Los Organismos y Entidades del Estado (OEE), de la Administración Central, ejecutaron G. 16,1 billones al cierre del primer trimestre del 2026, equivalente al 20 % del presupuesto vigente de G. 81,3 billones.

El nivel de ejecución muestra un incremento interanual del 1,5 % frente a igual periodo del 2025, cuando se habían ejecutado G. 15,8 billones, según datos de la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El crecimiento estuvo traccionado principalmente por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), que registró una suba del 29 % en su ejecución. El aumento responde al mayor desembolso en pensiones para adultos mayores, impulsado por el ajuste del salario mínimo, el incremento de beneficiarios y la expansión del programa de alimentación escolar “Hambre Cero en Nuestras Escuelas”.

Por estructura institucional, el Poder Ejecutivo concentró el 94 % de la ejecución total, equivalente a G. 15,1 billones. Esto refleja el peso de los ministerios con mayor asignación presupuestaria, orientada principalmente a servicios sociales, económicos y de seguridad.

El Ministerio de Economía y Finanzas encabezó la ejecución con una participación del 33 %, totalizando G. 5,3 billones. Estos recursos se destinaron principalmente al pago de jubilaciones y pensiones de la Caja Fiscal, transferencias a gobiernos subnacionales y servicio de la deuda pública con organismos multilaterales.

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El Tesoro Público fue el principal financiador, cubriendo el 71 % de la ejecución (G. 11,4 billones). En este marco, programas sociales como la Pensión Universal para Adultos Mayores y Tekoporã Mbarete fueron financiados íntegramente con recursos del Tesoro, con desembolsos de G. 761 mil millones y G. 138 mil millones, respectivamente.

La estructura del gasto muestra una fuerte concentración en gastos corrientes, que representaron el 83 % del total ejecutado. Estos recursos se destinaron principalmente a salarios en sectores como educación, salud, fuerzas públicas y seguridad social, además de medicamentos, intereses de deuda y programas sociales. Por su parte, los gastos de capital alcanzaron el 13 %, enfocados en inversión pública.

En el componente de capital, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) explicó el 63 % de la ejecución, con G. 1,3 billones de un total de G. 2 billones. Entre los principales proyectos financiados se encuentran obras de la red vial pavimentada, como la ampliación y duplicación de las rutas PY02 y PY07 (G. 346 mil millones), además de tramos estratégicos en el sur y el Chaco.

Del total ejecutado, G. 13,6 billones (85 %) se destinaron a servicios esenciales para la ciudadanía, canalizados a través de sectores como educación, salud, infraestructura y protección social. En este esquema, destacan los niveles de ejecución del Ministerio de Educación y Ciencias, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el MOPC, el MDS y el Ministerio del Interior.

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La Casa Blanca envió el viernes un proyecto de presupuesto de defensa al Congreso por 1,5 billones de dólares para 2027, en momentos en que Estados Unidos enfrenta importantes gastos por la guerra en Irán. Si es aprobado, los gastos militares pasarán de 1 billón de dólares en 2026 a 1,5 billones en 2027, según el documento presentado al Congreso.

Sería el mayor incremento desde la Segunda Guerra Mundial, refiere la prensa estadounidense, e implicaría un aumento de 42 % en el presupuesto global del Pentágono. Los gastos no militares disminuirían 10 % (unos 73.000 millones de dólares), mediante la “reducción o eliminación de programas progresistas, politizados y derrochadores”.

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Estados Unidos es por lejos el país con el más alto presupuesto en defensa. En los preparativos para la publicación de la propuesta, el presidente y sus asesores han subrayado la urgencia de aumentar el gasto en defensa, al hacer énfasis en la necesidad de reponer las reservas de armamento y otros recursos militares por la guerra en Irán.

Medios estadounidenses, que citan sesiones informativas a puerta cerrada en el Congreso, informaron de que la guerra con Irán podría costar hasta 2.000 millones de dólares al día.

El presidente Donald Trump ha presentado el aumento del gasto en defensa como una necesidad urgente, argumentando que la inversión militar debe tener prioridad en tiempos de guerra, incluso a costa de los programas sociales federales.

“No es posible que nos encarguemos del cuidado infantil, Medicaid, Medicare”, dijo Trump en un reciente evento privado, y añadió que esas responsabilidades podrían gestionarse a nivel estatal mientras Washington se concentra en la “protección militar”.

El borrador de presupuesto, publicado en forma de resumen, no es vinculante, pero sirve como una referencia sobre las prioridades del gobierno a medida que el Congreso comienza a redactar la legislación. Los congresistas tienen la facultad de reformar o rechazar el plan.

Trump ha instado al Congreso a aprobar la mayor parte del presupuesto de defensa -más de 1,1 billones de dólares- mediante el proceso habitual de asignaciones, mientras busca sacar adelante otros 350.000 millones utilizando un mecanismo partidista que evitaría que el apoyo demócrata fuera necesario.

Los líderes republicanos se han mostrado receptivos a ese enfoque, especialmente mientras presionan por un aumento del gasto en defensa y para aplicación de las leyes de inmigración.

Pero el plan podría enfrentar resistencia dentro del propio partido de Trump, donde algunos legisladores son reticentes a profundizar los déficits federales. Estados Unidos ya registra un déficit fiscal que se acerca a los 2 billones de dólares, con una deuda total que supera los 39 billones, lo que deja un margen fiscal limitado para nuevos gastos sin ampliar aún más la brecha.

Legisladores de ambos partidos también han expresado inquietud por la magnitud del aumento del gasto militar propuesto, especialmente porque el gobierno ha ofrecido pocos detalles sobre la evolución del conflicto con Irán. Existe un escepticismo similar respecto a los recortes internos, muchos de los cuales el Congreso ha rechazado anteriormente.

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Los proyectos de ley de gasto aprobados a principios de este año preservaron en gran medida la financiación de programas que la Casa Blanca vuelve a intentar reducir o eliminar ahora.

“El pueblo estadounidense quiere atención médica, no guerra. El gobierno de Trump ha gastado miles de millones en una guerra imprudente con Irán pero SE NIEGA a incrementar la financiación para la atención médica”, dijeron los demócratas de la Cámara en un comunicado en redes sociales. “Es cruel, y los demócratas de la Cámara no lo apoyarán”.

Fuente: AFP

Con solo tres semanas en el poder, el presidente ultraderechista José Antonio Kast dio un giro a Chile, con el anuncio de recortes presupuestarios y la marcha atrás en algunas decisiones clave tomadas por su antecesor, el izquierdista Gabriel Boric.

Kast, abogado de 60 años, prometió un “gobierno de emergencia” y “mano dura” para enfrentar el crimen, la migración irregular y reactivar la economía.

En sus primeros días en el cargo, inició la construcción de zanjas en las fronteras, frenó los trámites de regularización de más de 180.000 migrantes, rebajó el 3 % los gastos corrientes de sus ministerios y suspendió la entrada en vigor de más de 40 decretos ambientales para priorizar la creación de empleos.

“Están quitando todo lo que hizo la izquierda y no creo que sepan lo que siente la gente común y corriente”, dice a la AFP Rodrigo Araya, un cocinero de 27 años de Santiago.

El politólogo Rodrigo Espinoza, de la Universidad Diego Portales, señala que los cambios de Kast son esperables porque “fue algo que prometió en campaña”.

El nuevo gobierno además anunció que detendrá la expropiación de Colonia Dignidad, un enclave alemán que funcionó como un antiguo campo de represión durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), por motivos de ahorro.

Pero la decisión que más golpea la economía de los chilenos es su ajuste severo al mecanismo que amortiguaba las alzas bruscas de los combustibles. La semana pasada el precio de la gasolina se disparó en 30 % y el diésel en 60 %.

Estas fueron ejecutadas a través de decretos y órdenes presidenciales, sin pasar por el parlamento, donde el Partido Republicano de Kast no tiene una mayoría propia de medidas.

El poder ejecutivo espera un ahorro de 6.000 millones de dólares para reducir el déficit fiscal, que en 2025 cerró en 3,6 % del PIB. Sus detractores dudan que pueda hacerlo sin afectar beneficios sociales.

La semana pasada Kast enfrentó sus dos primeras protestas lideradas por ambientalistas y estudiantes que temen cambios al sistema educativo universitario, en el que también anunció que evalúa recortes.

En opinión de Gonzalo Müller, director del centro de políticas públicas de la Universidad del Desarrollo, Kast no busca “desmantelar un supuesto legado” de Boric.

“Lo que hay son muchos puntos de fricción entre decisiones tomadas en el gobierno anterior que no eran compartidas por el entrante”, comenta.

Una reciente encuesta de la consultora Cadem advierte un primer golpe a la popularidad de Kast: cayó de 57 % a 43 % desde que ganó la presidencia.

“No vamos a tomar decisiones en base a la popularidad, sino en torno a la gestión, al buen trabajo, y en el tiempo las cosas se estabilizan”, dijo el mandatario este martes en entrevista con medios locales.

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La contadora Wanda Alarcón, de 55 años, apoya los recortes de Kast. “Hay que adaptarse al presupuesto. Si no tienes mucho en tu billetera, hay que apretarse”, dice en el centro de Santiago.

El nuevo gobierno ha anunciado que flexibilizará las normas ambientales para impulsar la economía. “No nos vamos a equivocar si tenemos que priorizar tres arbolitos a 100.000 empleos”, aseguró Daniel Mas, ministro de Economía, en una entrevista con el diario El Mercurio.

Entre las normas que Kast frenó es una para emisiones regulares de contaminantes; otra para la creación de nueve parques nacionales protegidos y un registro de sanciones a infractores ambientales.

También un decreto que ampliaba la protección del pingüino de Humboldt, una especie endémica en peligro de extinción.

La norma declaraba “monumento natural” a esta ave, lo que podría afectar intereses económicos en áreas circundantes a su hábitat.

“Es una mala señal”, dice Alejandro Simeone, científico que estudia al pingüino de Humboldt desde hace tres décadas. “Estamos en un escenario en el que todo es tan negativo, tan complejo, que es probable” que se extinga esta especie en las próximas décadas, sostiene.

De acuerdo con un estudio que lideró el experto, su población cayó 63 % entre 2022 y 2025 debido a la gripe aviar, el fenómeno de El Niño y la competencia por alimentos con la industria pesquera.

“Es un error llevar esto a una antítesis, en que proteger la naturaleza signifique no hacer actividades económicas”, dice la ecóloga Cristina Dorador, investigadora en la conservación de salares.

• Fuente: AFP

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La diputada Cristina Villalba, presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, indicó que lo primero que se debe conocer es cuánto es el monto real de estas deudas.

Desde el Poder Legisla­tivo apuntan a abrir el diálogo para bus­car posibles alternativas ante la deuda del Gobierno con empresas proveedoras del Estado, como son las firmas constructoras y las farma­céuticas, planteándose una ampliación en el Presupuesto General de la Nación (PGN). Se estima que la deuda acumu­lada superaría los USD 1.000 millones. La diputada Cris­tina Villalba, presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, indicó a La Nación/Nación Media que lo primero que se debe conocer es cuánto es el monto real de estas deudas.

“Nosotros tenemos que sen­tarnos primero a hablar con las respectivas ministras de carteras, ver realmente la deuda que existe, porque nosotros estamos entrando ahora en abril, mayo, y ya se pueden presentar las ampliaciones presupuesta­rias”, manifestó. Apuntó a un proyecto que amplíe el presu­puesto del Ministerio de Salud y el Ministerio de Obras Públi­cas y Comunicaciones (MOPC) de ser necesario. “Para hacer las ampliaciones presupuestarias podemos ir viendo con el Minis­terio de Economía cuánto tene­mos la disponibilidad y para ver cuánto todavía tenemos dispo­nible el PGN para ellos y si va faltar vemos una ampliación presupuestaria o también se puede hacer una modificación del presupuesto”, explicó.

Villalba adelantó que la comi­sión asesora también convo­cará al ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernán­dez Valdovinos, para anali­zar esta situación. “Ya hemos conversado en la Comisión de Presupuesto, este martes o el otro martes está previsto la ida del ministro de Econo­mía y vamos a abordar con él cuánto es lo que dispone­mos, cuánto es lo que falta y cuál sería el mecanismo para poder ver las partidas presu­puestarias para ir ajustando, no en forma completa, pero sí en forma gradual”, detalló.

Por otra parte, sostuvo que, desde la Cámara de Diputa­dos, el espíritu es de seguir apoyando la administra­ción del presidente Santiago Peña. “El Gobierno de Para­guay sabe que tenemos la muy buena predisposición para poder ayudar. Nosotros esta­mos abiertos al diálogo, noso­tros sí queremos reunirnos en forma institucional, tanto con los ministros de carteras como con las empresas afec­tadas, en este caso las vialeras y farmacéuticas”, sentenció.

El diputado Rodrigo Gamarra sostiene que este es un problema que el país viene arrastrando desde hace años.

El diputado Rodrigo Gama­rra se refirió al problema que enfrenta el gobierno con las deudas, principalmente a proveedores farmacéuticos y obras. Sostiene que este es un problema que el país viene arrastrando desde hace años y el actual gobierno heredó varias de esas deudas.

“Lo primero que hay que decir con claridad es que este no es un problema nuevo, es un pro­blema estructural que Para­guay arrastra hace años. De hecho, al inicio de este gobierno, desde el Congreso ya se había acompañado un proceso para honrar deudas acumuladas de administra­ciones anteriores por mon­tos muy importantes. Preten­der instalar que esto apareció ahora es faltar a la verdad”, señaló para La Nación.

Agregó que en la actualidad “este gobierno hizo algo dis­tinto: reconocer el problema y poner sobre la mesa un plan concreto de solución. Hoy hay un compromiso claro de ordenar las cuentas, establecer un cronograma de pagos y dar previsibilidad a los provee­dores”. Aseguró además que existe una decisión política de fondo: “pagar las deudas sin subir impuestos y sin trasla­dar este problema al próximo gobierno, eso es responsabi­lidad, no improvisación”, expresó.

Mientras tanto, aseguró que su postura no es defensa a los retrasos de las deudas, ya que esta no es la situación ideal, pero también hay que entender el contexto real: “el Estado no puede detenerse mientras ordena sus compro­misos”, y “el desafío no es ele­gir a quién pagar, sino soste­ner el funcionamiento de los servicios y al mismo tiempo normalizar gradualmente la deuda”.

Por otra parte, cuestionó a los que solo atacan sin pro­poner soluciones concretas. “Gobernar no es teoría (como dictan muchos que nunca ganaron nada y no adminis­traron ni un almacén). Es administrar realidades com­plejas, ingresos que dependen de variables externas, como el comercio o el tipo de cambio, y gastos rígidos en guaraníes que no pueden detenerse de un día para otro”, refirió

Finalmente, aseguró que desde el Congreso Nacional la intención es seguir apo­yando al Gobierno. “Desde el Parlamento, nuestro rol no es agravar la situación con dis­cursos alarmistas o simplifi­caciones oportunistas, sino acompañar soluciones: gene­rar herramientas financieras, facilitar acuerdos y garanti­zar que este proceso de nor­malización se cumpla porque al final, es fácil hablar y hacer ruido, lo difícil es sentarse y solucionar el problema”, pun­tualizó.