La Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP), en representación de sus 21 entidades adheridas y más de 95 empresas asociadas, remitió nota al presidente del Consejo Administrativo del Instituto de Previsión Social (IPS), Dr. Vicente Bataglia, en referencia a un supuesto fraude que involucra a unas 6.000 empresas con trabajadores suspendidos por el COVID-19 que fueron obligados a continuar con sus labores, aun cuando ya percibían el beneficio estipulado por la previsional.

La CNCSP indica que esto constituiría un hecho grave en momentos en que el país está atravesando una de sus peores crisis a consecuencia de la pandemia, con perjuicios en la economía, en lo laboral y especialmente en lo social, con miles de compatriotas sin trabajo y con las consecuencias directas para los familiares afectados que determinan la pérdida de todo su patrimonio familiar, en muchos casos.

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Por este motivo se exige conocer los antecedentes procedimentales que llevaron al IPS a esta conclusión y, eventualmente, que la sanción que corresponda se aplique con severidad y sin discriminación.

“Pero así también, en representación de los legítimos intereses de las empresas formales del sector comercio y servicios que están cumpliendo con todos los requisitos legales, en un ambiente de suma necesidad, se exige que se hagan transparentes todos los procedimientos de manera a que, quienes cumplen y se desenvuelven dentro de la legalidad, no se vean negativamente afectados por una generalización, que en ningún caso corresponde”, sostiene el gremio.

Cabe señalar que desde el IPS habían manifestado la semana pasada que al menos 6.000 empresas solicitaron suspensión de sus trabajadores asegurados en el instituto y que pese a que el ente aceptó estas suspensiones y pagó los subsidios correspondientes, las firmas igual llamaron a sus empleados a trabajar.

Pedro Halley, gerente de Prestaciones de la previsional, estimaba que aproximadamente 30.000 trabajadores fueron perjudicados con la decisión de estas empresas. En ese sentido, dijo que el monto defraudado por estas empresas en total asciende entre G. 27.000 y G. 30.000 millones desde el inicio de la pandemia.

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