El gobierno español descartó un nuevo confinamiento general para luchar contra la tercera ola de COVID-19, pero podría permitir a las regiones adelantar su toque de queda, anunció el sábado el ministro de Sanidad. “No contemplamos en este momento ningún confinamiento domiciliario”, dijo Salvador Illa en una rueda de prensa, una estrategia que contrasta con países como el Reino Unido, que volvió a confinar a su población.

Cinco regiones españolas pidieron esta semana al gobierno central que implemente un confinamiento estricto mientras el número de casos de COVID-19 sigue aumentando en el país desde las fiestas de fin de año. Después de haber superado la semana pasada la cifra simbólica de dos millones de casos confirmados, España registró el viernes un récord de 40.197 casos en 24 horas.

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La situación es “muy preocupante” pero ahora “tenemos experiencia y sabemos como doblegar esta curva” de contagio, dijo Illa. Las autoridades consideran suficientes las restricciones aplicadas en el marco del estado de emergencia sanitaria, vigente hasta el mes de mayo, y que las regiones están endureciendo.

Se trata de medidas como los toques de queda, el cierre de determinadas ciudades o zonas, la reducción de la capacidad y de los horarios de bares y restaurantes o la prohibición de entrar en una región a menos que exista una razón válida. Sin embargo el gobierno está dispuesto a revisar la hora del toque de queda, indicó Illa.

El decreto de estado de emergencia permite actualmente a las regiones fijar sus toques de queda entre las 22:00 y las 7:00, con una tolerancia de una hora más o menos. Pero Castilla y León (centro) decidió el viernes establecer su toque de queda a las 20:00 y el País Vasco (norte) a las 18:00.

Ante el retraso en la entrega de las vacunas anunciado el viernes por la firma Pfizer, el ministro anunció que los países de la Unión Europea recibirán la próxima semana “el 56% de las dosis previstas”, es decir, aproximadamente 205.000 dosis para España frente a las 350.000 iniciales.

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Se dará prioridad a los que recibieron la primera dosis al principio de la campaña de vacunación y ahora necesitan la segunda dosis, explicó. “La semana siguiente la previsión es recibir las dosis que estaban previstas”, dijo, estimando que la vacunación había alcanzado su “velocidad de crucero” en España, donde se ha administrado el 70% de las dosis recibidas. El objetivo del gobierno es vacunar al 70% de los 47 millones de españoles antes del verano.

Fuente: AFP.

Bogotá, Colombia. AFP

Reinaldo Rueda fue designado este jueves como nuevo entre­nador de una selección Colom­bia que espera enderezar el rumbo hacia Catar-2022.

“Les deseamos muchos éxi­tos al DT Reinaldo Rueda y a su equipo de trabajo, con­vencidos de que realizarán una excelente labor”, indicó la Federación Colombiana de Fútbol en un comunicado. El colombiano, de 63 años, deberá levantar a un equipo que viene de sufrir dos goleadas consecu­tivas y está en la cuerda floja en el premundial sudamericano.

El entrenador llegó el miér­coles a un acuerdo para dejar el cargo de seleccionador nacional de Chile, que suma los mismos puntos (4) que la tricolor en la eliminatoria mundialista.

Tras cuatro fechas Colombia es séptima y Chile sexta en la tabla. Ambos están fuera del grupo de cuatro clasificados directos al Mundial de Catar-2022 y persiguen la quinta casilla, que deberá disputar el repechaje con un equipo de otro continente. “Es una pena muy grande esta noticia de que no seguirá trabajando junto a nosotros en este camino al mundial”, lamentó el capi­tán de la selección chilena, Arturo Vidal, tras conocerse la llegada de Rueda al banquillo de su rival en el camino hacia Catar-2022.

El presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Pedro Galli, sostuvo que el Gobierno debe brindar una solución definitiva al problema de la tierra, pero dentro del marco jurídico, constitucional y de las nor­mas medioambientales que rigen en el país.

Esto, ante la nueva propuesta que pre­sentó el Ejecutivo sobre expropiar 806 hectáreas de la reserva Yberá, ex Marina Cué, a modo de compensa­ción a los ocupantes ilegales que iban a ser beneficiados con la ley vetada que preten­día la expropiación de 1.700 hectáreas.

En comunica­ción con el diario La Nación, Galli sostuvo que, en defini­tiva, lo que no se puede “es seguir pateando la pelota hacia adelante”. Indicó que el problema habitacional es una situación crítica que va en aumento y se vuelve más complejo, porque no es el único lugar invadido. “Nos gustaría que la solución que se vaya a dar a estos con­flictos sea dentro del marco jurídico, constitucional de nuestro país y respetando los acuerdos y tratados interna­cionales relativos al medio ambiente”, expresó.

Analizando la nueva propuesta de expropiar las 806 hectáreas, que supuestamente ya están deforestadas, indicó que para determinar esa porción de tierra de la reserva Yberá, ex Marina Cué, se debe hacer una mensura por parte del Instituto Forestal Nacional (Infona), hacer una desafec­tación y posteriormente debe­ría ser transferida al Indert. No obstante, remarcó que es importante analizar si todo esto no genera un nuevo con­flicto jurídico con el artículo 98 del Estatuto Agrario, en el que claramente se establece que invasores no pueden ser sujetos de la reforma agraria. “Parece una salida razonable, pero el Estatuto Agrario pro­híbe expresamente adjudi­car tierra a invasores, así que no sé cómo se va manejar este asunto. Además, tenemos un conocimiento muy superfi­cial de este probable nuevo proyecto que presentó el Eje­cutivo”, precisó.

Respecto a cómo solucionar el problema de fondo, que es la falta de tierra que no solo existe dentro de la reserva Yberá, que es propiedad del Estado, sino que también en otros establecimientos priva­dos, como el caso de la Estan­cia Pindó y otros, insistió que se debe dar una solución defi­nitiva, pero que sea dentro del marco jurídico. “Esto es un problema que va creciendo y que se debe resolver de una vez, porque entre estos gru­pos que hacen invasiones están mezclados campesi­nos, gente de buena fe, pero también criminales, trafican­tes de rollos, drogas. Enton­ces, es un problema muy com­plejo, porque no se tomaron las medidas a tiempo”, dijo

Héctor Cristaldo, titular de la Unión de Gremios de la Produc­ción (UGP), indicó que el propio estatuto agrario establece que las áreas silvestres protegidas no pueden ser utilizadas para la reforma agraria, por lo cual considera que no se puede si quiera expropiar una parte de las tierras de la reserva Yberá, ex Marina Cué, para instalar una zona urbana. No obstante, felicitó y destacó el valor del veto del Ejecutivo al proyecto de ley que pretendía la desafectación de 1.700 hectáreas, con fines de la reforma agraria.

En ese sentido, indicó que la propuesta tuvo un mal nacimiento desde su inicio, porque se contrapuso a la ley que declaraba área silvestre protegida a perpetuidad, y mal se haría si se atropellaba para cambiar el estatus de esa área, mutilando la propiedad. “Sería una señal muy negativa que se daría al mundo si eso ocurre. Por tanto, no se puede cambiar el estatus de área silvestre protegida, para convertirla en un área urbana”, enfatizó.