El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez, recibió a la ministra del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Mónica Recalde, quien valoró que la Cámara Alta haya aprobado el proyecto de ley que establece límites a descuentos salariales a funcionarios públicos y adelantó que se presentará una propuesta similar a favor de trabajadores del sector privado.

“En ese sentido se ha hecho la media sanción de este proyecto que beneficia a funcionarios públicos, donde se van a establecer límites para los descuentos, no obstante, conversamos que eso sería muy apropiado también implementar para el sector privado”, expresó la ministra Recalde.

La secretaria de Estado dio a conocer que en esta conversación con el titular del Congreso, abordaron la problemática que viven los trabajadores, tanto del sector público como del privado, que están sujetos a descuentos judiciales, de créditos o descuentos de asociaciones mutuales, lo cual genera que cobren un salario muy bajo, desencadenando en un problema social.

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La ministra manifestó que los elevados porcentajes de descuento, llevan a que las personas prefieran la informalidad antes que ser parte del sector formal, estando fuera del Instituto de Previsión Social (IPS), invisibilizados para casos de embargos y control, pero desprotegidos del sistema y excluidos de planes como el financiamiento para el acceso a viviendas.

“Hoy eso es una barrera que tienen los trabajadores porque no pueden comprobar sus ingresos, y en ese sentido, reducir también para el sector privado los porcentajes a los cuales sus salarios o ingresos puedan ser embargados es un tema que nos preocupa porque la clase media necesita ser protegida en sus ingresos”, aseveró la ministra.

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El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) informó que la reunión tripartita, convocada este lunes con el objetivo de destrabar el paro de buses anunciado por gremios de transporte, fue declarada en cuarto intermedio. El encuentro reunió a representantes del sector empresarial, autoridades del Viceministerio de Transporte y de la cartera del Trabajo.

Durante la jornada, las partes involucradas expusieron sus respectivas posturas respecto a los reclamos que motivaron la medida de fuerza en Asunción y el área metropolitana. Según el comunicado oficial, se acordó proseguir con el diálogo en un espacio institucional que permita construir consensos y garantizar la prestación del servicio sin afectar a los usuarios ni a los trabajadores del sector.

La reunión será retomada el próximo viernes 18 de julio a las 12:00, con el compromiso de seguir buscando una salida concertada que evite la paralización del servicio de transporte público que afectaría a miles de ciudadanos.

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“La actualización de la tarifa es el punto más álgido”, confirmó César Ruiz Díaz, presidente del Centro de Empresarios de Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam), uno de los gremios adheridos al paro. El empresario alegó que con la estructura tarifaria actual, se ven incapacitados de prestar un servicio acorde a la ciudadanía. “Es más fácil pelearse con nosotros que pagar un pasaje más caro”, añadió.

Ruiz Díaz indicó que la deuda estatal en concepto de subsidio, otro de los puntos exigidos por los empresarios del transporte asciende a USD 7 millones por los meses de mayo y junio. Cabe mencionar que los gremios adheridos al paro son el Cetrapam y la Única Central de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Ucetrama). “Que se pague el subsidio mejora el panorama”, añadió.

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Desde este martes empezó a regir el reajuste del 3,6 % del salario mínimo vigente. El viceministro de Trabajo, César Segovia, explicó que en el sector formal no existen inconvenientes en cuanto a la aplicación de esa diferencia. Sin embargo, el desafío está en el sector informal, que ocupa el 62 % de la población trabajadora.

Segovia explicó que del universo de aproximadamente 1.700.000 asalariados en el país, el 16 % gana el salario mínimo, mientras que el 41 % no llega a ese monto y el 43 % percibe remuneraciones superiores. “La gente que está en el sector formal sí cumple. Nuestro gran problema sigue radicado en el sector informal”, expresó respecto al cumplimiento del reajuste.

El 41 % representa una masa de aproximadamente 702 mil trabajadores que reciben menos del salario mínimo legal establecido para el sector privado. “Puede ser porque es de tiempo parcial, que también es una figura que está establecida en el Código Laboral, o si no, efectivamente, porque ‘está en negro’, como se dice habitualmente”, indicó a la radio 970 AM/Nación Media.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Observatorio Laboral del Ministerio de Trabajo, la tasa de informalidad en el país alcanza el 62 %. “Eso no quiere decir que ese 62 % gane menos al mínimo, eso quiere decir que capaz no tienen IPS, pero ganan el mínimo, capaz trabajan más de las 8 horas diarias, pero ganan al mínimo”, explicó.

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Pese a los desafíos del mercado laboral, el subsecretario de Estado consideró alentador el aumento sostenido en el número de trabajadores cotizantes al IPS. Actualmente, la cifra se aproxima a los 800.000, un número que nunca antes se había alcanzado.

En este sentido, remarcó que este incremento responde, en gran parte, a programas sociales impulsados por el Ejecutivo, como Hambre Cero, que promueve la formalización laboral en diversos sectores.

Recordó que en febrero pasado se inició un operativo de verificación del cumplimiento de las condiciones laborales en el marco del programa Hambre Cero. En la primera etapa, se detectaron apenas 5.019 trabajadores registrados en el IPS entre las 29 empresas adjudicadas por licitación pública. La cifra fue considerada baja, lo que motivó una serie de acciones correctivas, que ayudaron a que se inscriban cerca de 21.000 trabajadores al seguro social.

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Para reforzar los mecanismos de control, el Ministerio de Trabajo habilitó diversos canales de denuncia para reportar el incumplimiento del pago del salario correspondiente.

Las denuncias pueden realizarse a través del portal institucional, vía telefónica al número 0993-300-800, o en forma presencial en las sedes del Ministerio, tanto en la capital como en otras cabeceras departamentales.

La reunión del Consejo de Salario Mínimo (Conasam) proseguirá este jueves tras haberse declarado cuarto intermedio en la última sesión. El porcentaje definitivo de reajuste del salario mínimo legal se definiría en la fecha para enviarlo al Poder Ejecutivo. El monto sería de G. 100.739, basado en el 3,6 % de inflación interanual señalado por el último Índice de Precios al Consumidor del Banco Central del Paraguay (BCP).

César Segovia, viceministro de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), manifestó en el programa Así son las cosas, emitido por canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, que este jueves 12 de junio, a las 10:00, se reanudará la sesión de Conasam, con el propósito de obtener el porcentaje de reajuste para enviarlo como propuesta al Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta que la fecha límite es el 30 de junio.

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El reajuste sería del 3,6 %, porcentaje que refleja la inflación interanual entre mayo de 2024 y mayo de este año, surgido en el último informe del IPC de la banca matriz. Dicho porcentaje se traduce en G. 100.739, lo que dejaría al salario mínimo legal en G. 2.899.048.

“La semana pasada ya inició el debate en cuanto al porcentaje que debería reajustarse el salario mínimo, ya que había una información extraoficial en cuanto a lo que el BCP había publicado sobre la variación del IPC, pero todavía no teníamos la comunicación oficial. También se debatió el reajuste del 15 % propuesto por las centrales sindicales”, explicó Segovia.

Igualmente, recordó que en la sesión anterior se debatió sobre la intención del Gobierno de reformar la estructura de cálculo de los reajustes del salario mínimo, actualmente supeditado al IPC, a través de otras herramientas más precisas para definir los porcentajes sobre la base de las variaciones de los productos de la canasta básica.

“El sector trabajador seguirá argumentando el 15 %, que a lo mejor es justo, pero la normativa establece bastantes limitaciones. Pero sí el compromiso, del presidente de la República y el ministro de Economía, es la forma de ver otras herramientas para reajustar el salario mínimo, y no solo el IPC, que es más para política monetaria”, comentó.

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