Sectores vinculados a entidades financieras, cooperativas, aseguradoras y organizaciones políticas deberán cumplir con un requerimiento obligatorio de actualización de datos en el sistema SIRO de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), según informó la propia institución.

La disposición, vigente desde este lunes, alcanza a bancos y financieras, casas de bolsa, cooperativas, escribanos, compañías de seguro, administraciones de fondos mutuos, así como a casinos, casas de crédito, partidos políticos, entidades de medios de pagos electrónicos y fiduciarias.

Desde la Seprelad indicaron que al ingresar al sistema, los usuarios visualizarán una alerta que los dirigirá automáticamente a un formulario de actualización de datos. Asimismo, remarcaron que la carga de información será una condición necesaria para continuar utilizando la plataforma SIRO.

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La institución instó a todos los Sujetos Obligados a dar cumplimiento a esta disposición dentro del plazo establecido, con el objetivo de garantizar la integridad y vigencia de la información registrada en el sistema.

Según explicaron, el requerimiento forma parte de las acciones orientadas a mantener actualizados los datos de los sectores alcanzados por las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

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El juicio oral prosigue el 19 de junio a las 11:00 con la exposición de pruebas documentales.

Con la exposición de varios documentos prosiguió el juicio oral contra el exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Óscar Boidanich. El exalto funcionario está siendo juzgado por la pre­sunta frustración de la eje­cución y persecución penal, al supuestamente no alertar sobre operaciones del empre­sario Darío Messer entre los años 2017 y 2018.

En esta jornada se realizó la producción de pruebas docu­mentales para dar continui­dad al proceso judicial. “En su mayoría es información interna de la Secretaría de Lavado de Dinero de aquel entonces, los procedimien­tos que se llevaron adelante y también cómo el caso en sí está construido por el Minis­terio Público a partir del ejer­cicio de funciones. También se incluyó toda una serie de actos normativos que deno­tan quién ejercía qué fun­ción y en qué época”, detalló el abogado Claudio Lovera, defensor de Boidanich.

Asimismo, ya declararon 11 testigos. De acuerdo con el referido profesional del dere­cho, las declaraciones confir­man que la argumentación de la Fiscalía contra el exminis­tro de la Seprelad no se ajusta a los hechos.

Exalto funcionario declaró en juicio sobre el circuito de borradores de la elaboración del informe del caso Messer y deslindó responsabilidad de Óscar Boidanich.

En el marco del juicio oral y público que enfrenta el exmi­nistro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) Óscar Boidanich declara­ron ayer varios testigos, entre ellos el exdirector general de la Asesoría Jurí­dica de la mencionada insti­tución, Alejandro Dávalos; Diana Benítez, asistente administrativa de dicha dependencia, y Paola Godoy Ayala, jueza instructora de un sumario administrativo interno.

Durante la declaración ante el tribunal de sentencia, el exdirector jurídico Alejandro Dávalos detalló el circuito ins­titucional que siguen los borra­dores de informes financieros. Explicó que estos documentos son remitidos por la Dirección de Análisis a la Dirección de Asesoría Jurídica para su revi­sión. Respecto al caso anali­zado, Dávalos precisó que el borrador permaneció en su departamento durante casi cinco meses debido a la alta carga de trabajo y al análisis simultáneo de otros expedien­tes. El testigo clave aclaró que el dictamen final de su direc­ción recomendó profundizar la investigación mediante la inclusión de datos adiciona­les y solicitar aclaraciones al borrador original. Tras este proceso, el documento fue devuelto a la Dirección de Aná­lisis Financiero con las obser­vaciones correspondientes para su posterior remisión al Ministerio Público. Dávalos fue enfático al señalar que el exministro Óscar Boidanich no tuvo participación en nin­guna de estas etapas técnicas.

Por su parte, la asistente admi­nistrativa Diana Benítez aportó detalles sobre el fun­cionamiento operativo y las competencias de la Dirección de Asesoría Jurídica.

Final­mente, la jueza instructora Paola Godoy Ayala se remitió estrictamente al contenido de su pronunciamiento en el sumario administrativo reali­zado a funcionarios de la enti­dad. Dicho documento, cuyo objeto procesal no incluía a Óscar Boidanich.

La audien­cia oral prosigue el viernes a las 9:30. Boidanich está siendo juzgado por frustración de la ejecución y persecución penal basándose principalmente en la hipótesis de que el exfuncio­nario de Estado ocultó, retrasó y cajoneó de manera delibe­rada información clave sobre los movimientos financieros sospechosos de Messer. Ante este escenario, Lovera dijo que en la audiencia se puede resaltar que la Seprelad actuó de manera proactiva, respon­diendo a estrictos criterios de inteligencia financiera.

En el juicio oral declararon cuatro testigos y se ha producido varios elementos documentales.

El abogado Claudio Lovera, defensor del extitular de la Secre­taría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Óscar Boidanich, indicó que en el presente juicio oral y público declararon cuatro tes­tigos. Estos mencionaron que el informe emitido por la ins­titución en el caso del empre­sario Darío Messer fue legal y se produjo en tiempo y forma, lo que permitió al Ministerio Público iniciar la investiga­ción penal en su momento.

Lovera sostuvo: “Básica­mente se expuso en el juicio oral lo que fue la tramitación en sí; primero el borrador de informe y posteriormente el documento que fue remitido al Ministerio Público. En lo que respecta a Boidanich, él no tuvo ninguna intervención irregular en esa área (encar­gada de la elaboración del reporte de inteligencia finan­ciera de Messer)”.

Agregó: “Citaron, por ejemplo, el volumen de trabajo con el que contaban los analistas de la Seprelad y los tiempos que eso implicaba para la elabora­ción de los informes de inteli­gencia financiera. Se detalló que incluso uno de los funcio­narios llegó a colaborar con la labor del Ministerio Público en el marco de la investigación generada a Messer”. Lovera ratificó que no “existen méri­tos o elementos” que moti­ven a condenar a su cliente por la supuesta frustración de la persecución penal. “A la vez, se empezaron a ingresar las pruebas documentales y existe una relevante que es el documento a partir del cual se abrió esta causa: una nota que enviaron los agentes fiscales a cargo del caso de Messer”.

El documento expone que el reporte de inteligencia finan­ciera elaborado por la Sepre­lad se remitió en tiempo oportuno y que su contenido fue útil para el Ministerio Público. “Los testigos estuvie­ron explicando cómo se lleva adelante y cómo se llevaba adelante en aquella época la elaboración de un informe. Se cumplieron con todos los pasos previstos en ese enton­ces, dentro de las etapas habi­tuales del trabajo“, mencionó.

La Fiscalía sustenta su acusa­ción basándose principalmente en la hipótesis de que el exfun­cionario de Estado ocultó, retrasó y cajoneó de manera deliberada información clave sobre los movimientos finan­cieros sospechosos de Messer. Ante este escenario, Lovera dijo que en la audiencia de la fecha se puede resaltar que la Sepre­lad actuó de manera proactiva, respondiendo a estrictos cri­terios de inteligencia finan­ciera.

Finalmente, el abogado argumentó que un punto fun­damental en la causa que tam­bién contribuye a desmontar la acusación fiscal es que, en el lapso del trabajo de inteligencia financiera por parte de Sepre­lad, “no se filtró ningún dato, no se alertó a nadie sobre su trabajo y esto permitió que el Ministerio Público tomara las decisiones oportunas y perti­nentes”.

El juicio oral prosigue este lunes 1 de junio a las 8:30 de la mañana con la declara­ción de cinco testigos. El Tri­bunal de Sentencia que tiene a su cargo juzgar el caso está inte­grado por Darío Báez, Gloria Hermosa y Natalia Cacavelos.

El abogado defensor Claudio Lovera ratificó que no “existen méritos o elementos” que motiven a condenar a su cliente por la supuesta frustración de la persecución penal. “A la vez se empeza­ron a ingresar las pruebas documentales y existe una relevante que es el documento a partir del cual se abrió esta causa que fue una nota que enviaron los agentes fiscales a cargo del caso de Messer”.

El documento expone que el reporte de inteligencia financiera ela­borado por la Seprelad se remitió en tiempo oportuno y que su contenido fue útil para el Ministerio Público. “Los testigos estuvie­ron explicando cómo se lleva adelante y como se llevaba adelante en aquella época la elaboración de un informe. Se cumplieron con todos los pasos previstos en esa época, dentro de las etapas habi­tuales del trabajo”, mencionó.

Finalmente, el abogado argumentó que un punto fundamental en la causa que también contribuye a desmontar la acusación fiscal, es que en el lapso del trabajo de inteli­gencia financiera por parte de Seprelad “no se filtró ningún dato, no alertó a nadie sobre su trabajo y esto permitió que el Ministerio Público haya tomado las decisiones oportuna y pertinente”.