La construcción del tramo que une Capiibary con la ruta PY13 avanza hacia su etapa final, con más de un 90% de ejecución acumulada, informó hoy el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), recordando que esta obra representa mucho más que una mejora vial.

Implica un acceso a servicios básicos, integración de comunidades históricamente aisladas y una ruta segura para productores, estudiantes y pobladores de las zonas rurales de San Pedro y Caaguazú. Los más de 33 kilómetros de nuevo asfaltado conectarán localidades estratégicas como Santo Domingo, la Escuela Agrícola y Sidepar.

A lo largo de este trazado, se multiplicarán los beneficios para familias que anteriormente dependían de caminos de tierra, frecuentemente intransitables durante la temporada de lluvias. Actualmente, con trabajos divididos en dos lotes, la intervención se consolida como un paso fundamental para reducir las brechas de infraestructura y mejorar la calidad de vida en esta región.

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El Lote 1, ejecutado por la empresa Concret Mix S.A. registra un avance acumulado superior al 98 %, con una inversión de G. 51.280 millones. Por su parte, el Lote 2, a cargo de Constructora Acaray S.A. presenta un progreso que supera el 8 % y cuenta con un monto contractual vigente de G. 44.559 millones.

Paralelamente, la fiscalización técnica, responsabilidad del Consorcio 2G, también se encuentra en su fase final, con más del 90 % de cumplimiento. Todas las obras se ejecutan en el marco del programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales II, financiado con fondos locales, bajo la supervisión directa del Ministerio de Obras Públicas.

“Gracias al esfuerzo coordinado entre equipos técnicos, empresas contratistas y el MOPC, la obra avanza con determinación hacia su conclusión, garantizando cada detalle para asegurar que el tramo quede habilitado en condiciones técnicas óptimas y brinde los beneficios esperados a las comunidades de la zona”, expresan desde la cartera de obras.

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El senador Dionisio Amarilla, quien preside la comisión de Cuentas y Control de la Cámara Alta, confirmó que a partir del próximo martes comenzarán a evaluar el informe de la Contraloría General de la República respecto a la ejecución del Programa Hambre Cero.

El parlamentario brindó detalles de lo conversado en la mesa asesora, e indicó que los miembros de la mesa de trabajo decidieron convocar al contralor Camilo Benítez en la próxima reunión del martes 29 de abril a las 7:30. Esto para que brinde su versión sobre los primeros informes de evaluación que llevaron adelante sobre el plan de alimentación escolar.

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Mencionó que a partir de esa presentación del informe de evaluación se irán convocando a los diferentes gobernadores, así como al ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas.

No se descarta sobrepasar el umbral y convocar a los proveedores, a las distintas empresas que han suscrito contratos, tanto con las gobernaciones, como con el ministerio de Desarrollo Social.

“Queremos escuchar la versión de cada uno de ellos, porque es un programa que nos interesa a todos. Estamos hablando de una suma varias veces millonaria que invierte el Estado paraguayo y eso debe garantizar la provisión en tiempo, en forma, en cantidad y en calidad de esos alimentos para los alumnos en todas las escuelas del país”, expresó.

Al respecto, explicó que existen varias denuncias periodísticas sobre casos puntuales; que igualmente son contemplados en el informe final de la Contraloría General de la República. “Sobre esta base es obligación de la Comisión de Cuentas y Control entender en este asunto e interiorizarse sobre cada caso.

Días atrás, la Contraloría General entregó el informe al Congreso Nacional sobre varias irregularidades detectadas en el programa Hambre Cero, implementado por el Gobierno de Santiago Peña. No obstante, han constatado igualmente que todos los alumnos matriculados y cuyos padres han dado el consentimiento están recibiendo el alimento diario.

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• Washington, Estados Unidos. AFP.

Un hombre de Carolina del Sur condenado por asesinar a los padres de su exnovia fue ejecutado el viernes pasado por un pelotón de fusilamiento, en la primera muerte de este tipo en Estados Unidos desde 2010. Brad Sigmon, de 67 años, fue condenado a muerte en 2002 por matar a golpes a los padres de su expareja, David y Gladys Larke, con un bate de béisbol antes de intentar secuestrarla.

“La ejecución se llevó a cabo a las 18:05 horas (23:05 GMT) por un pelotón de fusilamiento de tres personas y fue declarado muerto por un médico a las 18:08 horas (23:08 GMT)”, dijo la portavoz de prisiones del estado, Chrysti Shain. Periodistas que presenciaron la ejecución desde detrás de un cristal blindado dijeron que Sigmon vestía un overol negro y estaba atado a una silla con una pequeña diana roja de papel o tela sobre el corazón.

En una declaración final leída por su abogado Gerald King, Sigmon dijo que quería enviar un mensaje de “amor” y hacer un llamado a sus “compañeros cristianos” para que “ayuden a acabar con la pena de muerte”. A continuación, se le colocó una capucha sobre la cabeza y, unos dos minutos después, el pelotón formado por voluntarios del Departamento Correccional local efectuó disparos a través de una rendija en una pared situada a unos 5 metros.

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Anna Dobbins, del canal de televisión WYFF News 4, dijo que los tiros “fueron hechos todos a la vez”, como si fuera “un solo sonido”. “La muerte de Brad fue horrible y violenta”, advirtió el abogado King en un comunicado. “Es incomprensible que, en 2025, Carolina del Sur ejecutara a uno de sus ciudadanos en este sangriento espectáculo”.

Se trató de la sexta ejecución en Estados Unidos en 2025. Todas las demás fueron por inyección letal, salvo una por inhalación de nitrógeno en Alabama (sureste), estado que en enero de 2024 inauguró este método hasta entonces nuevo y controvertido, comparado por los expertos de la ONU con una forma de “tortura”. Otro estado del sur, Luisiana, reanudará las ejecuciones después de una pausa de 15 años, también utilizando inhalación de nitrógeno, el 18 de marzo.

Las autoridades de Carolina del Sur fijaron hace un mes la fecha de ejecución de Sigmon. La ley estatal establece que la silla eléctrica es el método de ejecución predeterminado, pero otorga al condenado la opción de morir por fusilamiento o por inyección letal.

Los otros tres reos a los que se les aplicó la pena capital desde septiembre -después de una pausa de más de 13 años- en Carolina del Sur eligieron la inyección letal. Pero Sigmon, de 67 años, optó por el pelotón de fusilamiento por desesperación, según sus abogados. King había denunciado una “elección imposible” entre “la arcaica silla eléctrica de Carolina del Sur, que lo quemaría vivo” y “alternativas igualmente monstruosas”.

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Sigmon, que confesó los asesinatos de David y Gladys Larke en 2001 y admitió su culpabilidad en el juicio, solicitó a la Corte Suprema una suspensión de última hora de su ejecución, pero le fue denegada. El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, también rechazó su petición de clemencia.

Esta es la cuarta ejecución por fusilamiento en Estados Unidos en 65 años, había dicho el abogado King. La última, en Utah (oeste), se remonta a 2010. En marzo hay seis ejecuciones previstas en el país. La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados estadounidenses. Otros seis estados (Arizona, California, Ohio, Oregón, Pensilvania y Tennessee) observan una moratoria.

La ejecución presupuestaria del gobierno central ascendió al 12,5 % al cierre del primer bimestre del año, según informó el Viceministerio de Administración Financiera (VAF) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Las instituciones que componen la administración central ejecutaron G. 9,4 billones al cierre de febrero de 2025.

De acuerdo al Informe de Ejecución Financiera emitido por el MEF, el 28 % del total ejecutado fue en concepto de transferencias, en las que el mayor desembolso fue para el pago a jubilados y pensionados, incluido el pago a adultos mayores. Además, se registró el ingreso de más de 9.000 nuevos beneficiarios durante el segundo mes del año, quienes recibieron la pensión alimentaria por parte del Ministerio de Desarrollo Social (MDS).

Con respecto a la obligación financiera, mencionaron que esta fue de G. 2,3 billones de los cuales G. 2,2 billones fueron destinados al pago a jubilados y pensionados de la función pública, transferencia monetaria a gobiernos subnacionales, y el pago de la deuda pública. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) ejecutó G. 1,6 billones, cuyo desembolso fue principalmente para el pago de servicios personales y la compra de productos e instrumentos químicos y medicinales. Por su parte, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) tuvo una obligación total de G. 1,5 billones de los cuales destinó el 67 % a los servicios educativos del primer, segundo y tercer ciclo de la Educación Escolar Básica (EEB) y educación media, como también a la educación de jóvenes y adultos.