Asociación de Bares del Paraguay (Asobarpy) lanzó la campaña “Bar seguro” con el objetivo de evitar que el Gobierno imponga a este sector medidas sanitarias más restrictivas que terminarán por sentenciar 5.000 puestos de trabajo. Claman a las autoridades para poder seguir operando y señalan que los contagios del COVID-19 en estos locales son casi nulos.
Esto fue señalado por José Talavera, miembro del gremio de bares, quien sostuvo que no buscan ser “plagueones”, sino parte de la solución y no del problema. Es por esto que lanzaron la campaña entre más de 150 locales nocturnos formales que generan 5.000 puestos de trabajo. “Este es un rubro que se dejó de lado desde que arrancó la pandemia”, dijo.
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En conversación con el canal GEN, el empresario manifestó que empezaron a proponer ideas con la finalidad de seguir trabajando y seguir protegiendo los puestos de trabajo, de los cuales familiares enteras dependen para comer todos los días.
“Estamos trabajando al 40% hace un año y las cuentas siguen al 100%. Queremos lograr extender el horario de atención hasta las 2:00 los fines de semana y hasta la 1:00 entre semana, a fin de sostener las empresas”, aseveró.
El vocero gremial argumentó además que en los decretos presidenciales siempre se refirieron textualmente solo a los gastronómicos y no a los bares como tal. “Si bien la gastronomía forma parte de nuestro negocio, somos bares y debemos trabajar en conjunto”, expresó.
Talavera recordó además lo manifestado por el doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud, quien afirmó que existen más chances de contagiarse en aglomeraciones descontroladas en viviendas que en bares seguros con protocolos sanitarios.
“En nuestro caso, acá en Territorio Chopp, hace un año que trabajamos en modo COVID y nadie se contagió. Ni nosotros los propietarios ni los empleados. Se respetan los protocolos y llevamos un registro sanitario que tampoco nunca nos pidieron”, expresó.
Por último, manifestó que piden al Gobierno acompañar las campañas para que la gente sepa que puede acudir a lugares seguros para pasar momentos de distención, en lugar de ir a aglomeraciones peligrosas.
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Trabajos de lujo y trabajos de última
EL PODER DE LA CONCIENCIA
- Por Alex Noguera
- Periodista
- alex.noguera@nacionmedia.com
Sentados en sillones de lujo, cada uno con computadora, con celulares, internet gratis, aire acondicionado gratis, electricidad gratis, bocaditos y hasta mozos, sin mencionar otros beneficios, los parlamentarios “trabajan” y reciben un sueldo que es de otro planeta para cualquier trabajador normal de la calle, ya que cada mes se les deposita en su cuenta en promedio 12 veces más que a cualquier empleado que cobra sueldo mínimo.
Esta brecha se ahonda aún más si reconocemos que recibir sueldo mínimo en Paraguay es un lujo ya que según cifras actuales existen 430.000 trabajadores asalariados que no alcanzan el salario mínimo.
¿Puede ser peor? Y sí, sí puede si apuntamos que el 63 % de los trabajadores carece de seguridad médica ni jubilación, es decir, no tienen derecho a enfermarse porque no tendrán con qué pagar atención médica y deberán trabajar hasta que no puedan más porque no les sobra para prever un mínimo retiro para la vejez. El panorama es peor para las mujeres, ya que el 80 % de ellas no tiene seguridad social.
En su informe de Índice de Mejores Trabajos presentado el 30 de abril –hace apenas 4 días– por el Día Internacional del Trabajo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hizo un llamado urgente a aumentar la calidad del trabajo en América Latina y el Caribe.
Según datos recabados en 17 países de la región, hay trabajo, pero malo. El dossier refiere que el 70 % de las personas en edad productiva trabaja, pero la calidad del empleo apenas llega a 41,2 puntos sobre 100 posibles.
Las cifras de la zona revelan que casi el 55 % de los trabajadores son informales, es decir, no tienen un contrato y menos cobertura de seguridad social. A pesar de trabajar todos los días, el 30 % no alcanza a ganar lo suficiente para superar la línea de pobreza.
Un dato no menor es que las mujeres de América Latina “tienen empleos de peor calidad que los hombres con una brecha de 16 puntos en el Índice de Mejores Trabajos”.
Con la filosofía de “ya me casé, ahora puedo engordar”, los parlamentarios “trabajan” en sus sillones de lujo distraídos en sus cuestiones personales, olvidando que por todo el salario que reciben deberían producir muchas veces más. No hay relación entre lo que cobran y lo que entregan a los ciudadanos.
Crean comisiones, se deleitan dando conferencias a la prensa que no aportan nada y de verdad creen que son importantes. Dan discursos vacíos y explicaciones rebuscadas o crean comisiones eternas que dan mil vueltas para hacer nada. Mientras, afuera del Parlamento miles de paraguayos hacen lo imposible por poder llevar el pan a su mesa, por poder subsistir un día más.
Cuando Esperanza Martínez o Celeste Amarilla sienten ganas de tomar un cafecito, hacen un gesto y el servicio es instantáneo. Ni siquiera deben moverse de su sillón de lujo. Si tienen sed, a su alcance tienen todas las veces que les place una botellita de agua potable, mineral, fría y segura.
Mientras, en ese mismo momento en el Chaco, muchos compatriotas deben caminar kilómetros para recoger agua sucia y contaminada porque es la única que hay (cuando hay).
Forman grupos con baldes o bidones y los llenan con el líquido mezclado con barro y quien sabe cuántas bacterias y acarrean todo el que pueden porque no hay una canilla como en Asunción. Tal vez en las comisiones estén debatiendo si esa canilla debe ser celeste o amarilla o verde o azul. Se envuelven en excusas y caprichos y dan buenas razones, pero nunca soluciones.
Y allá va el grupo de aguateros, cansado, expuesto al peligro de los elementos, a los animales. A ellos no les importa el color de la canilla, sino el agua a la que tienen derecho.
En vez de dar una respuesta a la urgente necesidad de agua en el Chaco, una vez más dan vueltas, crean comisiones, dan excusas y ven la manera de sacar rédito por hacer lo que deberían haber hecho y no lo hicieron.
Como indica el BID en su último informe, hay mucho trabajo, pero la calidad del trabajo debe aumentar con urgencia.
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“Prioridad del Gobierno es llevar líquido vital a región Occidental”
El senador Basilio Núñez, uno de los proyectistas de la iniciativa “”Agua para el Chaco”, indicó que la prioridad del Gobierno es llevar el líquido vital a la región del Chaco paraguayo. El legislador sostuvo que, de no contar con la cooperación de cooperativas o empresas para la financiación, el Gobierno se podría hacer cargo de su financiamiento.
“El acueducto para el Chaco es una prioridad para el Gobierno, y nosotros no vamos a depender de otra empresa, es una cuestión de Gobierno. No podemos depender del humor ni de un legislador o una legisladora que retira su firma”, refirió en conversación con los medios de prensa en el Senado.
Reiteró que en este proyecto el Gobierno podría conseguir una fuente de financiamiento para llevar adelante la iniciativa presentada en el Legislativo. “Claro que puede, es cuestión de tiempo, de tratar de hacer bien los deberes, que lo estamos haciendo, y yo creo que vamos a tener agua permanentemente para el Chaco”, apuntó. Con respecto a los cuestionamientos de algunos sectores, en el Senado, sobre algunos puntos del proyecto, indicó que el primer paso ya fue tomado, presentarlo y en el transcurso de su tratamiento se podrá ir incluyendo las modificaciones.
“Tenemos que ver el lado positivo, se presentó un proyecto, está la problemática. Si hay una base, un proyecto de ley de 12 artículos, ¿para qué le damos entrada?, para que sea modificado, enriquecido, hasta la fuente de financiación podemos ver, si encontramos fuente de financiación para construir kilómetros y kilómetros de asfalto, que no se toma y que no es vital, por qué no vamos a encontrar financiación”, refirió el senador. Indicó además que el proyecto se encuentra en las comisiones asesoras para su estudio previo, antes de ser puesto a consideración del pleno y llegar a un acuerdo sobre las modificaciones que sean necesarias.
“Está en la comisión y nosotros mismos también vamos a sugerir modificaciones, ese proyecto de ley fue una iniciativa legislativa. Yo estuve en comunicación con el presidente de la República, el Ejecutivo va a dar sus sugerencias también a través de la bancada oficialista y nosotros por sí como senadores también”, sentenció.
“Debe ser abarcativo e integral”
El gobernador de Alto Paraguay, Arturo Méndez, instó a la posibilidad de trabajar en un proyecto abarcativo, para marcar diferencia en los departamentos de la región Occidental.
“Este debe ser un proyecto que beneficie a todos. Hasta ahora, los proyectos de acueductos no han beneficiado al Alto Paraguay, sin mencionar que no han sido bien elaborados porque no llegan a donde deberían: Loma Plata y el Chaco central”, puntualizó el jefe departamental.
Lamentó así las ineficiencias realizadas anteriormente con respecto a la posibilidad de potabilizar el Chaco paraguayo, apuntando a la importancia de seguir socializando el proyecto tanto con las autoridades departamentales, como también con la propia población. “Con el gobernador de Boquerón, Harold Bergen, hemos conversado sobre los alcances del proyecto ‘Agua para el Chaco’. A lo que queremos apuntar es a abarcar de manera integral las comunidades de Alto Paraguay, como antes no habían sido garantizadas”, refirió.
Reiteró la importancia de seguir contribuyendo con la realización del plan, apuntando a trabajos coordinados no solo entre las autoridades departamentales y del Gobierno, sino también con las propias comunidades que podrían acceder a cambios trascendentales en su estilo de vida.
Dirigente pide no poner trabas
El senador Líder Amarilla se refirió sobre el proyecto de ley “Agua para el Chaco”, impulsado por el parlamentario Orlando Penner.
El dirigente y legislador liberal puntualizó que acompañará y apoyará el plan, lo cual deben hacer otros colegas suyos, entendiendo la importancia de la propuesta para comunidades chaqueñas.
“Seguiré apoyando este proyecto, independientemente de la salida del senador Penner del partido Patria Querida porque el plan plantea una solución definitiva a la problemática de la falta de agua en el Chaco”, expresó el congresista ante diferentes medios de prensa.
Remarcó así que las cuestiones políticas o ideológicas no deberían utilizarse como excusa para rechazar el plan impulsado. Sentenció que los pobladores del Chaco tiene derecho a acceder al líquido vital y los parlamentarios poseen la obligación de garantizar dicho aspecto.
“Celebro al 100 % que esto se pueda llevar adelante y ojalá pueda materializarse lo antes posible. Desde el Senado y Diputados, de ninguna manera deberíamos poner trabas a esta propuesta porque el progreso es una necesidad para la región”, aseguró el senador Amarilla.
“El proyecto de agua es necesario para el Chaco”
El senador liberal pidió también una revisión del proyecto.
El senador Éver Villalba sostuvo que el proyecto “Agua para el Chaco” es necesario para los pobladores del país; sin embargo, destacó que existen varios puntos que deben ser revisados antes de ser tratado en el pleno de la Cámara de Senadores. “El proyecto en sí es necesario para esas comunidades. Ahora, sí yo tengo algunas reservas que estoy analizando con mi equipo asesor, primero es la adjudicación directa que prevé el proyecto”, comentó el legislador.
Como segundo punto que debe ser revisado, se refirió al monto que se había hablado inicialmente. “Se hablaba de 120 millones de dólares, pero en el proyecto presentado va a 250 millones de dólares”, indicó al hablar con periodistas acreditados en el Senado.
Reiteró que existe una gran necesidad de este tipo de proyecto, principalmente, para los pobladores de esa región del país. Mientras tanto, indicó que uno de los puntos que le preocupa y debe ser discutido es que el proyecto habla de agua cruda y no de agua potable.
“Es necesario. Los compatriotas que viven en esa zona del país necesitan tener agua. Otro punto que el proyecto no prevé, porque dice que, a través de un canal a cielo abierto, van a llevar agua, pero no se compromete en la provisión de agua potable. Entonces, finalmente esa carga va a quedar sobre el Estado o la comunidad. Dice agua cruda, no agua potable”, refirió.
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El Gobierno apuesta todo en su lucha contra la inseguridad y la delincuencia
Uno de los retos más duros para el Gobierno es el incremento de asaltos a entidades financieras y transportadoras de caudales que se ha intensificado en los últimos meses, en varios sitios del interior del país. La violencia demostrada y el gran aparato de combate que tienen estos grupos delincuenciales dan muestra que se está ante un enemigo mucho más temible. No porque sean diferentes a los otros, sino porque el extraordinario poder de fuego que ostentan y la capacidad de organización y destrucción que han demostrado indican que es un adversario más peligroso y aterrador.
El departamento del país más castigado es Itapúa, una zona de economía pujante y anteriormente tranquila, que últimamente ha sufrido el embate de los criminales que aprovechan la indefensión de la zona para hacer sus asaltos. Como dicha región fue siempre muy calma, no tiene los organismos de seguridad ni fuerzas públicas en suficiente cantidad como otros departamentos que tradicionalmente contaban con antecedentes más violentos. Por ello está casi en la indefensión, porque anteriormente no se hizo mucho para su defensa, hecho que esta administración estatal ha constatado y que va a remediar con su trabajo.
La crónica policial indica que en los últimos seis meses en Itapúa se produjeron varios hechos criminales contra entidades financieras que demuestran la alta peligrosidad y poder criminal de los delincuentes. Dejando de lado las dos incursiones contra sucursales del Banco Regional en las localidades de Pirapó y Carlos A. López de 2022, desde noviembre de 2023 hasta el último domingo 27 de abril se registraron cinco golpes que piden una urgente actuación del Estado.
En noviembre pasado, en la localidad de General Delgado se asaltó a un transportador de caudales que dejó grandes sumas de dinero tiradas en la calle. Un mes después, en diciembre de 2023, se atacó una sucursal del Banco Sudameris, en Pirapó. En enero de 2024 una sucursal del Banco Nacional de Fomento (BNF), de Carlos A. López, fue víctima del accionar criminal. A comienzos de abril, en Yatytay, se robó un cajero automático del BNF. Y el domingo último, en Natalio, la sucursal del BNF local fue destruida con explosivos y se robaron centenares de millones de guaraníes.
Estos datos de lo acontecido en los últimos meses hablan de que la historia reciente es muy alarmante. No se puede darles más tiempo ni oportunidades a las bandas de malhechores que están preparadas para el delito. Y requiere que se actúe con rapidez y eficiencia, como las autoridades nacionales están planificando hacer.
Por eso el Ejecutivo está combinando la actuación de las fuerzas públicas, con la intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares. El Consejo de Defensa Nacional (Codena) está coordinando esta actividad y se aguarda que la conjunción de estas fuerzas pueda dar la respuesta que se requiere.
El presidente Santiago Peña señaló que el Codena está trabajando para realizar nuevas inversiones para el equipamiento logístico y en armamentos. Dijo que una de las tareas es aumentar el número de efectivos policiales, a razón de 5.000 hombres anualmente, para alcanzar 25.000 nuevas incorporaciones en los cinco años de su mandato presidencial. Se estima que en materia de equipamiento se requerirán inversiones por valor de 100 millones de dólares.
Teniendo en cuenta el éxito alcanzado por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en los departamentos de San Pedro y Concepción, se está analizando la posibilidad de extender su intervención en otros departamentos. En la actualidad se está iniciando el trabajo en Canindeyú, así como se hizo en Amambay, para extenderlo más adelante a los departamentos de Alto Paraná e Itapúa. “Tenemos que ir expandiendo este criterio del uso de las fuerzas conjuntas, donde los militares tienen un rol y las fuerzas policiales tienen también otro”, manifestó el primer mandatario, para resumir el criterio de trabajar de manera unificada contra los delincuentes.
La preocupación que causa el avance de la inseguridad hace pensar a muchos que todo cuanto se haga para contrarrestarla será poco. Y así como el departamento últimamente más castigado, Itapúa, ya se ha declarado en estado de emergencia, otras jurisdicciones tienen que tomar medidas de alta protección. Todo eso para darle un apoyo firme al Gobierno central en la guerra contra la delincuencia y la inseguridad.
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La “represión” se acentúa bajo el gobierno de Maduro, según ONG
- Caracas, Venezuela. AFP
Las fuerzas públicas de Venezuela cometieron más de 10.000 ejecuciones extrajudiciales, 1.652 torturas y unos 15.000 arrestos políticos durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro, según oenegés que alertan sobre un aumento en la represión de cara a las presidenciales de julio.
Los reportes, presentados por las organizaciones especializadas Provea y Foro Penal, coinciden con otro informe presentado por expertos de Naciones Unidas en Ginebra sobre el “alarmante aumento de desapariciones forzosas” en el país.
“Estos 10 años de gestión de Nicolás Maduro, entre 2013 y 2023, hemos registrado 10.085 personas asesinadas por los cuerpos del Estado venezolano”, dijo la coordinadora de investigación de la ONG Provea, Lissette González, durante la presentación del informe “Maduro, una década oscura para los derechos humanos”.
La organización, con 35 años defendiendo los derechos humanos, documentó también 1.652 víctimas de tortura en el mismo periodo.
“El Estado no solo reprime al liderazgo político, social, organizado, sino reprime y controla a esos miembros más vulnerables, más excluidos, a los que más están padeciendo las consecuencias de esta crisis económica y social”, sostuvo González.
Foro Penal, dedicada a la representación judicial de presos políticos, señaló que entre 2014 y 2024 ha contabilizado 15.827 arrestos. Hoy registran 273 personas tras las rejas.
“No vemos que se estén presentando signos o evidencias de que la represión, particularmente la represión por motivos políticos, esté cesando. Hemos visto una arremetida, una intensificación significativa en la persecución de activistas o militantes” de “fuerzas políticas distintas de las del Gobierno”, dijo Gonzalo Himiob, abogado y vicepresidente de Foro Penal.
Himiob hizo este llamado de atención tras las recientes detenciones de tres activistas políticos el fin de semana que la oposición y activistas de derechos humanos relacionan a una “persecución” de cara a las elecciones del 28 de julio en las que Maduro buscará un tercer mandato de seis años.