• Elisa Ferreira da Costa Perán
• Lic. Administración UNA
• Trust Family Office

En su Boletín Estadístico correspondiente al corte de mayo de 2025, el Banco Central del Paraguay (BCP) informó que el total de las carteras de créditos administradas por bancos y financieras supervisadas por la Superintendencia de Bancos asciende a USD 23.419,91 millones, tomando como base un tipo de cambio referencial de G. 7.900 por dólar.

Este volumen de créditos –que contempla tanto las carteras vigentes como las vencidas– representa un crecimiento del 21 % respecto al mismo mes del año anterior, lo que indica una expansión significativa del crédito en el sistema financiero paraguayo.

Otorgar préstamos constituye una de las principales fuentes de ingresos para las entidades financieras, ya que les permite generar utilidades, reinvertir en sus operaciones o distribuir dividendos a sus accionistas.

En cuanto a la participación por entidad, tres bancos concentran casi la mitad del mercado de créditos. Continental lidera con un 18,36 %, seguido por Sudameris con 18,34 % y en tercer lugar se ubica el Banco Itaú, que posee una participación del 12,93 %. Entre los tres acumulan el 49 % del total del mercado crediticio regulado.

Por otra parte, el informe también detalla la distribución sectorial de los créditos, es decir, los destinos de financiamiento según la actividad económica del cliente.

En este desglose, el sector agrícola encabeza la lista con una participación del 17,09 %, lo que lo convierte en el principal destinatario de préstamos. Le siguen los créditos al consumo con 16,76 %, el comercio al por mayor con 14,62 %, y luego los sectores de servicios (10,51 %) e industria (9,45 %).

Nuestro objetivo principal es proporcionar a nuestros lectores acceso a información adicional que pueda resultar de interés. Es importante señalar que los resultados tanto cuantitativos como porcentuales no indican una buena o mala gestión de los recursos de la empresa.

Lo que destacamos en este artículo es la participación de cada compañía en los resultados acumulados hasta la fecha y su contribución en el mercado. Para obtener información detallada y precisa sobre cada casa de cambio, se recomienda visitar el sitio web del Banco Central del Paraguay y otras fuentes confiables del sector.

Aprovechamos para recordar sobre el Fondo de Garantía de Depósito (FGD), como su nombre lo indica, garantiza el dinero del ahorrista hasta 75 salarios mínimos, pero en caso de que una persona cuente con un crédito con la entidad financiera, se realiza la compensación entre ahorros y créditos para calcular el monto garantizado.

El FGD fue creado con la Ley N.º 2334/03 con la finalidad de proteger los depósitos de los ahorristas y es administrado y contabilizado por el BCP por separado, por ende, no forma parte del patrimonio del BCP. Vale mencionar que las Cooperativas y las Emisiones de Títulos en Bolsa no se encuentran sujetas a estas garantías.

La economía paraguaya se mantiene sólida y con “buena gestión macroeconómica” que remarca el crecimiento del producto interno bruto (PIB) en el 2024 y acompaña las proyecciones de expansión para este año, afirma el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) al concluir el quinto examen en el marco del Instrumento de Coordinación de Políticas (ICP) y el tercer examen del acuerdo en el marco del Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SRS) para Paraguay.

“La economía paraguaya sigue demostrando resiliencia, con un crecimiento del PIB real del 4,2% en 2024. Un consumo privado dinámico y la formación bruta de capital fijo contrarrestaron el efecto negativo de las exportaciones netas, debido sobre todo a un nivel más bajo de producción de electricidad y de exportaciones”, indica el informe publicado en el portal del organismo.

Destaca que “la actividad económica mantuvo su fuerte impulso a principios de 2025, con una previsión de crecimiento del PIB real del 3,8% este año. La inflación general sigue contenida dentro del rango de tolerancia del Banco Central”.

El FMI halló durante su evaluación un consumo privado dinámico en la economía, pero recomienda mantener el rumbo con el plan de consolidación fiscal y las reformas estructurales será fundamental para preservar la estabilidad macroeconómica.

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“La economía paraguaya sigue siendo resiliente, gracias a sus sólidos fundamentos macroeconómicos y a la continua gestión macroeconómica prudente de las autoridades. Las perspectivas son favorables, previéndose que el crecimiento siga siendo sólido, pero está sujeto a elevados riesgos mundiales y a shocks meteorológicos adversos”, dijo Nigel Clarke, subdirector gerente y presidente interino del directorio del FMI.

Respecto a la inflación, el FMI menciona que está contenida dentro del rango de tolerancia del Banco Central del Paraguay (BCP), y que la política monetaria debe seguir orientándose en función de los datos disponibles, mientras que el tipo de cambio debe continuar actuando como un amortiguador ante los choques externos.

“El sector bancario está bien capitalizado, es líquido y rentable, y las autoridades tienen previsto profundizar y modernizar el mercado de capitales. Es esencial seguir reforzando los marcos de ALD/LFT, lo que incluye la finalización sin demora de la Evaluación Nacional del Riesgos”, expresa.

En el ámbito fiscal, el organismo internacional valoró el compromiso del Gobierno con el plan de consolidación, cuyo objetivo es reducir el déficit al 1,5 % del PIB para 2026, tal como lo establece el techo de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF). Resalta que los esfuerzos por aumentar la recaudación y mejorar la eficiencia del gasto público son claves para alcanzar estas metas.

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Además, hace hincapié en la necesidad de avanzar en la sostenibilidad del fondo de pensiones de los empleados públicos, a fin de mitigar los riesgos fiscales en el mediano plazo, y consideró que el riesgo de tensión soberana es bajo, al tiempo que valoró los avances en la reducción de la deuda en moneda extranjera.

Al final, destaca los esfuerzos del gobierno para reducir la informalidad, mejorar la gobernanza y los marcos de lucha contra la corrupción, y fortalecer la resiliencia frente a desastres naturales. De acuerdo con el organismo, estas medidas no sólo apuntan a la estabilidad económica, sino que “también hacen de Paraguay un destino más atractivo para las inversiones”.

La conclusión de los exámenes del organismo internacional permite a las autoridades paraguayas acceder a unos USD 285 millones en el marco del SRS, de los cuales las autoridades han solicitado el desembolso de USD 195 millones.

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El presidente de la República, Santiago Peña, firmó el decreto que promulga la ley n.° 7503 mediante la cual se crea el Sistema Nacional de Pagos. La iniciativa fue aprobada el martes último en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados y estaba a la espera de la promulgación o veto del Poder Ejecutivo.

De acuerdo con los objetivos dispuestos en la ley, se busca establecer este marco normativo de modo a regular las reglas que promueven el acceso, seguridad, transparencia, eficiencia, interoperabilidad, interconexión, innovación y competencia, de modo a promover la inclusión financiera.

La autoridad de aplicación será el Banco Central del Paraguay (BCP), el que tendrá la responsabilidad de regular, administrar y supervisar el funcionamiento del Sistema Nacional de Pagos. Entre sus atribuciones se encuentran: establecer requisitos técnicos y operativos para los participantes y autorizar el ingreso y permanencia de entidades en el sistema.

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Igualmente, debe supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias e implementar mecanismos de control y mitigación de riesgos. Asimismo, el BCP podrá emitir normas complementarias, coordinar acciones con otras autoridades del sector y aplicar sanciones en caso de incumplimientos.

Esta ley establece que podrán formar parte del Sistema Nacional de Pagos todas las entidades financieras autorizadas, las empresas proveedoras de servicios de pago, los sistemas de compensación y liquidación, y otras organizaciones que cumplan con los requisitos establecidos por el BCP. Todos los participantes deberán ajustarse a los principios y reglas comunes establecidos en la ley.

En cuanto a la aplicación de esta normativa, la banca central deberá reglamentar los aspectos técnicos y operativos necesarios para la implementación progresiva de este sistema y también podrá establecer plazos de adecuación para los participantes y convocar mesas técnicas para la elaboración de disposiciones complementarias.

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La economía subterránea –que es la economía oculta o desarrollada en negro– es un verdadero flagelo y si bien ha tenido leves descensos en relación al producto interno bruto (PIB), continúa siendo un obstáculo para el creci­miento y desarrollo. El tamaño de esta econo­mía informal fue, sigue y continuará siendo un desafío enorme para cualquier gobierno en nuestro país, que debe articular medidas y acciones para neutralizarla.

Los esfuerzos han sido enormes y encamina­dos en buena forma a saber por los resulta­dos obtenidos por los diversos estamentos del Estado. El último informe presentado por una consultora estudia de manera anual el com­portamiento de la economía en negro refleja una leve disminución en su conjunto, pero que aún falta mucho camino por recorrer dado el volumen ilegal generado. Esto significa que se están haciendo bien las cosas, pero todavía no es suficiente.

Los datos revelados recientemente refieren que, en el año 2024, la economía paralela en el país representó el 35,1 % del producto interno bruto (PIB), el porcentaje equivale a unos USD 15.000 millones. En el marco de este reporte los técnicos expusieron que hubo avances en formalización y esfuerzos institucionales; de hecho, los indicadores son más alentadores considerando que meses antes de la asunción del actual gobierno de Santiago Peña, la con­centración de la economía subterránea corres­pondiente al 2022 era del 46 %, lo que equivalía a USD 22.000 millones que no llegaron al fisco.

Cabe remarcar que este segmento en negro incluye tanto actividades informales como ilí­citas, desde emprendimientos sin registros tri­butarios hasta redes de contrabando o lavado de dinero. Es decir, consiste en un conjunto de dinámicas que escapan al control del Estado, distorsionan los mercados, afectan la calidad del empleo debido a la privación de derechos fundamentales y debilitan la institucionalidad democrática a causa de la corrupción que las degrada.

Hay que recordar que una de las banderas que enarbola este Gobierno (el presidente Peña prometió generar unos 500 mil puestos de trabajo en 50 años) es la generación de mano de obra, objetivo que viene experimentando resultados favorables.

Sin embargo, la informalidad boicotea el acceso a empleo de calidad, como consecuencia de la inconsciencia de quienes lucran desproporcio­nalmente con la productividad de la gente.

Los informes muestran que Paraguay cuenta con altos niveles en los indicadores menciona­dos. Uno de ellos, el más palpable, muestra que la informalidad laboral se mantiene por encima del 66 %, y el autoempleo alcanza el 42,5 %, lo que muestra a las claras como “señal de preca­riedad en el acceso a trabajos formales”.

Otra preocupación en el mencionado reporte es la desigualdad de ingreso. El 10 % más pobre de la población accede a un ingreso mensual promedio de apenas G. 392.000, mientras que la cifra más alta supera los G. 2.800.000. Se estima que 6 de cada 10 trabajadores paragua­yos trabajan en los márgenes de la informali­dad, y casi dos tercios de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) no están regis­tradas formalmente, según datos oficiales que se revelaron.

No es un dato menor para la imagen país que queremos construir: que el Paraguay encabece los índices de la economía subterránea a nivel regional. Estas son preocupaciones de Estado y son los temas que nos llaman al profundo debate a la sociedad en su conjunto.

Una realidad optimista es el crecimiento eco­nómico anual que es inseparable de los esfuer­zos que vienen realizándose. La otra es la que contrasta con este optimismo y guarda rela­ción con las condiciones en las que estamos creciendo como país, que no depende solo de las decisiones gubernamentales sino de toda una cultura arraigada en la que se han norma­lizado situaciones irregulares, por las urgen­cias que nos imponen las coyunturas o simple­mente por la ausencia de dimensión de nuestro proceso de desarrollo.

Los números divulgados sin dudas son de pre­ocupación, pero también de desafíos, de tornar las políticas con más rigor y aplicar eventual­mente incentivos que ayuden a disminuir la tasa de informalidad, pero para ello también es imprescindible el acompañamiento de los dife­rentes actores económicos como sociales.

Cuestiones que boicotean nuestra producción se volvieron elementales en la dinámica de la economía. El comercio por fuera del fisco –esa institución que genera el genuino recurso que sostiene los gastos del Estado–, el fomento del subempleo con la excusa de la necesidad de trabajo, entre otros son argumentos falaces que pierden validez ante el enorme daño que le inflige a la legalidad.

Es por ello que los entes de control tienen un gran desafío y el Estado deberá disponer más recursos e involucrar aliados estratégicos como la ciudadanía en la persecución de activi­dades ilegales que castigan el presente y matan la prosperidad a futuro.