La informalidad laboral en Paraguay continúa siendo uno de los principales desafíos económicos y sociales, al alcanzar el 62,5 %, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Así lo señaló la economista Ana Rojas Viñales, en entrevista con la Radio 780 AM.

La especialista calificó la cifra como “realmente alta”, aunque aclaró que el nivel de informalidad es similar al registrado en otros países de la región, donde los indicadores muestran comportamientos comparables.

“Los porcentajes de informalidad laboral en varios países de la zona son muy parecidos al nuestro, pero no por eso deja de ser un tema importante”, sostuvo.

Rojas Viñales afirmó que el Gobierno debe impulsar medidas concretas para reducir estos niveles, especialmente a través de estrategias que combinen reformas estructurales y una mejor administración del gasto público.

Indicó que es crucial optimizar recursos estatales y generar incentivos que promuevan la formalización del empleo. “Debe existir voluntad política para realizar reducciones importantes, optimizar recursos y generar mecanismos que estimulen al sector trabajador a formalizarse”, expresó. Asimismo, señaló que la simplificación de trámites y la reducción de la burocracia son factores determinantes para facilitar el ingreso de trabajadores al sistema formal.

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La economista advirtió que la persistencia de altos niveles de informalidad tiene consecuencias directas en el desarrollo del país, principalmente por la falta de acceso a la seguridad social y cobertura médica para una gran parte de la población trabajadora.

En ese contexto, sostuvo que la formalización no solo representa una mejora en las condiciones laborales, sino también un impulso para el crecimiento económico sostenible. “La informalidad no permite seguridad social ni cobertura médica, y eso también frena el desarrollo de un país”, concluyó.

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El hantavirus encontrado en el brote del crucero MV Hondius es mucho menos transmisible que el covid, declaró ayer jueves a la AFP la responsable de la unidad médica en Países Bajos que trata a uno de los pacientes. En una entrevista exclusiva con AFPTV, Karin Ellen Veldkamp, jefa de enfermedades infecciosas del Centro Médico Universitario de Leiden, afirmó que su unidad está preparada para recibir más pacientes si fuera necesario.

Interrogada sobre el temor a que el hantavirus pueda convertirse en “el nuevo covid”, Veldkamp respondió: “No, no es así. No se transmite fácilmente de persona a persona”. “Sabemos que la transmisión entre personas es posible y sospechamos que ocurrió en el barco (…) pero no es como el covid, la transmisión es mucho más difícil”, añadió.

Veldkamp declinó dar detalles precisos sobre el paciente ingresado en el hospital el miércoles por la noche, pero afirmó que el centro está bien preparado para este tipo de casos. Los pacientes son aislados en habitaciones individuales, atendidos por personal altamente capacitado y bajo protocolos estrictos de control de infecciones, explicó.

“Nuestro principio es simplemente cuidar bien al paciente. No nos negamos a entrar en la habitación de aislamiento. Estamos bien entrenados para hacerlo de manera segura”, señaló Veldkamp. En general, los pacientes permanecen en aislamiento mientras presentan síntomas. Cuando mejoran, se les realiza una prueba y, si el resultado es negativo, se levanta el aislamiento.

“No sabemos exactamente cuánto tiempo puede una persona seguir portando el virus. Pero asumimos que, una vez que alguien se siente mejor, ya no es contagioso”, dijo. La unidad de Leiden está acostumbrada a tratar pacientes con enfermedades infecciosas similares, añadió la doctora, e indicó que hay más plazas disponibles en caso de un brote. “Hay varios hospitales en los Países Bajos que pueden hacerlo, así que podemos repartir la carga”, concluyó.

El ministerio de Salud chileno dijo el jueves que los turistas que recorrieron Chile, Argentina y Uruguay antes de embarcar en un crucero donde se presentaron casos de hantavirus no se habrían contagiado en este país. El barco MV Hondius, de bandera neerlandesa, suscitó alarma internacional tras la muerte de tres personas que estuvieron a bordo.

Dos de los fallecidos, una pareja de neerlandeses, recorrió Chile, Uruguay y Argentina antes de embarcar en el crucero, informaron autoridades sanitarias de Argentina el miércoles. En Chile, los turistas recorrieron el país “en un periodo que no corresponde de incubación, por lo que la exposición al virus no habría ocurrido en nuestro país”, dijo el ministerio de Salud en un comunicado.

La pareja de neerlandeses, a la que el Ministerio de Salud argentino no identificó, entró a Argentina el 27 de noviembre y, tras recorrer el país en auto, cruzó a Chile el 7 de enero. Entre esa fecha y el día en que se embarcaron en el MV Hondius, el 1 de abril, estuvieron en Argentina, Chile y Uruguay.

La OMS reportó el jueves cinco casos confirmados de hantavirus y otros tres sospechosos. Expertos sudafricanos identificaron un caso con la cepa Andes, la única de la que hay evidencia de transmisión humana. Chile afirma que el último contagio de esta cepa en el país se documentó en 2019. Según la OMS, la incubación del hantavirus es de una a seis semanas.

Fuente: AFP.

El presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), José Duarte Penayo, informó que detectaron una brecha muy crítica entre las carreras universitarias habilitadas para funcionar y aquellas que efectivamente cuentan con acreditación de calidad. Indicó que desde el año pasado vienen evaluando varias carreras, y en el caso específico de Derecho, notaron que solo el 17 % de las carreras están acreditadas, una cifra considerada alarmantemente baja por las autoridades técnicas.

En conversación con La Nación/Nación Media, el Dr. Duarte señaló que la institución a su cargo remitió un informe técnico al Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) en el que sugiere la intervención de entre 124 y 126 carreras de Derecho, distribuidas en todo el país.

“Este año actualizamos nuestro informe sobre la carrera de Derecho, donde tenemos una tasa de 17 % de acreditación. Es decir, una tasa muy baja de nivel nivel de acreditación, siendo que la carrera de Derecho, conforme a la Ley 2072/03 es una carrera taxativamente mencionada como de acreditación obligatoria”, explicó.

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Mencionó que las carreras que no están en proceso de evaluación con fines de acreditación o que nunca se presentaron a esta instancia, no solo están funcionando de manera informal, sino que además están violando la Ley 2072/03 de creación de la Aneaes y también la Ley 4995/13, que es la ley de Educación Superior.

Indicó que en el capítulo de registro de titulación se establece con claridad que un título se registrará cuando se cumplan todas las condiciones legales y para Derecho una condición legal es la acreditación.

Por tanto, Duarte señaló que la institución a su cargo comunicó al Cones, que es la instancia que tiene la potestad de intervención por medio de sus resoluciones que le facultan y entre las cuales figuran como causal de intervención estas faltas administrativas.

Indicó que remitieron este listado, según sus propios registros de las carreras que nunca fueron acreditadas para los procesos de evaluación con fines de habilitación por la Aneaes.

Aclaró que desde la Aneaes solo pueden sugerir la intervenir, ya que es una institución que tiene la función simple de evaluar, pero que sí tiene atribuciones para formular pareceres técnicos según la propia ley que les rige.

“Le sugerimos al Cones la intervención de todas aquellas carreras de Derecho que están funcionando sin haberse presentado, incumpliendo la normativa legal que les obliga a pasar por evaluación con fines de acreditación en la carrera de Derecho”, acotó.

Duarte Peñayo explicó que conforme a la Ley 2072/03, la acreditación no es opcional para Derecho ya que se trata de una carrera que afecta el patrimonio y la integridad de las personas, por lo cual su evaluación es taxativa y obligatoria.

“Consideramos que más de 100 carreras de Derecho deben ser intervenidas, e incluso podrían ser más debido a deficiencias en el catastro del Cones, las cuales debe solucionar. Además el MEC debe considerar mejor el registro de títulos de carreras no acreditadas. Desde la Aneaes emitimos un parecer técnico y expresamos preocupación por carreras que operan sin cumplir con la acreditación obligatoria”, explicó.

El titular de la Aneaes anunció que la próxima semana entregará un informe similar —y exhaustivo— sobre las carreras de Salud (Medicina, Enfermería, Kinesiología, etc.), en las que se anticipan medidas y recomendaciones igual de severas debido al riesgo que implica la falta de acreditación en estas áreas.

“Estamos preparando un informe exhaustivo sobre el área de la salud que estaremos remitiendo la próxima semana a más tardar con las mismas recomendaciones. Y así iremos iremos remitiendo informes por diferentes áreas haciendo el cruce con los datos abiertos del Registro Nacional de Títulos del MEC”, adelantó.

Finalmente, resaltó la necesidad de ir cerrando la brecha entre carreras habilitadas y carreras acreditadas, combatiendo con mucha dureza y medidas concretas la informalidad.

“Debemos pasar de los discursos a las acciones concretas en favor de la educación superior y el fortalecimiento del capital humano. No podemos seguir permitiendo la informalidad en un sistema en el que muchas universidades sí invierten en investigación, infraestructura y docentes de calidad, esfuerzo que merece respeto y respaldo”, concluyó.

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El reajuste anual del salario mínimo en Paraguay vuelve a instalar un debate centrado en el porcentaje de aumento según la inflación. Sin embargo, una mirada más estructural sugiere que la discusión podría estar enfocada en el lugar equivocado.

El economista Jorge Garicoche, en conversación con La Nación/Nación Media, advirtió que cualquier fórmula de ajuste tendrá un impacto limitado si no se aborda primero el problema de fondo, haciendo referencia a la alta informalidad laboral.

Uno de los puntos centrales del análisis es que el aumento del salario mínimo no se traduce en un beneficio sostenido para el trabajador. Según explicó, el efecto comienza a sentirse recién entre el segundo y tercer mes posterior al reajuste.

El incremento se aplica en junio, las empresas enfrentan mayores costos salariales en julio y, hacia agosto, trasladan ese impacto a los precios de bienes y servicios. Como resultado, el poder adquisitivo que se buscaba proteger termina erosionándose.

Garicoche también planteó que los trabajadores que perciben el salario mínimo enfrentan una estructura de consumo distinta al promedio, con mayor peso en rubros como alimentos y transporte.

“Yo quiero que el Banco Central del Paraguay (BCP) haga una medición de la inflación de cómo nos afecta por estratos. Si vamos a hacer políticas públicas, lo ideal es que no estén basadas en una hipótesis, sino en evidencia”, afirmó.

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Para el economista, el debate sobre si el ajuste debe basarse en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) o en la productividad resulta secundario frente a la magnitud de la informalidad.

“Pongo la firma de que el impacto de cualquier reajuste va a ser mínimo, porque nuestro problema no es la estructura del salario mínimo, sino la informalidad que existe en el mercado laboral”, sostuvo.

Además, advirtió que incrementos desalineados con la realidad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPymes), muchas de las cuales operan bajo esquemas de salarios diferenciados, podrían profundizar distorsiones y empujar a más trabajadores hacia condiciones precarias.

El análisis incorpora un elemento poco discutido, el salario no monetario. Garicoche señaló que las deficiencias en el transporte público implican una pérdida directa de tiempo productivo.

“Si a un trabajador le toma cuatro horas al día ir y volver de su empleo, ese tiempo se pierde para la capacitación o el descanso”, explicó.

A esto se suma la falta de acceso a seguridad social. Una gran parte de los trabajadores no cuenta con cobertura previsional ni de salud, lo que reduce significativamente el impacto real de cualquier aumento salarial ante situaciones de enfermedad o retiro.

Sobre la posibilidad de vincular el salario mínimo a la productividad, el economista advirtió que su medición en Paraguay presenta limitaciones importantes.

Según indicó, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en las últimas décadas respondió en gran medida a la expansión del capital y la tierra, particularmente en el sector sojero, más que a mejoras en el rendimiento por trabajador.

En ese contexto, Garicoche concluye que el país enfrenta un problema más profundo que el mecanismo de ajuste. El salario mínimo vigente ni siquiera opera como un verdadero “mínimo”, debido a las excepciones legales existentes.

Así, el desafío no pasa por encontrar una nueva fórmula de reajuste, sino por avanzar en la formalización del empleo y en la mejora de servicios públicos. Sin esos cambios estructurales, cualquier aumento seguirá teniendo un efecto limitado en el ingreso real de los trabajadores.

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