Respecto al posible cobro de un tercer pago del Pytyvõ 2.0, la viceministra de Economía, Carmen Marín, recalcó que eso será posible solo si el Congreso Nacional aprueba el proyecto de ley presentado por el Ministerio de Hacienda, solicitando ampliación de fondos para el efecto.
“Para que tengamos un tercer pago, va a depender de la aprobación del proyecto de ley que hemos enviado al Congreso Nacional, el cual ya tiene media sanción, pero aún dependemos de esa autorización”, expresó Marín a la 780 AM.
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Faltan recursos
Precisó igualmente que la petición fue necesaria, ya que la cartera económica quedó sin recursos, por lo que presentaron el paquete de medidas en el que se precisan US$ 125 millones para el tercer pago y un posible cuarto desembolso. En caso de ser aprobado, en promedio será destinado en un 50% respectivamente para ambos pagos.
En ese sentido, Marín explicó que si se diera el caso, una vez aprobados los fondos para el tercer pago, ya no habrá necesidad de que los beneficiarios vuelvan a registrarse, al tiempo de reiterar que no se solicitará ninguna información adicional, debido a que hubo varias denuncias de posibles intentos de fraude en los que los beneficiarios debían facilitar especies de códigos.
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En tanto que sobre el segundo pago señaló que las gestiones ya están avanzadas, con la acreditación del subsidio ya a más de 721.000 personas, mientras que el primer pago del Pytyvõ 2.0 había llegado a 763.000 beneficiarios.
Así también, Marín destacó que en la segunda versión del Pytyvõ 2.0 se priorizó a los trabajadores de las zonas fronterizas, de rubros que siguen sin poder recuperarse de la crisis, tales como servicios, comercio, eventos y el turismo. Asimismo, indicó que la selección de los postulantes para la ayuda económica estatal fue muy puntillosa.
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Peña promulga acuerdo con UE y resalta oportunidades para el Paraguay
El presidente de la República, Santiago Peña, promulgó este lunes la ley que aprueba el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, consolidando un paso histórico para la inserción internacional del país y habilitando una nueva etapa de oportunidades para la producción, la inversión y el empleo.
A través de sus redes sociales, el mandatario paraguayo destacó que hace 35 años atrás, Asunción fue la cuna del Mercosur y hoy vuelve a ser protagonista con la promulgación de esta ley, que abre una nueva etapa de enormes oportunidades para el Paraguay y la región.
El mandatario destacó que los productos paraguayos podrán ingresar con mejores condiciones al mercado europeo, ampliando el potencial exportador de sectores estratégicos.
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Al mismo tiempo, se facilitará el acceso a tecnología, maquinaria e insumos provenientes de Europa a menores costos, fortaleciendo la competitividad de la industria nacional.
“Nuestros productos van a ingresar a uno de los mercados más grandes del mundo y facilitamos la llegada de tecnología, maquinaria e insumos europeos a menores costos. Desde el Gobierno del Paraguay sabemos que este es el camino, integrar estrategias para atraer inversiones, impulsar la competitividad y generar más empleo para todos los paraguayos”, expresó a través de sus redes sociales.
El presidente Peña sostuvo que esta decisión forma parte de una visión clara de desarrollo, orientada a integrar al Paraguay a las grandes dinámicas del comercio internacional, atraer inversiones y generar empleo de calidad para la ciudadanía.
De la articulación a la acción
Desde la Presidencia de la República resaltaron que este avance se da tras el encuentro “Impulso Mercosur–UE Paraguay: sector público y privado”, encabezado por el jefe de Estado, donde se consolidó una agenda de trabajo conjunta entre el Gobierno, el sector productivo y representantes de la Unión Europea.
En ese espacio participaron autoridades nacionales y actores clave del sector económico, reafirmando que la articulación entre el Estado y el sector privado será determinante para transformar este acuerdo en resultados concretos.
La promulgación de la ley marca así el inicio de una nueva etapa, en la que Paraguay se posiciona para competir mejor, atraer más inversiones y generar más empleo, consolidando su presencia en los mercados globales con una estrategia clara y sostenida.
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Núñez rechaza ocultamiento de datos sobre licitaciones con dinero de Taiwán
El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, salió al paso de las publicaciones periodísticas realizadas por el diario ABC Color, donde se alega que ocultó datos sobre cinco llamados a licitaciones por USD 3 millones, recursos provenientes de los USD 8 millones donados por la República de China (Taiwán) al Poder Legislativo.
“Ante publicaciones periodísticas que generan cuestionamientos sobre los procesos vinculados a la cooperación, el Congreso Nacional considera oportuno aclarar que los mismos se ajustan plenamente al marco jurídico vigente y a los mecanismos institucionales de control. Las afirmaciones relativas a supuesta opacidad, direccionamiento o irregularidades carecen de respaldo técnico y omiten considerar tanto el marco normativo aplicable como los mecanismos de control implementados“, afirma el comunicado emitido por Núñez.
Señala también que “El Congreso Nacional reitera su compromiso con la transparencia, la legalidad y la plena colaboración con las instituciones de control, manteniendo a disposición toda la información necesaria para su verificación”.
La publicación de ABC color refiere que durante las convocatorias, los procesos se realizaron eludiendo la Ley de Contrataciones Públicas, ocultando los contratos y negando solicitudes de acceso a la información.
El medio de comunicación alega que los contratos, destinados a modernizar la infraestructuras del Congreso Nacional, salieron a luz recién en febrero y que fueron tramitados “con una reglamentación oculta hasta la fecha”. A la vez expresa que estuvo marcado por plazos cortos y la cancelación de los llamados originales por falta de oferentes.
Ante dichas acusaciones, Núñez argumentó que “la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas ha determinado de manera expresa que los procedimientos vinculados a este proyecto se encuentran excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 7021/2022, conforme a lo dispuesto en su artículo 3°, inciso k), en razón de tratarse de una cooperación internacional en la cual no existe erogación de fondos públicos ni administración financiera por parte del Congreso“.
Agrega que “en ese sentido, no corresponde sostener que se ha eludido la ley, cuando es el propio órgano rector en materia de contrataciones públicas el que ha establecido su inaplicabilidad en este caso concreto. No obstante dicha exclusión, el Congreso Nacional ha adoptado estándares reforzados de transparencia en la ejecución del proyecto, orientado a la modernización y mejoramiento de la infraestructura del Poder Legislativo, mediante recursos de cooperación internacional".
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Pasos realizados para las licitaciones
La presidencia de Núñez detalla que, durante el proceso de licitación, se dictó un Reglamento Interno de Contrataciones que reproduce sustancialmente los principios, etapas y garantías procedimentales previstos en la Ley Nº 7021/2022, adecuándolos a la naturaleza del proyecto y su fuente de financiamiento.
Añade que los llamados fueron publicados en la plataforma de la DNCP, posibilitando la participación de oferentes, aun cuando no existía obligación legal de canalizarlos a través de dicho sistema.
Sostiene que se conformaron instancias técnicas especializadas, como la Unidad Ejecutora del Proyecto y el Comité de Evaluación, que garantizan la trazabilidad, el análisis técnico y el control en cada etapa del proceso.
Intervención de la Contraloría
“Cabe señalar, además que, en septiembre de 2025, la Presidencia del Congreso Nacional solicitó formalmente a la Contraloría General de la República la verificación de los procesos de contratación vinculados a este proyecto, en el marco de los principios de transparencia y probidad, poniendo a disposición toda la documentación correspondiente”, manifiesta la nota.
Menciona además que "este antecedente demuestra que no solo no existió ocultamiento alguno, sino que se promovió activamente el control institucional desde el inicio del proceso. Actualmente, los procesos se encuentran sometidos a la verificación del órgano constitucional competente, lo cual refuerza las garantías de control y fiscalización".
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Parlatino aprobó iniciativa del diputado Núñez Salinas sobre políticas de cuidado
El plenario de la 39.° Asamblea del Parlamento Latinoamericano y el Caribe (Parlatino), que se desarrolló en Panamá, aprobó una declaración que pone en el centro a las mujeres y a las familias, reconociendo el trabajo de cuidados, que en una gran mayoría no es remunerado.
Esta fue una iniciativa impulsada por el diputado colorado Carlos Núñez Salinas, presidente alterno del Parlatino. El legislador explicó que esta es una respuesta concreta a la deuda social que sufraga, en su mayoría, el esfuerzo cotidiano de miles de mujeres en la región
Núñez Salinas señaló que esta declaración no es solo política, es alivio y oportunidad para las cuidadoras. “Para una mujer que hoy renuncia a empleos por cuidar, significa posibilidad de volver al trabajo con derechos; para una familia, acceso a cuidado confiable; para una niña o un niño, mayor protección frente a riesgos digitales. Es inversión social con retorno en empleo, igualdad y bienestar”, comentó.
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Impacto inmediato
El legislador paraguayo mencionó que durante años se ha escuchado sobre el trabajo invisible de las mujeres. “Hoy damos un paso concreto para reconocerlo y protegerlo. Queremos que cuidar deje de ser condena y pase a ser derecho y trabajo digno”, agregó.
Finalmente, señaló que los siguientes pasos será la convocatoria de mesas técnicas con los gobiernos, organizaciones de trabajadoras del cuidado, sociedad civil y organismos internacionales para ejecutar proyectos piloto, fijar cronogramas y garantizar financiamiento transparente. Durante su exposición ante el pleno señaló algunos puntos claves, de esta declaración que permitirá cambios importantes como ser:
- El reconocimiento real: se declara el derecho de acceso a servicios de cuidado de calidad para personas dependientes (niñez, personas mayores y con discapacidad), reduciendo la carga que hoy sostienen en gran medida las mujeres.
- Un trabajo digno: mediante la profesionalización y formalización del sector del cuidado, con salarios, formación y protección social para cuidadores y cuidadoras.
- La protección de la infancia: estas medidas específicas contra grooming, explotación y vulneración digital; líneas de atención y protocolos de respuesta rápida para menores víctimas.
- Corresponsabilidad familiar: serán políticas que fomenten licencias equitativas e incentivos para la participación masculina en las tareas de cuidado.
- Financiamiento y alcance: con esta hoja de ruta permitirá crear fondos públicos sostenibles y proyectos piloto que lleven servicios a barrios, zonas rurales e indígenas donde la ausencia de apoyo es más aguda.
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Argentina evita pagar USD 16.100 millones tras victoria judicial en Nueva York
Una Cámara de Apelaciones de Nueva York revocó este viernes la sentencia que condenaba a Argentina a pagar 16.100 millones de dólares de indemnización por la estatización en 2012 de la petrolera YPF, según el fallo al que accedió la AFP.
El 8 de setiembre de 2023 Loretta Preska, jueza del Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan, había condenado a Argentina a pagar indemnizaciones a empresas que, según la magistrada, se vieron perjudicadas por la nacionalización de YPF.
El presidente de Argentina, Javier Milei, calificó el fallo favorable a Argentina de este viernes como algo “histórico e impensado, el mayor logro jurídico de la historia nacional”, en un discurso este viernes en Buenos Aires.
También criticó duramente al actual gobernador opositor de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, uno de los señalados como artífices de la estatización cuando era funcionario del gobierno nacional.
“Tuvimos que venir a arreglar las cagadas del inútil, imbécil e incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria (expresidenta) Cristina Kirchner”, lanzó el mandatario.
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El monto, si se suman los intereses, hubiese aumentado a unos 18.000 millones de dólares, explicó en un comunicado el gobierno argentino.
Estatización
En 2012, Argentina expropió el 51 % de las acciones de YPF, parcialmente controlada por el gigante español Repsol.
Dos años más tarde, la petrolera española fue indemnizada con 5.000 millones de dólares para zanjar un litigio, pero no fue el caso de los accionistas minoritarios como Petersen Energía o Eton Park Capital, que en conjunto poseían el 25,4 % del capital de YPF.
En 2015 presentaron una demanda alegando que el país no había presentado una oferta pública de adquisición (OPA) como preveía la ley.
El bufete Burford Capital, especializado en la compra de litigios ajenos, pagó 16,6 millones de dólares para financiar las demandas judiciales y se hubiera beneficiario del 38 % del monto de la sentencia de Preska.
Argentina había presentado distintos recursos desde la sentencia en 2023 para intentar revertir el fallo. El pago hubiera provocado un duro impacto en las reservas del país sudamericano de unos 43.536 millones de dólares.
El panorama se volvió aún más sombrío cuando en junio de 2025 la jueza Preska ordenó a Argentina entregar el 51 % de las acciones de YPF para saldar parcialmente el pago indemnizatorio. La decisión fue apelada y en agosto un tribunal determinó que no debían entregarse las acciones.
YPF nació a principios del siglo XX como una empresa estatal pero se privatizó en 1993. En 2012 la expresidenta Kirchner decidió renacionalizarla porque no producía suficiente petróleo y gas natural para satisfacer la demanda local.
- Fuente: AFP
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