Una fiscalización hecha por la firma SGS permitió concluir que el programa de pensión alimentaria para adultos mayores del Ministerio de Hacienda mantiene la certificación de calidad ISO 9001:2015. El informe señala que mediante esta certificación se garantizan los estándares más exigentes en las actividades comprendidas desde la selección de potenciales beneficiarios hasta la generación de la planilla fiscal de pagos, donde están incluidos los nuevos beneficiarios.
Precisamente los procesos en revisión por la auditoría, corresponden a la selección, inclusión y pago de beneficiarios activos por red bancaria, desde la recepción de la ficha hogar o verificación de la base de datos hasta la solicitud de autorización del desembolso, así como la capacitación a los designados por las autoridades locales. El programa es administrado por la Dirección de Pensiones no Contributivas (DPNC), dependiente de la Subsecretaría de Estado de Administración Financiera (SSEAF) del Ministerio de Hacienda.
Te puede interesar: Advierten con nuevas movilizaciones por falta de insumos para ollas populares
Se destaca que con el mantenimiento de la certificación de los procesos, la DPNC sostiene un circuito de procesos totalmente integrados, que comienzan desde la capacitación de los designados municipales encargados de la vinculación con las personas adultas mayores solicitantes hasta el proceso final de pago de beneficiarios.
Finalmente, el reporte resalta que desde hace cinco años la dependencia implementó varios procesos tales como capacitación, selección y pagos con normas de certificación ISO 9001. Con ello se mejoró sustantivamente la gestión de la pensión alimentaria, que a noviembre de 2020 cuenta con más de 218.000 beneficiarios activos.
Leé también: Avanzan obras en el barrio San Blas, donde construirán 600 viviendas
Dejanos tu comentario
Viceministro de Salud aclara observaciones de la Contraloría sobre compras irregulares
El viceministro de Atención Integral a la Salud, Saúl Recalde, se refirió a las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República en una auditoría correspondiente a los ejercicios fiscales 2023 y parte del 2024, que detectó supuestas compras de medicamentos vencidos y destinados a pacientes fallecidos.
Según explicó Recalde, las irregularidades señaladas por la Contraloría corresponden a procesos administrativos y de compras iniciados en años anteriores, y en muchos casos involucran gestiones previas al actual equipo del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), cuya estructura fue renovada casi en su totalidad.
“Hoy puedo asegurar que los contratos vigentes ya contemplan el canje de medicamentos por vencer”, afirmó el viceministro, al tiempo de señalar que los registros deficientes en años anteriores incidieron directamente en el desorden de las compras.
Lea también: Parlamentos de América Latina y el mundo árabe sellan alianza estratégica
Respecto a la supuesta compra de medicamentos para pacientes fallecidos, Recalde sostuvo que en algunos casos se trató de adquisiciones realizadas bajo el objeto de gasto 915, que contempla recursos para cubrir situaciones judiciales como los amparos. “Estos informes van directamente a la asesoría jurídica y luego a la dirección financiera. Puede haber ocurrido que la notificación de compra ya haya llegado tarde”, explicó.
El viceministro también advirtió que actualmente el 25 % del presupuesto del Incan se destina a cumplir con recursos de amparo, y que diariamente se reciben alrededor de 40 de estas medidas judiciales. En ese sentido, consideró clave mejorar el ordenamiento del sistema de compras y establecer un trabajo coordinado con la Defensoría.
Finalmente, señaló ante la 1020 AM que la implementación del Registro Nacional de la Red Oncológica y la aprobación de protocolos específicos permitirán optimizar los procesos de adquisición de medicamentos y garantizar una mayor transparencia.
Dejanos tu comentario
Aguardan informe final de auditoría sobre robo de medicamentos en el Hospital San Jorge
El asesor jurídico del Ministerio de Salud Pública, Gustavo Irala, afirmó que se aguarda el informe final de auditoría para saber con exactitud las circunstancias del robo de medicamentos de uso controlado de la farmacia del Hospital San Jorge de Asunción.
“Estamos todavía aguardando el informe final de la auditoría interna. Nosotros habíamos comunicado al Ministerio Público que está haciendo también la investigación”, señaló a la 1020 AM. Dentro del proceso investigativo ya prestaron declaración el director del hospital César Delmás y funcionarios de la farmacia.
Así también ya se remitieron todos los informes requeridos por la Fiscalía aunque queda pendiente la presentación del informe final de la auditoría dispuesta por la ministra de Salud, María Teresa Barán.
“Estamos aguardando ese informe para dar a conocer qué es lo que realmente ocurrió aún en la farmacia”, indicó. El abogado afirmó que se están cotejando algunos datos sobre el movimiento de medicamentos a través del sistema informático.
Te puede interesar: Carrulim: de origen era solo tres tragos, ahora se le fue la mano a la gente
El pasado 23 de julio la fiscal Mirtha Arévalos la fiscal Mirtha Arévalos se constituyó en el Hospital San Jorge en respuesta a una denuncia sobre el hurto de 18 tipos de medicamentos de uso controlado, incluyendo fentanilo y clonazepam.
El monto total del perjuicio superaba los 800 millones de guaraníes según las autoridades sanitarias.
La fiscal constato que el hospital carece de sistema de circuito cerrado en el área de farmacia, lo que facilitó el acceso a los medicamentos. Se presume que los medicamentos pudieron ser sustraídos en bolsos y transportados en vehículos comunes.
Leé también: Desarticulan banda dedicada al robo de celulares en conciertos
Dejanos tu comentario
Contraloría encarará la auditoría más compleja al IPS, confirma directora
La directora de Control Gubernamental de la Contraloría General de la República (CGR), Gladys Fernández, explicó que a partir de este viernes se pone en vigencia el nuevo plan financiero de auditoría, que prevé una auditoría financiera al Instituto de Previsión Social (IPS), cuyos resultados se conocerán en 2026. Este plan se aplica luego de la presentación del dictamen sobre el ejercicio fiscal del 2024 por parte del contralor general Camilo Benítez ante el Congreso Nacional.
“Está previsto, no solamente esa auditoría financiera, sino también combinada a una auditoría que van a participar otras áreas de apoyo, como la de contrataciones, de bienes patrimoniales, una auditoría integral. Se va a incluir también el fondo de jubilaciones, que a partir de este mes también está previsto que podamos controlar”, indicó para “Así son las cosas” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
“La modalidad va ser una auditoría financiera y de cumplimiento, cuando hablamos de auditoría financiera, es una auditoría más compleja, abarca muchos aspectos, porque en la misma definición de la auditoría financiera tiene que tener errores, sesgos y fraude, quiere decir que el auditor tiene que identificar riesgos de fraude”, agregó la directora del ente contralor.
Te puede interesar: ANR prorroga su campaña de afiliación masiva a pedido de líderes partidarios
Señaló que una auditoría financiera, es más compleja y llevará más tiempo, teniendo en cuenta que abarca más rubros, más áreas, se aplican más procedimientos, no se trata de una fiscalización puntual, inmediata y rápida, que “tiene un procedimiento, pero que también se sustancia en evidencias mucho más fuertes, mucho más convincentes, mucho más confiable”. Mientras que la auditoría convencional es una verificación del grado de cumplimiento de las normativas legales y en vigencia.
El tiempo estimado para concluir esta auditoría, depende de la institución, si es que coopera, y, en este caso, el presidente, Jorge Brítez, solicitó la auditoría, “lo que es un primer gran paso”, de acuerdo a la directora de la Contraloría.
“El presidente presentó un pedido de auditoría financiera justamente a los fondos de IPS y, como nosotros, recién ahora, todos los auditores estaban abocados a la culminación del informe principal que presenta el contralor al Congreso, se estaban culminando las auditorías, y quedó esta auditoría (del IPS) que comience este mes, que en una semana ya estaríamos comunicando”, detalló Fernández.
Dejanos tu comentario
Intervención CDE: auditoría del sistema informático detectó preocupante falta de control
El economista Ramón Ramírez, interventor de la municipalidad de Ciudad del Este, realizó una evaluación de su gestión en general en estos 37 días que se lleva adelante la intervención. Brindó un adelanto de los principales hallazgos respecto a la administración del intendente Miguel Prieto.
Ramírez informó durante una entrevista con Radio Concierto, de la capital del Alto Paraná, que están ejecutando una auditoría al sistema informático del área de recaudaciones y los primeros reportes que están recibiendo son preocupantes. Indicó que no hay un sistema de auditoría al propio sistema que permita la trazabilidad en las ejecuciones de cobro.
“Esto quiere decir que alguien puede tocar la cuenta de un contribuyente, por ejemplo, en la cuenta de Benigno puede poner pagado y luego puede modificar. No existe una ruta para saber quién modificó las cuestas. No sabemos las personas que no pagaron, pero que figuran como pagado, o viceversa; no existe la trazabilidad de este sistema”, comentó.
Ante esta grave situación, indicó que decidió realizar la auditoría informática del sistema, porque los primeros reportes han sido muy preocupantes y estarán presentando en el reporte, con las sugerencias de un plan de mejoramiento que debería ser aplicado cuanto antes.
Reducir las presunciones
Ramírez remarcó que al terminar su intervención su reporte no se va a centrar en presunciones, sino que se sustentará en hechos puntuales, documentaciones que esté fehacientemente comprobado y en esa línea se encuentra actualmente trabajando.
“Si bien, hay varias situaciones que se prestan a la presunción, pero la naturaleza de nuestro trabajo nos obliga a reducir todas esas presunciones”, enfatizó.
Asimismo, reconoció las dificultades que están sorteando, de tal modo que el servicio municipal no se vea afectado, pese a la notarias directrices para obstruir la intervención.
El interventor valoró que pese a las grandes trabas que están poniendo algunos funcionarios municipales para llevar adelante la gestión municipal; destacó que hay otros funcionarios que “se ha puesto verdaderamente la camiseta de la institución”, y está permitiendo cumplir con los servicios.
En cuanto a las recaudaciones, señaló que sí están con indicadores negativos en relación a los meses del año pasado. Aclaró que el mes de julio, siempre ha tenido la particularidad de ser los meses de menor recaudación en el histórico.
No obstante, instó a la ciudadanía a acercarse a realizar los pagos de sus tributos, de tal modo a que el municipio tenga el oxígeno necesario para cumplir con sus obligaciones.
“El ambiente de desconfianza en el municipio es tremendo. Nosotros a puertas cerradas, nos dicen que tratan de colaborar al máximo. Pero también nos dicen que, al salir por esa puerta, reciben fuertes presiones y fuertes observaciones”, comentó.
Indicó que la presión se da en todas las escalas o los niveles del funcionariado, desde el funcionario menor o modesto hasta los niveles superiores.
Uso de caja chica
El interventor aseguró que toda la información que está reportando está respaldada en hechos demostrables y documentaciones. Indicó que encontró 22 cajas chicas distribuidas en toda la administración, lo que involucraba a unos 150 millones de guaraníes, entre todas las asignaciones ya sea de G. 5 millones a G. 15 millones.
Explicó que, de acuerdo a su experiencia en otras instituciones, la distribución de las cajas chicas por direcciones, solo se debe dar si existe un control estricto. Ya que en la administración en general están concentradas en la dirección de administración y finanzas.
“Sorprende aquí la segmentación de esa figura, podría decir que en algunos podría ser necesarias, para una respuesta rápida. Pero eso hace que el uso sea de forma discrecional”, acotó.
Como interventor, señaló que ahora está en constante control bajo su director de finanzas que lleva adelante un diario monitoreo del área de tesorería y recaudaciones, sobre todo.
Licitaciones
El interventor Ramírez ratificó una vez más que en materia de las licitaciones y los procesos de contratación promovidos por el intendente Prieto, mantienen un patrón de “ganadores consuetudinarios”.
Entre los que puso como, por ejemplo, la firma de SERMAQ, de Fredy Guzmán Martínez Báez, socio de tragos de Miguel Prieto, quien, desde el inicio de la gestión del hoy jefe comunal cesado, tuvo en menos de tres años contratos por 13 mil millones de guaraníes.
“Sus esquemas de llamados son calcados, hacían obras con contratos abiertos, con montos mínimos y máximos, pero al final todos se hacían con el precio máximo. Son cuestiones que hacen que se presuman el direccionamiento en las Contrataciones Públicas”, explicó.
Siga informado con: Comisión que investigará posibles abusos de telefonías designó a sus autoridades