenó una auditoría especial al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

En este sentido, la CGR se encuentra desarrollando una auditoría financiera y de obras al MOPC debido a la dudosa licitación y adjudicación. La misma sigue en curso y el documento concluyente se tendría antes de agosto.

“Después de la denuncia del Centro Metalúrgico del Paraguay, ese dictamen ya se encuentra en manos del Ministerio Público y hay una causa penal abierta en el marco de ese proceso licitatorio. Por otro lado, dentro de la auditoría financiera y de obras que estamos haciendo al MOPC se ha elegido esa obra para hacer una fiscalización del precio, ese es otro trabajo que lleva más tiempo por ser un poco más complejo”, explicó Benítez.

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En la fiscalización del precio, los técnicos de la Contraloría deberán establecer a su criterio cuánto cuesta realmente la obra y allí constatar que hubo o no sobrecostos. El resultado de esta fiscalización será adjuntado a un dictamen que se presentará en agosto y se prevé su conclusión para mediados de julio.

“Nosotros ya concluimos nuestro dictamen, ya está remitido en todas las instancias, pero está pendiente la auditoría financiera y de obras porque en su momento vimos conveniente hacer una fiscalización más breve para que pueda corregirse sobre la marcha, por eso hicimos primero la auditoría al proceso licitatorio, pero ahora estamos controlando el precio de la obra”, señaló Benítez.

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