Desde el Ministerio de Hacienda prevén iniciar a mediados de esta semana el pago del subsidio dirigido a trabajadores y comerciantes de frontera con Argentina. La cantidad de posibles beneficiarios se mantiene en 43.000 personas, informaron desde la cartera fiscal.
Tras el cierre del periodo de inscripción, que fue del 8 al 10 de abril, se registraron unos 131.873 postulantes, cuyos datos están siendo analizados por el equipo del Ministerio de Hacienda, de manera de filtrar a las personas que no califiquen para acceder a dicho beneficio.
Del total de los inscriptos, el 57,3% (75.643) es de Encarnación, mientras que 10.849 son de Pilar, 7.764 de Natalio, 7.319 de Mayor Otaño, 7.261 de Ayolas, 6.002 de San Rafael del Paraná, 3.776 de Nanawa y 3.344 de Alberdi.
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Asimismo, aparecen en la lista 2.355 postulantes de José Falcón, 2.284 de Cerrito, 1.349 de Mayor Martínez, 1.301 de General Díaz, 884 de Villa Oliva, 844 Humaitá, 590 de Paso de Patria y 279 de Villa Franca.
El plan establece cuatro pagos equivalentes al 50% (G. 1.096.419) del salario mínimo vigente para comerciantes y trabajadores formales. Mientras que se prevé desembolsar dos pagos de G. 500.000 a los trabajadores informales.
La ayuda estatal a esta zona del país llegará luego de un año y medio de paralización del comercio de frontera con Argentina a raíz de la pandemia del COVID-19 y las restricciones implementadas por el Gobierno para tratar de controlar la propagación del virus.
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Meta acuerda pagar USD 16.700 millones a estados de EE. UU. en caso de adicción de menores a redes
Meta llegó a un histórico acuerdo con varios estados de Estados Unidos a los que pagará 16.700 millones de dólares para poner fin a un juicio en el que se le acusaba de favorecer la adicción de los menores a Instagram y Facebook.
Meta fue acusado de diseñar deliberadamente sus plataformas para captar a los usuarios jóvenes, de engañar al público sobre los riesgos y de recopilar de forma ilegal datos de niños menores de 13 años.
El gigante que agrupa a Facebook e Instagram acordó, en el marco de este arreglo, hacer cambios importantes con limitaciones en el acceso de los jóvenes a sus productos, según un documento conocido este miércoles que debe ser validado por un juez federal de Oakland (California).
“Meta ayudó a hacer grandes transformaciones que disminuirán el riesgo de causar daño de sus plataformas, y lo hará en unos meses”, declaró el fiscal general de California, Rob Bonta, en un comunicado.
Según Bonta, el resultado será un “cambio real, transparencia verdadera, y protecciones seguras para los niños”.
Limitaciones de tiempo y durante la noche
Los cambios en la forma en que los jóvenes utilizan sus aplicaciones van más allá de cualquier cosa que Meta haya aceptado antes y se producen tras años de críticas de padres y expertos sobre los efectos de las mayores plataformas de redes sociales en los niños.
Meta aumentó así impedir que los adolescentes usen sus aplicaciones durante la noche e imponer un límite de dos horas de uso diario acumuladas.
La larga lista de nuevas medidas de protección cambiará sustancialmente el funcionamiento de las aplicaciones para los jóvenes.
El bloqueo nocturno será automático e impedirá que los adolescentes accedan a Facebook e Instagram entre la medianoche y las 6h00 AM.
En relación al tiempo máximo de dos horas de uso diario acumulado, que se aplica por defecto, no contabiliza el envío de mensajes o el visionado de videos de formato largo.
Ambas restricciones se soportarán si el resto del sector sigue el mismo camino.
Si plataformas competidoras -como TikTok, YouTube o Snapchat- adoptan compromisos equivalentes, el bloqueo nocturno se ampliaría de 22H00 a 7H00 y el tiempo diario acumulado se reduciría a 60 minutos por aplicación, con un límite máximo de dos horas en total.
El cumplimiento de estas medidas estará sujeto a supervisión durante 10 años por parte de un auditor independiente elegido conjuntamente por Meta y los estados, y pagado por la empresa.
La indignación por el impacto de Instagram y Facebook -así como de Snapchat y TikTok- ha impulsado la expansión de los límites de edad para acceder a su uso y las prohibiciones de teléfonos en escuelas en todo el mundo.
Trasfondo económico
Con más de 3.000 millones de usuarios en todo el mundo, Meta enfrentaba acusaciones de una coalición de 29 estados que aseguran que violó las leyes federales y estatales.
Si Meta perdía el caso se exponía a sanciones por unos 200.000 millones de dólares.
La demanda se radicó en un tribunal de Oakland, ciudad vecina de San Francisco.
El texto que deberá ser validado por un juez señala que el acuerdo no constituye una admisión de responsabilidad ni de conducta indebida por parte de Meta, que ha negado de forma constante las acusaciones en su contra.
El acuerdo llega una semana después de la apertura de este juicio de gran repercusión, que se suma a otros dos casos similares en los que Meta ya ha sido condenado, en Santa Fe (Nuevo México) y Los Ángeles (California).
Numerosos procedimientos siguen en curso en Estados Unidos, iniciados por jóvenes usuarios que reprochan a Meta haber provocado una adicción a las redes sociales y haber agravado trastornos psicológicos y de conducta.
El calendario de pagos del arreglo contempla 10 cuotas anuales. El acuerdo pone punto final al juicio, que ingresaba en su segunda semana.
El jefe de Instagram, Adam Mosseri, declaró el martes y admitió que impulsó nuevas herramientas de seguridad para adolescentes sin revelar las bajas tasas de adopción detectadas en las primeras pruebas, realizadas hace varios años.
- Fuente: AFP
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Indert apuesta al relevo generacional como eje de la Nueva Ruralidad
El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, recorrió el fin de semana comunidades rurales de la frontera con Bolivia, para conocer las necesidades de las familias campesinas y avanzar en una estrategia de relevo generacional que busca incorporar a los jóvenes a la producción rural, con acceso a tierra, financiamiento y seguridad jurídica.
La nueva jornada de trabajo en colonias ubicadas en la zona fronteriza con Bolivia es en el marco de las acciones impulsadas por el gobierno de Santiago Peña y Pedro Alliana, para consolidar una “Nueva Ruralidad” en Paraguay, brindando incentivos a los jóvenes como el cero por ciento de interés por el precio de un inmueble de la reforma agraria, créditos e infraestructura, para producir y lograr el bienestar en su propia tierra.
La presencia del titular del Indert en estas comunidades busca acercar la institución a las familias rurales, conocer las condiciones en las que desarrollan sus actividades productivas y evaluar, en territorio, las acciones necesarias para fortalecer el arraigo, la producción y el acceso a la seguridad jurídica sobre la tierra.
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La agenda forma parte de la visión de desarrollo rural promovida por el Gobierno, que plantea una transformación del campo paraguayo basada en el fortalecimiento de la productividad, la formalización de la tenencia de la tierra, el acompañamiento a las familias rurales y la generación de mayores oportunidades para las comunidades.
En este proceso, el Indert cumple un papel estratégico, especialmente en la regularización y titulación de tierras, como herramienta fundamental para brindar certeza jurídica a los productores y convertir la tierra en un verdadero activo para el desarrollo.
Frontera como espacio de desarrollo
La presencia institucional en las colonias fronterizas adquiere especial relevancia por tratarse de territorios donde el fortalecimiento del arraigo y de las actividades productivas contribuye también a consolidar la presencia del Estado y las oportunidades para las familias paraguayas.
Ruiz Díaz viene impulsando una gestión con mayor presencia territorial, orientada a que las políticas de desarrollo rural lleguen directamente a las comunidades. Durante la jornada, el titular del Indert mantuvo contacto directo con pobladores y referentes de las colonias, recogiendo sus inquietudes y evaluando las alternativas institucionales para acompañar el crecimiento de estas comunidades.
Con este tipo de recorridos, el Gobierno busca fortalecer una política rural que tenga como protagonista a la familia paraguaya asentada en el campo, promoviendo condiciones para producir, crecer y permanecer en sus comunidades con dignidad y seguridad jurídica.
La Nueva Ruralidad apunta a que la tierra deje de ser solamente un espacio de asentamiento y se convierta en la base de un proceso sostenible de desarrollo, producción y arraigo, en el marco de un relevo generacional que otorgue a los jóvenes las condiciones adecuadas para trabajar y asentarse en su propia tierra.
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Diputados sanciona ley que autoriza al MOPC pago de intereses moratorios por certificados de obra
La Cámara de Diputados sancionó este martes el proyecto de ley “Que autoriza el pago de intereses por certificados de obra y autoriza la emisión de títulos de deuda pública”. La iniciativa tiene por objeto autorizar al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) el pago de intereses moratorios derivados de obligaciones que no fueron canceladas dentro de los plazos establecidos en los respectivos contratos.
La propuesta normativa fue analizada en la fecha y contó con el acompañamiento de la mayoría del plenario, quedando sancionada la legislación que ahora pasa al Poder Ejecutivo para su consideración.
De acuerdo a lo expresado por los legisladores, el proyecto autoriza el reconocimiento de intereses moratorios hasta una tasa máxima del 9,9 % anual, así como la emisión y colocación de títulos de deuda del Tesoro Público que permitan captar los recursos necesarios.
Los legisladores utilizaron como base para el estudio y aprobación de la iniciativa el dictamen de la Comisión de Presupuesto, que aconsejó, en mayoría, la aprobación del documento.
Durante el tratamiento el diputado colorado César Cerini, presidente de la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria, explicó que el proyecto busca autorizar al MOPC a abonar los intereses generados por obligaciones no canceladas en los plazos contractuales.
Indicó que el bloque asesor emitió dos dictámenes: uno en mayoría por la aprobación y otro en minoría por el rechazo. Señaló que la postura favorable se fundamentó en que los retrasos en la cancelación de compromisos generan intereses moratorios que deben ser honrados.
A su turno, el diputado colorado Néstor Castellano, en representación de la Comisión de Presupuesto, informó que dicha instancia se allanó al dictamen de la Comisión de Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria, con algunas modificaciones de forma y especificaciones adicionales.
Precisó que la propuesta establece que la contabilización de los intereses generados deberá realizarse dentro de los 90 días corridos desde la promulgación de la ley y que la información correspondiente deberá ser comunicada inmediatamente al Congreso Nacional.
Asimismo, mencionó que durante el análisis de la iniciativa, se mantuvieron reuniones con representantes y técnicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, del Ministerio de Economía y Finanzas y de las empresas constructoras involucradas.
El parlamentario explicó que los contratos contemplaban previsiones de intereses del 10 % al 24 % y que, tras las conversaciones entre las instituciones y el sector empresarial, “se ha consensuado bajar esos intereses al 9,9 %”.
Pese a que se plantearon igualmente posturas contrarias, cuestionando que se establezca por ley una tasa de interés moratoria general para obligaciones derivadas de contratos específicos, indicaron que podrían existir contratos que originalmente contemplaban tasas inferiores al 9,9 %, por lo que consideraron que cada obligación contractual debería ser analizada de acuerdo con sus condiciones particulares.
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Itaipú transfirió casi USD 1.500 millones al Estado desde agosto de 2023
En los primeros sietes meses del 2026, la Itaipú Binacional transfirió USD 275 millones al Estado paraguayo en concepto de royalties, cesión de energía y pagos a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), recursos establecidos en el Anexo C del Tratado, representando un importante aporte para el financiamiento de obras y proyectos que están en marcha.De acuerdo al reporte de la Dirección Financiera de la Entidad, entre enero y julio, el Tesoro paraguayo recibió USD 154 millones en concepto de royalties y USD 77 millones que corresponden a la compensación por cesión de energía.Por su parte, la ANDE percibió USD 44 millones por resarcimiento de las cargas de administración y utilidades del capital.En julio, Itaipu realizó transferencias por USD 36 millones al Paraguay, de los cuales, USD 22 millones correspondieron a royalties, USD 12 millones a compensación por cesión de energía y USD 1,7 millones destinados a la ANDE en concepto de resarcimiento.Con este último desembolso, las transferencias realizadas al Estado paraguayo alcanzaron USD 1.497 millones desde agosto de 2023 hasta julio de 2026
Apoyo clave
Los recursos provenientes de los royalties tienen como destino el financiamiento de gastos contemplados en el Presupuesto General de la Nación (PGN), ejecutadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) destinada a gobernaciones y municipios para la ejecución de obras y proyectos.