A más de 14 años del inicio del conflicto, la Justicia elevó a juicio oral y público la causa por la ocupación de tierras de Agroganadera Pindó, una decisión que la Asociación Rural del Paraguay (ARP) calificó como un “avance significativo”.

El proceso penal afecta directamente a Jorge Mercado Méndez, imputado como uno de los principales dirigentes de la invasión de inmuebles de la firma agroganadera en el departamento de Canindeyú.

A través de un comunicado que dieron a conocer por redes sociales en la fecha, el gremio rural celebró la resolución del Juzgado de Garantías de Curuguaty que, tras un largo proceso de investigación iniciado en 2012, rechazó los incidentes planteados por la defensa y dispuso la elevación de la causa a juicio oral y público.

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“Esta decisión constituye un avance significativo en una causa iniciada en el año 2012, cuya prolongación durante más de 14 años evidencia la necesidad de fortalecer la protección efectiva de los derechos constitucionales”, remarca el comunicado.

Así también, la ARP instó a las autoridades a responder a las problemáticas sociales vía políticas públicas legítimas y no al margen de la ley. En el documento se señala que el artículo 109 de la Constitución Nacional establece categóricamente que “la propiedad privada es inviolable”.

Remarca que su respeto constituye “una garantía esencial del Estado de Derecho y una condición indispensable para la inversión, el trabajo y el desarrollo de la producción nacional”.

“Las reivindicaciones sociales deben encontrar respuestas mediante políticas públicas y procedimientos legítimos, sin que la ocupación de inmuebles o la comisión de hechos punibles puedan convertirse en mecanismos para adquirir o legalizar derechos de propiedad al margen de la Constitución y las leyes”, manifiesta una parte del escrito.

Asimismo, refiere que la seguridad jurídica exige mucho más que el reconocimiento formal de los derechos. “Requiere una actuación oportuna y eficaz de las instituciones del Estado, la prevención de hechos ilícitos y el cumplimiento de las resoluciones judiciales. La agricultura, la ganadería y la agroindustria necesitan estabilidad, previsibilidad y garantías para desarrollar inversiones que generan empleo, riqueza y oportunidades para el Paraguay”, expresa en su pronunciamiento.

Resalta además que, la apertura a juicio oral constituye un avance procesal y no una declaración de culpabilidad; teniendo en cuenta que las responsabilidades deberán determinarse con pleno respeto al debido proceso.

De esa manera el gremio señala que es fundamental el estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional, sin excepciones ni actuaciones al margen de la ley, con pleno respeto a la Constitución Nacional, los tratados internacionales ratificados, el Código Civil, el Código Penal y demás disposiciones legales aplicables, conforme al orden de prelación establecido en el artículo 137 de la Constitución Nacional.

“En esencia, no se solicita un trato particular ni una intervención política, sino que el Poder Judicial cumpla con sus funciones constitucionales, garantizando la independencia judicial, el debido proceso, la igualdad ante la ley y la correcta administración de justicia”, remarca el comunicado.

Finalmente, exhorta a los poderes del Estado a garantizar la protección efectiva de la propiedad privada, fortalecer la seguridad jurídica y asegurar que las actividades productivas puedan desarrollarse dentro de un marco de legalidad y paz social.

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La aplicación provisional del componente comercial del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y el Mercosur ya permite a los operadores paraguayos acceder a un tratamiento arancelario preferencial, abriendo nuevas oportunidades para el comercio y la inversión. En este contexto, autoridades, representantes del sector privado y de la Unión Europea analizaron los desafíos y pasos necesarios para aprovechar plenamente el acuerdo.

El encuentro se desarrolló en el Centro Cultural del Puerto de Asunción y fue organizado por la Delegación de la Unión Europea en Paraguay, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Industria y Comercio, con apoyo de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP) y Rediex.

“Queremos ser un país industrializado, nosotros no queremos ser un país que continúe solamente exportando commodities para poder volver a importar ese commodity industrializado ya como un producto terminado”, señaló el titular de la cartera de Industria y Comercio, Marco Riquelme.

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Durante la apertura participaron el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, la embajadora de la Unión Europea en Paraguay, Katja Afheldt, y los presidentes de la UIP y la CNCSP, Enrique Duarte y Ricardo dos Santos.

“Para el Paraguay, el acuerdo con la Unión Europea es apenas el inicio que nos permitirá proyectar una alianza estratégica entre dos regiones que pueden integrarse plenamente”, señaló Ramírez Lezcano, quien también destacó la integración regional como una vía para impulsar el crecimiento y el bienestar ciudadano.

La jornada incluyó dos paneles con referentes de los sectores avícola, comercio franco-paraguayo, fluvial y marítimo, forestal, financiero y de economía circular, además de representantes de la Comisión Europea. Los participantes abordaron las oportunidades que el acuerdo puede generar para la industria paraguaya y para las inversiones europeas en el país.

“El acuerdo pone las herramientas sobre la mesa. Ahora tenemos que convertir esas herramientas en negocios, inversiones y nuevas oportunidades para las empresas paraguayas”, declaró la embajadora Katja Afheldt en entrevista con La Nación/Nación Media.

El encuentro cerró con la presentación de la Enterprise Europe Network, red internacional de apoyo a pequeñas y medianas empresas que brinda asesoramiento y facilita contactos empresariales, así como oportunidades de cooperación.

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Con el reajuste salarial para médicos, docentes y otros funcionarios que hacen parte del sistema público, se abre el debate de un replanteamiento de la distribución del Presupuesto General de la Nación (PGN), así como del sistema tributario. La situación actual presupuestaria fue el punto de debate en el programa “Fuego cruzado” del canal GEN, con el exviceministro de Economía, Daniel Correa, y el economista Jorge Garicoche.

“El acuerdo al que se llegó con el sector médico tiene también una forma de implementación, entonces su efecto va a ir siendo gradual, gran parte del efecto va a estar concentrado hacia el final del 2027, uno podría presuponer que el efecto en el Presupuesto General de Gastos de la Nación va a ser mínimo o no va a tener un efecto enorme”, afirmó Garicoche y advirtió que si siguen surgiendo otras demandas, el agujero fiscal incluso podría ser superior al 4 %.

Por su parte, Correa apuntó que el déficit presupuestario es estructural y difícilmente se pueda atender a la demanda de gasto existente con esfuerzos recaudatorios y otros. “El déficit fiscal de Paraguay no es que ahora nomás porque estamos sincerando la deuda esta tan alta sino que hay un problema de que toda la recaudación que generamos ya está financiando parte de ese presupuesto que es rígido y lo que necesitamos para seguir creciendo necesariamente va a tener que ir por deuda y cada vez necesitamos más y cada vez eso se va a traducir en un endeudamiento mayor”, explicó.

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La actual administración tributaria está trabajando en la eliminación de la exoneración que ostentan los vehículos y, además, proyecta elevar la rigurosidad a las reservas de las empresas, sin embargo desde el principio del gobierno de Santiago Peña se habló de no incrementar los impuestos.

Correa consideró deben comenzar a plantearse ciertas cuestiones en términos impositivos. “La economía paraguaya cambió bastante, la matriz productiva de Paraguay también cambió bastante, creo que eso requiere también una revisión profunda del sistema”, expresó.

Por su parte, Garicoche indicó que hay ciertas cuestiones que se deben analizar, por ejemplo, los incentivos que actualmente se contraponen. “Cualquier cuestión de reforma tributaria que hablemos relacionada a recortar gastos, aumentar ingresos o aumentar impuestos o tocar exenciones tributarias tiene que estar ligado a un objetivo que sigamos como país”, dejó en claro durante la emisión.

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La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) informó que el país ya supera los 50.000 contribuyentes habilitados como facturadores electrónicos, registrados en el Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (Sifen) mediante las modalidades e-Kuatia y e-Kuatia’i, sistemas oficiales de facturación electrónica en Paraguay administrados por la institución.

La transformación digital también alcanzó al sistema tributario gracias a la incorporación progresiva de herramientas que tienen como fin facilitar los procesos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Reducir costos y fortalecer la transparencia son dos objetivos que también integran esta evolución digital.

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Según datos proporcionados por la dirección, los pequeños contribuyentes concentran el 88,6 %, mientras que los medianos representan el 10 % y los grandes contribuyentes, el 1,4 %. Filtrando por actividad económica, se destaca el sector de prestación de servicios. Los servicios personales concentran el 9,14 % del total, seguidos por las actividades profesionales, científicas y técnicas, con el 5,45 %, y las actividades de sociedades literarias, cívicas y sociales y otras organizaciones, con el 4,37 %.

Asunción, Central y Alto Paraná figuran como los tres distritos en donde se concentra la mayor actividad tributaria en esta modalidad. En cuanto a la distribución geográfica, Asunción concentra el 31,1 % de los facturadores electrónicos, seguida por el departamento Central, con el 30,3 %, y Alto Paraná, con el 14,1 %.

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Estos tres territorios reúnen el 75,5 % del total, lo que refleja una integración sobresaliente en la modalidad de facturación electrónica en los principales centros económicos y comerciales del país.

De esta manera, la DNIT apunta al desarrollo de una economía cada vez más formal, competitiva y digital. A través de la modernización tributaria, se busca obtener mayores resultados que se reflejen en la cuantificación de datos.