El Ministerio de Hacienda acreditará mañana sus asignaciones mensuales a los adultos mayores y otros pensionados, tales como herederos de veteranos, policías y militares. Los pagos se concretarán vía cajeros automáticos autorizados por el Banco Nacional de Fomento (BNF).
Según registros de la Dirección de Pensiones No Contributivas (DPNC), dependiente de la cartera fiscal, figuran en planillas 215.704 beneficiarios activos del Programa de Pensión Alimentaria, quienes reciben una asistencia económica mensual de G. 548.200.
En tanto que los pensionados del sector no contributivo están compuestos además por 6.404 herederos de veteranos, 364 beneficiarios de pensiones graciables, 378 herederos de policías y militares fallecidos en acto de servicio. Los beneficiarios en su conjunto, que ascienden a 222.896, demandan una inversión mensual promedio de G. 131.896 millones, informa el Ministerio de Hacienda.
Para evitar potenciales contagios con el COVID-19 se implementan medidas sanitarias y la habilitación de puntos de atención vía pago móvil en las principales ciudades cabeceras de los departamentos del país. Esto con el propósito de pagar a los beneficiarios del Programa Alimentario de Adultos Mayores y otros, con el fin de descomprimir las aglomeraciones en los cajeros de la entidad bancaria.
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Plantean modificar ley de la tercera edad para incluir a personas con discapacidad severa
El diputado Roberto González presentó esta semana un proyecto de ley que busca modificar seis artículos de la ley que establece la pensión universal para adultos mayores, con el objetivo de extender este beneficio a las personas con discapacidad severa, independientemente a su edad.
La iniciativa plantea modificar los artículos 3°, 7°, 8°, 10, 12 y 17 de la Ley N° 7322/2024, ‘Que establece la pensión universal para las personas adultas mayores y dispone beneficios de acceso e inclusión’”.
La propuesta legislativa surge como respuesta a lo que el parlamentario considera una “omisión significativa” en la ley original, que dejó desprotegida a una población vulnerable que enfrenta barreras importantes para su inclusión social y económica.
Según la exposición de motivos la Ley 7322/2024 nació con el propósito de otorgar un ingreso económico mensual equivalente al 25% del salario mínimo, a personas vulnerables que, por su edad o condición física, no pueden acceder al mundo laboral.
“La mencionada ley no contempla a personas con discapacidad severa de cualquier edad, dejando desprotegida a una población vulnerable que aparte de las carencias y dolencias físicas, debe sobrellevar costosos tratamientos médicos”, argumenta el diputado en su escrito de presentación.
Agrega que el proyecto encuentra sustento en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, ratificada por Paraguay, que en su artículo 28 establece el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado, incluyendo acceso a protección social.
Refiere, igualmente, que el documento se apoya en el artículo 25 de la Constitución Nacional, que reconoce específicamente los derechos de las personas con discapacidad, y busca garantizar el principio de vida digna consagrado en la Carta Magna.
Principales modificaciones
Algunas de las modificaciones incluyen la incorporación de las personas con discapacidad severa certificadas por la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Sinadis), como beneficiarias de la pensión mensual no menor al 25% del salario mínimo, independientemente a la edad.
Además, crea el “Fondo de Pensión a Personas con Discapacidad Severa” como complemento al fondo existente para adultos mayores. Así como establece que el Ministerio de Economía y Finanzas debe crear un objeto de gasto específico para el pago de pensiones tanto a adultos mayores como a personas con discapacidad severa.
Mantiene las mismas restricciones para acceder al beneficio, excluyendo a quienes reciban remuneraciones del sector público o privado, contribuyan al Impuesto a la Renta o posean más de 30 cabezas de ganado.
González argumenta finalmente que la medida no solo promoverá la inclusión social, sino que también aliviaría la carga económica de las familias que cuidan personas con discapacidad severa.
Otro proyecto similar
Es importante mencionar que también existe otro proyecto que persigue el mismo fin, que fuera presentado por un grupo de legisladores de la Cámara de Diputados.
Se trata del proyecto de ley “Que modifica el artículo 3º de la Ley N° 7322/2024 ‘Que establece la pensión universal para las personas adultas mayores y dispone beneficios de acceso e inclusión’”.
Este proyecto establece que las personas con discapacidad severa, constatadas y certificadas por la Sinadis, podrán acogerse a los beneficios de la presente ley a los sesenta años de edad.
Por otro lado, estipula y aclara que para acogerse a este beneficio bastará que el postulante tenga un grado de discapacidad igual o superior al 50% (cincuenta por ciento).
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Unos 7.467 adultos mayores reciben pensión
Un total de 7.467 personas mayores de 75 años fueron incluidos como nuevos beneficiarios del programa de Pensión Universal para Personas Adultas Mayores. Desde hoy empezarán a cobrar de forma mensual la suma de G. 699.577, monto que equivale al 25 % del salario mínimo vigente, según lo establecido por la ley.
Con esta nueva actualización, se alcanzó la cifra récord de 340.000 personas beneficiarias del programa social, quienes desde mañana podrán cobrar su pensión en los cajeros del Banco Nacional de Fomento (BNF).
El programa utiliza el sistema de ingreso automático de manera gradual, empezando por los de mayor edad. Conforme a la disponibilidad presupuestaria, paulatinamente la edad irá bajando hasta alcanzar a adultos que hayan cumplido 65 años.
La Ley N.º 7322/2024, promulgada en octubre de 2024, elimina el requisito del censo para acceder a la pensión y establece la inclusión automática de beneficiarios. Para el año 2025, se prevé un presupuesto de USD 350 millones destinado a la pensión de adultos mayores.
Los criterios de elegibilidad incluyen: haber cumplido los 65 años o más, no ser cotizante del seguro social, no percibir salarios del sector público o privado, no recibir jubilación ni tener registrados al menos 30 cabezas de ganado.
Mediante la nueva normativa, ya cobran las personas mayores de 60 años, siempre y cuando tengan algún tipo de discapacidad severa, así como a las personas de las comunidades indígenas que tengan 55 años cumplidos.
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Desde este viernes, 7.467 adultos mayores de 75 años comenzarán a recibir la pensión universal
Un total de 7.467 personas mayores de 75 años fueron incluidos como nuevos beneficiarios del programa de Pensión Universal para Personas Adultas Mayores. Desde este viernes empezarán a cobrar de forma mensual la suma de 699.577 guaraníes, monto que equivale al 25 % del salario mínimo vigente, según lo establecido por la Ley.
Con esta nueva actualización, se alcanzó la cifra récord de 340.000 personas beneficiarias del programa social, quienes desde mañana podrán cobrar su pensión en los cajeros del Banco Nacional de Fomento (BNF).
Cabe recordar que el programa utiliza el sistema de ingreso automático de manera gradual, empezando por los de mayor edad. Conforme a la disponibilidad presupuestaria, paulatinamente la edad irá bajando hasta alcanzar a adultos que hayan cumplido 65 años.
La Ley N.º 7322/2024, promulgada en octubre de 2024, elimina el requisito del censo para acceder a la pensión y establece la inclusión automática de beneficiarios. Para el año 2025, se prevé un presupuesto de USD 350 millones destinado a la pensión de adultos mayores.
Los criterios de elegibilidad incluyen: haber cumplido los 65 años o más, no ser cotizante del seguro social, no percibir salarios del sector público o privado, no recibir jubilación ni tener registrados al menos 30 cabezas de ganado.
Cabe mencionar que, mediante la nueva normativa, ya cobran las personas mayores de 60 años, siempre y cuando tengan algún tipo de discapacidad severa, así como a las personas de las comunidades indígenas que tengan 55 años cumplidos.
El Ministerio de Desarrollo Social coordina con instituciones como el Registro Civil, la Policía Nacional, el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) y la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) para verificar la elegibilidad de los solicitantes.
El listado de beneficiarios se encuentra disponible en el sitio web oficial del Ministerio de Desarrollo Social.
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Empresario hunde a leales de Miguel Prieto y ratificó pago de coimas
El empresario Enrique Vázquez García declaró en sede del Ministerio Publico en el marco de la investigación penal por los hechos de cohecho pasivo y tráfico de influencias que investiga la Fiscalía sobre Miguel Prieto y varios de sus leales.
Vázquez García fue contundente ante los fiscales Silvio Corbeta y Verónica Valdez y ratificó que los audios dados a conocer a la opinión pública sobre la coima que se tuvo que pagar por la adjudicación de la Costanera Ñane Renda de Ciudad del Este. Asimismo, mencionó cómo operaban los leales del actual intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, para poder cobrar el resto de la coima por la obra que se realizó.
El apoderado de la firma Ñande Ypoty, Vázquez García, fue contundente al declarar sobre su relación con Diego Zárate. “Hice un contrato privado para formar el Consorcio Ñande Ypoty, yo me encargué de la empresa como titular y representante legal, llegué a un acuerdo a través de su unipersonal. El señor Diego Zarate no tenía contacto con la gente de la Municipalidad de Ciudad del Este. La única persona que tuvo contacto con la gente de CDE fui yo, funcionarios, entre otros. Lo que sé y me consta es que el Sr. Diego Marciano Zárate era tío o pariente del actual intendente Luis Yd, de Encarnación”.
Agregó el testigo: “Llegué a conversar pocas veces con el intendente de Ciudad del Este, unas 5o 6 veces, siempre dependía de sus secretarios, sobre temas de logística, tema de obras, planos, problemas con la gente de la Dirección de obras, entre otras cuestiones más respecto a la ejecución de la obra. De cuestión de dinero nunca hablé con él, sino con sus secretarios: Pedro Acuña y Víctor Lugo, y en una sola oportunidad el señor Hugo Benítez, quien fue a buscar una sola vez la plata, junto con los dos precitados”.
Acotó que “el primer pago que le hice a Pedro Acuña y Víctor Lugo, y en una sola oportunidad el señor Hugo Benítez, fue por el solo hecho de adjudicarme con la obra que fue de G. 650 millones y para ello fuimos hasta la ciudad de Encarnación para obtener el dinero, en esa ocasión conseguí un préstamo con Diego Marciano Zárate quien actuó de garante. Él saco la plata, desconozco de dónde, me prestó el dinero, me hizo firmar un pagaré y le di la plata a Pedro Acuña y Víctor Lugo, y Hugo Benítez” refirió Vázquez.
También declaró ante los fiscales que “luego hubo un segundo pago, que corresponde al anticipo de la primera orden de pago, me pidieron G. 550 millones para los concejales, que supuestamente le correspondían G. 50 millones a cada uno, ese dinero solo le entregue al señor Víctor Lugo. Ese cheque correspondía al primer pago por el inicio de la obra, el cual lo cobré en Banco Continental, Avda. km 4 y Lugo me esperó afuera y le entregué el dinero. Víctor Lugo me prometió que iban a dar más obras de las cuales iba tener supuestamente una ganancia, que por el momento no me preocupara. Apenas ni comenzada la obra ya me sacaron en total G. 1.200 millones después me cobraron el 10 % por cada orden de pago”, manifestó el testigo.
Del mismo modo, siguió diciendo Vázquez que “Lugo y Acuña, me sacaban el 10 % de cada certificado de obra, yo me iba al Banco y ellos me esperaban afuera del Banco Continental, y luego les entregaba a ellos ese dinero. Hasta que llegó un momento que no terminé de cobrar la obra, no cobré G. 2.000 millones por la Costanera Nane Renda, es decir, ellos me siguen debiendo”.
En otra parte de la declaración, Vázquez señalo que “justo en ese momento, se dio la filtración de los audios donde yo contaba todo lo que pasé, entonces todos ellos se enojaron conmigo. Todos estos eventos ocurrieron después de la filtración de los audios, el intendente Miguel Prieto en su despacho, haciéndome sacar el celular previamente, me lanzó improperios, me insultó, incluso me agredió físicamente con empujones, me maltrató, me dijo hijo de puta, te voy a reventar, yo estaba sentado frente a él, esa fue la última vez que lo vi”.
Sostuvo que “luego de esos eventos en la Municipalidad dije ya no doy más, me retiré de la obra, ahí me obligaron la contadora María Angélica Orué, Pedro Acuña, Víctor Lugo, entre otros, a firmar un poder a Horacio Daniel Fleitas Branda, quien era conocido de ellos, a quien autoricé mediante poder en nombre del Consorcio Ñande Ypoty a cobrar el resto del dinero, también me obligaron a dar mi factura por el monto total, pero quien terminó cobrando el resto fue el citado apoderado Horacio Daniel Fleitas Branda. En pocas palabras, ellos sí llegaron a efectivizar el dinero quien llegó a cobrar cerca de G.1.100 millones, yo no pude hacerlo porque me vi forzado a firmar el poder a este señor” expresó Vázquez García.
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