El presidente de la República, Santiago Peña, explicó este viernes que la decisión de no abrir el ingreso de nuevos policías para el año 2027 se da en el marco de una estrategia política que tiene que ver con mejorar la infraestructura. Sin embargo, ante los reclamos de los interesados en ingresar, señaló que no se descarta volver a evaluar esta decisión.

“Nosotros no descartamos absolutamente nada. Estamos evaluando constantemente, pero necesitamos que los medios de comunicación les transmitan a la ciudadanía que la inversión que se ha hecho en personal humano y equipamientos, y todavía lo que nos está llevando que es toda la infraestructura, son 700 comisarías que tenemos que arreglar”, respondió a los medios de prensa.

Peña destacó que este año ya se logrará el aumento de las filas con 15.000 policías en tres años, un número que superó ampliamente las expectativas, y que el objetivo en este momento es seguir capacitando al personal y fortalecer la infraestructura de las comisarías. El mandatario participó de la apertura de la LV Reunión de Ministros del Interior y de Seguridad del Mercosur y Estados Asociados (RMIS) y de la LXIII Reunión de Ministros de Justicia (RMJ), en el Hotel Crowne Plaza Asunción.

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“Nosotros hemos tomado la decisión, y esto lo hemos hablado con el ministro del Interior (Enrique Riera), que capaz que este es el momento de parar la pelota, ya hemos ingresado 10.000, hay 5.000 que hoy se están formando que salen en diciembre. Esto también ha sido un cuestionamiento enorme, los famosos policías exprés, y nosotros dijimos que se están formando con la misma rigurosidad que aquellos que se estaban formando en dos años”, apuntó.

El jefe de Estado recordó que, con la dotación de más policías, se implementó una gran inversión en elementos de seguridad. “Fue un avance tremendo, por muchos cuestionado, pero fue un avance tremendo, la implementación de una nueva ley de la Policía Nacional, la inversión de motos para el grupo Lince, las 300 patrulleras y todo lo que es el mecanismo de comunicaciones, las herramientas de comunicación, los chalecos, todo lo que es hoy el centro de monitoreo, la implementación de la tobillera (electrónica)”,afirmó.

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Aumenta la tensión en las protestas contra el Gobierno de Bolivia que arrinconan al presidente.

• AFP.

Policías antimotines se enfrentan este jueves con gases lacrimó­genos a manifestantes que intentan avanzar hacia el centro de la capital política de Bolivia, en una masiva marcha para exigir la renun­cia del presidente centrode­rechista Rodrigo Paz, cons­tataron periodistas de AFP.

Entre una densa humareda de gases, los manifestantes lanzan piedras a las fuer­zas del orden y hacen explo­tar cartuchos de dinamita de bajo poder usados en minería. Paz, con apenas seis meses en el poder, está arrinconado por una ola de protestas pese a sus llama­dos al diálogo y anuncios de que escuchará a los sectores sociales, que reclaman una salida a la peor crisis econó­mica del país andino en cua­renta años.

“¡Que renuncie, carajo!”, grita la muchedumbre de campesinos, obreros, mine­ros, transportistas y maes­tros que paralizan las calles de La Paz, sede de gobierno, aislada desde hace tres semanas por bloqueos de carreteras que han provo­cado escasez de alimentos, combustibles y medicinas.

Ataviados con cascos o ponchos, los manifestan­tes, muchos de los cuales ondean banderas indígenas, han intentado avanzar entre gritos y el ruido de petardos. Periodistas de la AFP vieron al menos tres detenidos.

“Seis meses de gobierno y no ha podido solucionar lo básico, los precios de la canasta familiar. Tenemos que elegir entre comprar carne o comprar leche”, dice en la marcha Melina Apaza, de 50 años, de la región minera de Oruro (sur).

Los accesos a la plaza de Armas, frente al palacio de gobierno, están resguar­dados con rejas y vigila­dos por cientos de policías antimotines. Muchos nego­cios cerraron sus puertas y los vendedores ambulan­tes recogieron su mercade­ría por temor a saqueos. Un grupo de vecinos de El Alto, próxima a La Paz, bloqueó los accesos al aeropuerto, el principal del occidente boliviano.

Los reclamos iniciales de aumentos salariales, com­bustibles de calidad y la esta­bilización de la economía –la inflación interanual fue del 14 % en abril– se radicalizaron en los últimos días. Ahora los manifestantes piden la salida del mandatario, que puso fin a 20 años de gobiernos socialis­tas liderados por Evo Mora­les (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

La policía y el ejército de Bolivia se enfrentan este sábado con manifestantes que bloquean desde hace más de dos semanas las carreteras de acceso a La Paz en protesta contra el gobierno, con un saldo preliminar de 57 detenidos según la Defensoría del Pueblo.

Los efectivos del orden intentan dispersar con gases lacrimógenos a los manifestantes, que han cerrado casi todos los accesos a la ciudad e impiden el paso de cargamentos de alimentos e insumos médicos.

Desde inicios de mayo, obreros, campesinos, maestros de escuela, indígenas y transportistas exigen aumentos salariales, estabilización de la economía, la no privatización de empresas e incluso la renuncia del presidente centroderechista Rodrigo Paz.

El operativo, que despliega a unos 3.500 uniformados según medios locales, comenzó este sábado a las 02:00 en La Paz, en la vecina El Alto y en la carretera La Paz-Oruro (sur), donde el ejército informó que liberó un sentido de la vía.

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“El monitoreo de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo reporta un total de 57 personas entre aprehendidas, detenidas y arrestadas”, señaló la institución en un balance de mitad de jornada.

El vocero de la oficina presidencial, José Luis Gálvez, dijo en conferencia de prensa que el operativo es “un esfuerzo específico (...) para establecer un corredor humanitario ante una serie de bloqueos que impedían transitar” para abastecer a La Paz con alimentos, oxígeno para los hospitales y medicamentos.

Según el gobierno, tres personas murieron en los últimos días debido a que no pudieron ser trasladadas a hospitales por las tomas de vías.

Durante el operativo “se ha logrado (...) habilitar varios puntos que estaban bloqueados” y “otros han sido retomados” por los manifestantes, dijo Gálvez.

Víctor Valderrama, jefe de las Fuerzas Armadas, aseguró a la prensa que durante el operativo no se han usado armas letales.

Con casi todos las rutas de acceso cerradas, en los mercados de La Paz, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, los precios de varios alimentos perecibles se dispararon.

La estatal Administradora Boliviana de Carreteras reporta este sábado al menos 22 puntos de bloqueo en las vías del país, la mayoría en el departamento de La Paz.

El gobierno ha desplegado un “puente aéreo” desde el domingo 10 para sortear los bloqueos y llevar carnes y vegetales a la ciudad.

Argentina apoyará este esfuerzo, común en Bolivia para capear este tipo de medidas presión, con dos aviones militares Hércules, informó el gobierno.

En una declaración conjunta emitida este viernes, los gobiernos de Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Costa Rica, Paraguay, Panamá y Honduras manifestaron su preocupación por la “situación humanitaria” del país.

“Rechazamos toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático” y “exhortamos a todos los actores políticos y sociales a canalizar sus diferencias privilegiando el diálogo, el respeto a las instituciones y la preservación de la paz social”, dijeron en un comunicado.

En medio de la convulsión, el gobierno de Paz se reúne este sábado con la Central Obrera Boliviana (COB), el sindicato más grande del país, para negociar una salida a la crisis y “pacificar el país”.

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El jueves este sindicato había anunciado que sus reclamos no habían sido atendidos y que exigían la dimisión del mandatario.

Fuente: AFP

El presidente del Instituto de Previsión Social, Isaías Fretes, habló del déficit mensual estimado en la previsional y mencionó que la institución registra un déficit mensual que oscila entre los 20 y 23 millones de dólares.

“Esta institución tiene un déficit de 23 millones de dólares al mes. Yo sé que la gente es muy ansiosa, que quiere todos los cambios inmediatamente, pero resulta que hace tres semanas que estoy en la institución y sin plata”, puntualizó el doctor Fretes en la 1020.

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Además, anunció la salida de casi 900 ítems innecesarios de la lista de medicamentos tras la revisión del vademécum utilizado por la institución. “988 productos van a salir del listado. Eso significa un ahorro enorme”, subrayó.

En en ese sentido, se realizó un taller clave para la revisión del vademécum y los insumos médicos del IPS con la participación de directores, jefes de servicio y profesionales de salud.

El objetivo es actualizar medicamentos y dispositivos que se utilizan dentro de la institución, adoptándolos a los tiempos actuales y mejorando la gestión.

Este proceso busca fortalecer a la previsional en un contexto financiero complejo, optimizando recursos sin afectar la atención a los asegurados, indicó el doctor Fretes.

Además, destacó que la actualización permitirá dar mayor protagonismo a los profesionales de salud en la toma de decisiones y avanzar hacia un sistema más eficiente.

“Fue una actividad muy linda donde se les puso a todos los que mueven el Instituto de Previsión Social a nivel país para que se sientan partícipes y para ver como está la institución en la que están trabajando”, indicó Fretes.

Por otro lado, denunció un grave estado de abandono en la lavandería central del IPS y equipos aveirados como una plancha industrial y dos lavadoras.

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