La recientemente aprobada reforma en el sistema de pensiones del sector público ofrece “beneficios limitados” para las finanzas públicas del Paraguay, sostiene la calificadora internacional de riesgo Fitch Ratings.

Sin embargo, ante ello explica que es muy probable que se necesiten reformas adicionales para contener y reducir el déficit del sistema.

Las reformas al sistema de pensiones del sector público (Caja Fiscal) fueron aprobadas por el Congreso y firmadas por el presidente Santiago Peña en marzo pasado.

En su más reciente reporte, la calificadora señala que a pesar de que la reforma aprobada en el Congreso suavizó significativamente la propuesta original del gobierno, la misma sigue siendo coherente con la previsión de que el déficit de la caja fiscal de Paraguay disminuirá al 1,5 % del PIB en 2026 y que se mantendrá prácticamente sin cambios en 2027.

En tanto, advierte que las presiones fiscales están aumentando. En ese sentido, mencionó que las deudas registradas con proveedores del Estado podrían ejercer presión al alza sobre el déficit en 2026 si se liquidan directamente, o a mediano plazo si se liquidan mediante factoring u otros mecanismos.

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“Estimamos que el logro de la meta de déficit del 1,5 % respaldaría la estabilización de la deuda pública/PIB en torno al 31,6 % en 2026, una de las más bajas entre los países con calificación ‘BB’. Los bajos déficits fiscales y la deuda son factores que contribuyen a la perspectiva positiva de la calificación soberana ‘BB+’ de Paraguay, junto con un sólido desempeño y perspectivas de crecimiento gracias a una sólida cartera de inversiones y aumentos estructurales en la aún baja base de ingresos», señala el reporte.

Como conclusión, indica que la reforma fiscal de la caja de marzo difícilmente será un catalizador por sí sola para una mejora de la calificación soberana, ya que solo aborda modestamente los desafíos estructurales que podrían complicar el cumplimiento de las metas fiscales.

“Las perspectivas de una mejora de la calificación probablemente dependerán de otros esfuerzos para garantizar un bajo déficit fiscal, la sostenibilidad del sólido crecimiento y la dinámica de inversión de Paraguay, y una gestión exitosa de la crisis del petróleo”, concluye.

Las estimaciones del gobierno muestran que se estabilizará en el 1,2 % del PIB a partir de 2032, en comparación con el 1,6 % en un escenario sin reforma, aunque esto podría capturar principalmente la contribución estatal, lo que significa un beneficio menor para el saldo del gobierno central.

La reforma aprobada diluyó significativamente la propuesta original del gobierno que contemplaba una edad mínima de jubilación de 57 años y una contribución gubernamental menor del 3 %, tras la oposición del Congreso y las protestas públicas.

Esto pone de relieve el desafío institucional de reformar completamente la Caja Fiscal, a pesar del fuerte impulso reformista en otras áreas.

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El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, se refirió al paro del transporte público y a las negociaciones del Gobierno con este sector. El legislador manifestó que celebra el acuerdo que se llegó entre el sector transportista y el Gobierno, pero que “es fundamental reflexionar sobre esta situación y encontrar otros métodos para dirimir las diferencias y que deje de ser la ciudadanía la que paga en este tipo de situaciones”.

“Nosotros no podemos permitir que los ciudadanos paraguayos sean rehenes, que sufran, que no tengan forma de llagar a las escuelas, a las universidades, a sus trabajos, cada vez que el gremio de transporte hace un planteamiento. Nuestro desafío es avanzar hacia soluciones que permitan dirimir los conflictos”, afirmó en rueda de prensa.

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Con relación a la nueva ley de reforma del transporte público, sostuvo que, desde el Congreso nacional, o por lo menos desde la Cámara de Diputados, acompañarán y controlarán la aplicación de la nueva normativa que se encuentra en proceso de reglamentación en el Poder Ejecutivo.

“Hay mucha esperanza puesta en esa reforma. Desde la Cámara de Diputados vamos a acompañar fuertemente esta reforma y vamos a ser contralores, nuestro rol es legislar y lo hicimos, después de legislar es controlar y lo vamos a hacer”, apuntó.

Finalmente, expuso que “el sistema del transporte público es pésimo, donde los paraguayos tienen que esperar horas para que pase su colectivo, donde muchas veces tienen que ir parados, pasan horas de sus vidas en ese lugar en vez de pasar con sus familias o con sus seres queridos, o aprovechar el tiempo”.

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Tras el acuerdo entre el sector transportista y el Gobierno, ayer domingo y que logró restablecer el servicio de transporte público, el presidente de la República, Santiago Peña, afirmó que seguirá avanzando en el proyecto de reforma. Peña ya promulgó el proyecto en enero de esta año, pero aún se aguarda la reglamentación de la nueva normativa para su aplicación.

“Esto no alcanza. El problema es estructural y estamos trabajando en eso. Por eso avanzamos con la Ley de Reforma del Transporte Público para dejar atrás los parches y transformar de raíz el sistema. Porque la gente merece un transporte digno, eficiente y a la altura de su esfuerzo. Y eso es lo que vamos a garantizar”, afirmó el mandatario a través de sus red social X.

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Peña afirmó que la prioridad para su Gobierno será el bienestar de la población y velar por sus derechos. “La ciudadanía está primero, siempre. Estoy convencido de que con diálogo podemos resolver cualquier diferencia. Pero también tengo claro que cuando se trata de defender a la gente, voy a actuar con firmeza”, indicó.

Mientras tanto, destacó el trabajo y las negociaciones que llevaron adelante el viceministerio de Transporte, y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para lograr destrabar el conflicto y restablecer el servicio de transporte público para la ciudadanía. Como así también el trabajo de contingencia de las instituciones para dar una opción de transporte a la ciudadanía.

“Hoy restablecimos el servicio de transporte público en el área metropolitana. Una medida que busca devolverle tranquilidad a miles de paraguayos que necesitan moverse para trabajar, estudiar y salir adelante cada día. Mi reconocimiento al trabajo coordinado entre instituciones del Gobierno del Paraguay, que sostuvo el plan de contingencia en un momento crítico”, sentenció el presidente.

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Tras un nutrido debate, el plenario de la Cámara de Senadores, decidió por mayoría de 27 votos la postergación por dos semanas, el tratamiento del proyecto de Ley de “Fondos de Jubilaciones y Prensiones para miembros del Poder Legislativo”, conocido como “Reforma de Caja Parlamentaria”.

Si bien la propuesta normativa que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, ha conseguido dictámenes a favor de la aprobación con modificaciones, las cuales fueron planteadas durante la sesión ordinaria de la Cámara Alta por los titulares de las Comisiones de Hacienda, como también de Cuentas y Control, fue finalmente a propuesta del senador Óscar Salomón, que la iniciativa quedó postergada por 15 días para un mejor estudio de las modificaciones.

Al respecto, el senador Dionisio Amarilla, titular de Cuentas y Control, ofició de vocero de ambas comisiones dictaminadoras, resaltando que son varios los artículos que plantean las modificaciones.

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En líneas generales señaló que el proyecto sancionado por Diputados dispone el aumento de los aportes de un 2 %, pasando de 22 al 24 por ciento, que pasa a constituirse en los fondos de jubilaciones y penciones. Los jubilados pasarán a aportar de 11 al 14 por ciento del monto que perciben como haberes de jubilacion, así como los pensionados. También señala que se dispone la eliminación del aporte del Estado, se prohíbe taxativamente, remarcando que fue uno de los aspectos más consultados.

Las propuestas de modificacion planteadas por las comisiones asesoras recomiendan suprimir del artículo 7 que la comisión administradora realice descuentos de cheques diferidos. Además, proponen que en caso de que un legislador desee retirar sus aportes al dejar el cargo, lo pueda hacer en un 95 % y no en un 85 % como plantea Diputados.

El senador Amarilla señaló que también proponen que para acceder a la jubilación ordinaria se contemplen 10 años de aportes (dos periodos legislativos) con 55 año de edad, según la versión de diputados; y lo que proponen es unificar que sea recién a los 60 años y con 15 años de aportes (tres periodos legislativos); con una taza de sustitución del 80 % nominal de gastos de representación más la dieta.

El legislador señaló que en la propuesta de la comisión se incluye un articulado que establece los certificados de deudas (préstamos) que son sujetos de préstamos los funcionarios del Poder Legislativos, los mismos en caso de desvinculación por la causa que sea, honre primeramente la deuda contraída con la caja, que era un aspecto no contemplado en el proyecto con media sanción.

También se suprime del proyecto de ley el párrafo del artículo 30, que establece que los gastos del personal administrativo de la Caja Jubilatoria serán cubiertos con el Prespuesto General de la Nación. Por lo que el Senado plantea que ningún gasto del personal de la caja sea financiado con erario público.

Otra propuesta que plantea modificación es respecto a la versión de Diputados, que otorga la posibilidad de seguir aportando, sin importar que sean reelectos de forma pausada o consecutiva, siempre que hayan aportado 2 periodos completos, y si no tuvieran la edad requerida para jubilación, seguir aportando para llegar al 80 % del monto estipulado como tasa de sustitución.

Explicó que la versión de Diputados habla de 2 periodos y que también solo le faltase un año. Desde las comisiones del Senado plantean que puedan seguir aportando por el tercer periodo hasta completar los 15 años de aporte. Indicó que esto permitirá fondear también a la Caja de Jubilaciones.

El senador Amarilla terminó remarcando que con todas estas modificaciones que se plantean, le permitirá contar la Caja Parlamentaria una previsibilidad hasta el 2040.

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