El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19.

El día de ayer se reinició el juicio oral contra el exintendente des­tituido de Ciudad del Este Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza por el caso conocido como Tía Chela donde existe un perjuicio de G. 2.130 millones.

La audiencia se reanudó con la exposición de más pruebas documentales. El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimen­tos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19, causa en la que se investiga un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016 a la Municipali­dad de Ciudad del Este.

Al inicio de esta audiencia, el fiscal acusador, Silvio Cor­beta, expuso ante el Tribu­nal de Sentencia sobre más pruebas documentales en el marco del juicio.

En esta jornada se produ­cirá una gran cantidad de elementos probatorios en relación con los documentos recolectados por el Ministe­rio Público durante la etapa investigativa y luego se estaría dando el receso diario corres­pondiente, reportó el perio­dista de Nación Media Aldo Insfrán desde judiciales.

La acusación fiscal señala que Prieto habría favorecido de forma directa a la empresa Tía Chela SRL mediante una contratación por vía de excep­ción, a pesar de que la firma carecía de la capacidad ope­rativa y financiera para responder a la demanda.

De acuerdo a los investigado­res, la distribución de víveres se realizó de manera parcial, lo que habría generado un per­juicio patrimonial estimado en G. 2.130.036.160 a la muni­cipalidad esteña.

El fiscal consideró que la conducta de Miguel Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actualmente, atendiendo a la gravedad del hecho.

El fiscal Silvio Corbeta sos­tuvo que el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto amenaza a los testigos que deben declarar en su contra durante el desarrollo del jui­cio oral y público en el caso conocido como Tía Chela. En esta causa, el exjefe comunal está siendo juzgado por lesión de confianza y asociación cri­minal por ocasionar un per­juicio patrimonial de G. 2.130 millones.

El representante del Minis­terio Público consideró que la conducta del acusado Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actual­mente, atendiendo a la gravedad del hecho. Las declaraciones del fiscal se generaron luego de que Prieto anunciara que presen­tará una denuncia penal contra el exconcejal Celso “Kelembu” Miranda, quien debe declarar en el juicio por el supuesto nego­ciado en la compra de kits de ali­mentos para familias afectadas por la pandemia.

Miranda había presentado previamente una denuncia por presuntas irregularida­des en la adquisición de equi­pos para una planta asfáltica. Dicha investigación fue des­estimada y Prieto anunció que denunciaría al exconce­jal por denuncia falsa. Cor­beta explicó que la deses­timación se produjo tras la investigación fiscal y señaló que la denuncia de Miranda motivó a varios proveedo­res a presentar reclamos, lo que derivó en la nulidad de una licitación que, según el agente, había sido adjudicada a la empresa con la oferta de mayor costo. “Nosotros vamos a seguir litigando, vamos a mantenernos den­tro del margen y vamos a evi­tar cualquier tipo de victi­mización como acostumbra este señor a realizar”, mani­festó el fiscal.

El juez penal de garantías, Humberto Otazú, otorgó medidas alternativas a la prisión al exintendente de Villa Hayes, Esteban Ríos Ayala, y a su hijo, Esteban David Ríos Isasi, imputados por supuesta administración en provecho propio por un presunto negociado con un terreno municipal en Remansito, por cuya adjudicación no se habría realizado pago alguno.

Otazú dispuso la prohibición de cambiar de domicilio, mantener los números de celular informados al Juzgado y cumplir con la prohibición de salir del país, entre otras reglas de conducta.

Además, fueron intimados a presentar, en un plazo de 20 días, el título de propiedad y el informe de condiciones de dominio del inmueble ofrecido como fianza. La garantía deberá cubrir G. 25.000.000 por cada procesado, por un total de G. 50.000.000.

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Según la imputación fiscal, entre 2020 y 2021, el entonces intendente habría beneficiado a su hijo con un certificado de ocupación de un inmueble municipal de 2.512,02 metros cuadrados, ubicado en San Jorge–Remansito. Posteriormente, el terreno fue adjudicado a Ríos Isasi, quien presuntamente no abonó el arrendamiento ni el precio de la adquisición definitiva.

El 26 de noviembre de 2020, Ríos Ayala expidió el certificado de ocupación a favor de su hijo. En 2021, este solicitó el arrendamiento del inmueble y el procedimiento culminó con un contrato que fijó un canon anual de G. 120 por metro cuadrado, monto que tampoco habría sido pagado.

El 25 de octubre de 2021, Ríos Isasi solicitó la compra definitiva del terreno. La Junta Municipal de Villa Hayes, mediante la Resolución JM N.º 510/2021, del 2 de noviembre de ese año, aprobó la adjudicación por G. 32.068.447 y autorizó al entonces intendente a suscribir la escritura de transferencia.

Sin embargo, según un informe remitido por la Municipalidad al Ministerio Público, no existen registros de pagos por la adquisición definitiva ni comprobantes contables.

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Este martes, la Policía Nacional detuvo a un hombre de nacionalidad rusa que fue descubierto cuando intentaba realizar gestiones en un banco con una cédula de identidad paraguaya falsa en la ciudad de Itá. El caso ya está bajo investigación y se descartaron alertas internacionales previas.

Según el reporte dado por agentes de la Comisaría 12 Central, el hecho se registró específicamente en la sucursal del Banco Nacional de Fomento (BNF) que se encuentra ubicada sobre la ruta Mariscal Estigarribia, entre Manuel Gamarra e Independencia Nacional en pleno centro de la citada ciudad.

El detenido fue identificado como Aleksandr Malinko, un ciudadano ruso, que portaba una cédula de identidad paraguaya y que tras ser denunciado fue identificado mediante biometría por la Policía Nacional. La Interpol confirmó que el sujeto no posee orden de captura internacional.

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Este procedimiento se dio luego de que una funcionaria del banco se percató de que la documentación presentada carecía de las medidas de seguridad requeridas y decidió notificar a las autoridades, mientras entretenía al hombre. Los agentes utilizaron el Sistema Cabis (sistema de identificación biométrica) para determinar su verdadera identidad.

El ciudadano ruso se encuentra bajo custodia y a disposición del agente fiscal de turno de la Unidad Penal n.° 2, la abogada Alejandra Vera. Se ordenó su traslado al Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional para continuar con las verificaciones correspondientes sobre su situación.

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Tras mantener ayer un encuentro con el presidente en ejercicio, Pedro Alliana, el titular del Instituto de Previsión Social, Derlis León, manifestó que existe un panorama propicio para que la institución inicie el cobro de USD 70 millones al Ministerio de Salud Pública por los gastos acumulados por la atención médica y los servicios sanitarios brindados a personas no aseguradas durante la pandemia del covid-19.

“Según los informes que tengo recabados, la deuda asciende a un poco más de USD 70 millones, pero, como somos dos instituciones que trabajan en conjunto, quedó para el diálogo también la posibilidad de una compensación que lo hacemos casi a diario en el sentido de la cooperación en servicios o medicamentos. Ahora la situación está propicia para que avancemos al mecanismo de compensación”, refirió León, este miércoles, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

A la vez, se refirió sobre el pedido realizado a la Cámara de Diputados referente a postergar el proyecto que declara la emergencia en IPS, teniendo en cuenta que el contexto de urgencia varió desde el momento en que fue planteado desde el Congreso Nacional. Incluso se analiza la posibilidad de requerir al Ejecutivo el veto de llegarse a sancionar.

“El escenario es un poco más alentador que hace 3 meses. Tanto la versión del Senado como Diputados coincidían en algún instrumento para ayudarnos a afrontar nuestros requerimientos en recursos humanos, porque eso también fue y es una crisis para la institución, donde nuestros especialistas terminaron migrando al Ministerio de Salud por una diferencia salarial”, manifestó.

León acotó que “ambas versiones sugerían que seamos ágiles para contratar más médicos y también, de alguna manera, reponer velozmente las renuncias, solamente en lo que va de los últimos 8 meses han renunciado más de 150 enfermeros, más de 80 médicos, principalmente por la precariedad salarial que está planteada también dentro de nuestra situación actual. Antes de que inicie esta propuesta para ayudar al IPS, nosotros no teníamos la posibilidad de contratar a los 500 médicos, que ya estamos contratando en las últimas dos semanas para seguir cumpliendo la ley de reducción de carga horaria”.

No obstante, refirió que quedará pendiente contratar enfermeros u otros personales extranjeros de alta capacitación. Así mismo, comentó que el escenario también es diferente en cuanto a la adquisición de medicamentos e insumos.

La iniciativa de emergencia plantea la búsqueda de mecanismos abreviados para las compras públicas. “Hemos accedido a más de G. 800 mil millones y llegaremos a G. 1 billón en el presupuesto del 2027 para la emisión de órdenes de compras y poder abastecernos y eso arrancó hace 4 semanas atrás aproximadamente. Ya la ciudadanía irá sintiendo que el IPS está abastecido, ayer martes tuvimos una llegada importante de medicamentos”, puntualizó.

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Con relación a las alternativas que manejan para el pago de las deudas vencidas de la previsional, León refirió que una de ellas consistiría en acceder a un crédito bancario a una tasa del 9 % colocando las reservas técnicas de la institución de garantía.

“La versión del proyecto de Senadores consistía en aumentar el tope de depósito en la banca, pero el escenario también es diferente en este momento. Me reuní con el equipo administrativo y solicité el estudio de una alternativa o plan B, el cual ya surgió. La reserva técnica es de G. 300 mil millones, el cual se puede utilizar como garantía para un préstamo a la misma tasa, es un ejercicio habitual y avanzaremos hacia este lado”, detalló.

Por otra parte, León calificó de positiva la reunión que mantuvo con Alliana, a quien planteó una serie de iniciativas para zanjar los conflictos que subsisten en la previsional. “Fue la presentación de un análisis de la percepción de la gestión y sugerencia para fortalecer las áreas más débiles. Como es sabido, en IPS nuestra dificultad mayor es el stock de los medicamentos y el acceso a los servicios, entonces fue un momento de diálogo. La instrucción del presidente Santiago Peña y del vicepresidente Pedro Alliana es que redoblemos los esfuerzos para estas dos áreas”, refirió.

El médico agregó que “ambos piden especial atención en el abastecimiento de medicamentos y el acceso a nuestros servicios de salud, fue muy buena la reunión y nos fuimos planteándole muchas estrategias para buscar resultados en el menor tiempo posible”.

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