• Por el Dr. Juan Carlos Zárate Lázaro
• MBA
• jzaratelazaro@gmail.com

Uno de los miembros del Consejo de Administración había señalado que el IPS contaba con más de 900 inmuebles de su propiedad (estimamos que serían muchos más, dado que hay aún varios pendientes de regularización de protocolización de transferencia).

Una de las falencias apuntadas se refiere a que la institución cuenta con muchos inmuebles pendientes de actualización de tasación desde hace varios años.

Muchos de ellos valiosos, ubicados en sitios estratégicos de nuestra capital y principales ciudades del interior de nuestro país, precisando contar con una tasación actualizada a valores de mercado, pero que se los sigue posponiendo por falta de recursos económicos, según lo señalaron.

Varios inmuebles están ubicados en zonas top de nuestra capital, arrendados a precios por debajo de los niveles normales, pues al no disponer de valores actualizados no les permiten contar con sustentos técnicos para ajustarlos a precios reales de mercado, implicando pérdidas de oportunidad para obtener mayores niveles de ingresos.

El Consejo de Administración se constituye en la máxima autoridad institucional, teniendo bajo su responsabilidad la toma de las principales decisiones estratégicas para la buena marcha de la misma, siendo lo recomendable que tenga un trabajo participativo o en equipo, dejando de lado los compartimentos estancos para la consecución de buenos resultados.

Amerita que se enfoquen en ponerlos administrativamente en orden, ya que conforman uno de sus principales activos lo que les estaría permitiendo niveles de ingresos por rentas muy superiores en beneficio directo del fortalecimiento del Fondo de Reserva Técnica.

La desprolijidad en el manejo administrativo y financiero de administraciones que lo precedieron hicieron que varios inmuebles arrendados estén judicializados, otros con ocupaciones ilegales y los que poseen una buena infraestructura edilicia que potencian su valor de renta siguen redituando ingresos irrisorios por la ausencia de mecanismos de control y seguimiento, al no contar muchos de ellos con valores actuales de mercado.

La Superintendencia de Bancos del BCP exige a los bancos y financieras que actualicen como máximo cada 2/3 años los valores de inmuebles que poseen en garantía de préstamos otorgados, razonable y que esperemos que con la promulgada Ley de Jubilaciones y Pensiones el IPS pueda manejarse en función a coordenadas definidas, adquiriendo mayor relevancia aquellos inmuebles con ubicaciones privilegiadas, que les permitan percibir rentas mensuales por alquiler a precios justos, hoy esquivos debido a los factores mencionados, en un momento difícil en que la institución sigue atravesando por uno de los momentos financieros más complicados.

Sería bueno que pudieran contar a la brevedad posible con un informe pormenorizado acerca de la situación en que se encuentran dichos inmuebles, sobre todo los arrendados, que permitan una revisión integral de los contratos de alquiler, incluyendo plazos de concesión, precios del arrendamiento, cláusulas de variación de precios de la renta, entre otros, además de una “radiografía” detallada sobre la situación legal en que se encuentran cada una.

El Departamento de Inversiones debe visualizar todos los inmuebles que conforman el portafolio de activos fijos del IPS que permita realizar un análisis pormenorizado vs. otros inmuebles de iguales o similares características en las zonas en que están situadas, contando con una tasación actualizada para una buena administración financiera.

Una institución del tamaño y complejidad del IPS debe contar con una mejor estructura de control, puesto que varios inmuebles si bien son de su propiedad están aún pendientes de inscripción a su nombre en los registros públicos, según lo había señalado uno de sus consejeros.

Se dan también casos de inmuebles que fueron transferidos a la entidad por instituciones financieras en dación de pago, que habían quebrado durante la crisis financiera de 1995, referido a depósito de certificados de ahorro a plazo fijo colocados y no recuperados.

Los inmuebles de renta son relevantes, dado que se constituyen en una de las principales fuentes de ingreso de la institución.

La Dirección Nacional de Correos del Paraguay (Dinacopa) contribuye a la bancarización de comunidades alejadas, específicamente al segmento más vulnerable que se encuentra beneficiado con el programa social Tekoporã Mbarete.

Concretamente, el correo paraguayo actúa de nexo para la entrega de tarjetas de cuentas bancarias del Banco Nacional de Fomento (BNF) a los participantes del citado programa, llegando hasta 9 departamentos del país.

Tras las últimas jornadas, se realizó la entrega de los plásticos a 6.840 participantes del Tekoporã Mbarete, que es implementado por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), orientado a la protección y promoción de las familias en situación de pobreza y vulnerabilidad.

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Las personas asistidas con la distribución de los plásticos corresponden a comunidades de los departamentos de Concepción, San Pedro, Caaguazú, Caazapá, Paraguarí, Alto Paraná, Ñeembucú, Boquerón y Canindeyú.

El programa contempla dos componentes, por un lado, el acompañamiento socio familiar y comunitario, y por otro lado, el incentivo económico que los beneficiarios reciben para facilitar el ejercicio de sus derechos, principalmente a la salud, educación y alimentación.

De esta manera, con los servicios postales con que cuenta el Correo Paraguayo, llegando a comunidades vulnerables, se puede garantizar que los compatriotas cuenten con sus tarjetas, que son una herramienta que permite realizar transacciones financieras posteriores en los diferentes puntos del país.

Asimismo, la Dinacopa fortalece su política de estar cerca de la comunidad a más de consolidar su rol social de servicio a la ciudadanía en todo el territorio nacional, según indicaron desde la institución.

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El gobierno de Santiago Peña, mediante el Consejo Nacional de Alimentación Escolar (Conae), prevé implementar desde el mes de agosto la Ley Hambre Cero en las Escuelas tras concretarse este último miércoles su reglamentación. Inicialmente, la normativa solo establecía la cobertura previa en unos 22 distritos de 7 departamentos.

Luego de una nueva indicación del mandatario y tras un encuentro con gobernadores, se tomó la decisión de ampliar la lista de las zonas priorizadas, llegando a un total de 75 ciudades de todos los departamentos del país.

Las 75 localidades, incluyendo la capital del país, fueron seleccionadas conforme a los indicadores del mapa de pobreza del Instituto Nacional de Estadística (INE), según explicaron desde el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), institución que tendrá a cargo la aplicación de la ley.

La nómina inicial se encuentra conformada por las localidades de Yrybucuá, Capiibary, Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro; Tembiaporã, R.I. 3 Corrales, Yhu, departamento de Caaguazú; General Higinio Morínigo, San Juan Nepomuceno, Moisés Bertoni, departamento de Caazapá; Azotey, Sargento José Félix López, Loreto, departamento de Concepción.

Siguen las ciudades de Caapucú, Mbuyapey, Ybycuí, departamento de Paraguarí; Villa Ygatimi, Yasy Cañy, Ypejhú, departamento de Canindeyú; Dr. Bottrell, Félix Pérez Cardozo, Yataity, departamento de Guairá; Puerto Casado, Carmelo Peralta, Fuerte Olimpo y Bahía Negra, departamento de Alto Paraguay; Alto Verá, San Pedro del Paraná, Capitán Meza, departamento de Itapúa.

Asimismo serán beneficiados previamente los distritos de Isla Pucú, Mbocayaty del Yhaguy, Juan de Mena, departamento de Cordillera; Santa María, San Patricio, Ayolas, departamento de Misiones; Villa Oliva, Villa Franca, Alberdi, Pilar, departamento de Ñeembucú; Puerto Pinasco, General José María Bruguez, Tte. Esteban Martínez, José Falcón, Nanawa, Villa Hayes, Tte. 1.º Manuel Irala Fernández, Benjamín Aceval, departamento de Presidente Hayes.

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La lista sigue con las ciudades de San Antonio, Limpio, Luque, Guarambaré, Capiatá, San Lorenzo, Itá, Nueva Italia, Ñemby, Itauguá, Ypané, Villa Elisa, Mariano Roque Alonso, Villeta, Ypacaraí, J. Augusto Saldívar, Areguá, Lambaré, Fernando de la Mora, departamento Central; Capitán Bado, Zanja Pytã, Bella Vista, departamento de Amambay; Juan E. O’Leary, Itakyry, Ñacunday, departamento de Alto Paraná; Mariscal Estigarribia, Loma Plata y Filadelfia, departamento de Boquerón, y Asunción.

La financiación correrá por cuenta del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae) y los beneficiarios del programa serán los estudiantes matriculados en los niveles de Educación Inicial, Educación Escolar Básica y Educación Media en instituciones educativas del sector público o privado subvencionado.

La alimentación escolar podrá estar conformada de una ración y/o la combinación de: desayuno, almuerzo, merienda, colación y/o cena, conforme a parámetros establecidos en el decreto presidencial. Se deberá dar cobertura a todos los días del año lectivo, desde el primer hasta el último día de clases, definido por el calendario escolar, establecido por el MEC.

Por otra parte, la normativa ejecutiva también estipula que para ciertos casos en los que predomine la escasez de oferta local se dará autorización para la sustitución de los productos de origen nacional por productos importados.

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La Secretaría de Emer­gencia Nacional (SEN) identificó a Central, Ñeembucú y Misiones como departamentos más críticos que sufrieron el impacto del temporal, por lo que la ayuda estatal está siendo canalizada hacia estas zonas.

Uno de los distritos prioriza­dos es Limpio, donde numero­sas familias fueron desplaza­das de sus viviendas por culpa del desborde del arroyo Itay. “Nosotros desde ayer (miér­coles) estamos trabajando en la zona en coordinación con el intendente y ahora nos esta­mos yendo para asistirle a unas 52 familias que necesi­tan de colchones y frazadas primeramente en el barrio Nueva Esperanza”, señaló el ministro Arsenio Zárate.

En comunicación con el pro­grama “Dos en la ciudad”, del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, dijo que en la noche del miérco­les la SEN ya envió colchones y kit de víveres para las fami­lias que fueron albergadas en el quincho del municipio de Limpio. “También hicimos un relevamiento ayer en la ciu­dad de Luque, que también fue afectada por la gran can­tidad de lluvias caídas y que hizo que se inunden varios barrios”, indicó.

A su criterio los problemas surgen porque los ciudadanos escogen sitios no aptos para construir sus casas y son los primeros en ser alcanzados por los raudales. “La mayoría de nuestras poblaciones se ins­talan en los lugares bajos, que cuando llueve se junta agua. No respetamos prácticamente los cauces de agua y eso ocu­rre por una necesidad misma también de nuestra gente que se ubica en los lugares no reco­mendados para construir una vivienda”, remarcó.

El titular de la SEN consideró necesario realizar un trabajo coordinado con las municipa­lidades a fin de garantizar una asistencia oportuna a los afecta­dos. “En Villa Florida hablamos con el intendente y el problema principal es que nadie quiere abandonar su lugar habitual. Otra situación se daba también en Coronel Martínez, ahí estu­vimos recorriendo con el inten­dente y vimos cómo se colocan en la vera del río”, sostuvo.

Según los reportes tanto del Ministerio de Salud como la SEN, 2.204 familias fue­ron afectadas en el departa­mento de Ñeembucú, unas 35 familias proceden de Misiones y más de 50 fami­lias en Central.

El Gobierno nacional, a través de la SEN, lleva distribuidos 1.200.000 kilos de alimentos para familias afectadas por situacio­nes de emergencia derivadas de fenómenos climáticos.

“Desde el 15 de agosto hasta la fecha el Gobierno del Paraguay ya distribuyó 1.200 toneladas de víveres, es decir, 1.200.000 kilos de alimentos, a través de la Secretaría de Emergencia Nacio­nal”, reportó este jueves el ministro de la SEN, Arsenio Zárate, en comunicación con los medios del Estado.

Precisó que actualmente la asistencia se concentra en los depar­tamentos de Ñeembucú, Misiones y Central, principalmente.