La empresa nacional Fortaleza S.A. de Inmuebles, a finales del mes de abril, designó a los seis inversores que serán dueños de un departamento cada uno en el edificio de departamentos Fortaleza Boggiani. El proceso fue mediante sorteo y licitación, y contó con la presencia de un escribano público.
El mencionado edificio sigue su curso constructivo en una zona clave y con un importante desarrollo urbanístico y económico.
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Fueron beneficiados: Raquel Dentice de Scorza, José Eduardo Rojas Coppari, y Néstor Raúl Santacruz Corna. Además, y las licitaciones recayeron en: Grupo Asucor S.R.L, Joachim Werner Meinig y Carlos Alberto Centurión Valdez.
Asimismo, hace un par de semanas la empresa realizó la presentación del futuro edificio de departamentos denominado Fortaleza Molas López. El proyecto se ubica sobre el eje habitacional más cotizado y de altísimo atractivo y potencial que permite la construcción de edificios residenciales de gran envergadura.
En una superficie terreno de 1.640 m2, se construirá este edificio de 25.681 mts2 distribuidos en 28 niveles, con 4 ascensores sociales y un montacargas de servicio.
Contará con una planta baja con los accesos y el lobby que se plantea en la equina para reforzar la importancia de la misma que recibirá de manera imponente el acceso peatonal del edificio, con una calle interna que permitirá el ascenso y descenso de pasajeros, además de contar con estacionamiento de cortesía.
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Ypytá: jueza se constituirá en la universidad UASS, ligada a esposa de Rafaat y a otros inmuebles
La jueza de Paz de Pedro Juan Caballero, Ángela Agüero, fijó para el próximo 21 de octubre a partir de las 13:30, la constitución judicial en la Universidad Autónoma San Sebastián de la citada ciudad, institución ligada a Ángela Toumani, esposa del fallecido capo mafioso Jorge Rafaat Toumani. Igualmente, la magistrada realizará cinco constituciones más en dos inmuebles a las 14:00, 14:30, 15:00 y 15:30.
La diligencia judicial se llevará a cabo con el fin de dar cumplimiento a la orden del juez en lo Civil y Comercial de Asunción, Édgar Rivas, quien autorizó el procedimiento en el marco del juicio civil caratulado “Ypytá Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre convocatoria de acreedores”.
El objetivo de la constitución judicial en la mencionada universidad, así como en las otras fincas pertenecientes a la empresa Ypytá, es verificar el estado de los inmuebles, dejar constancia de sus ocupantes y labrar acta de todo lo actuado por la magistrada de Paz, quien posteriormente deberá informar al juez de Asunción, Rivas Laguardia.
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Acción en la Corte
Será la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia la que tendrá que definir si Ypytá recupera el valioso inmueble, el cual fue vendido de forma irregular por el condenado exsíndico de quiebras, Blas Velázquez. El inmueble fue adquirido en su momento por Ronaldo Braga Diniz, quien presumiblemente posee vínculos con Ángela Toumani.
Braga Diniz recurrió a la Sala Constitucional en un intento por dejar sin efecto la resolución del Tribunal de Apelación en lo Civil. Dicho tribunal había revocado el fallo de primera instancia que autorizaba la venta irregular, devolviendo la propiedad a Ypytá.
Ahora, los tres altos magistrados deberán resolver si ratifican la postura de la firma Ypytá S.A., tal como lo determinó de manera clara el fallo de segunda instancia.
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Ypyta: jueza debe fijar fecha para constituirse en la UASS y otros inmuebles en PJC
La jueza de Paz de Pedro Juan Caballero, Ángela Agüero, deberá fijar la fecha para constituirse en la Universidad Autónoma San Sebastián de la citada ciudad (ligada a Ángela Toumani, esposa del capo mafioso fallecido Jorge Rafaat Toumani). Esto, con el fin de dar cumplimiento a la orden del juez en lo civil y comercial de Asunción, Édgar Rivas, quien autorizó la realización de dicha diligencia judicial en el marco del juicio civil caratulado “Ypytá Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre convocatoria de acreedores”.
El objetivo de la constitución judicial en la mencionada universidad, así como en otras fincas pertenecientes a la empresa Ypytá, es verificar el estado de los inmuebles, dejar constancia de sus ocupantes y labrar acta de todo lo actuado por la jueza de Paz quien tendrá que informar de todo al juez de Asunción Rivas Laguardia.
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Acción en la Corte
Será la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia la que tendrá que definir si Ypytá recupera el valioso inmueble, el cual fue vendido de forma irregular por el condenado exsíndico de quiebras, Blas Velázquez.
El inmueble fue adquirido en su momento por Ronaldo Braga Diniz, quien presumiblemente posee vínculos con Ángela Toumani.
Braga Diniz recurrió a la sala constitucional en un intento por dejar sin efecto la resolución del Tribunal de Apelación en lo Civil.
Dicho tribunal había revocado el fallo de primera instancia que autorizaba la venta irregular, devolviendo la propiedad a Ypytá. Ahora, los tres altos magistrados deberán resolver si ratifican la postura de la firma Ypytá S.A., tal como lo determinó de manera clara el fallo de segunda instancia.
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Según Registro de Inmuebles, no hay documentos pendientes de expedición entre enero y julio de 2026
Un total de 232.886 documentos ingresaron a la Dirección de Registro de Inmuebles entre enero y julio de 2026, sin incluir aquellos que fueron objeto de reingreso, según un informe del Departamento de Inscripción y Publicidad de la Dirección General de Catastro y Registro de Inmuebles. La dependencia, que integra el Registro Unificado Nacional (RUN), reportó cero documentos pendientes de expedición correspondientes al periodo analizado.
La directora general de Catastro y Registro de Inmuebles, magíster Mercedes Vera, explicó durante una entrevista que el resultado comprende los documentos recibidos entre el 14 de enero y el 31 de julio de 2026. Entre ellos figuran escrituras públicas, solicitudes de inscripción y anotaciones provenientes de las distintas circunscripciones judiciales del país, así como medidas cautelares e informes catastro-registrales tramitados mediante procedimientos unificados.
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En cuanto a la modernización de los servicios, destacó la expedición de certificados en formatos físico y digital a través del SIGRE. Señaló que la incorporación de herramientas tecnológicas, la digitalización de los procesos y a mediano plazo el uso de la firma digital cualificada contribuyen a agilizar los trámites, reducir las gestiones manuales y facilitar la atención a los usuarios.
Asimismo, Vera resaltó la importancia de estos resultados para acompañar el desarrollo inmobiliario del país y fortalecer la capacidad de respuesta del RUN a las necesidades de los usuarios.
Actualmente, el Registro Unificado Nacional continúa con el procesamiento y la expedición de los documentos correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de 2026, como parte de las tareas orientadas a optimizar los procedimientos y brindar respuestas oportunas a la ciudadanía.
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Civis, previsibilidad a largo plazo
Por: Antonella Mateu
Propiedad privada, reglas claras y libertad cambiaria forman parte del atractivo de Paraguay, pero cuando el capital entra en un proyecto, la seguridad se juega también en otra cancha: fideicomisos, contratos, fondos, permisos y la estructura detrás del desarrollador.
¿Qué está comprando realmente una persona cuando pone su dinero en un proyecto inmobiliario? La respuesta parece sencilla: metros cuadrados, ubicación, calidad constructiva y la posibilidad de que el activo gane valor con el tiempo. Sin embargo, para un inversor, esa es apenas la superficie. Detrás del ladrillo existe una estructura que puede resultar tan determinante como el inmueble. Quién administra los fondos, qué derechos tiene el inversor, cómo se protege el patrimonio y qué ocurre si el escenario cambia.
Para José Serratti, accionista y director jurídico de Civis, esa estructura comienza con un concepto menos visible que el ladrillo: la previsibilidad. “Cuando uno invierte a diez o quince años en un activo inmobiliario, no necesita que le prometan que no habrá riesgos; necesita poder identificarlos, medirlos y administrarlos”, sostuvo.
Desde esa perspectiva, Paraguay cuenta con condiciones que favorecen la inversión inmobiliaria, tanto nacional como extranjera. José destacó “la simplicidad con reglas claras, una carga tributaria baja y sencilla, y una política de Estado bastante consistente de promover y proteger la inversión”.
La primera capa está en el marco jurídico. La Constitución protege la propiedad privada y los extranjeros pueden adquirir inmuebles en condiciones similares a los nacionales, con las excepciones previstas para determinadas zonas de frontera. También existe un registro público donde se inscriben los derechos sobre los inmuebles.
A esto se suma un mercado cambiario libre, sin controles de capital, y el uso extendido del dólar en las operaciones inmobiliarias. Para quien proyecta una inversión a varios años, estos factores aportan previsibilidad a una ecuación que incluye costos, financiamiento, ingresos y potencial de valorización.
Pero hay una diferencia clave, y es que un mercado sea favorable para invertir no significa que todos los proyectos tengan la misma estructura de seguridad. Por eso, antes de comprometer capital, el inversor debe mirar mucho más que la ubicación y el precio. ¿Quién es el propietario del inmueble? ¿Cuenta con los permisos y habilitaciones necesarios? ¿Cómo se financia el proyecto? ¿Dónde estarán los fondos mientras avanza la obra? ¿Qué contratos respaldan la operación? ¿Qué sucede ante una demora, un sobrecosto o un cambio en las condiciones del mercado?
En ese entramado aparece el fideicomiso, una herramienta que permite separar el patrimonio de cada proyecto del patrimonio de la desarrolladora y establecer una estructura específica para administrar los activos y recursos vinculados a la inversión.
Para el inversor, esto cambia la conversación. Ya no se trata solamente de cuánto puede valer un inmueble terminado, sino de qué mecanismos existen para proteger y ordenar el capital durante todo el proceso.
También importa quién está detrás del proyecto. La trayectoria del desarrollador, los proyectos entregados, la capacidad para administrar recursos, la transparencia de la estructura y la confianza construida con los inversores forman parte del análisis de riesgo.
En Civis, esa mirada se traduce en una estrategia que prioriza la estructuración jurídica y financiera, la trazabilidad de los fondos, los contratos claros y el uso de fideicomisos. “Nuestro principal diferencial es que pensamos primero como inversores y después como desarrolladores”, afirmó.
A estos elementos suma el track record de la compañía con proyectos desarrollados y entregados, inversores que volvieron a invertir y una reputación que, según explicó José, buscan proteger. “Nosotros también invertimos en nuestros proyectos, así que existe una alineación real de intereses y no estamos simplemente administrando el dinero de un tercero, estamos construyendo patrimonio junto con nuestros inversores” concluyó.