La deuda del Estado con las empresas constructoras viales se redujo de USD 220 millones a un monto estimado de entre 140 y 160 millones de dólares, según informó el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Lovera.

Al 31 de diciembre existían USD 220 millones en atrasos correspondientes a obras que habían avanzado durante el 2025 sin contar con la disponibilidad financiera necesaria para su cancelación.

Lovera señaló que la situación estuvo vinculada, en parte, a los plazos de ejecución de los proyectos viales y, según explicó, aunque en los papeles las obras tienen una duración aproximada de 36 meses, el promedio de ejecución dentro del Ministerio de Obras Públicas (MOPC) alcanza los 60 meses. “Lo que ha ocurrido es que obras que tendrían que haber culminado en el 2023 y en el 2024 seguían vigentes durante el 2025”, afirmó a la 1020 AM.

Esta situación provocó que dichos proyectos se sumaran a la programación correspondiente al 2025, generando una presión adicional sobre los recursos disponibles para hacer frente a los compromisos. Ante este escenario, detalló que desde su llegada al MEF mantuvieron reuniones con representantes de las empresas proveedoras y constructoras, con quienes establecieron compromisos de corto plazo. Estas medidas permitieron ir descomprimiendo esa presión y facilitaron que las empresas retomaran las obras que ya se encontraban en ejecución.

El ministro sostuvo que, pese a que los trabajos continuaron durante este año, el flujo de recursos destinado al sector fue superior al avance de las obras registrado en 2026. “Hoy puedo decir que generamos un flujo superior a lo que fue el avance de obras del 2026”, manifestó.

Por ello, afirmó que actualmente los atrasos se ubican entre USD 140 millones y USD 160 millones. “Los niveles de atrasos, por llamarlo de alguna manera, estarían alrededor de entre 140 y 160 millones de dólares. No es más de eso”, sostuvo Lovera, quien agregó que se está generando el flujo necesario para resolver estos compromisos durante este año.

Como último punto señaló que el principal componente que explica que el déficit fiscal llegue al 3,2 % del producto interno bruto (PIB) este año está vinculado a la actualización o la cancelación de los atrasos, principalmente en el sector de obras públicas.

El mandatario ratificó su postura de no elevar impuestos, argumentando que la producción y la inversión podrían ser afectadas.

El presidente de la Repú­blica, Santiago Peña, encabezó la apertura oficial de la IV Edición Siembra de Soja Paraguay 2026 – 2027, en el marco del 27.° aniversa­rio de la Asociación Paraguaya de Soja (APS), donde reivindicó el desarrollo social a través del campo y el rol del Estado para que el Estado garantice este desarrollo a través de políticas públicas que den la seguridad a los productores de seguir traba­jando en el campo.

“Paraguay tiene un potencial productivo gigantesco, lo que todavía puede crecer, la pro­ducción agrícola, la produc­ción ganadera, yo les puedo asegurar es más allá de los que nos podemos imaginar hoy los paraguayos y este es un trabajo que tenemos que seguir insis­tiendo, que tenemos seguir tra­bajando”, fueron las expresio­nes del mandatario durante su discurso.

Peña sostuvo que el trabajo para incentivar la producción es un trabajo que lleva a los polí­ticos a poner sobre la mesa el debate de lo que es factible o no para el sector de la produc­ción. En este sentido, ratificó su postura de no elevar impuestos, argumentando que la produc­ción y la inversión podrían ser afectadas, y eso podría ser un riesgo para el país en el sentido de disminuir la producción y consecuentemente el desa­rrollo. “Este es un debate que tengo con los legisladores, un debate que tengo con el sena­dor (Silvio) Ovelar, que claro, para los medios de comunica­ción es mucho más fácil atacarle a quien pone en relieve un tema que es sensible, porque son esos mismos grupos de comunica­ción quienes alientan los recla­mos sociales, legítimos, porque no podemos negar, todavía tenemos muchas deudas en el Paraguay, en salud, en educa­ción, en seguridad, pero nue­vamente apelo a lo que es una cadena productiva”, detalló.

Agregó que, con la suba de impuestos, se arriesga a Para­guay a estar en la posición de otros países de la región. “Nosotros no podemos con el argumento de responder a una demanda social poner en riesgo quienes generan el desarrollo y el progreso en el Paraguay, esas fueron las fórmulas que usaron muchos países y que hoy fracasan y esos producto­res están cruzando los ríos y están cruzando las fronteras y están cruzando los puentes por­que quieren venir al Paraguay a producir”, apuntó. El presi­dente aseguró estar consciente de las deudas del Gobierno con su población, pero aseguró que seguirá trabajando para cum­plirlas. “El Paraguay es un país que todavía tiene deudas con los paraguayos, y vamos a cumplir esas deudas, pero tenemos que tener cuidado que con el afán de pagar de golpe todas las deudas no estemos finalmente matando a quienes generan los recursos para poder llevar ade­lante esas demandas tan genui­nas”, sentenció.

“El debate debería ir en la dirección contraria, más empresas, más formalización y más empleo formal”, señaló Rodrigo Gamarra.

“No discutamos cómo gene­rar más impuestos, discuta­mos cómo generar más con­tribuyentes”, dijo el diputado de la Asociación Nacional Republicana (ANR) Rodrigo Gamarra. Se mostró contrario a cualquier tipo de aumento de impuestos. “Nuestra estabili­dad tributaria y competitivi­dad han sido pilares para atraer inversiones, permitir que las empresas paraguayas crezcan y generar empleo”.

Las afirmaciones del parla­mentario surgieron tras deta­llar que solo en 2025, el régimen de incentivos a la inversión permitió aprobar 121 proyectos por USD 650 millones, con más de 4.100 empleos proyectados. “Y hoy ya hablamos de 7.744 nuevas empresas y 242.000 empleos creados. El camino es incentivar al que invierte, produce y contrata, no casti­garlo por hacerlo”.

En el marco de las manifes­taciones de los médicos quie­nes exigen al Gobierno un rea­juste salarial, surgieron desde el Congreso Nacional plantea­mientos de elevar impuestos, lo que fue rechazado también de forma contundente por los sectores industriales y empre­sariales. “El debate debería ir en la dirección contraria, más empresas, más formalización y más empleo formal. Desbu­rocraticemos todavía más la creación de empresas y estu­diemos un régimen especial para nuevas mipymes, con menor carga tributaria inicial a cambio de generar y formali­zar empleos. Que sea más fácil y más barato entrar a la forma­lidad”, refirió.

Gamarra acotó que si se logra que miles de nuevos empren­dedores y trabajadores ingre­sen al sistema, se podrá ampliar la base de contribu­yentes, sin castigar al que ya produce y paga. “La solución no es que los mismos de siem­pre paguen más; es que seamos muchos más produciendo, tra­bajando y aportando”.

La Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (CNCSP) emitió un comunicado rechazando el incremento de la presión tributaria, manifestada por algunos sectores políticos ante el reclamo médico de una suba salarial generalizada. Al respecto, el gremio plantea elevar la calidad del gasto del Estado, para no cargar obligaciones sobre sectores productivos.

El gremio empresarial citado “observa con preocupación las iniciativas orientadas a incrementar la presión tributaria como respuesta a las dificultades financieras del Estado”, según indica el escrito publicado.

“Antes de solicitar nuevos sacrificios a la ciudadanía, el Estado, a través del gobierno actual, debe demostrar que está dispuesto a hacer los propios. Esto exige revisar la calidad del gasto, establecer prioridades, eliminar erogaciones injustificadas, fortalecer los mecanismos de control y garantizar que cada recurso público sea administrado con eficiencia y transparencia”, agrega en otro pasaje.

La CNCSP se suma a las manifestaciones de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), la Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay (Cemap) y la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), organizaciones que ya sentaron una postura de rechazo contra un eventual aumento de tasas impositivas. Los planteamientos sobre posibles incrementos comenzaron en el marco de la huelga de médicos.

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De acuerdo al escrito, la Cámara “está dispuesta a aportar propuestas que contribuyan a la formalización de la economía, a la mejora de la calidad del gasto y a la sostenibilidad de las finanzas públicas”.

“Ordenar el Estado, recuperar la confianza, mejorar la calidad del gasto y crear condiciones para la inversión deben preceder a cualquier pretensión de exigir un esfuerzo adicional a la ciudadanía”, concluye el texto.

Este mismo miércoles, el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, en una visita realizada al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970/Nación Media, dijo que no habrá aumento de tasas de los impuestos vigentes, sin embargo, aclaró que se están revisando el gasto tributario, el cual concierne a ciertas exoneraciones y exenciones fiscales, de manera a considerar eventuales ajustes.

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El ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, descartó cualquier tipo de incremento de tasas de los impuestos vigentes o la creación de nuevos tributos; sin embargo, reconoció que están revisando ciertas exenciones.

“Este Gobierno tiene una posición firme, nosotros no vamos a tocar tasas de los impuestos o crear nuevos impuestos, lo que sí estamos revisando es lo que hace al concepto de gasto tributario; es decir, aquellas exenciones o deducibilidades que hoy están todavía vigentes”, expresó el secretario de Estado en una visita realizada al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Sobre el punto, explicó que la revisión obedece a la intención de “fortalecer y generar eficiencia en la estructura tributaria vigente, no crear nuevos ni generar nuevos impuestos”. Amplió precisando que hay estudios que indican que dichos “gastos tributarios” alcanzan unos USD 1.000 millones.

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Posteriormente fue consultado sobre el Impuesto a la Renta Empresarial (IRE), Impuesto a la Renta Personal (IRP) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), sobre lo que fue claro al respecto y manifestó que “hoy no se toca, en esta administración no se toca”.

Indicó también que están trabajando con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) en la verificación de las exenciones, pero que “todavía no hay una propuesta puntual sobre un caso en particular”.

Sobre la perspectiva que manejan, teniendo en cuenta el volumen total posible de USD 1.000 millones, dijo que la “expectativa es generar espacio en eso para mayor recaudación”.

Durante la semana pasada, en coincidencia con la manifestación de los médicos, se conocieron planteamientos de elevar impuestos, lo que fue rechazado enérgicamente días después por gremios industriales y empresariales.

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