Uno de los temas en la agenda pública financiera más impor­tante y necesaria de las últimas décadas en nuestro país es la reforma del sistema previsional que admi­nistra las jubilaciones y pensiones del sec­tor estatal que, como sabemos, funciona bajo un esquema de reparto, por el cual los aportes de los trabajadores activos finan­cian a los jubilados en el presente.

Sucedió que con el correr de los años, se fue perdiendo el necesario equilibrio entre los aportes y los haberes correspondien­tes. En todo el sistema de las cajas fisca­les se empezó a gastar más de lo que se recaudaba. Las causas son varias y desde el Poder Ejecutivo presidido por Santiago Peña, tal situación fue considerada como una amenaza no solo para las finanzas públicas sino que también para la misma economía.

Fue por ello que desde el Ejecutivo y por medio del Ministerio de Economía y Finanzas se remitió un proyecto de ley sobre el tema en cuestión, modificando diversas situaciones. El desequilibrio entre los ingresos y gastos es un hecho irrebatible a la fecha y está afectando a las arcas estatales vía impositiva que, ya el año pasado, llegó a trepar a más de cuatro­cientos millones de dólares.

En atención a esta situación, el gobierno del presidente Santiago Peña consideró pertinente realizar cambios en la edad de jubilación, la tasa de sustitución o de retorno y la edad de retiro oficial y otros. El proyecto original del Ejecutivo contaba con los elementos necesarios para evitar males mayores e iniciar las transformacio­nes subsiguientes en tiempo y forma dado que, de no hacerlas, se estaría poniendo en riesgo la estabilidad financiera del país desde el mismo Presupuesto de Gastos de la Nación.

El Ejecutivo tomó cartas en el asunto y llevó a cabo su tarea de iniciativa legisla­tiva –que por cierto– también es de com­petencia del Congreso. Más allá de esta observación, el gobierno del presidente Peña es el primero que aceptó el desafío de enfrentar el problema, aun sabiendo que ello le podría ocasionar algunos cos­tos de malas interpretaciones y antojadi­zos “argumentos” en contrario. Esto es, el gobierno actual rechazó seguir pateando el problema para adelante.

Dejar de lado un problema para que otros lo enfrenten en ningún modo está bien. Por el contrario, es de destacar que la labor de todo buen gobierno es velar no solo por los intereses del erario, sino que también y especialmente por la población. En efecto, el Ejecutivo nacional había observado que según pasaban los años y sin cambios en este sector de las cajas fiscales, el pro­blema se volvía mayúsculo hasta conver­tido en amenaza.

Había que hacer algo. Y se hizo. El Ejecu­tivo vía Ministerio de Economía y Finan­zas remitió al Congreso el proyecto de ley para evitar mayores males. Fue así que en Diputados básicamente se trató el docu­mento del Ejecutivo, aprobándose cam­bios sustanciales como, por ejemplo: que la edad de jubilación sea general para todos, esto es, desde los cincuenta y siete (57) años; la tasa de sustitución de no menos del setenta y cinco (75) por ciento y no más del ochenta y cinco (85) por ciento y se tome en cuenta los últimos diez (10) años como base del cálculo y otros como la de los hijos que ya no podrían contar con la pensión, pero sí el cónyuge correspondiente.

A lo expresado agregamos que el aporte estatal sería gradual e iría del 1 al cinco (5) por ciento y no más. De este modo, se venía un cambio importante que, y como ya dijimos en otro momento en este espa­cio, se convertía en un paso nunca antes realizado. Ningún gobierno se había ani­mado a velar por los intereses del pue­blo. Y decimos esto de modo enfático y sin rodeos, dado que algunos venían propo­niendo como “solución” al problema subir los impuestos a los contribuyentes para corregir el problema de unos pocos.

Sobre esto último el Poder Ejecutivo desde un comienzo manifestó su rotunda nega­tiva de subir los tributos para así con­graciarse con un grupo de personas que, sabiendo que tienen el derecho de peticio­nar a las autoridades, empero, no tienen derecho alguno a que otros les paguen sus haberes.

Cambiar algo que está mal para ir a otras transformaciones de fondo es el camino acertado y prudente. En la Caja Fiscal, en consecuencia, la iniciativa legislativa del Ejecutivo es la que debe primar en su tra­tamiento en el Congreso porque conviene a todos, a los sectores involucrados y a la ciudadanía en general.

Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, la administración del IPS exoneró el pago de sumas millonarias a la empresa de su familia política. Los documentos sobre el cobro del Instituto de Previsión Social (IPS) a la empresa hotelera muestran una verdad irrefutable: la exoneración de multas e intereses millonarios por parte del ente, pese a litigios ganados. En la administración de Jorge Brítez la situación se revirtió y de G. 5.557 millones “arreglados” en la era Abdo se logró ingresar G. 9.391 millones a las arcas de la institución.

Los hechos son muy claros y hablan por sí solos, pese al redireccio­namiento de cuestionamientos que se quiere hacer del sonado caso del Consorcio Hotelero Sudamericano SA, propiedad de la familia política del expre­sidente de la República Mario Abdo Benítez, que arrastraba multimillonarias deudas con el Instituto de Previsión Social (IPS) en concepto de aporte obrero patronal.

Después de un largo litigio por el cobro de la mencionada deuda y pese a los juicios ganados para cobro de capital, intereses y multas, por una resolución de fecha 6 de diciembre de 2018, el entonces Consejo de Adminis­tración perdonó estas obligacio­nes a la empresa de la familia de la esposa de Abdo Benítez. Con esta decisión, el monto a perci­bir por la previsional se redujo a G. 5.557 millones, con facilida­des de pago en cómodas cuotas para la firma deudora que apro­vechó sus privilegios al punto de incumplir hasta lo acordado. La situación mencionada cambió en el 2024 cuando la Dirección Jurídica de la previsional veri­ficó el incumplimiento y exigió el pago correspondiente por medio de ejecución de cobro, logrando así el IPS cobrar en una primera instancia la suma de G. 7.500 millones y posterior­mente la suma de G. 1.891 millo­nes, sumando así un ingreso total de G. 9.391 millones a las arcas de la institución.

Se impulsó igualmente una causa penal por evasión, habiéndose verificado que se descontaba a los empleados, pero no se aportaba al IPS, pri­vando así el Consorcio, familia política de Abdo Benítez, a sus trabajadores de las prestacio­nes médicas y del derecho a la jubilación, pese a los descuentos que les realizaban en concepto de seguridad social.

Así, surgió un primer acuerdo con la empresa Consorcio Hotelero en 2018 con el com­promiso de cancelar la deuda a noviembre de ese año, pero esto iba atado a millonaria exone­ración de G. 5.224 millones, es decir, casi el 50 % de la deuda, incluso de obligaciones que ver­saban al año 2003. Por si fuera poco, desde noviembre del 2018 hasta el inicio de la ejecución en febrero de 2024, el Consorcio Hotelero no cumplió con nin­gún punto del acuerdo homolo­gado, pese a todos los beneficios. Con la actual administración se revirtió la concesión que le dieron en el gobierno ante­rior a la empresa de la familia política de Abdo Benítez y el IPS logró el cobro de G. 7.500 millones inicialmente y luego, en el primer semestre de 2025, se canceló el total adeudado a la fecha de pago, lo que llevó a que en menos de un año se cobre la suma de más de G. 9.391 millo­nes a favor de los asegurados. Es importante remarcar que, si es que se aceptaba el acuerdo ante­rior del 2018, IPS iba a tener G. 1.900 millones menos en recur­sos y deja en evidencia a quienes intentaron sacrificar los dere­chos de los asegurados con rega­lías que constituyen un saqueo a la previsional.

Además del pago de millonarias multas e intereses, el Consorcio fue obligado a pagar las costas del juicio, decisión judicial uti­lizada como revancha mediá­tica del abdismo y redireccionó el tema colocando en centro de escándalos al exdirector jurí­dico y su equipo. Los tiroteos mediáticos ignoran que el pro­pio Consorcio realizó propues­tas de pago, e incluso de dación en pago de inmuebles, que fue­ron rechazadas por no ser con­venientes a los intereses del IPS. La empresa tuvo que asu­mir lo que correspondía, el pago del capital que adeudaban con intereses. En la misma pro­puesta presentada, solicitaron el pago del 5% (mínimo legal) a los abogados, todo ello abo­nado y pagado por el Consorcio. Si el propio Consorcio moroso planteó este pago, conforme a las costas que veía venir y con­siderando todo el regateo a la previsional para esquivar deu­das históricas, ¿que presunción puede haber sobre su sorpresiva iniciativa de cubrir los gastos que conlleva cualquier juicio?

Los costos que recayeron en la parte perdidosa, ejecuta­dos conforme a propuesta de la misma en el marco de la Ley, se convirtió en gigantesca cam­paña mediática con medias verdades. La prensa sangra por la herida de la empresa de la familia política de Abdo Bení­tez antes que defender el interés de los asegurados e IPS.

El Poder Legislativo enciende los motores desde esta semana, para retomar con mucha fuerza las actividades parlamentarias, en un año completamente atípico y en medio de una fuerte contienda electoral. Si bien, la clase política estará bastante ocupada con las internas partidarias del 7 de junio, primeramente y luego las Elecciones Municipales del 4 de octubre; en paralelo ya se visualiza una frondosa agenda legislativa que promete grandes debates en ambas cámaras.

Para conocer un poco las expectativas para este año, La Nación/Nación Media, conversó con los senadores Derlis Maidana, de la bancada colorada oficialista y con su colega liberal, Dionisio Amarilla, quienes coincidieron plenamente en señalar que sería “una hipocresía”, no reconocer que este año, una buena parte de la atención estará concentrada en los comicios partidarios.

“Este año será un año de elecciones en cada municipio, pero el presidente de la República, Santiago Peña, ya nos ha adelantado que tiene una agenda bien cargada en lo que él llamó el segundo tiempo de su Gobierno”, expresó el senador Maidana.

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Así mismo, el legislador Amarilla indicó que gran parte de la energía legislativa va a estar orientada a los trabajos vinculados a los desafíos electorales partidarios, teniendo en cuenta que las elecciones generales del 2028, tienen como antesala o preliminar las municipales del 2026.

“Los políticos que pretenden volver en el 2028 están armando estructuras de competición para este junio y también para octubre próximo, y eso va a ocupar un poco de tiempo”, acotó.

No obstante, ambos legisladores coincidieron en señalar que este nuevo periodo legislativo anual se inicia con un enorme desafío que demandará una fuerte atención de parte del colegiado y tiene que ver con la reforma de la Caja Fiscal, que se suma igualmente al debate de la Caja Parlamentaria.

Pero también está en agenda legislativa y ya comienza a generar las primeras opiniones de sus colegas temas como el Acuerdo Mercosur - Unión Europea, que fue firmado bajo la presidencia Pro Tempore del Paraguay, en diciembre pasado, y que a la fecha ya cuenta con el visto bueno de los parlamentos de Uruguay y la Argentina, quedando pendiente Paraguay y los otros Estados partes del Mercosur.

También el senador Amarilla señaló que está en lista de la agenda parlamentaria, el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés) entre Paraguay y Estados Unidos, firmado en diciembre de 2025. “Son temas que van a generar debate, seguramente un poco de euforia, discusiones ideológicas, otras cuestiones. Es lo que creo que va a formar parte de la dinámica legislativa en este año”, expresó Amarilla.

No obstante, enfatizó que se debe de escuchar a todos los gremios que son afectados con esta reforma, pero también ellos deben de entender que la reforma es necesaria, ya que según las cifras que dio a conocer el Ministerio de Economía y Finanzas, en un plazo corto, el déficit fiscal afectará el pago a los jubilados del sector público.

“La gente tiene que digerir esto, no es un tema que yo le pueda imponer de la noche a la mañana en el cerebro y decirle que se hace esta reforma sí o sí, o no cobrarán sus haberes. Hay que tomarse el tiempo, permitir a la gente que converse en sus círculos y a partir de ahí generar un gran consenso para que eso posteriormente se modifique”, comentó.

En tanto, el senador Maidana indicó que lo principal ante todo, será llegar al mejor consenso que se pueda con respecto a la ley de la reforma de la Caja Fiscal. “Luego estaremos trabajando para que la microeconomía pueda mejorar y trabajaremos también en leyes que faciliten las oportunidades de bienestar a la clase media”, precisó.

El senador colorado enfatizó que la idea es seguir haciendo que la estabilidad macroeconómica sólida que logró el Gobierno del Presidente Peña llegue a la clase trabajadora.

Finalmente, el senador Amarilla insistió en que se viene un año de mucha adrenalina política. “Esto le hace muy bien a la clase política, especialmente a los partidos tradicionales, que son los grandes movilizadores de masa. Pero, también deseamos que sea la constante de los partidos de maletín que vayan creciendo, y que no resuelvan sus internas solamente entre cuatro paredes”, concluyó.

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A partir de esta semana inician nuevamente las actividades parlamentarias para ambas Cámaras, Senadores y Diputados. El receso parlamentario 2025-2026 estuvo marcado por constantes actividades y el tratamiento de proyectos trascendentales para el país. Una de estos proyectos fue la reforma de la Caja Parlamentaria, que generó controversia, pero así también dejó expuesta la necesidad urgente de cambiar el sistema de jubilaciones.

El diputado Alejandro Aguilera, miembro de la Comisión Permanente, sostiene que este fue uno de los periodos más movidos. La Permanente queda a cargo del Congreso Nacional mientras dura el receso, que va desde el 21 de diciembre hasta el 1 de marzo del siguiente año. En este periodo, la presidencia de la Permanente estuvo a cargo del senador Colym Soroka.

“Tuvimos prácticamente audiencias todas las semanas, tuvimos sesiones cada quince días, pero los lunes, martes, miércoles, jueves inclusive, de todas las semanas estuvimos recibiendo a gremios de todo el país. Fue realmente muy movido, no como los otros años”, expresó en entrevista para La Nación/Nación Media.

La presentación del proyecto de reforma de la Caja Fiscal fue uno de los temas que movió bastante a los legisladores, se realizaron audiencias públicas para el análisis del documento con los sectores afectados, sindicatos, gremios, representantes del Gobierno, y miembros del cuerpo legislativo.

“Tuvimos mucho movimiento porque el presidente de la República presentó el proyecto de reforma de la Caja Fiscal el 30 de diciembre (del año pasado), entonces nos tocó a nosotros desde la Comisión Permanente hacer las primeras audiencias con todos los sindicatos y gremios que van a ser afectados con ese proyecto de ley y como es una de las reformas más importantes de las últimas décadas obviamente requirió de muchas reuniones, muchas conversaciones, mucho análisis”, menciona.

El diputado destacó la decisión tomada por el presidente de la República, Santiago Peña, y sus ministros. “Este Gobierno del presidente Santiago Peña es un gobierno reformista, ha hecho reformas que ningún otro gobierno se ha animado a hacer y eso también hace que el Poder Legislativo se mueva de otra manera”, resaltó.

Aguilera señaló que el “proyecto de reforma de la Caja Fiscal es una reforma que ya se debería haber hecho hace muchísimos años atrás, pero ningún gobierno tuvo el liderazgo suficiente o le dio la importancia que debería darle a semejante reforma, Santiago Peña sí lo ha hecho, obviamente eso amerita también que el Poder Legislativo esté a la altura de todo esto y que hayamos trabajado también de esa manera”.

El legislador resaltó además el abordaje que tuvo la Permanente con la situación del Instituto de Previsión Social (IPS), marcado por varias denuncias de falta de medicamentos y carencias en la asistencia médica. Para ello, la Permanente convocó al presidente de la previsional, Jorge Brítez.

“También otro tema bastante importante que es la situación del Instituto de previsión social, donde también le convocamos al presidente del IPS, el doctor Britez con todo su equipo técnico, que más que una audiencia prácticamente fue una interpelación a la que se sometió el presidente de IPS, que ha respondido a absolutamente todas las inquietudes, todas las preguntas que le hicieron los legisladores de distintos signos políticos”, resaltó.

Aseguró que estos “son temas obviamente demasiado importantes, de mucha relevancia para la República del Paraguay”.

El Poder Ejecutivo también remitió el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur (Mercosur), firmado en Asunción en enero de este año, bajo la presidencia pro tempore de Paraguay. “La Comisión Permanente ya ha girado eso al Senado, ya va a depender la mesa directiva del Senado para ver cuándo tratan, cuándo estudian la ratificación del tratado del Mercosur con la Unión Europea”, aclaró.

Para tratar el documento, la Comisión también desarrolló audiencias públicas para el abordaje con la presencia del jefe de Gabinete Civil de la presidencia, Javier Giménez, representantes de gremios de producción, y legisladores, esto con el objetivo de discutir sobre los beneficios que tendrá Paraguay con el acuerdo comercial.

“Realmente es de mucha relevancia para el campo económico de nuestro país, nos abre un mercado de cientos de millones de personas, y el Paraguay va quitar muchas ventajas como la colocación de etanol, en la colocación de azúcar, y también obviamente a todo lo que se refiere a alimentos, nosotros somos un país exportador de alimentos, de primera categoría y esto nos va dar una oportunidad demasiado importante para que el Paraguay reciba más divisas y por ende genere mayor fuente de trabajo”, resaltó.

El acuerdo deberá ser analizado primeramente por el Senado una vez que inicie las actividades y posteriormente pasará a la Cámara Baja. “Ojalá que el Senado en sus primeras sesiones ya pueda tratar esto este tema y luego pase a Diputados y nosotros también le daremos la importancia que debe de tener”, concluyó.